En Catriel se suman a la convocatoria de Ni Una Menos tras el triple femicidio en Florencio Varela

Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 18 horas, la Plazoleta de la Familia ubicada en la confluencia de Av. San Martín y Roca será escenario de una nueva concentración bajo la consigna “Ni quietas ni solas, ni una menos”, en repudio al triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

El caso conmocionó al país: las tres jóvenes, de entre 15 y 20 años, habían desaparecido el viernes pasado y fueron encontradas asesinadas este miércoles en una vivienda del conurbano bonaerense. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el crimen fue cometido por una banda vinculada al narcotráfico, en un hecho que expone la dimensión extrema de la violencia de género en contextos atravesados por el crimen organizado.

 Hay cuatro personas detenidas por «homicidio agravado» y en la investigación se habla de otros responsables, que forman parte de un grupo narcotraficante transnacional. 

Colectivos de mujeres convocaron a marchas en todo el país para pedir justicia: las primeras movilizaciones fueron en La Tablada, en el partido de La Matanza –de donde eran las jóvenes–, en La Plata y en Plaza Flores, barrio porteño en donde trabajaban. Durante la tarde, además, dos hombres dispararon contra la casa de Lara, según denunció su familia a la policía.

Morena, Brenda y Lara estaban desaparecidas desde el viernes pasado a la noche, y sus familias presentaron la denuncia el sábado. Según la reconstrucción que hizo la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, que lleva adelante la investigación, las víctimas subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca el viernes alrededor de las 21:30 en una estación de servicio en la rotonda de La Tablada –en el cruce de las avenidas Monseñor Bufano y Crovara– del municipio de La Matanza. Una cámara de seguridad registró el momento en que las tres jóvenes entraron a la camioneta. El resultado de las autopsias confirmó que fueron asesinadas el mismo viernes, y luego enterradas.

La principal hipótesis de la fiscalía –cuyo titular es Gastón Duplaá– es que se trataba de un ajuste de cuentas con este grupo narco, y por tal motivo interviene también en la causa la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Alonso precisó, además, que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Dos de los detenidos en el marco de la investigación.

Una respuesta nacional y regional

La convocatoria de Ni Una Menos se replicará este fin de semana en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, miles de personas marcharon este miércoles a Plaza Flores bajo la consigna “¡Fue triple femicidio! Justicia por Brenda, Lara y Morena”.

“Hoy hay tres menos. Hoy hay tres familias que están rotas y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto. Si no nos hacemos cargo de que esto no le pasa a cualquiera. Les pasa  a las pobres. Son las pobres los sujetos descartables de este gobierno nacional. Somos nosotras y son nuestras vidas las que están en juego. ¡Justicia para las compañeras y que no pase más!”, dijo Georgina Orellano, trabajadora sexual y secretaria general de AMMAR, frente a la multitud que formó una ronda en el centro de la Plaza Flores.

Orellano continuó: “Justicia es que tomemos la calle y que el feminismo vuelva a hacer carne en la agenda la transversalidad de lo que le pasa a las personas pobres. Pongan el cuerpo, muchachas. Salgan de las redes”.

En la Patagonia y la región, también se confirmaron manifestaciones en plazas y espacios públicos. En Catriel, además de la concentración, las organizaciones feministas anticiparon que se informará sobre la preparación para viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se realizará en noviembre en Corrientes. “Necesitamos transformar la rabia en lucha, y hacerlo juntas”, señalaron desde la campaña local.

El mapa de los femicidios en la Argentina

Los datos oficiales muestran la persistencia de la violencia letal contra mujeres y disidencias. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 hubo 228 víctimas directas de femicidio, lo que equivale a una cada 39 horas.

La ONG La Casa del Encuentro contabilizó además 164 femicidios en los primeros ocho meses de 2025, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco.

