“¿Van a decir que miento?”. Con esa frase, la concejala Elizabeth Cofré volvió a encender la discusión en Catriel al anticipar un nuevo planteo que llegará al Concejo Deliberante en la próxima sesión.
Según expresó en sus redes sociales, incorporó por interbloque un pedido de informe al Poder Ejecutivo Municipal vinculado a actuaciones administrativas relacionadas con la desafectación de una reserva fiscal para la empresa Deinos SRL.
El anuncio se dio en el marco de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se definieron los temas que se tratarán este viernes. Entre ellos, Cofré destacó que hay varios puntos en agenda —como la ordenanza fiscal 2026 y nuevos proyectos—, pero advirtió que hay uno que “no pasa desapercibido”.
“No es un tema menor. Estamos hablando de información que el Ejecutivo tiene que explicar”, sostuvo, de acuerdo a su publicación.
En ese contexto, la concejala planteó que su intervención apunta a garantizar transparencia en decisiones que, según señaló, impactan sobre bienes públicos. “Hay decisiones que impactan directamente en el patrimonio de todos los catrielenses… y hay cosas que la comunidad tiene derecho a saber”, afirmó.
Cofré también se refirió al alcance de su postura frente al tema. “No voy a acusar a nadie sin pruebas, pero cuando las pruebas aparecen siempre las voy a mostrar”, expresó, y agregó: “los vecinos tienen derecho a saber la verdad”.
El planteo se suma a un escenario de debate en torno a la gestión de tierras públicas en la ciudad, en el que distintos sectores vienen expresando posiciones sobre el uso y la administración de reservas fiscales.
Por el momento, el pedido de informe deberá ser tratado en la sesión prevista para este viernes, donde se definirá si avanza y qué respuestas deberá brindar el Ejecutivo.
El uso del celular en el aula —y ahora también de la inteligencia artificial— podría cambiar de forma significativa en Río Negro.
Un proyecto presentado en la Legislatura propone establecer reglas claras sobre cuándo, cómo y para qué se pueden usar dispositivos digitales y herramientas tecnológicas en las escuelas.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Roberta Scavo (CC ARI), busca —según el texto oficial— ordenar un escenario que hoy crece sin regulación: el uso cotidiano de celulares, aplicaciones e inteligencia artificial por parte de estudiantes.
En términos concretos, el proyecto plantea límites claros.
En los niveles Inicial y Primario, los alumnos no podrían utilizar dispositivos personales durante la jornada escolar, salvo casos excepcionales autorizados. En el Nivel Secundario, el uso del celular quedaría restringido únicamente a situaciones en las que el docente lo habilite con fines pedagógicos.
Pero el punto más novedoso está en la inteligencia artificial.
Según el proyecto, se prohibiría su uso cuando reemplace de manera generalizada la producción de los estudiantes o impida a los docentes verificar si realmente hubo aprendizaje. También se limitaría en casos donde pueda afectar evaluaciones, vulnerar datos personales o generar situaciones de acoso o discriminación.
Además, se establecen restricciones específicas sobre la grabación o difusión de imágenes y audios dentro de las escuelas, que solo podrían realizarse con autorización institucional y consentimiento.
Desde la fundamentación, se aclara que la intención no es prohibir la tecnología, sino regularla. “No se trata de restringir el acceso, sino de ordenar su uso bajo criterios pedagógicos, éticos y de protección de derechos”, señala el proyecto.
El planteo surge en un contexto donde el uso intensivo de dispositivos en el aula genera preocupación. Según se cita en la iniciativa, informes de organismos internacionales como UNESCO y OCDE advierten que el uso sin control de tecnología puede impactar negativamente en el rendimiento académico, especialmente en áreas básicas.
El proyecto también apunta a problemas concretos que ya se registran en las escuelas, como la distracción en clase, el acceso a contenidos inapropiados y situaciones de ciberacoso.
Por ahora, se trata de una propuesta legislativa que deberá avanzar en su tratamiento y debate dentro de la Legislatura.
Pero la discusión ya está planteada.
