La causa ya tiene fecha clave. Un docente de plástica de una escuela primaria de San Antonio Oeste será llevado a juicio oral y público, acusado de presuntos hechos de abuso sexual contra 11 alumnas, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La decisión fue tomada tras la audiencia de control de acusación, donde se definió avanzar a la instancia de juicio y se delimitó la prueba que será analizada durante el proceso.

De acuerdo a la imputación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2024, en el marco de clases dictadas por el docente. Según la Fiscalía, el hombre se habría valido de su rol para cometer los abusos, en una modalidad que será objeto de análisis durante el debate judicial.

En función de la escala penal prevista —que va de 3 a 12 años de prisión—, el juicio será llevado adelante por un tribunal colegiado integrado por tres jueces.

En la audiencia también se resolvieron aspectos clave sobre cómo se desarrollará el proceso. El magistrado interviniente dispuso limitar el alcance de ciertos testimonios: las personas adultas podrán declarar sobre cómo tomaron conocimiento de los hechos y qué medidas adoptaron, pero no podrán reproducir los relatos de las menores por vías indirectas.

En esa misma línea, se establecieron criterios para las declaraciones de directivos y profesionales intervinientes, que deberán centrarse en aspectos técnicos y en las acciones institucionales realizadas.

Además, el juez condicionó la incorporación de parte de la evidencia a que previamente sea puesta a disposición de la defensa, con el objetivo de garantizar el debido proceso.

En cuanto a la prueba testimonial, se prevé la participación de alrededor de 20 testigos, entre integrantes del ámbito educativo, profesionales y personal técnico.

Cabe recordar que, en el inicio de esta etapa, también se dispuso la prórroga de la prisión preventiva del acusado por dos meses, mientras se avanza hacia el juicio.

El proceso buscará determinar la responsabilidad o no del imputado en los hechos que se le atribuyen, en un caso que pone en foco el ámbito educativo y los mecanismos de protección institucional.

La definición quedará ahora en manos del tribunal, en una instancia donde se evaluarán las pruebas y los testimonios incorporados.

Porque, a partir de este punto, la causa entra en su etapa más decisiva.