Si bien la mayoría de los casos se produce en contextos de pareja o expareja, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) advirtió que también se registran femicidios vinculados al crimen organizado, a la trata de personas y a otros escenarios de vulnerabilidad, lo que los vuelve aún más invisibilizados.

Recursos y acompañamiento en Catriel

En la ciudad, las personas que atraviesen situaciones de violencia de género pueden comunicarse con la Subsecretaría de Género, Igualdad y Diversidad (SubsMID), que dispone de una guardia activa las 24 horas al 299 556 0206 o acercarse a su sede en Reconquista 153.

La SubsMID brinda atención psicológica, asesoramiento legal, acompañamiento integral y articulación con el Poder Judicial, SENAF, salud pública y fuerzas de seguridad. También funciona allí el Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVV).

Además, la Comisaría de la Familia (Juan Benigar 929) atiende de manera permanente en el teléfono 299 576 9055.

Fallo histórico: reconocen a una mujer compensación de más de 100 millones de pesos por años dedicados al cuidado del hogar

Un fallo de la Justicia de Familia de Bariloche reconoció el desequilibrio económico que sufrió una mujer tras separarse de su pareja, con quien convivió durante más de doce años. Durante ese tiempo, ella se dedicó de manera exclusiva al cuidado de sus hijas y a las tareas del hogar, mientras él consolidaba un emprendimiento comercial que hoy emplea a varias personas.

La jueza admitió el reclamo y ordenó el pago de una compensación económica actualizada superior a los 100 millones de pesos, aplicando los artículos 524 y 525 del Código Civil y Comercial. Fundamentó la decisión en la necesidad de aplicar una perspectiva de género que repare la desigualdad estructural generada por el reparto de roles en la convivencia.

En su fallo, la magistrada destacó que la mujer no solo aportó al cuidado familiar, sino también a la mejora de la vivienda y a la administración del negocio de su pareja, sin que esos aportes se vieran reflejados en su situación económica posterior. Tras la ruptura, ella quedó a cargo de sus hijas, sin vivienda propia ni patrimonio, y con su carrera profesional relegada.

El hombre no respondió a la demanda y fue declarado en rebeldía. En tanto, los testimonios corroboraron que la mujer incluso debió cerrar un pequeño emprendimiento por la sobrecarga doméstica.

El análisis incluyó referencias a estándares internacionales de derechos humanos y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La jueza aclaró que la compensación no equivale a una indemnización ni a una extensión de la cuota alimentaria, sino a un derecho autónomo cuyo objetivo es restituir condiciones de autonomía económica para la parte más perjudicada.

Violencias en el noviazgo: estudiantes de la ESRN 21 participaron de un taller con enfoque preventivo

En el marco de las acciones de sensibilización y promoción de derechos, la Subsecretaría de la Mujer de Catriel (SubsMID) realizó este miércoles un taller sobre prevención de violencias en el noviazgo y las adolescencias, destinado a estudiantes de la ESRN N°21. La actividad se llevó a cabo en el espacio EVE y contó con la participación de agrupamientos de 2°, 3°, 4° y 5° año, en el horario de 13:30 a 15.

El encuentro se centró en identificar y problematizar situaciones de violencia en relaciones afectivas, así como en desconstruir estereotipos de género y fomentar vínculos respetuosos entre adolescentes. Según informaron desde la Subsecretaría, fueron los propios estudiantes quienes, a partir de sus inquietudes, propusieron dar continuidad a los talleres en las próximas semanas.

Desde el equipo municipal agradecieron a la docente Belén Castillo, quien realizó la invitación y acompañó el desarrollo de la actividad, y a la comunidad educativa de la ESRN N°21 por abrir el espacio para este tipo de iniciativas.

«Este tipo de talleres se inscriben en una línea de trabajo sostenida por el área de Mujeres, Géneros y Diversidad del municipio, que viene impulsando encuentros en instituciones educativas con el objetivo de prevenir situaciones de violencia de género en edades tempranas y promover herramientas de cuidado en los vínculos adolescentes», indicaron desde la SubsMID.

