Durante el primer semestre de 2024, Catriel registró 202 denuncias por violencia familiar y de género en los juzgados de Paz, según un informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. Esta cifra representa aproximadamente el 2,2% del total de denuncias en la provincia, donde se contabilizaron 9.081 casos. Aunque en términos absolutos Catriel no se encuentra entre las localidades con más denuncias, la cifra es significativa considerando la cantidad de habitantes y la limitada infraestructura judicial y policial de la localidad, lo que agrava la vulnerabilidad de sus habitantes.

Catriel no cuenta con plena autonomía judicial, ya que no dispone de un juzgado propio de Familia. Las situaciones de violencia de género son abordadas por el Juzgado de Paz, que tiene competencias limitadas y no puede gestionar la totalidad de las acciones necesarias en casos complejos, como órdenes de protección, medidas cautelares urgentes y seguimientos de largo plazo. Esta falta de un juzgado especializado obliga a los habitantes a recurrir a organismos de otras localidades, como Cipolletti o General Roca, para trámites y resoluciones judiciales más completas, afectando la respuesta rápida y efectiva hacia las víctimas y dejando desprotegidas a muchas personas que no tienen los medios para desplazarse.

La respuesta policial en Catriel también enfrenta serias limitaciones debido a la falta de personal y recursos. La ciudad cuenta actualmente con solo un móvil policial disponible para cubrir 11 barrios en la zona urbana y un promedio de 7 a 8 policías por guardia. Estas cifras son insuficientes para garantizar la vigilancia continua y cumplir con las órdenes de prohibición de acercamiento, lo que deja a muchas víctimas en una situación de vulnerabilidad permanente. La falta de dispositivos de protección, como tobilleras electrónicas y botones antipánico, complica aún más la situación, incrementando los riesgos para quienes sufren violencia.

Además, los agentes policiales deben cubrir con sus propios recursos muchos de los gastos operativos que deberían ser financiados por la Jefatura Policial o el gobierno provincial, como el mantenimiento y reparación de los móviles policiales, la compra de insumos de oficina, repuestos, uniformes y botas. En muchos casos, estos costos son asumidos por los propios agentes o cubiertos con aportes de terceros, como la municipalidad o incluso privados, lo que compromete la independencia operativa y genera una percepción de ineficacia en la respuesta institucional.

La lucha contra la violencia de género en Catriel se complementa con la Comisaría de la Familia, ubicada en el barrio Preiss, y la Subsecretaría de la Mujer y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia. Sin embargo, la Comisaría de la Familia, que depende del gobierno provincial, no cuenta con un móvil propio ni recursos suficientes para responder de manera rápida y efectiva. La falta de personal capacitado y de recursos tecnológicos limita su capacidad para llevar a cabo seguimientos efectivos de los casos. Por su parte, la Subsecretaría de la Mujer y el Centro de Atención de Violencia, que dependen del gobierno municipal, aunque colaboran en la tarea también tienen limitaciones operativas, lo que restringe el apoyo continuo a las víctimas y reduce la efectividad de las medidas de contención.

Esta situación contrasta con otras localidades de la provincia que implementaron políticas preventivas con un enfoque integral, que incluyen campañas educativas y de sensibilización hacia la comunidad, así como una mejor coordinación entre las instituciones. En Catriel, la falta de una estrategia coordinada y la carencia de recursos adecuados subrayan la necesidad urgente de fortalecer las políticas locales para gestionar y reducir la violencia de género de manera más efectiva, asegurando que las instituciones cuenten con el respaldo necesario para proteger a quienes más lo necesitan.

En este contexto, el reciente anuncio del Gobierno de Río Negro sobre la adquisición de 20 camionetas cero kilómetro para la Policía representa una oportunidad clave para mejorar la seguridad en Catriel, que actualmente enfrenta una escasez crítica de recursos. El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, informó que se adquirirán diez camionetas 4×4 y diez 4×2, que serán distribuidas estratégicamente en distintas regiones de la provincia para fortalecer las tareas de prevención y respuesta.

Además, en los próximos días se llevará a cabo la licitación para la compra de 50 nuevos patrulleros y 40 motos destinadas a la brigada motorizada, como parte del plan provincial de seguridad impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck. Esta inversión, que asciende a aproximadamente 800 millones de pesos, busca reforzar la seguridad en toda la provincia mediante el uso del fondo fiduciario generado por infracciones viales.

En Catriel, la llegada de estos recursos podría marcar una diferencia crucial, ya que la ciudad necesita de manera urgente más vehículos y personal capacitado para mejorar la vigilancia y respuesta ante los casos de violencia de género. La falta de un móvil propio en la Comisaría de la Familia y la escasez de recursos para las instituciones locales son un obstáculo constante para la protección efectiva de las víctimas. Asignar parte de estas nuevas camionetas y patrulleros a Catriel permitiría una respuesta más rápida y efectiva, aliviando la carga de una policía que debe operar bajo condiciones adversas.