El proyecto aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante de Catriel, que solicita a los integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal acreditar su idoneidad profesional conforme al artículo 328 de la Carta Orgánica, provocó un encendido cruce de opiniones en redes sociales. El debate no se limitó al recinto legislativo: se trasladó a los comentarios de la nota publicada por VientoSur Noticias, donde participaron activamente una concejala del oficialismo, la próxima síndica municipal, un funcionario del órgano de control y referentes políticos y ciudadanos.

La concejala Carolina Piris (FAV), autora del dictamen, defendió la medida como un acto administrativo necesario para reforzar la transparencia institucional. “No se busca destituir ni intervenir el Tribunal”, escribió en respuesta a comentarios críticos. Aseguró que el pedido apunta solo a que los miembros actuales presenten documentación que acredite experiencia e idoneidad, como establece la normativa vigente.

Franco Rivero, uno de los integrantes del Tribunal, fue uno de los más activos en responder. Acusó al oficialismo de ejercer presión institucional y señaló que la exigencia llega “con tono inquisidor, en un plazo caprichoso y sin reglamentación clara”, afectando la autonomía del órgano. «Lo dramático es que quieren intervenir el tribunal de cuentas señora. Eso es grave. Autoritarismo y abuso de poder sin duda alguna. Ni siquiera fueron capaces de preguntar o hacer averiguaciones, les gusta la tribuna. Les gusta las cámaras. Les gusta la farándula. Sin investigar antes sesionaron. Y eso se debe a una sola explicación: Necesitan desviar la atención de la falta de gestión y el nefasto gobierno que son ¿Usted explica cuanto cobra su padre y cuantas horas le invierte al trabajo? Cuéntele a la ciudad eso también y ahí empezamos a creer que realmente les importa la gente», disparó.

Piris replicó que la falta de reglamentación no invalida el cumplimiento del requisito. “Acreditá la idoneidad y después discutimos”, respondió, mientras rechazaba cualquier intención de atropello institucional. En otro tramo, la edil sugirió a Rivero que ordene sus ideas y evite convertir el debate en algo personal.

También intervino Andrea Bonomo, próxima síndica municipal, quien diferenció los requisitos para cargos electivos como el suyo de los del Tribunal de Cuentas. Señaló que, si bien no se exigió esta documentación en su momento, ahora corresponde hacerlo. “No se trata de persecución, sino de orden institucional”, escribió.

Desde el sector opositor, el dirigente del PRO Daniel Perfumo cuestionó que el pedido no se haya hecho al momento de las designaciones y sugirió que responde a una maniobra política. Opinión similar expresó el vecino Daniel Tkaczek, quien afirmó: “Parece que el modelo es: si no me gustás, busco cómo correrte”.

En paralelo, algunas intervenciones ciudadanas, como la de la docente jubilada Nancy Moschetti, consideraron que el reclamo del FAV pierde fuerza al no haber sido planteado en el momento adecuado. “Ahora suena a maniobra política”, escribió.

El tono del intercambio fue subiendo de intensidad, con alusiones personales, referencias a supuestos privilegios laborales y cuestionamientos cruzados sobre ética, autonomía y gestión. Si bien no hubo declaraciones institucionales nuevas, el debate online mostró que el tema sigue generando posiciones enfrentadas tanto en el ámbito político como entre la comunidad.

La discusión, aunque virtual, refleja un clima de tensión política latente en torno a los límites del control, la aplicación de la Carta Orgánica y el rol que deben jugar los distintos poderes municipales en la fiscalización pública.