Hasta dónde regular el uso de la tecnología en el aula, y cuánto espacio dejar a una herramienta que, para muchos, ya forma parte natural del aprendizaje.
El tiempo corre —literalmente— para quienes quieran ser parte de la Carrera Nocturna Catriel 2026.
La inscripción cierra este viernes 24 de abril a las 22:00 horas sin excepción, y todavía hay vecinos que pueden quedarse afuera de una de las propuestas deportivas más convocantes del calendario local.
El evento se realizará el 25 de abril, en modalidad calle, y contará con dos opciones: 5K participativo para quienes buscan sumarse a la experiencia y 10K competitivo para los que van por el desafío.
Pero hay un dato clave que está marcando el ritmo de las inscripciones.
Las primeras 100 personas con pago confirmado recibirán la remera oficial del evento, un beneficio que no está garantizado solo con la preinscripción. Es decir, anotarse no alcanza: hay que completar el proceso para asegurarlo.
La propuesta no es solo deportiva. Desde la organización invitan a vivir una experiencia distinta, con el atractivo de correr de noche, en comunidad y en un entorno que combina actividad física, encuentro y energía.
Como inscribirte
El proceso es simple, pero requiere completar todos los pasos:
Completar el formulario Realizar el pago Enviar comprobante + nombre completo + DNI al WhatsApp: 2996 157004 (Crono Vázquez)
Consultas
Instagram: @desafioa_lacruz Oficina de Deportes (SUM Municipal Eldo Carro)
Desde resolver conflictos entre vecinos hasta firmar autorizaciones y certificar documentos, el rol del juez de Paz atraviesa situaciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son clave en la vida diaria.
En ese contexto, Catriel tendrá un nuevo titular en ese cargo. El próximo jueves 23 de abril a las 12:30, se realizará el acto de juramento de Daniel Alberto Delgado como juez de Paz de la localidad, según informó oficialmente el Poder Judicial de Río Negro.
La designación no fue directa. De acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 293/2026 del Superior Tribunal de Justicia, Delgado fue elegido tras un proceso de concurso en el que participaron otros postulantes y que incluyó evaluación de antecedentes, examen y entrevistas.
Según consta en la documentación oficial, los candidatos fueron evaluados en aspectos como capacidad de análisis, redacción, argumentación y resolución de situaciones, habilidades consideradas clave para el desempeño del cargo.
Finalmente, tras la instancia de entrevistas, el Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad su designación.
El acto de juramento se llevará a cabo en el Juzgado de Paz de Catriel y contará con la presencia de autoridades judiciales, en un procedimiento formal que marca el inicio de funciones del nuevo magistrado.
Pero, más allá del acto institucional, el cambio tiene impacto concreto en la comunidad.
El juez de Paz es una figura central en ciudades como Catriel. Interviene en conflictos vecinales, certificaciones, autorizaciones, mediaciones y trámites administrativos, siendo muchas veces el primer contacto entre la ciudadanía y el sistema judicial.
Se trata de un cargo de dedicación exclusiva, con funciones definidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que busca garantizar el acceso a la justicia en el ámbito local.
Según lo informado oficialmente, Delgado cumple con los requisitos constitucionales y legales, además de haber sido considerado apto desde el punto de vista técnico y psicofísico para asumir la función.
A partir de su juramento, quedará formalmente a cargo de una institución clave para la resolución de situaciones cotidianas que, aunque no siempre visibles, forman parte de la vida diaria de la comunidad.
Y es ahí donde aparece la dimensión más concreta del cambio: no se trata solo de un nombramiento formal, sino de quién estará al frente de decisiones que impactan directamente en los vecinos.
La pregunta, a partir de ahora, es cómo se traducirá esa responsabilidad en la práctica diaria del juzgado.
Lo que ocurrió en General Roca no fue un evento más. Fue una señal.
Durante años, el cannabis medicinal en Argentina y en la región estuvo atrapado entre el prejuicio, la burocracia y los proyectos aislados. Hoy, ese escenario cambió. El Encuentro Binacional entre Argentina y Brasil lo dejó en evidencia: el desarrollo ya no es marginal, es estructural.
