Fabricio Alvarez

El Ministerio Público Fiscal avanzó en la causa denunciadas por funcionarios nacionales en el marco de la ejecución de viviendas del plan federal ‘Techo Digno’, en este caso de la localidad de Sierra Grande.

La Fiscalía le atribuyó a dos exintendentes, y a dos exfuncionarios municipales de cada una de las gestiones de gobierno la coautoria en dos hechos calificados como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso. Al empresario implicado lo acusó de ser partícipe necesario.

Según la fiscalía, en lo que constituye el primer hecho, el intendente Renzo Tamburrini, suscribió en diciembre de 2014 un convenio para la construcción de 40 viviendas e infrestructura con referentes de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

La construcción debía realizarse en un plazo de 12 meses e implicaba el cumplimiento de ciertos requisitos que estaban debidamente explicitados en dicho contrato.

Según la acusación, en un periodo comprendido entre abril y noviembre del 2015 la municipalidad de Sierra Grande recibió más de 16 millones de pesos que representan el 92% del convenio destinado pura y exclusivamente a la construcción de las viviendas antedichas.

En ese marco, el intendente junto a Mauro Tamburrini – secretario de gobierno y hacienda- ordenó el pago a la empresa Construcciones Normalizadas de 12 millones de pesos equivalente un avance de obra correspondiente al 71%. En la certificación de dicho porcentaje intervino el tercer imputado Ernesto Noel, secretarios de obras y servicios públicos municipal.

Sin embargo, una inspección realizada en abril del 2016 por el IPPV verificó que el avance real de la obra era apenas mayor a un 34 % por lo que se pagó un porcentaje igual en exceso generando con ello un perjuicio al erario municipal de 5 millones de pesos con el consecuente beneficio patrimonial a la empresa que percibió un lucro indebido. Ese monto actualizado a 2023 asciende a más de 130 millones de pesos. Además pagó un millón de pesos en concepto de infraestructura.

“Se valió del accionar de sus funcionarios que firmaron certificados que daban cuenta de un avance mayor y precisó también de la colaboración del empresario que de ninguna manera podía desconocer el avance real de una obra que estaba a su cargo”, enfatizó la Fiscalía mencionando detalladamente cuáles fueron las obligaciones que el intendente no cumplió al protagonizar dichos hechos.

El segundo hecho, enrostrado en este caso al intendente que lo procedió, Nelson Iribarren, se produce cuando este abona otros dos pagos en concepto de obras de infraestructura informando falsamente avance de obra.

“Sin que se hubiesen recibido desembolsos de Nación correspondientes al acuerdo específico, el intendente junto a Claudia Albariño, Secretaria de Gobierno e Inspección General del Municipio, ordenó pagos a la empresa “Construcciones Normalizadas Viedma S.A.”, equivalente a un avance de obra del 14,02% atribuidos al ítem “movimiento de suelos” y falsamente certificado por Miguel Ángel Mesa, Secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos municipal.

También en este hecho, el relevamiento realizado por referentes de IPPV no coincidía con las certificaciones de avance ni con los pagos efectivamente realizados. “El intendente sabiendo que el estado de obra no era real y a fin de beneficiar a la empresa pago indebidamente una suma superior a los dos millones de pesos que actualizados a 2023 superan los 46millones de pesos.

Ambos intendentes, a su turno, firmaron resoluciones internas reconociendo y autorizando los pagos realizados.

La Fiscalía fue precisa en cuanto a la maniobra y a la participación que tuvo cada uno de los imputados. Detallaron largamente el sustento probatorio que ya alcanza los 6 cuerpos de un mismo legajo a partir de la denuncia presentada oportunamente por la sobre certificación de una obra, en la que se señalaban además múltiples inconsistencias en certificados y firmas.

A su turno las defensas requirieron precisiones y uno de los siete abogados intervinientes en representación de cada uno los imputados se opuso a la formulación de cargos. Todos aclararon sí, sus posturas disidentes adelantando que serán debatidas en el momento procesal oportuno.

