La megacausa conocida como Techo Digno, que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del Programa Federal de Viviendas entre 2013 y 2015, volvió a activarse tras la feria judicial y mantiene bajo proceso a dirigentes de distintos espacios políticos de Río Negro.

El núcleo más numeroso de imputados pertenece al Partido Justicialista (PJ). En ese espacio se inscriben los casos de la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, vinculada al kirchnerismo provincial, cuya audiencia está prevista para el 3 de marzo, y el de su padre, Gilberto Montanaro, histórico referente peronista.

También dentro del universo justicialista se encuentran el exintendente de Río Colorado, Carlos Pilotti, cuyo control de acusación quedó en cuarto intermedio hasta el 9 de marzo, y el exjefe comunal de General Fernández Oro, Juan Reggioni, dirigente referenciado en el peronismo ortodoxo, cuyo juicio ya fue realizado y espera veredicto.

En Sierra Grande, aparece el exintendente Renzo Tamburrini (PJ), mientras que en Bariloche será juzgada en marzo la exintendenta María Eugenia Martini, también de extracción peronista.

La causa también alcanza a dirigentes que no pertenecen al PJ. En Cinco Saltos, la exintendenta Liliana Alvarado, del Frente Grande, y Germán Epul, exdirigente de Juntos Somos Río Negro (JSRN), continúan bajo proceso luego de que la Justicia rechazara planteos de prescripción.

En el plano de fuerzas nacionales, el expediente tiene impacto sobre el diputado nacional Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipolletti, quien lanzó su proyecto provincial con el sello CREO y luego se alineó con La Libertad Avanza. Está imputado por el manejo de fondos durante su gestión municipal y aguarda una audiencia clave el 20 de febrero.

También figura en el mapa de acusaciones Nelson “El Loco” Iribarren, identificado con el radicalismo alineado a Cambiemos.

La investigación, distribuida por municipios, atraviesa así a distintos espacios: el peronismo en varias de sus vertientes, dirigentes del Frente Grande, exreferentes de JSRN y figuras que hoy orbitan en el espacio libertario.

Mientras avanzan las audiencias y se fijan fechas de juicio, el impacto político se proyecta sobre un escenario provincial donde varios de los acusados mantienen presencia territorial o representación institucional.