Cuando organismos como INTA y Embrapa se sientan en la misma mesa junto a universidades, organizaciones sociales y actores productivos, lo que aparece no es una moda ni un experimento. Aparece un sistema en construcción. Y eso cambia todo, porque el eje deja de ser si el cannabis va a desarrollarse —eso ya está ocurriendo— y pasa a ser algo mucho más profundo: cómo se organiza ese desarrollo y quiénes participan de él.
Uno de los datos más contundentes que dejó el encuentro es que ese modelo ya existe. No es una hipótesis. Es una realidad en marcha. En la Patagonia se está consolidando una experiencia que integra toda la cadena de valor: desde el mejoramiento genético y la producción primaria, hasta la elaboración de resinas, la formulación de productos y el control desde el sistema de salud. La genética Cannawine, inscripta en el Registro Nacional de Cultivares, el desarrollo de extractos en el Alto Valle, las formulaciones magistrales en la cordillera y la validación sanitaria provincial forman parte de un mismo entramado.
Todo esto ocurre bajo el marco de las leyes 27.350 y 27.669, que no solo habilitan la investigación, sino que ordenan, legitiman y proyectan un sector completo, reconociendo el trabajo que durante años impulsaron cultivadores y organizaciones desde abajo. Hoy, con más de 50 variedades de cannabis registradas y más de una decena de cáñamo industrial, queda claro que el desarrollo dejó de ser informal para convertirse en política científica y productiva.
Ese recorrido marca un cambio de época. Pasamos de la prohibición al reconocimiento. De la persecución a la regulación. De la informalidad a la construcción de conocimiento público.
Pero ese avance abre una nueva discusión. Porque ahora que el cannabis está dentro del sistema, la pregunta ya no es si va a crecer, sino quién lo va a producir y bajo qué lógica.
Ahí es donde el cooperativismo deja de ser un actor secundario y pasa a ocupar un lugar estratégico. La propia naturaleza del cannabis medicinal —su vínculo con la salud, su impacto social, la necesidad de garantizar acceso— exige modelos que no estén definidos exclusivamente por la rentabilidad. Exige organización colectiva, articulación territorial y compromiso con la comunidad.
Eso no es teórico. Es exactamente lo que define al sistema cooperativo: organizar trabajo, producir y generar acceso de forma solidaria y autogestionada . Y es, también, lo que este sector necesita para desarrollarse de manera equilibrada.
En paralelo, el encuentro dejó en claro que el potencial productivo del cannabis no se agota en lo medicinal. El cáñamo industrial abre una dimensión completamente distinta y todavía poco discutida. Hablamos de alimentos, textiles, bioconstrucción, biomasa, cosmética. Hablamos de una planta capaz de integrarse a economías regionales y generar nuevas cadenas de valor.
Sin embargo, ese desarrollo todavía está incompleto. Hoy se permite avanzar sobre fibra y grano, pero falta regulación para etapas clave como el aprovechamiento de biomasa y flores no psicoactivas. A eso se suma un contexto institucional en transición, donde el organismo rector del sector ha otorgado licencias, pero aún no consolida completamente el marco operativo.
Es decir: el potencial está, pero la decisión todavía no es plena.
Quatrifinio Ltda cultivó cáñampo industrial por primera vez en la historia de Catriel.
Hay, además, un dato que no debería pasar desapercibido. El desarrollo del cannabis medicinal en Argentina tiene, en gran medida, rostro de mujer.
No es un detalle menor ni una coincidencia. Son ellas quienes han sido pioneras en la investigación, en la organización social y en la lucha por el reconocimiento del cannabis como herramienta de salud. Desde referentas como Roxana Aguirre —presidenta de Ciencia Sativa y una de las principales impulsoras de la articulación entre investigación pública, cultivo legal y acceso en sistemas de salud—, pasando por la propia intendenta de Roca, María Emilia Soria, que ya desde el Congreso acompañó la sanción de la Ley 27.350 y hoy promueve el desarrollo productivo del sector, hasta las profesionales del INTA y científicas que sostienen este proceso en todo el país, el liderazgo femenino aparece como una constante.
