Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca crear un registro provincial de personas sancionadas o condenadas por maltrato y crueldad hacia los animales.

La idea es concreta: que quienes ya tengan una sanción firme o una condena por maltratar animales queden registrados oficialmente, tengan que realizar una capacitación obligatoria y puedan recibir consecuencias administrativas si no cumplen.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, y propone crear el “Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal”.

El objetivo, según el proyecto, no es hacer una lista para escrachar públicamente a nadie. La finalidad sería administrativa y preventiva: que el Estado, los organismos competentes y las organizaciones protectoras puedan contar con información para actuar mejor y evitar que se repitan situaciones de violencia contra animales.

El registro incluiría a personas que tengan condenas penales o resoluciones firmes en sede administrativa por hechos de maltrato o crueldad animal. Es decir, no alcanzaría con una simple acusación o denuncia: debería existir una decisión firme.

Además, las personas incluidas tendrían que realizar un curso obligatorio de sensibilización sobre derecho animal, cuidado responsable y bienestar de los animales. El plazo para cumplir con esa capacitación sería de seis meses.

Si no cumplen, podrían perder beneficios impositivos provinciales o municipales. En otras palabras: no solo quedarían registradas, sino que también habría consecuencias concretas si ignoran la obligación de capacitarse.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos. El proyecto también aclara que deberá garantizarse el derecho de defensa y el debido proceso de las personas involucradas.

La propuesta parte de una idea de fondo que cada vez gana más lugar en la sociedad: los animales no son cosas. Son seres vivos, sienten dolor, miedo y sufrimiento, y el Estado debe contar con herramientas para protegerlos.

En Catriel, el tema no resulta ajeno. En los últimos años hubo denuncias, rescates e intervenciones vinculadas al abandono, el maltrato y el cuidado responsable de animales.

Uno de los casos más recientes fue el rescate de un caballo que, según informó Corazón Animal Catriel, habría permanecido tres días atado a un poste, sin agua ni comida. El animal tenía una lesión infectada en una pata y se encontraba en estado de extrema debilidad. En ese procedimiento intervinieron la organización proteccionista, Defensa Civil y la Comisaría Novena.

También hubo antecedentes judiciales por maltrato a perros. En 2021, una denuncia vecinal permitió el rescate de un perro que permanecía atado con una cadena corta, sin alimentación suficiente, sin agua y sin resguardo ante el clima. En ese caso intervinieron el Ministerio Público Fiscal y la Policía.

Estos hechos muestran que la discusión no es lejana ni abstracta. La violencia contra animales también aparece en las ciudades chicas, en los barrios y en situaciones que muchas veces empiezan como reclamos vecinales o publicaciones en redes.

El debate también se conecta con la prevención. Catriel viene realizando campañas de castración gratuita y acciones de tenencia responsable, especialmente para animales en situación de calle y familias que no pueden afrontar el costo de una cirugía.

A eso se suma el trabajo sostenido de organizaciones como Corazón Animal Catriel, que desde hace años realiza rescates, asistencia veterinaria, campañas solidarias y acompañamiento a animales abandonados o en situación de riesgo.

El proyecto provincial busca que el Estado tenga una herramienta más para actuar frente a estos casos. No reemplaza las denuncias, ni las investigaciones judiciales, ni el trabajo de las protectoras. Pero podría ordenar antecedentes y generar obligaciones para quienes ya fueron sancionados por maltrato.

Ahora la iniciativa deberá ser tratada en la Legislatura. Si avanza, Río Negro podría contar con un sistema provincial para registrar a personas sancionadas por crueldad animal y exigirles capacitación obligatoria.

Para Catriel, el debate toca una realidad concreta: qué hacer cuando un animal es abandonado, golpeado, atado, privado de agua o alimento, o sometido a situaciones de sufrimiento. Y también plantea una pregunta más profunda: cómo pasar de la indignación en redes a herramientas reales de prevención, control y responsabilidad.