Revisión del protocolo de actuación en casos de violencia contra las mujeres

El municipio de Catriel realizó una revisión y actualización del protocolo de actuación ante casos de violencia de género junto con funcionarios judiciales, integrantes de Educación y Salud Pública, miembros de la Policía de Río Negro, instituciones provinciales y el equipo de la subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad.

El encuentro contó con la participación de concejales del Bloque Frente de Acción Vecinal Catriel, funcionarios y funcionarias municipales, representantes de la Justicia (Fiscalía, Juzgado de Paz, Defensoría, CiMARC), Salud Pública, equipo interdisciplinario del Juzgado de Familia, Comisaría de la Familia, equipos supervisivos de Educación de nivel inicial, primario y secundario, SENAF, postulantes al cargo de Juez/a de Paz y el equipo técnico de la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad.

También estuvo presente Griselda Linares, subsecretaria de Mujeres y Diversidades de la Provincia, junto al equipo del SAT de Cipolletti, enriqueciendo el trabajo colectivo.

Durante la jornada se abordaron ejes centrales:

Revisión del protocolo: evaluación de su eficacia y definición de mejoras.
Fortalecimiento del acompañamiento: estrategias para optimizar la atención emocional, legal y social.
Coordinación interinstitucional: articulación entre organismos para una respuesta integral y eficiente.

«Este trabajo conjunto busca garantizar mayor protección, acompañamiento y acceso a derechos para todas las mujeres que atraviesan situaciones de violencia», concluyeron.

25 de Mayo: grave estado de una policía embarazada internada en Catriel tras un disparo

Una agente de policía de la localidad pampeana de 25 de Mayo, embarazada de tres meses, permanece internada en la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel tras recibir un disparo en el pecho el domingo por la noche.

La herida afectó uno de sus pulmones y, según informaron fuentes policiales, su estado es delicado pero estable. Se encuentra bajo respiración asistida en el área de Terapia Intensiva.

La familia de la joven, identificada como Greta Mendoza, pidió a la comunidad sumarse en una cadena de oración por su recuperación.

La investigación está en manos de la veinticinqueña, que secuestró el arma reglamentaria de la víctima, celulares y escritos personales. El esposo de la agente permanece detenido mientras se analizan las pericias.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan los resultados técnicos para determinar si se trató de un intento de suicidio o de un hecho de violencia. El caso conmueve a la comunidad de 25 de Mayo y Catriel, que sigue de cerca la evolución de la policía.

Fiscal pidió juicio oral para Alberto Fernández por violencia física y psicológica contra Fabiola Yañez

El fiscal Ramiro González solicitó este jueves que el expresidente Alberto Fernández sea llevado a juicio oral por distintos episodios de violencia física y psicológica hacia su expareja Fabiola Yáñez que habría cometido durante el transcurso de toda su relación, desde 2016 hasta agosto de 2024.

En el escrito, el representante del MPF pidió que sea juzgado por los delitos de lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género contra su parejalesiones leves también agravadas bajo esas mismas condiciones -reiteradas en dos oportunidades-, y amenazas coactivas. En caso de ser condenado, al expresidente podría corresponderle una pena de hasta 15 años de prisión.

“El desarrollo personal, profesional, de la vida política y pública del denunciado, contrasta de una manera notable con los de la víctima que se reconoce, de modo recurrente, frente una abrumadora situación de desigualdad. La magnitud de la asimetría que se pudo verificar, signó el vínculo desde sus inicios y, de alguna manera, fue determinante para la configuración de las distintas formas y tipos de violencia comprobados en la causa”, explicó el fiscal en uno de los tramos del requerimiento presentado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini.

De acuerdo con lo investigado en el expediente, Fernández ejerció “de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad” desde por lo menos 2016 hasta el momento en que la damnificada instó la acción penal el 6 de agosto de 2024, según publicó fiscales.gob.ar.

