El hallazgo de un cuerpo en el río Colorado este lunes por la tarde generó conmoción en Catriel. La Fiscalía confirmó que se trata de una mujer de 52 años, aunque no reveló su identidad. Vecina de la localidad, su muerte es investigada bajo la hipótesis principal de un suicidio, aunque aún no se descartan otras posibilidades todavía.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 16:30 en el sector del paseo costero. Dos hombres que habían ido a pescar fueron quienes encontraron el cuerpo y dieron aviso inmediato a la Policía. Minutos después, el acceso a la zona fue cortado y se desplegó un operativo en el que participaron efectivos policiales, Criminalística, bomberos y Protección Civil.
Desde un primer momento, las autoridades judiciales indicaron que no había indicios de criminalidad. Los primeros análisis señalan que podría tratarse de un suicidio, aunque la investigación sigue en curso para determinar con precisión las circunstancias del hecho.
El caso recuerda al de otra mujer, de 34 años, que fue hallada sin vida tras haber desaparecido en julio. En aquel caso, la autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que el tiempo transcurrido desde su desaparición era compatible con el estado del cuerpo.
Para quienes atraviesan situaciones de angustia o detectan signos de alerta sobre suicidio, en Río Negro se puede solicitar ayuda llamando al 911 o acudiendo al hospital o centro de salud más cercano. También está disponible la línea nacional y gratuita de Salud Mental, 0800 999 0091.
Nicolás Heredia, un albañil de 30 años y brigadista voluntario en los incendios de Mallín Ahogado, continúa detenido desde el 5 de febrero bajo la acusación de incendio en grado de tentativa. A pesar de que las pericias realizadas hasta el momento no se encontraron pruebas que lo vinculen con el hecho, la Justicia de Río Negro mantiene su prisión preventiva hasta el 7 de marzo.
El Tribunal de Impugnación ratificó la medida cautelar el 21 de febrero, tras rechazar el pedido de su defensa, que argumentó la falta de pruebas contundentes y la inexistencia de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Según su abogado, Nelson Vigueras, los peritajes realizados hasta ahora no han aportado elementos incriminatorios.
Heredia fue detenido el 5 de febrero en Mallín Ahogado, cuando vecinos de la zona consideraron que tenía una “actitud sospechosa” y lo trasladaron hasta Wharton, donde la policía lo detuvo. La Fiscalía justificó la medida alegando que el joven no tenía domicilio en la región y que debía peritarse una botella con combustible hallada en el lugar, que se presumía de su pertenencia.
Sin embargo, el análisis pericial determinó que la botella no tenía sus huellas, lo que impide utilizarla como prueba en su contra. Además, la revisión de su mochila confirmó que solo contenía comida y no restos de combustible ni elementos inflamables. A pesar de estos resultados, la Justicia aún no ha definido si revocará o extenderá la prisión preventiva.
En los 22 días transcurridos desde su detención, la Fiscalía solo ha logrado analizar una parte del contenido del teléfono celular de Heredia, mientras que las declaraciones de testigos que lo señalaron como sospechoso presentan contradicciones. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el exjuez Rubén Marigo consideró que la falta de pruebas podría llevar a su liberación la próxima semana.
El caso ha generado preocupación en sectores sindicales y organismos de derechos humanos, que han señalado irregularidades en el proceso judicial. Heredia permanece detenido en el penal N°3 de Bariloche, en condiciones precarias y compartiendo espacio con personas condenadas, según denunciaron sus allegados. Su familia y organizaciones que lo respaldan han solicitado su liberación, mientras se espera la definición de su situación procesal en los próximos días.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro convoca a un concurso público de títulos, antecedentes y oposición para ocupar el cargo de Secretaría Letrada en el Juzgado de Paz de Catriel. La inscripción se realizará de manera electrónica entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2025.
