Comunidad

El Concejo Deliberante aprobó este miércoles la terna de candidatos y candidatas para el Juzgado de Paz, en el marco de una sesión ordinaria cargada de matices. El proceso, por primera vez abierto a la comunidad, permitió la postulación de 16 personas. El desenlace evidenció tensiones internas en el oficialismo y distintas posturas sobre los criterios de selección.

La concejala Carolina Piris (Frente de Acción Vecinal – FAV), presidenta de la comisión de Asuntos Administrativos e Institucionales, presentó un despacho de minoría proponiendo a Talia Bobadilla Monaiser, Carolina Caravallo y Daniel Delgado (actual secretario de Gobierno). Destacó que fue una de las decisiones más importantes del mandato, con una convocatoria pública, sin filtros partidarios, priorizando perfiles con compromiso social, capacidad de mediación y conocimiento de la realidad local. Señaló que entrevistaron a todas las personas postulantes y que eligieron a quienes mejor encajaban con el perfil del cargo.

Piris enfatizó su compromiso: su guía fue la búsqueda de las personas más idóneas para el juzgado y trabajó con absoluta libertad y responsabilidad. Resaltó que no solo consideraron los requisitos formales del Poder Judicial, sino también el rol social, la experiencia, la predisposición al servicio y un perfil conciliador, clave para la resolución de conflictos en la comunidad. Apostó a personas con perfil interinstitucional e interdisciplinario, conocedoras de la realidad social de Catriel, lo cual permitiría desempeñar el rol con cercanía y humanidad.

Sin embargo, minutos después, el presidente del Concejo, Nelson Díaz (también del FAV), presentó sobre tablas una terna distinta, excluyendo a Bobadilla e incluyendo a Laura Morales. Propuso: Caravallo, Delgado y Morales, aclarando que solo cambiaba un nombre respecto a la terna anterior, sin detallar los criterios de selección.

Ante esto, la concejala opositora Elizabeth Cofré (Primero Río Negro) recordó que debía votarse primero el ingreso de la nueva terna sobre tablas antes de proceder a la votación. La terna fue aprobada con los cinco votos del oficialismo, incluido el de Piris, quien sostuvo que reinó el respeto por las distintas posturas y que todas las personas concejalas participaron de las entrevistas, aunque pudo haber diferencias en la evaluación de cada perfil.

«Estoy convencida que la persona que surja de esta terna, será un valuarte de la justica en nuestra localidad. Confío en que al elegir a estas personas estamos asegurando un futuro de justicia, donde la justicia de paz estará en mejores manos».

Carolina Piris, Frente de Acción Vecinal (FAV).

El giro generó un intenso debate. Cofré cuestionó la división dentro del oficialismo y consideró que la situación empañó un proceso que venía siendo valioso. Resaltó que el Juzgado de Paz debe ser una figura independiente, confiable como primer acceso a la justicia.

Subrayó que el Concejo trabajó el tema con seriedad, apertura y perspectiva democrática, aunque lamentó que los resultados no fueran los esperados. Valoró el trabajo de Piris, aunque cuestionó que hubiera dos dictámenes del mismo bloque político. Consideró que el proceso fue correcto, pero el resultado final, no.

Desde Juntos Somos Río Negro, Juana Cárdenas valoró la apertura del proceso y la participación ciudadana, pero cuestionó el resultado final. Señaló que el criterio fue político, no técnico, y que se votó lo más conveniente para algunos sectores. Justificó su abstención no por objeciones personales, sino porque sintió que se buscó aparentar transparencia, no garantizarla.

Piris defendió su trabajo con firmeza, negó que haya sido un proceso simulado y defendió la transparencia del dictamen. «Lo niego hasta las últimas instancias. El dictamen es transparente», alegó. Sin embargo, Cárdenas sostuvo que la decisión política final desvirtuó el proceso, que pesaron más las internas partidarias que los perfiles evaluados. A pesar de todo, reconoció que fue una experiencia positiva por la posibilidad de conocer a profesionales y vecinos con vocación.

Cofré también valoró el avance institucional que implicó el llamado abierto, aunque reiteró su incomodidad con las dos propuestas del oficialismo.