En ese sentido, consideró que hasta la elección de Fernández como presidente, el vínculo entre ambos estuvo marcado por ese tipo de agresiones, que escalaron a la violencia física luego del 2019 y que se manifestaron a través de “agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos y golpes” que provocaron lesiones en el cuerpo de Yáñez.

En el expediente se corroboró que, durante los meses anteriores al 12 de agosto de 2021, Fernández lesionó a su expareja mediante un agarrón o zamarreo en el brazo, lo que le ocasionó un hematoma que quedó fotografiado por la víctima y cuya imagen envió por WhatsApp a la por entonces secretaria del mandatario.

Justamente las conversaciones entre ambas forman parte de las evidencias evaluadas en el expediente, así como también se analizaron los chats entre Fernández y Yáñez, que incluso conforman un anexo de 115 páginas que acompaña al requerimiento. En el peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) respecto del celular presidencial, se pudo verificar la autenticidad de los diálogos que había aportado la querella y que “denotan el círculo de violencia en el que se encontraba inmersa Fabiola Yáñez”.

Además, en la causa se acreditó que entre la noche del 21 de junio de 2021 y la madrugada del 22, cuando la pareja se encontraba en la cama de la habitación principal del chalet presidencial de la Quinta de Olivos, Fernández golpeó a su entonces pareja en el rostro, provocándole una lesión en su ojo derecho.

“La violencia física, fundamentalmente, en la modalidad de golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid”, remarcó el fiscal.

A ello le agregó que mientras la denunciante se encontraba en España, estaba “condicionada económicamente por su agresor” y que el propio exmandatario la aconsejaba para que no hable y para que no inste la acción penal en su contra.

De acuerdo a toda la evidencia recolectada, se sostuvo que Fernández “realizó conductas que provocaron un debilitamiento en la salud de Yáñez”. “Las constantes bofetadas en la cara, zamarreosninguneosdestrato público, convencerla de realizarse un aborto y las actitudes violentas aprovechando su calidad de Jefe de Estado son solo algunas de las comprobadas acciones de Fernández que provocaron un daño en la salud de la víctima”, enumeró.

A lo largo de las 172 páginas que tiene el requerimiento, la fiscalía analizó las declaraciones de los médicos, del personal de la Quinta de Olivos y de la familia y el entorno de la exprimera dama. También relevó la documentación médica aportada y las diversas comunicaciones de WhatsApp, que la defensa intentó cuestionar a lo largo del proceso.

“En el campo internacional de los derechos humanos existe un sólido consenso acerca de que la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y una forma de la discriminación por motivos de género”, remarcó el fiscal.

“La proactividad del Ministerio Publico Fiscal con la intervención en los actos procesales más relevantes, por caso la declaración de la víctima, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres -UFEM- y la participación en el proceso de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas -DOVIC- de la Procuración General de la Nación, dan cuenta la dirección de una investigación que, desde el inicio, se enmarcó dentro de los estándares de diligencia señalados”, agregó.

En esa línea, consideró que debía resaltar que desde la defensa habían intentado, a través de prejuicios y estereotipos, atacar la denuncia realizada. “En lugar de intentar desvirtuar los hechos denunciados, parecen pretender focalizar la investigación sobre comportamientos, prácticas, desórdenes de la víctima como una forma de responsabilizarla por hechos del proceso”, explicó el fiscal. Consideró que la descalificación de la víctima en casos de violencia es uno de los aspectos que debe removerse de las investigaciones.

“Esta representación del MPF considera de nulo valor para formar convicción las declaraciones que pretenden asentar el debate -y lo diré de un modo sencillo, tal vez crudo, pero no menos evidente-, sobre la idea de Fabiola Yáñez como una ‘borracha’, ‘mala madre’, de ‘múltiples personalidades’ y que la ubican ante una suerte de responsabilidad compartida por la forma de conducción de su vida”, recalcó.

