La quiebra de Madalena Energy Argentina SRL, revelada por VientoSur en los últimos días, abrió ahora un nuevo frente de tensión en el norte petrolero rionegrino. Esta vez, el centro de la discusión ya no pasa únicamente por la caída financiera de la empresa ni por el futuro operativo del área Rinconada–Puesto Morales, sino por un punto concreto y sensible para los trabajadores: qué pasará con su antigüedad laboral en el traspaso hacia la nueva operadora.

Tal como informó previamente VientoSur en la nota “La caída de Madalena: cómo una petrolera terminó quebrada en medio de la transición de áreas en Río Negro”, la Justicia declaró la quiebra de la empresa mientras avanzaba el proceso de transición operativa impulsado por la Provincia tras la extinción de la concesión petrolera.

Durante las últimas horas, trabajadores vinculados al área mantuvieron reuniones con representantes sindicales para conocer las condiciones que podrían regir en el pase hacia Geopetrol, firma que aparece como adjudicataria del proceso licitatorio abierto por Río Negro tras la salida de Madalena.

Según pudo reconstruir VientoSur a partir de distintas fuentes del sector petrolero, una de las principales inquietudes gira en torno a la posibilidad de que el personal sea incorporado mediante un nuevo esquema contractual, sin continuidad jurídica plena respecto de la relación laboral anterior.

La preocupación no es menor. En juego habría alrededor de 50 puestos de trabajo, además de la antigüedad acumulada por trabajadores que se desempeñaban en el área bajo la órbita de Madalena.

El escenario, sin embargo, no aparece cerrado. Y ahí está hoy el núcleo del conflicto.

Por un lado, fuentes provinciales sostienen que la licitación diseñada por Río Negro incluyó condiciones vinculadas a la absorción del personal afectado al área y al reconocimiento de antigüedad laboral. Según indicaron, la Provincia incluso resignó regalías durante la etapa inicial de continuidad operativa para facilitar el traspaso, incentivar producción y sostener la paz social en la zona.

Ese punto encuentra respaldo en documentación oficial publicada en el Boletín Oficial de Río Negro. El pliego correspondiente al Concurso Público Nacional e Internacional Nº 02/2025 estableció que la presentación de una oferta implicaba el compromiso de “absorber y colocar bajo su relación de dependencia los trabajadores que se encuentran afectados a la operación del área”.

El mismo esquema licitatorio contempló una reducción de regalías durante la etapa inicial del denominado Plan de Continuidad Operativa, fijando un porcentaje del 6% sobre la producción de hidrocarburos. Además, para el área Rinconada–Puesto Morales, el pliego consignó una producción promedio anual a septiembre de 2025 de 390 BOE/d y una inversión mínima de 3 millones de dólares.

Pero al mismo tiempo, comenzaron a circular borradores de acuerdos laborales que abrieron nuevas interpretaciones dentro del sector.

Según la información a la que pudo acceder VientoSur Noticias, una de las propuestas en análisis contemplaría la incorporación de trabajadores por parte de Geopetrol, reconociendo antigüedad para determinados efectos laborales, aunque bajo una nueva contratación y sin asumir pasivos, deudas ni continuidad jurídica respecto de vínculos anteriores con Madalena.

La discusión ya no es si los trabajadores seguirán en el área, sino bajo qué condiciones.

Esa diferencia técnica es hoy el centro de la discusión. Porque una cosa es absorber trabajadores y otra, mucho más sensible, es definir bajo qué condiciones se los incorpora: si con continuidad laboral plena o mediante una nueva relación que reconozca algunos efectos de la antigüedad, pero deje afuera obligaciones anteriores.

En ese punto comenzaron también las interpretaciones jurídicas sobre el alcance real del esquema planteado en los borradores que circulan dentro del sector. Dos abogados laboralistas consultados por VientoSur coincidieron en que, de mantenerse las condiciones actualmente planteadas, el reconocimiento de antigüedad aparecería limitado principalmente a determinados efectos laborales, como vacaciones, sin implicar necesariamente continuidad jurídica plena ni reconocimiento de pasivos laborales anteriores.

Según señalaron, eso podría derivar en futuros reclamos judiciales contra Madalena por indemnizaciones y obligaciones previas al traspaso. Además, uno de los especialistas consultados planteó interrogantes sobre por qué el esquema de incorporación vuelve a discutirse en acuerdos posteriores cuando el propio pliego licitatorio ya contemplaba la absorción del personal afectado al área.

Para cualquier vecino, la pregunta puede resumirse así: ¿los trabajadores pasan con todos sus años reconocidos o empiezan de nuevo bajo otro esquema?

Mientras algunos sectores interpretan que el compromiso de absorción debería implicar continuidad laboral y reconocimiento pleno de derechos, otros sostienen que la nueva operadora no tendría obligación de asumir responsabilidades económicas o legales derivadas de la quiebra de Madalena.

Hasta el momento no hubo pronunciamientos públicos del Municipio de Catriel ni de referentes políticos locales sobre las condiciones laborales que regirán en el traspaso del área Rinconada–Puesto Morales.

En paralelo, el clima de incertidumbre crece entre trabajadores, proveedores y contratistas vinculados históricamente al área. La quiebra de Madalena ya derivó en la intervención del proceso judicial, la convocatoria a acreedores y la necesidad de ordenar deudas, bienes y responsabilidades pendientes.

El conflicto se desarrolla en un momento particularmente sensible para Catriel, donde el debate por regalías, la expectativa por Vaca Muerta y la crisis de las áreas maduras conviven dentro de una misma realidad económica. La ciudad observa al mismo tiempo promesas de expansión energética y señales de deterioro en yacimientos convencionales que fueron parte central de su historia productiva.

La situación de Madalena también expone una discusión más amplia que atraviesa a buena parte de las provincias petroleras argentinas. Mientras Vaca Muerta concentra inversiones, infraestructura y crecimiento en el desarrollo no convencional, muchas áreas maduras convencionales enfrentan caída de actividad, menor rentabilidad y dificultades para sostener empleo e inversión.

Fuentes del sector hidrocarburífero señalan que este fenómeno no ocurre únicamente en Río Negro, sino también en otras cuencas históricas del país, donde la retracción de actividad en áreas maduras ya generó fuertes impactos laborales durante los últimos años.

En ese contexto, el caso Madalena funciona como una señal de alerta. Si las áreas maduras no reciben inversión, mantenimiento y condiciones específicas para seguir operando, su producción tiende a caer. Y cuando eso ocurre, el impacto no queda dentro del yacimiento: llega a los trabajadores, a las contratistas, a los proveedores, a las regalías y a la economía local.

Por eso, la discusión actual excede a Madalena y Geopetrol. Lo que empieza a ponerse en debate es cómo se administran las transiciones petroleras cuando una operadora quiebra, qué obligaciones asumen las nuevas empresas, qué condiciones exige el Estado y hasta dónde deben preservarse los derechos laborales en un contexto de crisis empresaria.

Mientras tanto, trabajadores y sectores sindicales esperan definiciones oficiales sobre las condiciones definitivas del traspaso laboral en una de las áreas petroleras más sensibles del norte rionegrino.