Tras las intervenciones, se realizó la votación nominal para definir la terna:

• Caravallo: 6 votos afirmativos (todo el FAV y la Banca del Pueblo), 2 abstenciones (Cárdenas y Cofré).
• Delgado: 5 votos positivos (4 del FAV y Banca del Pueblo), 3 abstenciones (Cardona, Cofré, Cárdenas).
• Morales: 5 afirmativos (todos del FAV), 3 abstenciones (oposición y Banca del Pueblo).
• Bobadilla: 2 votos positivos (Piris y Cardona), 3 abstenciones (Banca del Pueblo y oposición), 3 votos negativos (Rosa Nievas, Nelson Díaz y Gonzalo Gerez).

Durante la sesión también se destacó la necesidad de visibilizar la función del Juzgado de Paz como primer acceso a la justicia, con intervenciones en medidas de cuidado y casos de violencia. Se planteó que Catriel debe empoderar esa figura.

Piris añadió que durante las entrevistas se evaluó la formación en perspectiva de género, y que es central que quienes ocupen ese cargo lo hagan con sensibilidad social y compromiso con los derechos.

La votación final reflejó tanto la diversidad de criterios como las diferencias internas dentro del bloque oficialista. Aunque el proceso marcó un precedente institucional importante, las tensiones políticas dejaron abierta la discusión sobre cómo garantizar la verdadera imparcialidad en cargos sensibles como el del Juzgado de Paz.

El proyecto aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante de Catriel, que solicita a los integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal acreditar su idoneidad profesional conforme al artículo 328 de la Carta Orgánica, provocó un encendido cruce de opiniones en redes sociales. El debate no se limitó al recinto legislativo: se trasladó a los comentarios de la nota publicada por VientoSur Noticias, donde participaron activamente una concejala del oficialismo, la próxima síndica municipal, un funcionario del órgano de control y referentes políticos y ciudadanos.

La concejala Carolina Piris (FAV), autora del dictamen, defendió la medida como un acto administrativo necesario para reforzar la transparencia institucional. “No se busca destituir ni intervenir el Tribunal”, escribió en respuesta a comentarios críticos. Aseguró que el pedido apunta solo a que los miembros actuales presenten documentación que acredite experiencia e idoneidad, como establece la normativa vigente.

Franco Rivero, uno de los integrantes del Tribunal, fue uno de los más activos en responder. Acusó al oficialismo de ejercer presión institucional y señaló que la exigencia llega “con tono inquisidor, en un plazo caprichoso y sin reglamentación clara”, afectando la autonomía del órgano. «Lo dramático es que quieren intervenir el tribunal de cuentas señora. Eso es grave. Autoritarismo y abuso de poder sin duda alguna. Ni siquiera fueron capaces de preguntar o hacer averiguaciones, les gusta la tribuna. Les gusta las cámaras. Les gusta la farándula. Sin investigar antes sesionaron. Y eso se debe a una sola explicación: Necesitan desviar la atención de la falta de gestión y el nefasto gobierno que son ¿Usted explica cuanto cobra su padre y cuantas horas le invierte al trabajo? Cuéntele a la ciudad eso también y ahí empezamos a creer que realmente les importa la gente», disparó.

Piris replicó que la falta de reglamentación no invalida el cumplimiento del requisito. “Acreditá la idoneidad y después discutimos”, respondió, mientras rechazaba cualquier intención de atropello institucional. En otro tramo, la edil sugirió a Rivero que ordene sus ideas y evite convertir el debate en algo personal.

También intervino Andrea Bonomo, próxima síndica municipal, quien diferenció los requisitos para cargos electivos como el suyo de los del Tribunal de Cuentas. Señaló que, si bien no se exigió esta documentación en su momento, ahora corresponde hacerlo. “No se trata de persecución, sino de orden institucional”, escribió.

Desde el sector opositor, el dirigente del PRO Daniel Perfumo cuestionó que el pedido no se haya hecho al momento de las designaciones y sugirió que responde a una maniobra política. Opinión similar expresó el vecino Daniel Tkaczek, quien afirmó: “Parece que el modelo es: si no me gustás, busco cómo correrte”.

En paralelo, algunas intervenciones ciudadanas, como la de la docente jubilada Nancy Moschetti, consideraron que el reclamo del FAV pierde fuerza al no haber sido planteado en el momento adecuado. “Ahora suena a maniobra política”, escribió.