Finalmente el Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de los próximos cuatro.

Un Tribunal de Juicio de Roca declaró hoy la responsabilidad penal de un hombre de 53 años por los delitos de “tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil”. Por tratarse de 50 videos descargados en momentos distintos y puestos a disposición de otros usuarios de la plataforma E-Mule, el Tribunal definió que se trata de 50 hechos de facilitación independientes, lo que jurídicamente se conoce como “concurso real” de delitos. En tanto que la tenencia y la facilitación integran entre sí un concurso ideal de delitos, todos los cuales están agravados porque las víctimas que aparecen en las imágenes son menores de 13 años de edad. La próxima instancia del juicio será la cesura, para definir el monto de la pena que se deberá imponer al conductor de televisión Emiliano Gatti, poseedor de las imágenes.

El juicio se desarrolló la segunda quincena de mayo, en un total de seis audiencias. Hoy se conoció el veredicto de culpabilidad que hizo lugar a dos de los tres delitos sostenidos por las partes acusadoras. No se declaró la culpabilidad por el delito de “tenencia con fines inequívocos de distribución”. El juez Luciano Garrido dio a conocer el fallo y anticipó los fundamentos. Los argumentos de la condena se desarrollarán íntegramente más adelante, con la sentencia definitiva de la cesura.

El Tribunal estuvo integrado por el juez Garrido, el juez Emilio Stadler y la jueza Verónica Rodríguez, quienes fallaron por unanimidad. La acusación estuvo a cargo de la fiscal jefa Graciela Echegaray y por la querellante Gabriela Prokopiw, por la asociación civil “Madres que rompen el silencio”. La defensa del imputado fue de los defensores particulares Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena.

Fundamentos
Entre sus fundamentos el Tribunal anticipó hoy que “los hechos de la acusación se encuentran certeramente acreditados, más allá de toda duda razonable”. “Destacamos que en este caso resulta contundente y decisiva la prueba científica y técnica que se ha producido en el juicio”, se agregó.

Los jueces señalaron la gravedad de los delitos acreditados, al afirmar que la simple tenencia de ese tipo de videos “favorece el crecimiento de este mercado, dado que la demanda de material incentiva la comisión de más abusos”.
El veredicto reseñó que la investigación comenzó en el área de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en agosto de 2022. Ese equipo realizó una pesquisa en las plataformas ICACCOPS y CPS para detectar usuarios que compartieron material de abuso sexual infantil entre junio de 2021 y agosto de 2022.

De esa búsqueda se identificaron 92 usuarios en Argentina, cinco de ellos en Río Negro, a los cuales se les asignó un número de objetivo. El objetivo F66 se asignó al imputado y se determinó que el 2 de febrero de 2022 se produjo desde su computadora la primera descarga. La última fue el 12 de abril del mismo año. Esa información llegó a la provincia a través de la Red 24/7, que se dedica a la persecución de casos de distribución de material de abuso infantil, y así se activó el protocolo de investigación local, que finalizó con el allanamiento del 15 de noviembre de 2022 en la vivienda del acusado.

El Tribunal evaluó que el imputado dijo en el juicio que no tenía conocimiento de la existencia de esos videos que estaban en su computadora, en un disco rígido en desuso, en un disco externo y en un pen drive. Sobre este último, que contenía únicamente la carpeta con los 50 videos, el imputado dijo que no le pertenecía.

Las pericias demostraron que los videos fueron abiertos y visualizados en la PC desde el mes de agosto de 2022 hasta unos pocos días antes del allanamiento. En ese lapso la vivienda estuvo vigilada por los investigadores, quienes confirmaron que el imputado fue la única persona que ingresó al domicilio por esos días. “Esto da por tierra lo sostenido por el imputado y su defensa técnica en cuanto a que no conocía la existencia de los videos”, concluyó el Tribunal.