Autoridades del Poder Judicial informaron que quienes deseen postularse deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser argentino con al menos cinco años de ejercicio de la ciudadanía, contar con título de abogado o abogada otorgado por una universidad oficial o privada reconocida, tener al menos un año de experiencia profesional o desempeño en el Poder Judicial en cualquier categoría o escalafón, y ser mayor de edad. Además, los postulantes deberán presentar la documentación correspondiente al momento de la inscripción y someterse a un examen psicofísico obligatorio.
Las inscripciones se recibirán únicamente por correo electrónico a [email protected]. Los interesados deberán enviar su solicitud con el asunto “Solicitud de inscripción a concurso – Secretaría Letrada del Juzgado de Paz de Catriel” y declarar bajo juramento la veracidad de la información proporcionada. Toda la información sobre el concurso y sus notificaciones se publicará en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro.
El proceso de selección constará de tres etapas: evaluación de antecedentes, examen de oposición con prueba escrita de opción múltiple, consigna de redacción y examen oral, y finalmente, una entrevista personal con la Presidencia y al menos dos jueces del STJ. El cargo a cubrir tendrá categoría de Jefe de Despacho y dedicación exclusiva en la ciudad de Catriel.
El puntaje máximo será de 100 puntos, distribuidos en 20 por antecedentes, 40 por el examen de oposición y 40 por la entrevista personal. Para avanzar en el proceso, los postulantes deberán alcanzar al menos 30 puntos en las dos primeras etapas, y para la aprobación final, se exigirá un puntaje mínimo de 70.
Tras un intenso operativo de búsqueda, la niña de 4 años que había sido reportada como desaparecida ayer (23-02) en el barrio Santa Cruz de Catriel fue encontrada sana y salva.
La desaparición había sido reportada alrededor de las 19:30 en la zona de Hipólito Yrigoyen y Pedro Hernández, lo que llevó a familiares, vecinos y efectivos policiales a desplegar un operativo para dar con su paradero.
La familia agradeció la rápida colaboración de la comunidad y de las autoridades, destacando la difusión del caso y el apoyo recibido durante la búsqueda.
El Congreso aprobó la reforma al Código Penal que endurece las penas para reincidentes y habilita la prisión preventiva para imputados con múltiples causas abiertas. El oficialismo la defiende como un freno a la impunidad, mientras que organismos de derechos humanos alertan sobre posibles detenciones arbitrarias.
El Senado de la Nación sancionó por 54 votos a favor y 16 en contra la Ley de Reiterancia, impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldada por parte de la oposición. La norma introduce modificaciones en el Código Penal y Procesal Penal, ampliando los criterios para dictar prisión preventiva y redefiniendo los conceptos de reincidencia y reiterancia, en un intento por cerrar la llamada «puerta giratoria» del sistema judicial.
Uno de los cambios más significativos es la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva. Hasta ahora, un imputado solo podía ser detenido antes del juicio si existía riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. La nueva ley incorpora un tercer criterio: la reiterancia, que permite la detención preventiva de personas con tres o más causas abiertas por delitos graves, aunque no tengan condena firme.
Desde el oficialismo, el senador Gustavo Bordet (PJ-UxP) defendió la reforma asegurando que «el Estado no puede seguir permitiendo que quienes reinciden en delitos graves sigan en libertad». La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró su sanción afirmando que es «una herramienta clave para evitar que delincuentes peligrosos burlen la justicia y sigan delinquiendo».
La norma también modifica el concepto de reincidencia, considerando reincidente a cualquier persona que haya recibido al menos dos condenas a prisión, con una sentencia firme, sin importar si cumplió la pena en cárcel o en libertad condicional. Según el proyecto oficial, esta modificación apunta a evitar que un condenado pueda acumular penas en suspenso sin ser considerado reincidente.
Organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal cuestionan la reforma. Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió que «la ampliación de la prisión preventiva afectará especialmente a personas sin condena firme y agravará la crisis penitenciaria». Según datos del Servicio Penitenciario Federal, actualmente el 55% de los detenidos en Argentina no tiene condena firme, lo que podría aumentar con la aplicación de esta ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura alertó sobre el impacto de la reiterancia, asegurando que «permite la detención de personas solo por estar imputadas en varias causas, sin prueba de culpabilidad, lo que erosiona el principio de inocencia». También señalaron que el criterio es «sumamente amplio y confuso», lo que podría generar usos arbitrarios en su aplicación.
Un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana refuerza el argumento del oficialismo, indicando que el 70% de los condenados por robos y hurtos vuelve a delinquir en menos de dos años, una cifra que fue utilizada por los legisladores que apoyaron la reforma para justificar el endurecimiento de penas.
Durante el debate en el Senado, la oposición planteó dudas sobre posibles abusos en la aplicación de la norma. Luis Juez (PRO) propuso «controles más estrictos para evitar que la prisión preventiva se convierta en un mecanismo discrecional o político», pero su iniciativa fue rechazada.
La ley ahora debe ser reglamentada por el Ejecutivo y su implementación será clave para evaluar su impacto real. Mientras tanto, organismos de derechos humanos ya analizan posibles recursos de inconstitucionalidad, lo que podría llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia.
Un nuevo episodio de violencia sacudió a Catriel anoche, cuando una pelea entre dos adolescentes terminó con uno de ellos apuñalado. El hecho ocurrió cerca de las 21:30 en el barrio 400 Viviendas.
Según testigos, la disputa comenzó con golpes de puño, pero en un momento uno de los jóvenes sacó un cuchillo y atacó al otro. Aún se desconocen las causas del conflicto.
Personal de salud acudió rápidamente al lugar tras el llamado de un vecino y trasladó al menor herido al hospital local. Afortunadamente, su vida no corre peligro.
La madre del joven apuñalado radicó la denuncia por la agresión brutal, exigiendo justicia y medidas para evitar que hechos de este tipo sigan ocurriendo en la ciudad.
Este es el tercer ataque con arma blanca en la ciudad en lo que va del año. Los dos incidentes anteriores, ocurridos el 27 de enero y el 8 de febrero, terminaron en homicidio, aumentando la preocupación en la comunidad por la escalada de violencia.
Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de seguridad en la ciudad.
Una comerciante de Catriel denunció haber sido abusada y golpeada por un cliente en su local del barrio Carod. Ante el temor de nuevos ataques, decidió cerrar su negocio para resguardar su seguridad.
Según su testimonio, el hombre ingresó al comercio, esperó a que no hubiera más clientes y comenzó a acosarla con comentarios inapropiados mientras intentaba tocarle las manos. Luego, la empujó, intentó besarla y la llevó por la fuerza hasta la vivienda contigua al local, donde la tiró sobre una cama y abusó de ella realizando tocamientos.
La víctima aseguró conocer al agresor, a quien identificó en la denuncia radicada en la comisaría local. Mientras avanza la investigación, en redes sociales se difundió un escrache público contra el denunciado, exigiendo justicia y alertando a la comunidad sobre su accionar.
La Justicia bonaerense anuló la condena a prisión perpetua de Matías Farías por el femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en 2016 en Mar del Plata. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal resolvió que Farías solo sea condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado, desestimando el cargo de homicidio y ordenando que se fije una nueva pena.
El fallo, firmado por los jueces María Florencia Budiño y Víctor Horacio Violini, argumentó que no se pudo comprobar que Farías haya tenido intención de matar a la joven ni que su accionar haya sido la causa directa del fallecimiento. Sin embargo, ratificó la condena de Juan Pablo Offidani como partícipe secundario del abuso.
La decisión generó una fuerte reacción social, ya que coincidió con el día en que Lucía hubiera cumplido años. Su familia y organizaciones feministas repudiaron la medida, denunciando impunidad en el caso y anunciando que apelarán ante instancias superiores.