El tono del intercambio fue subiendo de intensidad, con alusiones personales, referencias a supuestos privilegios laborales y cuestionamientos cruzados sobre ética, autonomía y gestión. Si bien no hubo declaraciones institucionales nuevas, el debate online mostró que el tema sigue generando posiciones enfrentadas tanto en el ámbito político como entre la comunidad.

La discusión, aunque virtual, refleja un clima de tensión política latente en torno a los límites del control, la aplicación de la Carta Orgánica y el rol que deben jugar los distintos poderes municipales en la fiscalización pública.

La jefa comunal Daniela Salzotto defendió públicamente el proyecto aprobado esta tarde en el Concejo Deliberante que solicita a los actuales integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal —Ramiro Peñalba, Micaela Ormeño y Franco Rivero— la acreditación de su idoneidad técnica y experiencia en sistemas de control y administración financiera. Lo hizo en una conferencia de prensa convocada este viernes 4 de julio, donde explicó los fundamentos políticos, administrativos y personales de su respaldo a la medida impulsada por el oficialismo del Frente de Acción Vecinal Catriel (FAVC).

“Vivimos 12 años de autoritarismo”, expresó Salzotto, en alusión a las gestiones anteriores encabezadas por Carlos Johnston y Viviana Germanier. “Hoy quienes hablan de democracia fueron parte de gobiernos donde muchos vecinos obtenían indiferencia”, agregó, marcando distancia con los bloques opositores que cuestionaron la iniciativa como un acto de persecución institucional.

El proyecto aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante se apoya en el artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal, que exige a los miembros del órgano de control “probada experiencia e idoneidad en sistemas de control y administración financiera”. Según explicó la intendenta, la intención es que los integrantes del Tribunal informen qué tipo de formación han tenido durante el último año y medio.

“Estoy totalmente de acuerdo con que hagan control, pero no obstrucción”.

Salzotto también planteó que desde el inicio de su gestión el Tribunal envía hasta tres notas diarias al Ejecutivo, lo que —según dijo— “obliga a la Secretaría de Finanzas a trabajar exclusivamente para responder esas solicitudes”. En ese sentido, cuestionó lo que consideró una actitud obstructiva por parte del órgano de control: “Estoy totalmente de acuerdo con que hagan control, pero no obstrucción”.

En otro tramo, la intendenta mostró documentación sobre la rendición de cuentas de la Fiesta del Petróleo, evento que calificó como “único y autogestionado”, y aseguró que se cumplieron todos los requisitos legales y contables. Aseguró que esa información está disponible para consulta ciudadana y de los medios. También señaló que “el propio gobernador conocía del bono y los aportes” y que el Tribunal ya había auditado ese expediente. “Uno de sus integrantes me dijo que los números les salieron redonditos”, relató, en alusión a Ramiro Peñalba.

Durante la exposición, Salzotto remarcó que hay tres causas judiciales abiertas vinculadas a hechos de gestiones anteriores. Una de ellas es por el asfalto de la calle Birmania, donde —según afirmó— se habrían abonado $585 millones antes del cambio de gobierno por solo cinco cuadras entre 2022 y 2023. También mencionó una camioneta municipal hallada en Córdoba y no declarada en el inventario oficial, y una denuncia por la falta de elementos culturales supuestamente sustraídos o no restituidos por talleristas.

«Si quieren, pueden paralizar el municipio. Permítannos gobernar como lo hicieron ustedes. Cuando sean las elecciones, que el pueblo decida con su voto»

La jefa comunal aseguró además que actualmente “no se pueden recibir créditos de la provincia” para obras porque “faltan rendiciones de los últimos 12 años”. En ese marco, indicó que está en diálogo con el gobernador Alberto Weretilnck para avanzar en la regularización de esos balances y cuestionó que el Tribunal “no se presenta hace tres meses” a las reuniones de concursos y adjudicaciones.

“Si quieren, pueden paralizar el municipio”, denunció, tras señalar que se han trabado pagos como el de facturas de combustible, aportes extraordinarios al hospital local o apoyos a organizaciones sociales, observando “gastos mínimos” sin criterio unificado. Aseguró que “cuando el municipio otorga aportes específicos por salud, no se puede esperar autorización para actuar”, y lamentó lo que describió como una falta de sentido práctico en los controles.

