Los incendios forestales que afectaron miles de hectáreas en Río Negro y Chubut se encuentran controlados y en proceso de extinción. Luego de más de 30 días de intenso trabajo, brigadistas, bomberos y personal especializado lograron contener el fuego, sin riesgos de reactivación.

En El Bolsón, la emergencia se extendió por más de un mes y consumió 3.892 hectáreas de bosque nativo y plantaciones. En los momentos más críticos, más de 400 personas trabajaron en el operativo con el apoyo de siete medios aéreos y 50 unidades móviles, entre autobombas, camiones cisterna y equipos de ataque rápido. El gobierno de Río Negro anunció la puesta en marcha de un plan de reconstrucción para asistir a las familias y productores afectados, con la entrega de ayuda económica y trabajos de recuperación en la zona.

En Chubut, los incendios también han sido controlados, aunque el impacto ambiental y económico dejó daños significativos. Según información oficial, en el paraje Atilio Viglione se quemaron 2.000 hectáreas, con sectores productivos afectados.

Mientras los equipos continúan con las tareas de extinción final y relevamiento de daños, la justicia dejó en libertad a los últimos detenidos en relación con el origen del fuego, al no encontrarse pruebas suficientes para mantener las acusaciones.

En Río Negro, Nicolás Heredia, quien había sido arrestado el 5 de febrero en El Bolsón, fue liberado el pasado viernes luego de que la fiscalía no pudiera vincularlo con el inicio del incendio. Heredia, trabajador de la construcción en Senillosa, Neuquén, fue detenido bajo sospecha de portar una botella con combustible, aunque posteriormente se determinó que el recipiente no tenía sus huellas digitales y que el líquido era utilizado por brigadistas para motosierras.

En Chubut, la justicia modificó la prisión preventiva de Victoria Núñez Fernández, quien había sido arrestada bajo la sospecha de estar vinculada a los incendios en Corcovado. La geolocalización de su vehículo demostró que al momento del fuego se encontraba a 90 kilómetros de distancia. Su arresto formó parte de un operativo con múltiples allanamientos que incluyeron la participación de fuerzas especiales y equipos de comunicación oficiales.

Días después, la policía informó que en la estancia La Batea fueron detenidas tres personas que confesaron haber iniciado un incendio en el paraje Atilio Viglione por orden del propietario del establecimiento, con el objetivo de aprovechar la madera quemada y destinar el área a la ganadería. Los tres sospechosos fueron liberados con la única restricción de no salir del país durante seis meses, mientras que el nombre del estanciero que habría dado la orden no fue difundido.

A pesar de los esfuerzos locales para combatir el fuego, el contexto nacional muestra una disminución drástica en los recursos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el organismo encargado de coordinar la respuesta ante incendios en todo el país. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2024 se ejecutó apenas el 22% del presupuesto anual del SNMF.

El programa, que desde el 30 de diciembre de 2023 depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, había sido inicialmente asignado con $12.107 millones, pero tras los incendios en Córdoba de octubre se realizó una ampliación presupuestaria que elevó los fondos a $33.343 millones. Sin embargo, la ejecución efectiva fue menor a la de años anteriores, y en términos reales, considerando la inflación, en 2024 se gastó un 81% menos en el SNMF que en 2023.

Con los incendios controlados y las investigaciones en curso, las autoridades provinciales avanzan en la asistencia a los damnificados y en la evaluación del impacto ambiental y productivo que dejaron las llamas en la región, mientras el debate sobre la reducción de fondos para la prevención y el combate del fuego sigue abierto a nivel nacional.