El integrante del Tribunal de Cuentas sostuvo que el organismo actuó por mandato de la Carta Orgánica. Afirmó que la sospecha no se limita a una factura, sino a un posible conflicto de intereses y a trabajos que, según dijo, no habrían pasado por control.
El secretario de Gobierno defendió la documentación presentada por el Municipio y sostuvo que el expediente de compra había sido aprobado por el propio Tribunal de Cuentas. Aseguró que no hubo ilícito y que la intendenta Daniela Salzotto está tranquila.
El Municipio difundió documentación sobre una compra de $1.310.000 a la firma Atlas y defendió el trámite administrativo. Desde el Tribunal de Cuentas sostienen que la denuncia apunta a un posible conflicto de intereses y a otras contrataciones que, según el organismo, no habrían pasado por su control.
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El Tribunal de Cuentas llevó al Ministerio Público Fiscal presuntas irregularidades en contrataciones entre el Municipio y la firma Atlas. El expediente se suma a una discusión más amplia que atraviesa distintas gestiones: controles previos, proveedores, vínculos políticos, bienes públicos y rendición de cuentas.
La Justicia formuló cargos por privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas en un contexto de violencia de género. Según la Fiscalía, la mujer logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a una vecina.
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El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en la despensa y verdulería Vivero Real, sobre la colectora de avenida Mosconi. El propietario difundió las imágenes de las cámaras de seguridad y pidió colaboración de la comunidad para intentar identificar al hombre que ingresó al local y escapó con elementos robados.
La conductora habría circulado a más de 110 km/h antes de impactar contra el paredón de una vivienda en barrio Preiss. El choque ocurrió de madrugada y pudo terminar en tragedia.
Las víctimas estaban dentro de un Renault Clio cuando una S10 gris los chocó violentamente en la esquina de Cacique Catriel e Yrigoyen. Tránsito intentó perseguir al conductor, pero lo perdió camino al río.
El procedimiento fue realizado por la División Toxicomanía tras una investigación de un mes. La causa quedó en manos de la Justicia Federal y una mujer de 50 años fue imputada por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. El caso vuelve a poner en debate los límites entre cultivo permitido, comercialización ilegal y uso medicinal del cannabis.
La medida fue dictada dentro del proceso de quiebra de la empresa que operaba el área Rinconada–Puesto Morales. Mientras la causa judicial avanza, persisten las tensiones por el traspaso laboral hacia Geopetrol y, según pudo reconstruir VientoSur, la intervención de la sindicatura habría quedado demorada en medio de las negociaciones por los trabajadores.