Finalmente el Tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad que había presentado la defensa. Esa parte sostuvo que el mecanismo de identificación de usuarios de la red viola derechos fundamentales de la Constitución Nacional, como la intimidad. También cuestionó la legalidad del allanamiento y la constitucionalidad de los delitos de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

Según el veredicto, la pesquisa se realizó en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas para la protección de la integridad de niños, niñas y adolescentes, no se violaron garantías constitucionales ni se obtuvieron datos sensibles del imputado en forma ilegal.

El Ministerio Público Fiscal alertó sobre nuevas formas de estafas virtuales en Río Negro que fueron identificadas en Catriel. Desde el área de prensa informaron que se hacen pasar representantes de la Anses y engañan a las personas con una supuesta diferencia salarial por el programa “reparación histórica”.

Se detectó que el engaño comienza con una comunicación de los estafadores a teléfonos fijos – aunque se presume que también podrían hacerlo a celulares – en los cuales se presentan como abogados de la Anses y que se comunican para hacer efectivo un pago de diferencia de haberes jubilatorios en favor de las potenciales víctimas.

A partir de allí procuran continuar con la comunicación por mail o por chat whatsapp usando imágenes de perfil que cuentan con logos de organismos públicos o de bancos y enviando imágenes de distintos tipos entre los que se encuentran supuestas cartas documentos no recibidas enviadas por la Anses y no recibidas por las víctimas o comprobantes de transferencias falsos.

El objetivo que buscan los estafadores es que la persona instale una aplicación llama “Team Viewer” o “Team Viewer Quick Support” y obtener los datos para ingresar a la cuenta de esa aplicación. Con ella, la persona que está detrás del teléfono puede operar el celular o la computadora de forma remota.

En otras palabras, con el usuario y la clave de Team Viewer, el estafador puede usar el celular sin tenerlo en sus manos, pueden ingresar a aplicaciones de bancos, realizar transferencias, enviar correos electrónicos, usar whatsapp, ver las fotografías o videos que están en el teléfono, entre otras actividades.

¿Cómo evitar caer en una estafa?

Cuando se recibe una llamada telefónica que supuestamente proviene de organismos públicos o entidades bancarias es recomendable no seguir los pasos que se nos indican por teléfono y acercase hasta la sede oficial o comunicarse telefónicamente para asesorarse sobre la veracidad de la información. Anses cuenta con la línea gratuita 130.

Te dejamos un video con explicaciones más detalladas https://www.youtube.com/watch?v=W38Wa4TLVeo

Cuidado con las aplicaciones que instalas

La aplicación Team Viewer ha sido utilizada para aportarse de dispositivos y computadoras y de esta forma realizar transferencias de dinero a las cuentas de los estafadores. Cuando recibís un link y se pide que instales la aplicación y los datos que te pueden llegar a tu correo electrónico, procurá no hacerlo porque podés ser víctima de un engaño.

Te dejamos una imagen del logo de la aplicación para que la conozcas y evites caer en el engaño.

Dos denuncias en Catriel

Dos jubilados de la ciudad petrolera fueron contactados a sus teléfonos fijos y siguieron los pasos mencionados. Las personas lograron sacar préstamos bancarios a nombre de los damnificados y después transfirieron el dinero a otras cuentas.

En la jornada de hoy se realizaron los alegatos en el marco del proceso de enjuiciamiento político Moira Revsin, jueza de Familia de General Roca, acusada de “desarreglos de conducta y mal desempeño de la función”. El debate se realizó entre los días 21 y 23 de mayo pasado, jornadas en las que el Consejo de la Magistratura escuchó a más de 50 testigos.

Hoy el Procurador General de la provincia, Jorge Crespo, le requirió al Consejo la destitución de la magistrada al aseverar que los hechos por los que oportunamente había realizado la requisitoria a juicio “se encuentran absolutamente acreditados”.

En primer término expresó que el Consejo de la Magistratura debía analizar si la magistrada “conservaba (en la actualidad) las condiciones y las cualidades que este mismo órgano, con otra integración, tuvo presente al momento de elegirla”. “Conociendo los hechos que aquí se ventilan, ustedes, ¿volverían a elegirla?”, preguntó.

