Una investigación federal por presunta trata de personas con fines de explotación sexual derivó en dos allanamientos simultáneos en Neuquén capital, donde Prefectura Naval Argentina identificó a ocho personas consideradas presuntas víctimas.

Los operativos se realizaron en dos inmuebles de la ciudad y fueron ordenados por el Juzgado Federal de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva. La causa es impulsada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Neuquén, encabezada por la fiscal Ángela Pagano Mata, con intervención de los auxiliares fiscales Gabriel Mercado y Rodrigo Quintero.

Según la información oficial, los procedimientos se realizaron de manera simultánea y estuvieron a cargo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina. También participaron agentes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de Neuquén.

En uno de los domicilios allanados fueron identificadas ocho personas consideradas presuntas víctimas del delito investigado. Durante la requisa se secuestraron un teléfono celular, una agenda, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, y otros elementos que podrían ser relevantes para el avance de la causa.

En el segundo inmueble, los investigadores decomisaron cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera, una camioneta y otros artículos de interés. El valor total de los elementos secuestrados supera los 53 millones de pesos.

Por disposición judicial, dos personas quedaron supeditadas a la causa en carácter de investigadas por los delitos de trata de personas y explotación sexual. Esto no implica una condena ni una declaración de culpabilidad, sino que ambas deberán responder en el marco del proceso penal federal.

La trata de personas es uno de los delitos más graves porque afecta la libertad, la dignidad y la integridad de las víctimas. En los casos vinculados a explotación sexual, el abordaje requiere no solo investigación penal, sino también asistencia especializada y protección de las personas damnificadas.

Por ese motivo, en este tipo de procedimientos intervienen equipos técnicos que acompañan a las víctimas desde el primer momento. La prioridad, además de reunir pruebas, es preservar su identidad, brindar contención y evitar cualquier forma de revictimización.

El caso tiene impacto regional porque Neuquén funciona como ciudad cabecera del Alto Valle y concentra circulación permanente de personas por razones laborales, comerciales, sanitarias y educativas. Para Catriel y el norte patagónico, este tipo de investigaciones vuelven a poner en agenda la necesidad de detectar señales de explotación, denunciar situaciones sospechosas y sostener redes de asistencia.

La investigación continuará ahora con el análisis de los teléfonos celulares, la documentación, el dinero y el resto de los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Ante cualquier sospecha de trata o explotación de personas, se puede llamar de forma gratuita y anónima a la línea 145, disponible todos los días del año.