Un funcionario municipal de Catriel fue denunciado públicamente por acoso hacia una joven de 22 años y una menor. La acusación tomó estado mediático, generando un fuerte impacto social y político, que incluyó una manifestación convocada por organizaciones feministas y respaldada por la Subsecretaría de la Mujer en la plazoleta de la Familia ayer (27-03). Sin embargo, hasta el momento, la denuncia contravencional no ha sido notificada formalmente a la jueza de Paz ni ingresó en los canales administrativos del Tribunal de Cuentas, el Concejo Deliberante o el Ejecutivo municipal.
Lo que se dijo en los medios
El caso se hizo público el 26 de marzo a través de medios locales, que informaron que Franco Rivero, integrante del Tribunal de Cuentas y militante del partido Primero Río Negro, habría acosado en reiteradas oportunidades a una joven mayor de edad y a una menor, familiar de esta. Según esta versión, Rivero seguía a la joven en la vía pública, la buscaba cuando estaba sola y le enviaba mensajes con connotación sexual por redes sociales. También se afirmó que, ante la falta de respuestas institucionales, la familia de la joven y la menor confrontó al funcionario en su domicilio, donde este habría pedido disculpas y reconocido su accionar.
Lo que dice la denuncia contravencional
El 15 de marzo, la denunciante de 22 años radicó una denuncia contravencional en la Comisaría 9° bajo la Ley 5592 del Código Contravencional de Río Negro, que sanciona el acoso callejero. En su testimonio, la joven relató que Rivero le dirigía comentarios de connotación sexual en la vía pública y a través de mensajes en redes sociales. Detalló que el denunciado la interceptó en varias ocasiones en la calle, le hizo preguntas personales cuando acudió a su kiosco y le escribió por Facebook con frases insinuantes. La familia de la menor decidió no presentar una denuncia formal para evitar su exposición.
Si bien la denuncia aún no ha sido notificada a la jueza de Paz, el proceso contravencional en Río Negro establece que, una vez formalizada la denuncia en sede policial, esta puede derivar en sanciones administrativas o multas si se comprueba la infracción.
Lo que está confirmado
- Existe una denuncia contravencional en la Comisaría 9° desde el 15 de marzo, pero aún no fue notificada formalmente a la jueza de Paz Myriam Bielaszczuk.
- No se presentó ninguna denuncia penal ni administrativa en el Tribunal de Cuentas, el Concejo Deliberante o el Ejecutivo municipal.
- Desde el Tribunal de Cuentas confirmaron que Rivero solicitó una licencia de 14 días, vigente desde el 25 de marzo, aunque no se registró ningún pedido oficial de apartamiento del cargo.
- Organizaciones feministas y mujeres autoconvocadas organizaron una manifestación el 27 de marzo en la plaza de la Familia, exigiendo la separación del funcionario, justicia para las víctimas y capacitaciones obligatorias en Ley Micaela. La Subsecretaría de la Mujer brindó su apoyo y participación.
- Primero Río Negro emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a cualquier tipo de acoso, pero destacó que no hay una denuncia formal que permita evaluar medidas internas. También desmintió haber recomendado la licencia a Rivero y anunció que solicitará un informe al funcionario para que brinde su versión.
La versión del denunciado y de la familia de la denunciante
Rivero reconoció haber enviado un mensaje a la denunciante a través de redes sociales, pero negó que se haya tratado de acoso. También rechazó haber hostigado a la menor. Según su relato, en diciembre de 2024 la denunciante fue a comprar en varias ocasiones a su kiosco y, en una de esas oportunidades, intercambiaron algunas palabras. Luego, en marzo, Rivero le comentó una historia de Instagram donde ella aparecía trabajando y le envió un mensaje privado preguntándole «qué tengo que hacer para que aunque sea me mires». Afirma que, tras el pedido de la joven de que no le escribiera, intentó disculparse pero ella antes lo bloqueó y no hubo más interacciones.
Sobre los encuentros en la vía pública, Rivero sostiene que fueron casuales y que no hubo intenciones de hostigamiento. Uno de ellos ocurrió mientras se retiraba de comprar a un comercio sobre Av. roca en el centro y el otro mientras circulaba en vehículo cerca de un supuermercado chino en av. Roque Saenz Peña. También negó haberle gritado comentarios desde su auto o haber seguido deliberadamente a la joven.
Más allá de la percepción de cada parte sobre los hechos, la denuncia se basa en la afectación que la denunciante manifestó haber sufrido a raíz de las interacciones con Rivero.
Respecto a la reunión en su domicilio, Rivero explicó que el 20 de marzo recibió la visita del padre de la denunciante, con quien conversó y acordó que el tema quedaría cerrado. Más tarde, la joven y su pareja también acudieron a su casa, y en ese encuentro se generó una discusión en la que la pareja de la joven golpeó la mesa de forma violenta. «Él (la pareja) me increpaba y golpeó la mesa. Le pedí disculpas a la chica porque le hice pasar un mal momento, que no tuve intención de hacerle sentir eso. Pero no fue acoso lo que hice», sostuvo Rivero.
Por su parte, el padre de la denunciante manifestó que, para su familia, el tema quedó resuelto en esa conversación con Rivero y que no están involucrados en la difusión mediática del caso. «Se hizo lo correspondiente en la justicia y para mi hija y mi familia el tema quedó cerrado desde el momento en que se habló con Franco. No somos partícipes de lo que se está divulgando sobre él ni nos interesa que esto se haga público», expresó. Sin embargo, más allá de la postura de la familia, la denuncia sigue vigente en sede contravencional.
Desde las organizaciones feministas remarcan que este tipo de situaciones refuerzan la importancia de aplicar la Ley Micaela y sancionar rápidamente las conductas que pueden constituir violencia de género, para evitar que las víctimas enfrenten procesos largos y revictimizantes.
Rivero también señaló que la situación le generó una gran exposición pública y que recibió agravios en la calle. «Es feo que te digan cosas que no sos. Estoy esperando que me llegue una citación. No tengo nada que esconder», afirmó.Además explicó que su licencia fue por motivos personales y no laborales.
En caso de que se inicie un procedimiento formal en su contra, el Poder de Contralor cuenta con mecanismos internos para evaluar la conducta de sus miembros. Según el Artículo 315 de la Carta Orgánica Municipal, el organismo puede aplicar sanciones disciplinarias a cualquiera de sus integrantes en caso de desorden de conducta, lo que incluye llamados de atención, multas o incluso la exclusión transitoria del cuerpo. Además, el Artículo 316 establece que, previo sumario y con la aprobación de dos tercios del cuerpo, el funcionario podría ser suspendido y puesto a disposición de la justicia. En caso de no existir una condena firme en un plazo de seis meses, recuperaría sus funciones y sus inmunidades. Hasta el momento, no se han activado estos procedimientos, ya que no se presentó ninguna denuncia formal ante el organismo que justifique su aplicación.
El caso despertó un intenso debate en la comunidad. Mientras algunos sectores exigen una sanción inmediata, otros sostienen que la situación debe resolverse por las vías institucionales. La denuncia contravencional sigue su curso y aún está pendiente de avances formales en la justicia.