En un tramo más político, la intendenta afirmó que “uno de los integrantes del Tribunal fue denunciado por su conducta en un partido de fútbol infantil y otro está vinculado a una causa por una camioneta no declarada”, e insistió en que cualquier funcionario con causas judiciales debe ser apartado. Sin embargo, aclaró que “no se trata de pedir cursos, sino de saber qué formación tienen quienes ejercen un rol tan sensible para la ciudad”.

Finalmente, Salzotto pidió “criterio y acompañamiento” para llevar adelante su gestión. “Permítannos gobernar como lo hicieron ustedes. Cuando sean las elecciones, que el pueblo decida con su voto. Hoy la gente necesita servicios, respuestas y obras. Eso es lo que nos guía”, cerró.

El Concejo Deliberante de Catriel aprobó este viernes (04-07) una ordenanza que solicita a los integrantes actuales del Tribunal de Cuentas Municipal —Ramiro Peñalba, Micaela Ormeño y Franco Rivero— la acreditación de su idoneidad técnica y experiencia en control y administración financiera, conforme al artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal (COM).

La iniciativa, impulsada por el oficialismo del Frente de Acción Vecinal Catriel (FAV), fue respaldada por el dictamen 17/25 de la Comisión de Asuntos Administrativos e Institucionales y aprobada por mayoría con cinco votos afirmativos (concejales del oficialismo Rosa Nievas, Gonzalo Gerez, Teresa Cardona, Carolina Piris y Nelson Díaz), dos negativos (concejalas Elizabeth Cofré de Primero Río Negro y Juana Cárdenas de JSRN) y una abstención (concejala María Molina, Banca del Pueblo). La sesión se desarrolló en un clima de diplomática tensión, con fuerte presencia de público y la participación de la intendenta Daniela Salzotto en un tramo de la sesión.

Desde la oposición se expresó preocupación por el alcance institucional de la medida. Se argumentó que la exigencia de idoneidad debió haberse planteado antes, dado que las designaciones del Tribunal fueron tratadas y aprobadas por unanimidad en la primera sesión ordinaria del año legislativo 2024, conforme al artículo 327 de la COM. En ese momento, se cumplió formalmente el procedimiento previsto para validar los nombramientos.

Art. 327: “El Tribunal de Cuentas estará compuesto por tres (3) miembros titulares, los que deberán contar con la idoneidad y experiencia exigida por esta Carta Orgánica. Serán designados por el Concejo Deliberante en la primera sesión ordinaria del período legislativo respectivo, debiendo respetarse el principio de representación de las minorías. Durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos. El Concejo Deliberante podrá designar también tres (3) miembros suplentes, con el mismo criterio de representación.” .

En este marco, sectores opositores advirtieron que la ordenanza podría interpretarse como una injerencia indebida sobre un órgano que, por norma, goza de autonomía funcional, y adelantaron que se evaluará la posibilidad de presentar acciones legales si se considera que se vulnera la independencia institucional del Tribunal.

Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la medida como una forma de cumplir con lo establecido en el artículo 328 de la Carta Orgánica, que exige que los miembros del Tribunal acrediten idoneidad mediante título habilitante o antecedentes fehacientes. Algunos concejales admitieron que este requisito no fue exigido al momento de las designaciones, y justificaron esa omisión como un “gesto político” hacia la oposición, dada la falta de experiencia parlamentaria en el inicio de la gestión.

Art. 328: “Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere nacionalidad argentina, mayor de edad, residencia no menor a dos (2) años en la ciudad y probada experiencia e idoneidad en sistemas de control y administración financiera”.

El debate pone en evidencia una tensión entre el cumplimiento normativo y la interpretación política de las atribuciones del Concejo Deliberante. Si bien no se avanzó en ninguna modificación ni remoción de los miembros del Tribunal, la ordenanza plantea una revisión institucional que reactiva el debate sobre la competencia del Concejo en esta materia. Cabe recordar que, según el artículo 326 de la Carta Orgánica Municipal, el Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo de control externo, lo que refuerza la magnitud institucional del conflicto.

La sesión contó con la asistencia de funcionarios municipales, ex autoridades, referentes partidarios, vecinos y representantes de organizaciones sociales. La presencia de la intendenta le dio al debate un peso político adicional y anticipa nuevas discusiones sobre los límites entre control político y autonomía institucional en la ciudad.

VSN presentará esta noche un informe especial con los detalles de cada postura debatida en el recinto. Podés consultar la Carta Orgánica Municipal en este enlace.