Por ese motivo, González hizo foco en que las pruebas dentro del expediente no deben ser interpretadas como hechos aislados sino como episodios enmarcados en un contexto comprobado, un acreditado círculo de la violencia contra la mujer.

“Resulta particularmente relevante que hayan quedado registradas en formato audiovisual, pues junto con el material aportado con posterioridad, permite advertir con mucha claridad la existencia de una presión personal y directa del ex presidente con el objeto intentar quitarle relevancia a los hechos, directamente ocultarlos, a través de una versión consensuada que nada tiene que ver con las vivencias relatadas por Yáñez”, concluyó.

Incorporan licencia especial por violencia de género en el Estatuto Municipal

El Concejo Deliberante aprobó una modificación al Estatuto de Empleados Municipales para incorporar una licencia especial destinada a casos de violencia de género.

La medida añade un artículo al actual artículo 91 del Estatuto, que regula las licencias y franquicias laborales. El objetivo es «brindar protección integral a las trabajadoras y trabajadores afectados, asegurando que puedan acceder a días de licencia sin perder su salario ni poner en riesgo su estabilidad laboral».

«La incorporación se enmarca en las normativas provinciales y nacionales que buscan fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género, garantizando el derecho a un entorno laboral seguro y libre de violencia», indicaron desde el oficialismo.

Sin paz, ni justicia: Revocaron la condena y liberaron a los condenados por el asesinato de Otoño Uriarte

El Tribunal de Impugnación de Río Negro revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre los cuatro acusados por el crimen de la adolescente Otoño Uriarte, por inconsistencias en la valoración de pruebas clave. Se trata de la prueba genética, la prueba odorológica y algunos testimonios que habían sido utilizados como sustento central de la sentencia condenatoria.

La sentencia previa, que había impuesto penas de prisión perpetua por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, fue impugnada por las defensas de Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Ángel Antilaf. Los abogados señalaron que se había efectuado una «interpretación inadecuada de elementos probatorios relevantes».

Uno de los puntos controvertidos se relacionó con la valoración del ADN hallado en un cabello identificado como “pelo 17”. La sentencia original sostuvo que existía una coincidencia significativa con el perfil genético de José Jafri. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación destacó que esta conclusión no se correspondía con el testimonio brindado en juicio por la perito genetista Belén Rodríguez Cardozo, quien afirmó que las características genéticas observadas excluían categóricamente a Jafri y a cualquier integrante de su línea paterna como posibles contribuyentes de la muestra.

También se pusieron en cuestión las conclusiones extraídas respecto de la muestra genética levantada del nylon que cubría el cuerpo de la víctima. Según el Tribunal de Impugnación, la sentencia condenatoria habría atribuido indebidamente perfiles genéticos concretos a la víctima y a los acusados, cuando en realidad el informe pericial advertía que la degradación de las muestras impedía establecer perfiles identificables con certeza.

Otro aspecto debatido fue la prueba odorológica realizada con perros rastreadores. El tribunal de juicio de Cipolletti había sostenido que esta prueba ubicaba a los cuatro imputados en contacto con el nylon. El Tribunal de Impugnación advirtió que la pericia odorológica carecía de rigor científico suficiente, debido a las condiciones ambientales extremas a las que estuvo expuesto el nylon y la presencia admitida de falsos positivos. También enfatizó que esta prueba indiciaria no fue adecuadamente contrastada con los resultados genéticos que evidenciaban una importante degradación.

Finalmente, se revisó el peso asignado a ciertos testimonios indirectos, especialmente aquellos aportados por testigos que refirieron versiones “de oídas” y cuyas declaraciones presentaban inconsistencias o imprecisiones. El Tribunal de Impugnación entendió que dichos testimonios carecían de sustento probatorio autónomo y no se encontraban corroborados por otras evidencias objetivas que permitieran afirmar la participación de los acusados con el grado de certeza requerido.

