Un hombre de 32 años fue acusado por cinco hechos de violencia de género que, según la formulación fiscal, se desarrollaron entre el 13 de octubre y el 17 de noviembre, este último dentro del predio de la Fiesta Provincial del Petróleo. La Fiscalía imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias, amenazas con arma blanca, daños, desobediencia judicial y coacción. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la acusación, el primer episodio ocurrió el 13 de octubre, cuando el imputado habría arrojado al piso el teléfono de su pareja, destruyéndolo, mientras la amenazaba para retomar la relación. El segundo hecho se registró el 11 de noviembre por la mañana, cuando la mujer volvió a recibir amenazas de muerte con el mismo objetivo. Ese mismo día por la tarde, las amenazas se repitieron en el domicilio de la víctima.

El cuarto episodio se produjo el 17 de noviembre, en el marco de la Fiesta del Petróleo. Según la fiscal, el imputado increpó, empujó e insultó a la mujer dentro del predio. Con estas acciones violó en tres oportunidades la prohibición de acercamiento dictada por la jueza de Paz y luego ratificada por la jueza de Familia.

Horas después, siempre según la investigación preliminar, el hombre se presentó nuevamente en la vivienda de la víctima y la obligó a caminar hasta su domicilio. Allí la habría ingresado por la fuerza a un monoambiente, encerrándola con llave y privándola de su libertad, mientras la amenazaba con un arma blanca. La mujer sufrió lesiones leves.

La fiscal sostuvo que todo ocurrió en un “contexto de violencia física, psicológica y simbólica, basado en una relación desigual de poder”. La acusación pidió la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación. El defensor público no objetó los hechos ni la calificación legal y sólo solicitó una morigeración de la medida.

La jueza de Garantías ordenó la detención preventiva y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, mientras se reúnen nuevas pruebas y se avanza en la investigación de los hechos.