El Gobierno Nacional formalizó la creación de nuevas sociedades anónimas para la gestión de los complejos hidroeléctricos en los ríos Limay y Neuquén, según se publicó en el Boletín Oficial. Esta decisión, anclada en el DNU 70/23 y plasmada en cuatro resoluciones, establece que las sociedades estarán completamente bajo el control de dos organismos nacionales, excluyendo la participación de las provincias de Río Negro y Neuquén. Esta medida despertó preocupación en los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, quienes habían pedido participación activa en la gestión de estos recursos estratégicos.
La importancia de la decisión
La creación de las nuevas sociedades anónimas, denominadas con los nombres de los complejos hidroeléctricos El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados, tiene implicaciones significativas para la región. Los complejos hidroeléctricos de El Chocón-Arroyito (1320 MW), Alicurá (1000 MW), Cerros Colorados-Planicie Banderita (450 MW), Pichi Picún Leufú (261 MW) y Piedra del Águila (1400 MW) son cruciales no solo para la generación de energía, sino también para la regulación del agua en la cuenca del Comahue. La exclusión de las provincias en la gestión de estos recursos podría afectar su capacidad para influir en políticas públicas energéticas y en la administración del agua.
Las escrituras de formación de las cuatro sociedades tienen la misma conducción. Juan Carlos Doncel Jones, presidente de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), fue nombrado como presidente de estas nuevas sociedades, con Rigoberto Orglando Mejía Aravena como vicepresidente. Ambos ya forman parte de la conducción de Enarsa. Como directores fueron designados Alberto Devoto, Ximena Valle y Rodrigo Alcorta. Las cuatro sociedades fueron inscriptas el lunes 3 de junio y se publicaron entre ayer y hoy en el Boletín Oficial.
Reacciones y antecedentes
Los gobernadores Weretilneck y Figueroa ya habían expresado su malestar ante la falta de participación provincial, remarcando que esta decisión va en contra de los acuerdos previos que incluían una gestión mixta (durante 2022). La creación de estas sociedades anónimas bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, sin intervención de las provincias, contrasta con las promesas hechas por el gobierno de Javier Milei de incluir a las provincias en los directorios de las hidroeléctricas. Este conflicto recuerda el proceso de privatización iniciado en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, cuando las hidroeléctricas fueron transferidas a manos privadas por 30 años, y subraya la necesidad de ajustar la gestión a la Constitución de 1994 que otorga a las provincias la potestad sobre los recursos naturales.
La oficialización de estas nuevas estructuras societarias marca un punto crítico en la administración de recursos hidroeléctricos en la Patagonia y plantea interrogantes sobre el futuro de la gestión energética y la distribución de poder entre la Nación y las provincias.