A partir de estas observaciones, el Tribunal de Impugnación, por unanimidad, resolvió revocar la sentencia condenatoria y absolver a los imputados. En su parte resolutiva, ordenó además su inmediata libertad. Solo Germán Ángel Antilaf permanecerá en prisión porque cumple condenas por otros delitos.

La decisión se tomó tras analizar los recursos presentados por las defensas de Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Antilaf. En marzo de 2025 fueron sentenciados a prisión perpetua por el secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, ocurrido hace 18 años. Hoy la Justicia dio un paso a trás y revirtió esa decisión.

El segundo juicio y la sentencia que se revocó

Las juezas Florencia Caruso Martin, Amorina Sánchez Merlo y el juez Juan Puntel sentenciaron a los imputados por el delito de «privación ilegítima de la libertad agravada por la participación de tres o más personas, por ser la víctima menor de edad y por haberle ocasionado intencionalmente la muerte».

Este juicio comenzó en noviembre de 2024 y consistió en 13 extensas audiencias. Luego de que se definiera la culpabilidad de los sospechosos la fiscal, Teresa Giuffrida, y la abogada querellante, Gabriela Prokopiw, pidieron  el 6 de marzo que fueran sentenciados a prisión perpetua, lo que se confirmó dos semanas más tarde.

Otoño Uriarte era una joven nacida en 1990 en General Roca, Río Negro, que vivía junto a Roberto Uriarte, su padre, en Fernández Oro, otra localidad rionegrina, luego del fallecimiento de su madre. En la noche del 23 de octubre de 2006, Otoño se disponía a volver a su casa pero cuando fue a buscar su bicicleta encontró que se la habían robado y decidió volver caminando, aunque jamás regresó a su hogar.

El celular de la joven estaba apagado. Roberto Uriarte intentó denunciar la desaparición de su hija en una comisaría, a lo que los agentes se negaron debido a que sostenían que la joven se había ido, incluso cuando sus pertenencias estaban en su vivienda. Recién una semana más tarde comenzaron con los rastrillajes, para cuando la familia y los amigos de la víctima comenzaron a organizar movilizaciones y se reclamaba que la policía federal también trabajara en la investigación.

Un trabajador rural de la zona contó que encontró un celular en la calle en la que Otoño emprendía su retorno a casa y que intentó encenderlo aunque no tuvo éxito. Luego, mencionó que un compañero de él, en estado de ebriedad, arrojó el celular a una fogata. El celular quemado finalmente era el de la joven. Tan solo unos meses más tarde el trabajador murió atropellado.

Para abril de 2007, los registros de conversaciones telefónicas relacionados a la comisaría 8ª de Choele Choel respaldaban la teoría principal de que Otoño había sido secuestrada para explotarla sexualmente. Como si fuera poco, quienes tenían relaciones con los próstibulos eran los mismos agentes policiales. Sin embargo, las escuchas no se añadieron al expediente.

El 24 de abril de 2007, el cuerpo de Otoño Uriarte fue encontrado sin vida en un canal, y con signos de haber sido violada. Fue rápidamente reconocida debido a un collar que ella misma se había producido y a las prendas de vestir que llevaba. Además, se detectaron tres heridas de arma blanca y que el cuerpo, antes de ser depositado en el canal (donde estuvo cinco meses), había sido enterrado. En la escena del crimen los asesinos habían dejado un nylon en donde habrían llevado el cuerpo, por lo que se pudo localizar rápidamente a los cuatro hombres.

El primer juicio

El primer juicio en 2008, fue con irregularidades y magros resultados. La jueza de turno los procesó a los imputados por encubrimiento y violación y homicidio, dos figuras excluyentes para el Código Penal. Por ese motivo los mismos cuatro imputados fueron absueltos en 2014. Debido a estos errores la jueza y el fiscal fueron destituidos de sus cargos.