Mientras tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata deberá definir la nueva sentencia para Farías, que podría oscilar entre 6 y 20 años de prisión, según lo estipulado por el Código Penal para delitos de abuso sexual agravado.
La Justicia rionegrina dispuso el sobreseimiento de dos hombres que habían sido acusados de agredirse mutuamente durante una discusión ocurrida en Catriel en mayo de 2024. La resolución fue tomada por la jueza de garantías Amorina Liliana Sánchez Merlo en base a la aplicación del criterio de oportunidad, luego de que la Fiscalía y la Defensa coincidieran en que el conflicto entre los involucrados había sido superado.
El hecho tuvo lugar el 31 de mayo de 2024, cerca del mediodía, en la intersección de Avenida Roca y calle Pedro Giachino. Según consta en la causa, uno de los imputados conducía una camioneta Ford Ecosport, mientras que el otro circulaba en bicicleta. En un momento, ambos comenzaron a discutir, lo que derivó en una agresión mutua: el primero descendió del vehículo con un objeto similar a un fierro y golpeó al ciclista, quien reaccionó utilizando el asiento de su bicicleta como arma, impactando en la cabeza de su oponente.
Como resultado, ambos sufrieron heridas leves. Uno presentó un traumatismo de cráneo leve y lesiones en la zona auricular y parietal, mientras que el otro sufrió hematomas en el rostro y una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió sutura.
El 4 de febrero de 2025, la Fiscalía y la Defensa solicitaron la desvinculación definitiva de los imputados, argumentando que no se había podido determinar quién inició la agresión y que ambas partes habían tomado conciencia de las consecuencias del proceso penal. Además, no contaban con antecedentes ni se registraron nuevos incidentes.
La fiscal Marcela Marchetti consideró que el conflicto estaba resuelto y que no había una afectación grave al interés público, por lo que dictaminó favorablemente el sobreseimiento de ambos acusados. La jueza Sánchez Merlo hizo lugar al pedido, destacando que el principio de oportunidad permite racionalizar la respuesta punitiva y que, en este caso, era la solución más adecuada.
La decisión implica que la acción penal queda extinguida sin afectar el buen nombre y honor de los involucrados, conforme lo establece el Código Procesal Penal.
La Justicia declaró extinguida la acción penal contra F.E.V., acusado de desobediencia judicial, daño, lesiones leves, violación de domicilio y amenazas contra su expareja en Catriel. La decisión se tomó luego de que el imputado cumpliera con las condiciones impuestas en la suspensión del juicio a prueba, según lo establecido en el Código Penal.
F.E.V. enfrentaba cargos por dos episodios ocurridos en abril de 2020. En el primero, intentó ingresar a la vivienda de su expareja a través de una ventana y, al no lograrlo, la golpeó en el rostro y la mordió. En el segundo, ingresó a la casa de la víctima contra su voluntad, dañó la puerta de entrada y la amenazó con desfigurarla.
En septiembre de 2021, se acordó la suspensión del juicio a prueba por tres años. Durante ese período, el acusado debía cumplir con una serie de condiciones para evitar la reactivación del proceso penal.
El 6 de febrero de 2025, en una audiencia en Cipolletti, la Fiscalía solicitó la desvinculación definitiva de F.E.V. tras comprobar que había cumplido con las medidas impuestas y que no registraba antecedentes penales. La Defensa adhirió al pedido, y la jueza de Garantías resolvió el sobreseimiento del imputado.
El fallo establece que el proceso no afecta el buen nombre y honor del acusado, y ordena que las autoridades locales de Catriel sean notificadas de que F.E.V. ya no debe presentarse ante ellas.
El caso genera debate sobre el uso de la suspensión del juicio a prueba en delitos vinculados a la violencia de género y su impacto en la protección de las víctimas. Si bien el acusado cumplió con las condiciones legales, la resolución judicial deja abierta la discusión sobre la necesidad de revisar los mecanismos de justicia en este tipo de casos.
