La sesión ordinaria del pasado jueves 7 de mayo en el Concejo Deliberante de Catriel terminó atravesada por fuertes cruces políticos, acusaciones de destrato institucional y cuestionamientos al oficialismo luego de que el bloque del Frente de Acción Vecinal Catriel (FAVC) presentara sobre tablas un proyecto de resolución vinculado a la actuación de la actual representante de la Banca del Pueblo, Analía Coronado.
Lo que inicialmente iba a ser una sesión enfocada en el tratamiento habitual de dictámenes legislativos terminó escalando hacia una discusión mucho más profunda: los límites del funcionamiento institucional, el rol de la representación vecinal y el margen de autonomía política dentro del Concejo Deliberante.
El proyecto impulsado por el oficialismo ingresó formalmente el 7 de mayo y propone dar intervención a la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante para analizar si existen motivos suficientes en el comportamiento de Coronado que justifiquen la aplicación de artículos de la Carta Orgánica Municipal vinculados a la Banca del Pueblo.
Según el texto presentado por el FAVC, distintas juntas vecinales —entre ellas las de Preiss, Cuatro Esquinas, Colonia Ovejero, Mosconi y Santa Cruz— manifestaron preocupación por lo que consideran una “extralimitación de funciones” de la actual representante vecinal.
El documento sostiene además que Coronado habría asumido posiciones políticas en determinados dictámenes sin contar previamente con consenso del Consejo Vecinal y plantea que el rol de la Banca del Pueblo debe mantenerse “desprovisto de intereses personales o partidarios”.
Desde el oficialismo sostienen que el planteo no apunta a limitar la participación de la Banca del Pueblo, sino a revisar si existieron actuaciones que pudieron exceder el rol institucional previsto por la Carta Orgánica y las ordenanzas vigentes.
Sin embargo, la forma en que el proyecto fue tratado detonó una inmediata reacción de los bloques opositores.
La concejala de Juntos Somos Río Negro, Juana Cárdenas, calificó lo ocurrido como un “ataque a la institucionalidad” y aseguró que detrás del avance contra Coronado existe malestar político por su nivel de participación dentro del Concejo.
“Lo que molesta es que trabaje, que presente proyectos, que defienda a su barrio y que no vote siempre positivo lo que requiere el Ejecutivo”, expresó públicamente.
En la misma línea se manifestó la concejala Elizabeth Cofré, del bloque Primero Río Negro, quien cuestionó duramente que el proyecto haya sido presentado sobre tablas pese a que —según afirmó— el tema ya venía siendo trabajado dentro de la Comisión de Asuntos Vecinales.
Según relató Cofré, en comisión se había acordado solicitar previamente un descargo formal a Coronado y continuar el tratamiento institucional durante la semana siguiente. Por eso, aseguró, el avance repentino del proyecto generó sorpresa incluso dentro de sectores del propio Concejo.
Pero los cuestionamientos no quedaron únicamente en el contenido político del expediente.
La oposición denunció además que el proyecto no fue entregado previamente ni a los bloques opositores ni a la propia representante de la Banca del Pueblo antes del inicio de la sesión.
“Pretendían que opináramos, argumentáramos y votáramos un proyecto de semejante gravedad sin haber tenido acceso previo al contenido”, sostuvo Cofré en un descargo público difundido tras la sesión.
La tensión escaló aún más cuando, según relató la edil, se produjo un cruce dentro del recinto luego de que intentara registrar con su celular parte de las exposiciones realizadas durante la sesión pública.
“Las sesiones del Concejo Deliberante son públicas. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se debate y cómo vota cada representante”, expresó.
El conflicto terminó derivando en un cuarto intermedio y en un debate que se extendió durante cerca de una hora dentro del recinto.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con cinco votos positivos del oficialismo y tres abstenciones correspondientes a Elizabeth Cofré (Primero Río Negro), Juana Cárdenas (JSRN) y Analía Coronado (Banca del Pueblo).
Detrás de la discusión reglamentaria aparece también una disputa política más profunda sobre el rol que debe ocupar la Banca del Pueblo dentro del funcionamiento institucional de Catriel.
Creada como un mecanismo de representación ciudadana dentro del Concejo Deliberante, la figura busca funcionar como nexo entre vecinos y Estado municipal. Pero el conflicto actual expone interpretaciones opuestas sobre sus límites de acción y autonomía política.
Mientras el oficialismo sostiene que deben revisarse conductas que —según el proyecto presentado— podrían apartarse del mandato institucional de la figura, sectores opositores interpretan el avance como un intento de disciplinar políticamente una voz crítica dentro del esquema deliberativo local.
La situación todavía no tiene una resolución definitiva, pero ya dejó expuesta una fractura política que trasciende a una sola persona.
Porque lo que comenzó como una discusión sobre el funcionamiento de la Banca del Pueblo terminó abriendo un debate mucho más amplio: hasta dónde llega la representación ciudadana dentro del Concejo y cuánto margen real existe para las voces que no se alinean con la mayoría política del recinto.