Recién en 2023 la abogada Prokopiw volvió a abrir el caso con nuevas pruebas y avances tecnológicos que supuestamente facilitaban la correcta investigación y resolución. En primer lugar un pelo hallado en la ropa interior con la que encontraron el cuerpo de Otoño, que tenía -en teoría- un alto grado de coincidencia genética con el imputado Jafri. Luego la bicicleta, que Cau le acercó a la familia diciendo que la tomó prestada para ir a una localidad cercana. Y por último la confesión del entorno de Lagos de que le pagaron para que fuera a buscar a Otoño pero que tuvieron que matarla «cuando se complicó».

Un niño de 10 años llamó al 911 para denunciar que su padre golpeaba a su madre

Un grave episodio de violencia de género se registró en la madrugada del jueves en una vivienda del barrio Chacramonte, en General Roca. Un niño de tan solo 10 años fue quien llamó al 911 para alertar que su padre estaba agrediendo a su madre.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle El Jarillal al 900. Según informó el subcomisario Óscar Parada, del Destacamento 177, al llegar al lugar los efectivos escucharon gritos desde el interior de la vivienda. Al golpear la puerta, salió una mujer que denunció haber sido golpeada por su esposo, quien le habría propinado un cabezazo en el rostro.

La policía procedió a la detención del agresor, un hombre de 48 años, que fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la justicia. La víctima, en tanto, fue llevada al hospital local para recibir atención médica.

El niño, testigo y denunciante del episodio, fue contenido por personal policial en el lugar. La intervención de organismos de niñez y protección integral podría activarse en las próximas horas.

A diez años del primer grito: En Catriel se concentraron por el «Ni Una Menos»

La movilización local reunió a organizaciones y vecinas en la Plazoleta de la Familia. A una década del inicio del movimiento, se renovaron los reclamos por justicia, políticas públicas efectivas y presupuesto para prevenir la violencia de género.

El martes 3 de junio, Catriel fue parte de una nueva jornada nacional de lucha contra la violencia de género. Al cumplirse diez años de la primera marcha bajo la consigna «Ni Una Menos», organizaciones locales convocaron a una concentración en la Plazoleta de la Familia. La actividad fue impulsada por la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres y la Multisectorial de Mujeres de Catriel.

“Nos encontramos como cada 3 de junio. Hicimos mucho, pero hay que seguir en las calles”, expresaron desde la organización, marcando la importancia de sostener el reclamo en el espacio público. La jornada sirvió para reflexionar sobre el recorrido del movimiento en la última década y visibilizar las demandas aún pendientes.

Desde su primera edición en 2015, Ni Una Menos logró instalar en la agenda pública la gravedad estructural de las violencias por razones de género. A nivel legislativo, impulsó la sanción de normas clave como la Ley Micaela, la Ley Brisa y el patrocinio jurídico gratuito para víctimas. Sin embargo, referentes advierten que los desafíos persisten.

“Este año se cumplieron 10 años del primer Ni Una Menos y estamos en un contexto nacional de mucha vulneración, mucha violencia y habilitación de discursos preocupantes”, señaló Lucía Galván, de la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad. “Poder encontrarnos en la plaza, charlar, hacer un recorrido histórico, hablar de miedos y luchas, fue muy valioso. Ver caras nuevas también nos da esperanza”, agregó.

En Catriel, la violencia de género dejó marcas profundas. En los últimos diez años se registraron al menos tres femicidios: Cintia Vergara (2014), Agustina Atencio (2020) y Patricia Rendón (2022). Cada uno de estos casos generó conmoción y movilización en la comunidad.

En el plano nacional, organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el desmantelamiento de políticas públicas vinculadas a la prevención y asistencia a víctimas. Señalan recortes presupuestarios y el cierre de programas clave, lo que impacta directamente en las personas afectadas por esta problemática.

La convocatoria en Catriel se inscribió en ese contexto: una expresión local de una demanda colectiva que, diez años después, sigue vigente. La lucha por una vida libre de violencias continúa.