Pero ese protagonismo no se limita a lo institucional. También se construye en los territorios, en espacios colectivos donde el conocimiento circula y se organiza. En Catriel, por ejemplo, esa articulación tomó forma en el primer Festival de Cultura Cannábica, impulsado desde organizaciones locales, donde profesionales de la salud, la agronomía y la investigación acercaron a la comunidad información científica sobre cultivo, marco legal y uso terapéutico.
En ese cruce entre territorio, ciencia y organización aparece con claridad una figura como la de la bióloga Gabriela Calzolari, integrante de Ciencia Sativa, investigadora vinculada al INTA y al CONICET, y parte de una de las articulaciones público-privadas más relevantes del país en el desarrollo de cannabis medicinal. Su recorrido sintetiza algo más amplio: el paso del activismo a la construcción de conocimiento científico aplicado, con impacto directo en la producción, la regulación y el acceso.
Ese liderazgo explica, en gran medida, por qué este sector logró avanzar incluso en contextos adversos: porque siempre estuvo sostenido por una convicción que va más allá de lo productivo —el derecho a la salud y al acceso con calidad y trazabilidad garantizada.
Todo esto nos deja frente a una conclusión inevitable: el cannabis medicinal ya superó la etapa de debate cultural. Ya no se discute si es válido o no. Se discute cómo se produce, quién lo regula y quién accede.
Y esa discusión es profundamente política.
Porque implica decidir si este sector va a concentrarse o distribuirse. Si va a responder a intereses corporativos o a necesidades sanitarias. Si las comunidades van a participar o quedar afuera.
En ese contexto, hay algo que empieza a quedar claro: los territorios que no se involucren activamente en este proceso corren el riesgo de quedar afuera de una de las transformaciones productivas más relevantes de los próximos años.
La experiencia que ya se está desarrollando en la región demuestra que hay otro camino posible: uno basado en articulación, ciencia aplicada, producción local y organización colectiva. Un modelo que incluso puede replicarse en otros territorios, adaptándose a cada realidad e integrando al sistema de salud, a profesionales, a usuarios y a quienes ya tienen capacidad productiva.
El desafío no es menor. Pero tampoco lo es la oportunidad.
El verdadero debate ya no es si el cannabis va a crecer.
El verdadero debate es quién va a construir ese crecimiento y para qué.
Porque el futuro no es inmediato, pero empieza a construirse en decisiones como estas.
El debate por la ordenanza 384/24 sumó un nuevo capítulo en Catriel y volvió a exponer un cruce político entre oficialismo y oposición, en una discusión que, según plantean desde distintos sectores, podría haber tenido impacto directo en vecinos de la ciudad.
Desde el Concejo Deliberante, la concejala del oficialismo Teresa Cardona defendió la actuación de su espacio y cuestionó la postura opositora en torno al tratamiento del tema.
“Existía un error administrativo y lo reconocimos. Pero también había una forma de corregirlo desde el Concejo sin perjudicar a los vecinos”, sostuvo.
Según explicó, la intervención del oficialismo tuvo como objetivo ordenar la situación y garantizar la continuidad de la ordenanza, evitando que personas que actuaron “de buena fe” se vieran afectadas.
Ese punto concentra uno de los ejes centrales del conflicto.
De acuerdo a lo expresado por la edil, desde la oposición se impulsó un camino distinto: “llevar el tema al plano mediático, generar confusión y pedir la nulidad de la ordenanza”, una alternativa que —según su postura— no resolvía el problema y podía agravarlo.
Según lo expresado por los distintos sectores, la diferencia no radica en la existencia del error administrativo, sino en cómo debía resolverse.
Desde el oficialismo sostienen que la prioridad era evitar perjuicios concretos para los vecinos. Desde la oposición, en base a declaraciones públicas, se planteó la nulidad como una alternativa válida en función del procedimiento original.
En ese cruce, Cardona fue más allá y vinculó el episodio con otras discusiones recientes dentro del ámbito legislativo local.