En su alegato, que se extendió durante una hora y media, analizó en primer término los dos primeros hechos surgidos a partir de sendas denuncias iniciadas por personal de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia (OTIF), un organismo que es “independiente y sobre el cual ninguna Unidad Procesal (juzgado) podía tener injerencia”.

Aludió no sólo a los testimonios que quienes denunciaron ratificaron en el juicio, sino además a una pericia técnica realizada por un profesional de informática forense que corroboró la injerencia de la jueza en un sistema informático al que “no podía ingresar, no tenía la potestad de darle ordenes a esos empleados. No tenía la facultad para hacerlo”, enfatizó el titular del Ministerio Público.

Agregó en este sentido que se encuentra probado por la pericia informática que fue la jueza quien incluso borró una providencia de la OTIF. “Eso es lo más grave, una jueza que elimina un documento repetidamente. Esto es tan grave que deberá dilucidarse en otro ámbito, porque es muy probable que se haya cometido un delito” que excede la responsabilidad administrativa que se está dirimiendo en este juicio político.

Se refirió luego a la denuncia de empleados y empleadas de la OTIF, destacó que “las constantes injerencias y correcciones” de la jueza en el sistema no hacían más que atrasar los procesos jurídicos. Reconstruyó a través de los testimonios que se escucharon en el juicio un clima de “hostigamiento, intromisión y maltrato” ejercido con un “alto grado de sutileza”. Ello consta en un informe de la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial, que da cuenta del “acoso psicológico y discriminatorio”.

Finalmente se refirió al tercer hecho, surgido a partir de la denuncia de empleados y empleadas de la Unidad Procesal a cargo de la jueza, instada por Sitrajur, reiterando hechos de maltrato sutil que fueron mencionados por testigos citados. “No había insultos ni agresiones directas, no obstante se trabajaba en un clima de nerviosismo, temor y miedo naturalizado”, indicó. Hay un informe técnico realizado por el área de Salud Laboral que prueba ésto.

“Tan malo era el ambiente de trabajo que la propia jueza contrató una coach ontológica que declaró en el juicio y dijo que no pudo ‘arreglar nada’”, mencionó.

Finalmente expresó que “a criterio de este Ministerio Público, esta jueza ha perdido las condiciones necesarias para estar al frente de una Unidad Procesal, por lo que solicito su destitución”, detallando seguidamente un extenso listado de instrumentos jurídicos que sostienen tal petición.

A su turno el abogado defensor de la acusada, Justo Epifanio, realizó su alegato marcando un claro corte temporal en el período en el que la acusación fija los hechos (abril y diciembre de 2021). Ubica ese corte en octubre, cuando se elabora el Reglamento de la OTIF. Habló en ese sentido de un “inicio complicado en esos primeros meses de confusión”.

Mencionó a una docena de operadores de justicia que fueron llevados como testigos propios al debate que dieron cuenta del “buen trato y la amplia exigencia” de la magistrada, dijo que había que analizar cada hecho en el contexto en el que se produjo y reiteró que “no se le puede reprochar a la jueza una conducta antiética”. “Buscaba corregir errores, que las cosas salgan bien”, valoró.

Finalmente pidió la absolución y agregó que “si el Consejo de la Magistratura llega a encontrar que alguno de los antecedentes pudiera ser reprochable, la sanción sea proporcional a la falta”, detallando precedente de otros enjuiciamientos que finalizaron con sanciones de suspensión y no de destitución. Antes de culminar la instancia de alegatos la jueza usó el derecho a la última palabra.

La sentencia se conocerá el 7 de junio a las 12 horas y la audiencia se realizará, también, a través de la plataforma Zoom. El tribunal del juicio político está integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Sergio Ceci; los legisladores Marcelo Szczygol y Juan Murillo Ongaro; la legisladora Marcela Gonzalez Abdala; las consejeras abogadas Marina Luna y Daiana Reynoso; el consejero abogado Federico Diorio y el juez por el fuero Laboral Victorio Gerometta.