El Partido Justicialista (PJ) de Río Negro perdió el derecho a recibir el aporte anual asignado por la Nación debido a la falta de presentación y aprobación de sus cuentas de ingresos y gastos correspondientes al año 2022. Esta decisión fue tomada recientemente por la Justicia Federal, que determinó que el partido no cumplió con las obligaciones establecidas para la rendición de cuentas de sus fondos.

En julio de este año, la Justicia Electoral había ordenado el pago de aportes a diez organizaciones partidarias de la provincia, distribuyendo un total de aproximadamente 9,1 millones de pesos. Los beneficiarios incluyeron a Juntos Somos Río Negro (JSRN), con más de 2,4 millones de pesos, y otros partidos como el Movimiento Popular, el ARI, Kolina, el Partido Socialista, la Izquierda de los Trabajadores, entre otros. Sin embargo, el PJ no figuró en esta lista ya que sus rendiciones de cuentas no fueron aceptadas.

Finalmente, en septiembre, el juez electoral Hugo Greca formalizó la sanción contra el Partido Justicialista de Río Negro, indicando que perdería el derecho a recibir «contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por el plazo de un año» debido a la falta de presentación de su estado patrimonial anual y las cuentas de ingresos y egresos del ejercicio 2022.

La sanción al PJ se originó tras repetidas advertencias. El balance anual debía ser presentado a los 90 días del cierre del año, pero ante la falta de cumplimiento, la Justicia aplicó inicialmente una multa del 10% sobre los aportes destinados al desenvolvimiento institucional para 2024. La reiterada demora llevó a un incremento de la multa al 20%, y finalmente se decidió la sanción de pérdida total del financiamiento público por un año.

El Partido Justicialista de Río Negro atravesó un período complicado en 2022, con la renuncia de Alejandra Mas a la conducción del Consejo, que fue asumida por Sergio Hernández, alineado al senador Martín Doñate. Esta situación generó tensiones con otros referentes del partido, como el entonces ministro de Justicia, Martín Soria, y la intendenta María Emilia Soria, quienes mantenían una postura crítica. La distancia se acentuó en la segunda mitad de 2022, cuando Doñate se acercó al entonces senador y actual gobernador Alberto Weretilneck para las elecciones de 2023.

El juez Greca señaló que los plazos otorgados al presidente del partido, Sergio Hernández, y a la tesorera, Claudia Montanaro, habían vencido sin que se presentara ninguna documentación. Esto llevó a que se declarara «no acreditado el origen y destino de los fondos recibidos en 2022», resultando en la pérdida de los aportes fijados por la ley de financiamiento de los partidos políticos. Además, el expediente correspondiente (N° 1116/2023) fue remitido al fiscal para evaluar la posibilidad de imponer otras sanciones.

El marco legal para los aportes a los partidos políticos

La Ley 26.215 establece que el Estado contribuye al funcionamiento de los partidos políticos mediante aportes destinados al desenvolvimiento institucional, la capacitación y formación política, y las campañas electorales primarias y generales. La distribución de estos recursos se basa en un reparto igualitario del 20% entre todos los partidos reconocidos, y el 80% se distribuye de forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales, siempre y cuando el partido haya alcanzado al menos el 1% del padrón electoral.

En el caso del PJ de Río Negro, la falta de rendición de cuentas del ejercicio 2022 llevó a la pérdida de este derecho por un año, así como la exclusión de los fondos destinados al financiamiento de campaña para próximas elecciones. Según la resolución del juez Greca, el incumplimiento podría implicar sanciones adicionales, lo cual está siendo evaluado por la fiscalía.