Según afirmó, sectores opositores tampoco acompañaron iniciativas vinculadas al rechazo al aumento de tarifas eléctricas ni al reclamo por la redistribución de regalías, temas que —de acuerdo a su mirada— impactan directamente en la comunidad.
“Utilizar un error para sacar ventaja política, en lugar de resolverlo, también es una decisión”, expresó.
El conflicto, sin embargo, también fue planteado desde otra perspectiva dentro del Concejo.
Según declaraciones públicas de la concejala opositora Juana Cárdenas, la discusión en torno a la ordenanza no solo se vincula con su corrección, sino también con el procedimiento mediante el cual fue aprobada originalmente, donde —según su planteo— podrían existir irregularidades.
En ese marco, ambas posturas reflejan diferencias no solo en la solución aplicada, sino también en la interpretación del proceso.
El escenario en el que se da este debate tampoco es menor.
El 2026 es un año preelectoral en Catriel, donde comenzará a definirse el mapa político de cara a la renovación de autoridades locales en 2027. El actual oficialismo, el Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023 con Daniela Salzotto, deberá revalidar su gestión tras haber desplazado al Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, ese sector político se encuentra en proceso de reorganización, mientras también emergen otras fuerzas en la ciudad, como Primero Río Negro y espacios en formación como Fuerza Rionegrina y Federal, que buscan posicionarse en el escenario local.
En ese contexto, distintos sectores comienzan a vincular los debates dentro del Concejo con el escenario político que se abre hacia las próximas elecciones.
Por ahora, la ordenanza ya fue corregida, pero la discusión sigue abierta.
Y con ella, una pregunta de fondo: si las diferencias están orientadas a resolver problemas concretos para la comunidad, o si forman parte de una disputa que algunos actores ya proyectan hacia el escenario electoral.
“Era una vergüenza institucional”. Con esa frase, la concejala Juana Cárdenas se refirió a la situación vinculada a la ordenanza 384/24, en el marco del debate por la desafectación de reservas fiscales en Catriel.
Según expresó públicamente, el conflicto no solo tiene un componente político, sino también un cuestionamiento sobre el procedimiento. “Cuando las pruebas son contundentes y los procedimientos no se cumplen, la única vía es la rectificación”, afirmó.
De acuerdo a su planteo, no fue necesario avanzar a instancias judiciales porque “la evidencia de inconstitucionalidad era irrefutable”.
Según su relato, el caso tomó relevancia tras la intervención de un asesor legal vinculado a un loteador, quien —según indicó— habría cuestionado el uso de una reserva fiscal para un emprendimiento privado. “Le dije que no podía ser”, recordó.
A partir de ahí, la concejala señaló que revisó la documentación oficial y detectó, según su interpretación, que la votación no habría alcanzado la mayoría especial requerida. “Había tres abstenciones y cinco votos positivos”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que, pese a esa situación, la ordenanza fue igualmente promulgada y publicada.
Cárdenas indicó además que compartió la información con la concejala Elizabeth Cofré, con quien —según señaló— avanzaron en un proyecto para abordar la situación. “Que esto no nos podía pasar”, afirmó.
También planteó posibles consecuencias vinculadas al destino de las tierras involucradas, mencionando que algunas —según su planteo— habrían sido utilizadas para emprendimientos privados o entregadas mediante sorteos.
En ese contexto, sostuvo que la derogación de la ordenanza implica un reconocimiento del error. “Derogar es admitir que se sancionó, promulgó y publicó una ordenanza ilegal”, afirmó.
Las declaraciones se dan en un escenario de posiciones contrapuestas dentro del Concejo Deliberante. Desde el oficialismo, por su parte, sostienen que la situación fue corregida mediante herramientas legislativas sin generar perjuicios a vecinos.
Hasta el momento, no trascendieron definiciones judiciales vinculadas al caso.
Este cruce se produce en un contexto preelectoral en Catriel, donde comienzan a reconfigurarse los espacios políticos de cara a 2027.
El Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023, enfrentará el desafío de sostener su gestión en un escenario distinto al que lo llevó al poder, tras el quiebre del electorado con el Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, sectores opositores buscan reposicionarse, mientras nuevas fuerzas políticas comienzan a ganar visibilidad en la ciudad.
En ese marco, fuentes políticas coinciden en que las discusiones dentro del Concejo comienzan a tener mayor impacto público, en un escenario donde las posiciones actuales podrían incidir en el debate político de cara a los próximos comicios.
Por ahora, la ordenanza fue derogada. Pero el conflicto sigue abierto.
La discusión por la ordenanza 384/24 sumó una nueva postura desde el oficialismo. La concejala Carolina Piris se refirió a la situación generada por la normativa y sostuvo que el conflicto ya fue abordado mediante una nueva herramienta legislativa, al tiempo que cuestionó el planteo de nulidad impulsado desde la oposición.
A través de una publicación en redes sociales, la edil expresó: “Hoy se votó el dictamen 013/26 con el acompañamiento del bloque de concejales del FAVC y la Banca del Pueblo, un proyecto que subsanó el error administrativo que implicó la hoy derogada ordenanza 384/24”.
En ese sentido, agregó: “Para no confundir a vecinos y vecinas, es necesario aclarar: quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros; quienes recuperamos las reservas fiscales, también”, según manifestó públicamente. Piris también se refirió al enfoque adoptado desde su espacio político. “Tengo la plena convicción de que la política solo es útil cuando tiene la madurez necesaria para reconocer sus fallos y la capacidad técnica para resolverlos”, sostuvo.
Además, se refirió al proyecto interbloque impulsado por las concejalas Juana Cárdenas y Elizabeth Cofré, que propone declarar la nulidad de la ordenanza. “No solo no resolvía el conflicto sino que lo agravaba”, expresó.
De acuerdo a su publicación, avanzar con esa alternativa implicaría consecuencias institucionales y legales. “Declarar la nulidad hacia atrás invadiría facultades del Poder Judicial (…) y dejaría sin sustento legal las operaciones ya realizadas, desprotegiendo a los adquirientes de buena fe”, afirmó.
Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre sectores del oficialismo y la oposición por la validez de la ordenanza que habilitó la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.
Mientras desde el oficialismo se sostiene que el conflicto fue corregido mediante un nuevo dictamen, desde la oposición se mantiene el planteo de nulidad de la norma original.
Por el momento, la decisión adoptada en el Concejo pareciera cerrar la cuestión de fondo, pero introduce un nuevo escenario en el tratamiento público del tema, mientras se mantienen distintas posturas sobre el camino jurídico y político elegido. En ese marco, la concejala Carolina Piris atribuyó al oficialismo la resolución de la situación. “Quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros”, expresó en su publicación.
“Quedó demostrado que teníamos razón”. Con esa frase, la concejala Elizabeth Cofré se pronunció tras la derogación de la Ordenanza N.º 384/24, vinculada al Banco de Tierras en Catriel.
A través de una publicación en redes sociales, la edil sostuvo que la norma presentaba irregularidades desde su origen. “Veníamos sosteniendo que la ordenanza presentaba un vicio grave: no había alcanzado la mayoría especial exigida por la Carta Orgánica para la desafectación de terrenos públicos”, expresó, según manifestó públicamente.
En ese sentido, recordó que desde su espacio impulsaron un proyecto para declarar la nulidad de la ordenanza. “Por eso impulsamos un proyecto solicitando su nulidad”, indicó. Según expresó en su publicación, a partir de esa iniciativa se abrió el debate dentro del Concejo Deliberante y se avanzó en la decisión adoptada en la última sesión. “Se revisó lo actuado y finalmente hoy se avanzó en la derogación de dicha ordenanza”, afirmó.
Cofré también se refirió al mecanismo adoptado. “Si bien nuestra propuesta planteaba la anulación y no la derogación, entendemos que esta decisión representa un avance concreto en el camino de restablecer la legalidad”, señaló.
Además, destacó el impacto de la medida sobre las tierras involucradas. “Hoy se recuperan 5 de las 9 reservas fiscales, volviendo a estar protegidas como patrimonio de todos los catrielenses”, expresó.
