Un hecho reciente en el Vivero Municipal de Catriel, donde un encargado fue desvinculado tras conocerse un episodio de carácter sexual con una compañera durante el horario laboral, abrió un debate necesario: ¿qué sucede cuando existen relaciones de poder desiguales en el ámbito laboral?

El funcionario ocupaba un cargo jerárquico y, según explicó el municipio, la trabajadora se encontraba en una situación de subordinación. Por esta razón, no se le aplicó ninguna sanción a ella. Más allá del caso puntual, la situación nos interpela: cuando hay una diferencia de poder, ¿existe realmente libertad para consentir?

En los espacios laborales, quienes detentan mayores responsabilidades suelen tener control sobre tareas, horarios, funciones, licencias o evaluaciones. Esa asimetría hace que, aunque parezca que hay un acuerdo entre dos personas, no siempre sea tan simple. Especialmente cuando una depende directamente de la otra.

La legislación argentina protege a las personas en estas circunstancias. La Constitución Nacional y la Ley 26.485 garantizan el derecho a trabajar en condiciones dignas y libres de violencia. Además, el país ratificó tratados internacionales como el Convenio 190 de la OIT, que aborda específicamente la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En Río Negro, la Ley 5631 brinda herramientas concretas para intervenir en estos casos, ya sea entre jefaturas y personal o entre pares.

Otro aspecto que merece atención es el tratamiento mediático del tema. Varios medios priorizaron el morbo en sus titulares y coberturas, enfocándose en detalles íntimos y frases sensacionalistas, sin profundizar en el análisis institucional y social que implica un hecho de esta naturaleza. Se puso el foco en lo “escandaloso”, sin considerar las desigualdades de poder ni las responsabilidades del Estado como empleador. Esta forma de informar, además de exponer innecesariamente a las personas involucradas, invisibiliza la dimensión estructural del problema y obstaculiza un debate público más constructivo.

En redes sociales ocurrió algo similar. La repercusión fue alta, especialmente en grupos locales de compraventa, donde se repitieron comentarios cargados de morbo, burlas y desinformación. Muchos mensajes ridiculizaron o minimizaron la situación, incluso culpabilizando a la trabajadora. Algunas expresiones aludieron a supuestas condiciones personales de ella o cuestionaron que no haya sido sancionada, sin considerar las desigualdades de poder ni las dinámicas laborales en juego.

Estas reacciones muestran que aún queda mucho por hacer en materia de educación y sensibilización sobre violencia laboral, abuso de poder y derechos en el trabajo. Sin esa comprensión, es fácil caer en prejuicios y seguir reproduciendo actitudes que dañan, sobre todo a quienes se encuentran en posiciones más vulnerables.

La problemática no se limita al sector público. En el ámbito privado también hay antecedentes que muestran cómo las relaciones de poder pueden derivar en violencia.

Un caso reciente en La Pampa lo confirma: un ex supervisor de una empresa contratista petrolera fue condenado por abuso sexual contra una trabajadora de maestranza en un yacimiento de 25 de Mayo. El agresor utilizó su jerarquía para intimidarla, tocarla sin consentimiento y amenazarla para que guardara silencio. La Justicia reconoció no solo el abuso físico, sino el uso coactivo del poder como forma de violencia.

Este caso puso en valor el rol de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno pampeano, que acompañó el proceso judicial y respaldó a la víctima desde el inicio. Esa intervención institucional marca una diferencia. Y plantea una pregunta urgente: ¿qué pasaría en lugares como Catriel —donde la industria petrolera también tiene fuerte presencia— si existieran dispositivos provinciales con ese mismo nivel de acompañamiento y presencia territorial?

Semanas atrás, en Catriel, una madre denunció en redes sociales que su hija fue despedida tras rechazar insinuaciones de un dirigente gremial. Aunque el caso no fue judicializado, recibió respaldo social. Pero también expone las dificultades para avanzar cuando no existen canales institucionales sólidos que generen seguridad para atravesar procesos de denuncia y justicia.

Este no es un hecho aislado. Este tipo de sucesos ocurren tanto en lo privado, como en lo público. En otras áreas del municipio también se detectaron situaciones similares en el pasado, algunas en revisión y otras ya judicializadas. Incluso trascendió que la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante evalúa una nueva denuncia.

Esto demuestra que no se trata de un caso puntual, sino de un problema estructural: construir ambientes laborales seguros, con reglas claras y donde el respeto sea el eje de la convivencia, revisando normas y estatutos con perspectiva de género.

En una ciudad como Catriel, donde el vínculo entre la comunidad, el municipio y las empresas es directo y cotidiano, es fundamental que las instituciones actúen con responsabilidad, garanticen derechos laborales y adopten medidas de prevención eficaces.

Pero también es responsabilidad de la sociedad promover el respeto, rechazar la violencia simbólica y aportar a un debate que nos acerque a entornos de trabajo más justos, igualitarios y humanos.

Débil articulación institucional: un obstáculo que persiste

Aunque Río Negro cuenta con un dispositivo provincial de atención territorial para mujeres, en la práctica no llega a Catriel por falta de movilidad. La atención se centraliza en el Alto Valle, lo que genera una barrera más de acceso para quienes necesitan acompañamiento inmediato en esta localidad.

A nivel local, la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad interviene en los casos que llegan, pero enfrenta dificultades por la falta de articulación con la Comisaría de la Familia y la Fiscalía debido a barreras burocráticas. En varias oportunidades, denuncias que deberían activar su intervención no les fueron derivadas, lo que demora las respuestas institucionales. Algunas de estas situaciones se archivan sin tratamiento adecuado y luego reaparecen cuando las víctimas insisten o los casos se visibilizan en redes o medios. Aunque esto se había corregido en el último tiempo, según referentes de la Campaña Nacional contra la Violencia de Género, volvió a ocurrir recientemente.

Hoy, los casos deben ser considerados en Cipolletti antes de que la Subsecretaría de Catriel pueda actuar, lo que evidencia la necesidad urgente de una articulación más directa entre los dispositivos locales. Esta misma desconexión afecta a otros organismos como la SENAF.

El 144, línea nacional para casos de violencia de género, también enfrenta demoras por el desfinanciamiento. En la mayoría de los casos, termina derivando a la Subsecretaría local, la Comisaría de la Familia o el Ministerio Público Fiscal, sin ofrecer un acompañamiento sostenido.

Si vos o alguien que conocés necesita orientación o acompañamiento ante situaciones de violencia laboral, acoso o abuso de poder, podés comunicarte con:

Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad

Teléfonos: 299 556 0206 (Guardia 24hs) / 4911136 (interno 139)
Dirección: Reconquista 153, Catriel

Comisaría de la Familia
Guardia: 299 576 9055
Dirección: Juan Benigar 929, Catriel

Ademas la Secretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de Río Negro
Brinda recursos y orientación a través de su sitio oficial para situaciones en el ámbito laboral.

Contar con respaldo institucional, dispositivos accesibles y canales seguros de denuncia es clave para que más mujeres puedan salir del silencio. Avanzar en políticas públicas con perspectiva de género y con presencia territorial no es solo una deuda histórica: es parte del camino urgente hacia la transformación de estructuras de poder que, durante siglos, han sostenido desigualdades y opresión.

Esta deuda que atraviesa la historia del trabajo, de las instituciones y de la vida cotidiana se hace visible cada vez que el mundo laboral replica jerarquías que silencian, invisibilizan o subordinan a las mujeres. Por eso, garantizar espacios laborales seguros, igualitarios y libres de violencias no es únicamente una obligación legal o administrativa: es una transformación social urgente y necesaria.