La polémica por la ordenanza vinculada a la desafectación de reservas fiscales para su incorporación al Banco de Tierras en en Catriel sumó un nuevo capítulo en el intercambio público, con planteos vinculados a la legalidad del proceso. La concejala Elizabeth Cofré se refirió públicamente a expresiones de funcionarios y sostuvo su planteo de nulidad sobre la Ordenanza N° 384/24, al señalar que no habría alcanzado la mayoría especial requerida.

A través de comentarios en redes sociales y publicaciones en su cuenta personal, Cofré expresó que “la ordenanza requería mayoría especial. No la tuvo”, y agregó que “eso no lo arregla un acta, ni un comentario en Facebook, ni una entrevista en radio”.

En ese sentido, sostuvo que considerar válida la norma en esas condiciones implicaría, según su interpretación, “forzar la institucionalidad”, y agregó que lo que está en juego “no es una ordenanza, sino la credibilidad de las instituciones, el manejo de tierras públicas y la confianza de los vecinos”.

La concejala también se refirió a las responsabilidades del oficialismo. “Las mayorías, las comisiones y la conducción del cuerpo están en manos del oficialismo”, expresó, y agregó que “quien impulsa, ordena y garantiza la legalidad de los tratamientos es la conducción política”.

En una segunda publicación, Cofré expresó: “5 votos no son 6”, en referencia a la votación de la ordenanza, que —según el proyecto presentado— habría sido de cinco votos afirmativos y tres abstenciones, cuando la normativa exigiría una mayoría especial de seis votos positivos.

Además, se refirió al alcance de las actas de sesión. “Un acta de sesión no valida una votación ni reemplaza la mayoría legal exigida”, sostuvo, y agregó que “las abstenciones no son votos afirmativos”.

En ese marco, expresó que “quieren transformar un error institucional en una operación política y desviar la discusión atacando personas en lugar de responder sobre la legalidad del acto”, en referencia a respuestas de funcionarios del Ejecutivo.

Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre el oficialismo y sectores de la oposición por la validez de la ordenanza, que habilitó la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.

Por el momento, no se registraron nuevos pronunciamientos institucionales formales más allá de las expresiones realizadas en redes sociales. La discusión sobre la legalidad de la norma continúa bajo análisis y podría derivar en nuevas instancias dentro del ámbito legislativo o administrativo.