En su publicación, la concejala se refirió al cumplimiento de la normativa vigente. “Lo importante es que se logró reconocer que las cosas no se habían hecho correctamente y corregirlo”, sostuvo.
Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre sectores de la oposición y el oficialismo sobre la validez de la ordenanza, que había habilitado la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.
Mientras desde el oficialismo se sostiene que la situación fue abordada mediante una nueva herramienta legislativa, desde la oposición se venía cuestionando el procedimiento original y reclamando su nulidad.
En ese marco, Cofré también atribuyó a la oposición el resultado alcanzado. “Quedó demostrado que teníamos razón”, expresó en su publicación, y vinculó la derogación de la ordenanza con el planteo impulsado desde su espacio Primero Río Negro junto a JSRN.
La disputa venía creciendo y terminó con una definición judicial de fuerte impacto familiar. Un juzgado de Familia de Cipolletti resolvió hacer lugar a una medida cautelar y dispuso, de manera provisoria, que un menor continúe viviendo en Catriel, bajo el cuidado personal unilateral de su padre, mientras se tramita el expediente principal.
La resolución, firmada el 15 de abril de 2026 por la Unidad Procesal N° 5, también prohibió trasladar al menor fuera de Catriel sin autorización judicial o sin el consentimiento expreso de ambos progenitores. Además, ordenó no modificar el establecimiento educativo en el que actualmente cursa sus estudios.
Según surge del fallo, el padre promovió la medida cautelar al sostener que el niño reside en Catriel desde julio de 2025, donde habría consolidado su vida cotidiana, su escolaridad y su red afectiva. De acuerdo a su planteo, existía un riesgo cierto de que la madre concretara un traslado a otra ciudad petrolera, lo que implicaría —según argumentó— una alteración unilateral del centro de vida del menor.
Del otro lado, la madre pidió el rechazo de la cautelar. Según sostuvo en su presentación, la permanencia del niño en Catriel durante el segundo semestre de 2025 habría respondido a un acuerdo transitorio entre ambos progenitores y no a un cambio definitivo de residencia. También cuestionó que se consolidara cautelarmente una situación que, según su postura, aún debía resolverse en el expediente principal de cuidado personal.
En el análisis del caso, el juzgado remarcó que el eje rector debía ser el interés superior del niño. Y sobre esa base entendió, al menos en esta etapa provisoria, que el menor ya tiene configurado su centro de vida en Catriel.
Para llegar a esa conclusión, la sentencia valoró especialmente un informe de la Escuela Primaria de Catriel, donde consta que el niño ingresó a la institución en agosto de 2025, cursó allí el ciclo lectivo y mantuvo asistencia regular, con avances en su proceso de aprendizaje. El fallo también tomó en cuenta que lleva alrededor de nueve meses residiendo en esa ciudad, donde mantiene vínculos escolares, sociales y afectivos.
En ese marco, el juez consideró que un eventual traslado podría implicar un cambio abrupto en sus condiciones de vida, su escolaridad y su entorno cotidiano, con un posible daño de difícil reversión. También señaló que el riesgo de traslado no era meramente hipotético, ya que estaba acreditada la gestión de una vacante escolar en una escuela de otra provincia.
Con esa base, la resolución hizo lugar a la cautelar y dispuso tres medidas concretas: el cuidado personal provisorio a cargo del padre, la prohibición de mover al niño fuera de Catriel sin acuerdo o autorización judicial, y la imposibilidad de modificar su escuela actual.
De todos modos, el fallo no clausura el conflicto de fondo. La propia sentencia aclara que se trata de una medida provisoria, sujeta a cambios si varían las circunstancias o cuando se dicte resolución definitiva en la causa principal. También ordena que el vínculo con la madre se mantenga de forma amplia y flexible, y que el padre facilite activamente ese contacto.
Así, la decisión judicial no define de manera definitiva con quién deberá vivir el niño, pero sí fija una prioridad inmediata: preservar, por ahora, la estabilidad de la vida que ya viene desarrollando en Catriel.
