Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Catriel (04-07), uno de los temas centrales fue el tratamiento del proyecto impulsado por el Frente de Acción Vecinal (FAV) para exigir a los integrantes del Tribunal de Cuentas municipal que acrediten su idoneidad profesional.
La concejala Carolina Piris fue la principal oradora a favor del proyecto y expresó su “preocupación” por lo que consideró una reacción desmedida del Tribunal. “Intentar amedrentar a los concejales del FAV y amenazar con judicializar un dictamen sencillo no es el camino. No estamos pidiendo una destitución, simplemente dar cumplimiento al artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal”, sostuvo.
El mencionado artículo establece requisitos para ocupar cargos en el Tribunal de Cuentas, entre ellos la idoneidad, concepto que para Piris implica un criterio excluyente. “No hay mucho más para acotar: un requisito es un requerimiento. Es excluyente”, remarcó.
En ese marco, la edil recordó que, antes de la sanción de la Carta Orgánica en 2017, los integrantes del Tribunal eran electos por voto popular. Desde entonces, su conformación quedó a cargo del Concejo, con participación de las minorías. “Por eso se nos exige sensatez, transparencia, responsabilidad y eficacia en cada designación”, afirmó.
“La intendenta quiere que la controlen. Pero el control debe ser eficaz, técnico, no político. Las discusiones políticas se dan en el Concejo, no en el Tribunal”.
Piris también citó como antecedente la Constitución de Río Negro, que para cargos equivalentes en el Tribunal de Cuentas provincial exige título de abogado o graduado en ciencias económicas, además de diez años de ejercicio profesional. “Estamos hablando de quienes deben controlar administrativa y contablemente la empresa más importante para los catrielenses: la Municipalidad”, enfatizó.
Respecto al rol del Tribunal, advirtió sobre una “deriva política” que —según dijo— desnaturaliza su función. “La intendenta quiere que la controlen. Pero el control debe ser eficaz, técnico, no político. Las discusiones políticas se dan en el Concejo, no en el Tribunal”, subrayó.
Desde el bloque del FAV también se planteó que hasta el momento no se presentaron proyectos de ordenanza para reglamentar los artículos de la Carta Orgánica referidos al órgano de control.
En la reunión previa con juntas vecinales —según indicó Piris— los miembros del organismo manifestaron su desacuerdo con el proyecto y deslizaron la posibilidad de una judicialización.
Todavía no hubo respuesta pública de los integrantes del Tribunal de Cuentas, pero se espera que suceda en los próximos días.
