La tensión generada en Catriel por el cambio de empresa prestadora de servicios dispuesto por Petróleos Sudamericanos sumó en las últimas horas un nuevo actor: el sector empresario vinculado a la actividad petrolera. A las advertencias del Municipio por el impacto laboral y económico del recambio, se agregó el pronunciamiento de la CASEPE, que expresó su preocupación por las reestructuraciones en curso y la falta de prioridad a empresas rionegrinas.
El conflicto se originó tras la decisión de la operadora de rescindir el contrato con la empresa local Brava, prestadora de servicios en cinco áreas de explotación, y de rechazar el ingreso de una inspección municipal vinculada a habilitaciones, tasas, cánones y condiciones generales de funcionamiento. Desde la compañía argumentaron que la competencia para autorizar controles corresponde a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro, en base a normativa nacional y provincial.
En el plano laboral, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmó que entre 19 y 20 trabajadores de Catriel continuarán en funciones tras ser incorporados por Servicios Workmen S.A., una empresa con sede en 25 de Mayo, La Pampa, que asumirá el contrato a partir del 1 de marzo.
Pese a esa garantía, el Ejecutivo municipal advirtió que el impacto del cambio no se limita al empleo directo, sino que alcanza a la red de pymes locales que prestaban servicios a la firma desplazada.
En ese contexto, la CASEPE difundió un comunicado en el que manifestó su inquietud por las reestructuraciones de operadoras de yacimientos y, en particular, por la falta de priorización de empresas rionegrinas para la prestación de servicios. La cámara aclaró que no cuenta con poder de policía, pero remarcó su rol como parte de la mesa de seguimiento conformada para observar el cumplimiento de la ley de renegociación de contratos petroleros.
Desde la entidad empresarial señalaron que la situación se produce en un momento crítico para la industria del convencional, con efectos que se trasladan al plano social de la comunidad, y realizaron un llamado expreso a la autoridad de aplicación, así como al gobierno municipal y provincial, para que intervengan en esta instancia.
La intendenta Daniela Salzotto ya había advertido sobre lo que definió como “despidos silenciosos” y reiterado la vigencia de las ordenanzas de Compre Local y Mano de Obra Local, además de anticipar que el Municipio exigirá el cumplimiento de las normas ambientales, la presentación de proyectos de inversión, la revisión del destino de las prórrogas otorgadas y los trabajos de remediación ambiental.
Tras el rechazo de la inspección, el planteo fue elevado al área legal municipal y presentado ante la Secretaría de Energía provincial. En paralelo, el Ejecutivo confirmó que la Mesa de Emergencia Laboral y Económica continúa activa y que se convocará a empresas, sindicatos y organismos provinciales, en un escenario donde el conflicto ya excede un contrato puntual y abre una discusión más amplia sobre desarrollo, control y arraigo productivo en Catriel.
