El gobierno de Río Negro avanzará con una demanda judicial contra el Estado nacional por el deterioro de la Ruta Nacional 151, una traza clave del Alto Valle y la Norpatagonia. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que se presentará una medida cautelar ante la Justicia Federal, luego de agotar instancias administrativas sin obtener respuestas.

“El estado de las rutas es deplorable. Ponen en riesgo la vida de los conductores”, afirmó Weretilneck en diálogo con Infobae. Y agregó: “Están destruidas y sin inversión nacional”. La Ruta 151, que atraviesa unos 315 kilómetros entre Río Negro y La Pampa, fue señalada como la más afectada.

Un informe del Ministerio de Obras Públicas provincial señala que los 150 kilómetros que corresponden a Río Negro presentan múltiples fallas estructurales: ahuellamientos de hasta 23 centímetros, fisuras, hundimientos, banquinas descalzadas y baches de grandes dimensiones. La situación impacta directamente en la seguridad vial y en el transporte de la producción regional.

La decisión judicial llega tras el rechazo de Nación a un pedido formal de provincialización de la ruta con traspaso de fondos, para que sea la provincia quien asuma su mantenimiento. También se propuso un plan de obras, sin respuesta por parte del gobierno nacional.

“El gobierno nacional recauda por el impuesto a los combustibles, que debería destinarse al mantenimiento vial, pero eso no ocurre”, denunció el mandatario. Y aseguró: “A nuestros planteos nos respondieron con oídos sordos o negativas. Ahora acudiremos a la Justicia como última solución”.

El presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo López, respaldó la medida: “Planteamos todas las opciones posibles desde lo político. No hay desarrollo económico ni turístico sin inversión en infraestructura”.

Además de la Ruta 151, el reclamo de la provincia también alcanza a otras trazas nacionales en mal estado, como la 3, 23, 22 y 40 Sur. En este último caso, en 2024 la Justicia Federal ya había ordenado a Vialidad Nacional ejecutar obras urgentes entre El Bolsón y Bariloche, tras una presentación de la Fiscalía de Estado.

En paralelo, el gobierno provincial firmó esta semana un acuerdo con el municipio de Bariloche para transferir la jurisdicción sobre la Avenida Bustillo, con un aporte anual de $400 millones para su mantenimiento. “Esto mismo pretendemos hacer con las rutas nacionales en la provincia”, remarcó Weretilneck.