La Legislatura de Río Negro aprobó la prórroga por diez años de dos contratos de concesiones hidrocarburíferas en la provincia. Ambas iniciativas fueron sancionadas por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra en el caso del acuerdo con la empresa Petróleos Sudamericanos SA para la explotación de las áreas “Barranca de los Loros”, “El Santigueño”, “Bajo del Piche” y “El Medanito”. La segunda concesión, que involucra a las empresas Petróleos Sudamericanos SA y JCR SA en las áreas “Centro Este” y “Loma Montosa Oeste”, obtuvo 30 votos afirmativos y 15 negativos.

La legisladora oficialista Lorena Yensen explicó que los contratos corresponden a explotaciones de pozos maduros ubicados en el norte de la provincia y detalló que el primer acuerdo prevé una inversión de casi 70 millones de dólares, mientras que el segundo contempla 26 millones de dólares. Además, se estableció un aporte complementario del 3% mensual sobre la producción de gas y petróleo, que se suma al 12% de regalías. También se incluyeron aportes para infraestructura en educación y salud por 966 mil dólares en el primer contrato y 400 mil dólares en el segundo.

El bono de prórroga que las empresas pagarán a la provincia asciende a 4,8 millones de dólares en el primer caso y 2 millones en el segundo. Yensen destacó que Río Negro es la única provincia que coparticipa este bono con los municipios, asegurando que el gobierno mantiene una mirada “municipalista” en la distribución de los fondos.

Desde la oposición, hubo fuertes críticas a la falta de un seguro de caución ambiental en el acuerdo. Legisladores del bloque Pro Unión Republicana, como Juan Murillo y Juan Martín, manifestaron su rechazo por la ausencia de esta garantía, señalando que la ley provincial exige su inclusión. Martín aseguró que si bien su espacio no es “fundamentalista” en materia ambiental, sí exige que “se cumpla la ley” en lo que respecta a la protección de los recursos naturales.

Por su parte, Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, también votó en contra y cuestionó que la inversión acordada es considerablemente menor a la de la renegociación de 2015, cuando se pactaron 361 millones de dólares, un bono de 9 millones y un aporte social de 1,8 millones de dólares. Según la legisladora, la cifra actual es de 96 millones en total, con un bono y aportes reducidos a 8,2 millones. Además, criticó que al optar por una prórroga, el gobierno evitó la convocatoria a audiencias públicas y la evaluación del cumplimiento de compromisos ambientales y laborales previos.

Desde el oficialismo, Facundo López defendió los contratos y aseguró que la ausencia del seguro de caución ambiental no representa una irregularidad, ya que ninguna provincia petrolera lo aplica. Explicó que la normativa vigente establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de Ambiente definen estas regulaciones. López destacó que el acuerdo permitirá mantener la producción en pozos convencionales, sostener el empleo en pequeñas y medianas empresas del sector y garantizar fondos para obras en los municipios.

El impacto de la prórroga de los contratos petroleros también generó debate en Catriel, uno de los municipios directamente vinculados a la actividad hidrocarburífera. La intendenta Daniela Salzotto valoró la decisión de la Legislatura y la consideró una oportunidad para exigir el cumplimiento del 80/20 en la contratación de mano de obra local y fortalecer la participación de proveedores catrielenses en la industria. «Hay que seguir exigiendo que cualquier empresa que se radique dé prioridad a los trabajadores de la ciudad», enfatizó, señalando que mantiene contacto con los gremios para coordinar estrategias conjuntas en este sentido.

Por otro lado, la concejala Juana Cárdenas (JSRN) planteó una visión crítica respecto al uso que el municipio podría darle a estos fondos. Aseguró que muchas de las obras anunciadas por Salzotto dependen de los recursos provenientes de la prórroga de los contratos petroleros y advirtió que aún no hay detalles claros sobre su ejecución. En este contexto, también cuestionó el discurso de la intendenta en la apertura de sesiones ordinarias, al considerarlo más un balance de gestión que una presentación de planes concretos para el año en curso.

La prórroga de estas concesiones sigue generando debate tanto en la Legislatura como en los municipios petroleros, donde los distintos sectores políticos discuten sobre su impacto en el empleo, la inversión y el desarrollo local.