El reciente caso ocurrido en Catriel, donde una mujer fue golpeada por dos hombres que la acusaban de reiterados robos, desató una fuerte ola de reacciones. La escena fue filmada, viralizada y, en muchos casos, celebrada. No pocos usuarios en redes sociales justificaron el ataque y compartieron el video como si se tratara de una muestra de justicia. Una escena cruda, donde el castigo físico se vuelve espectáculo y donde la violencia deja de ser un límite para convertirse en mensaje. ¿Qué significa esto como sociedad?
Es importante decirlo con claridad: el enojo de los vecinos ante hechos reiterados de inseguridad es legítimo. No es menor el daño que genera vivir expuestos a robos, amenazas o violencias cotidianas, muchas veces protagonizadas por las mismas personas, en contextos donde el sistema institucional no logra dar respuesta. Esa también es una forma de violencia, estructural y persistente, que erosiona el bienestar y la confianza colectiva. Genera miedo y enojo que se acumulan. Sin embargo, que el malestar sea comprensible no vuelve aceptable cualquier respuesta.
Recientemente, la mujer agredida presentó una denuncia por lesiones ante la Fiscalía descentralizada de Catriel. La causa investiga tanto la agresión sufrida como el presunto robo que habría motivado el ataque. Según fuentes judiciales, el inicio efectivo de la investigación contra el agresor se produjo luego de su exposición mediática en una entrevista radial, en la que defendió su accionar y expresó su frustración por la falta de respuestas institucionales. Esta secuencia evidencia cómo, ante el vacío estatal, la violencia se convierte en vía rápida pero peligrosa para resolver conflictos.
Porque cuando la reacción es el linchamiento, el escarnio público o la viralización de la violencia como forma de justicia, se desdibuja peligrosamente el límite entre el dolor y la venganza. Se debilita el Estado de derecho. No está bien que se ejerza la justicia a los golpes. No hay delito contra la propiedad que justifique la golpiza. Ni persona —por más sospechada o rechazada socialmente que esté— que merezca ser convertida en blanco de una turba o un video viral.
El video viral, más que una simple muestra de indignación colectiva, terminó siendo la pieza clave para iniciar una investigación penal. Sin embargo, hasta que el agresor no dio una entrevista radial justificando su accionar, las imágenes no fueron activamente consideradas por las autoridades. Este circuito —donde la presión mediática suple a la acción institucional— confirma el riesgo de legitimar la violencia como mecanismo paralelo de justicia.
Tal vez podamos pensar que tanta exposición a la violencia en redes sociales nos va acostumbrando. Nos va haciendo perder sensibilidad. Uno ve imágenes duras todos los días y, de a poco, lo insoportable se vuelve común. Esa desensibilización puede hacernos confundir justicia con revancha, y una acción peligrosa con castigo ejemplar. Lo que antes nos horrorizaba, hoy se comparte como meme o como “mensaje ejemplarizante”. Esa confusión entre justicia y revancha nos enfrenta a un riesgo mayor: legitimar la violencia como método de resolución de conflictos.
El caso de Catriel no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto social, institucional y judicial cada vez más tenso. En los últimos meses, la ciudad ha sido escenario de robos, episodios de violencia urbana y homicidios que han generado preocupación creciente. El reciente caso de una familia víctima de un robo en plena madrugada, registrado por cámaras de seguridad y viralizado por redes, es otro reflejo de esa vulnerabilidad. Aunque aún no se confirmó una denuncia formal, el hecho se transformó en símbolo del cansancio colectivo. Los videos circulan como pruebas sociales de ese hartazgo: para muchos, son la única forma de visibilizar lo que sienten que nadie escucha.
Ese hartazgo, vale insistir, tiene raíces profundas. La infraestructura de seguridad en Catriel es precaria: la comisaría principal cuenta con apenas dos o tres móviles operativos para cubrir más de diez barrios y amplias zonas rurales como Colonia Ovejero, Peñas Blancas o Lago O’Con. Hay turnos con solo siete u ocho agentes. No alcanza. No existe una subcomisaría que descongestione la Unidad 9°, y los propios efectivos deben costear insumos básicos. Muchas veces dependen de la colaboración del municipio o comercios locales para cubrir lo esencial. Aunque en 2025 se otorgó un aumento del 146% a la policía rionegrina, la mayoría de los agentes tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. Todo esto afecta directamente la operatividad de las fuerzas.
La Comisaría de la Familia también trabaja en condiciones limitadas. Sin móvil ni personal suficiente, debe apoyarse frecuentemente en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y el área municipal de Mujer, Diversidad y Género. Esta colaboración, aunque vital, se sostiene más por compromiso y voluntad de los trabajadores y las trabajadoras que por respaldo provincial. Es un esfuerzo sostenido, pero frágil. Esto evidencia la falta de inversión en garantizar una autonomía operativa real.
Esta precariedad institucional no es exclusiva del ámbito policial. Se replica también en otros sectores clave como salud y educación, donde trabajadores estatales enfrentan sobrecarga, falta de insumos, infraestructura deteriorada y contratos inestables. Estas condiciones afectan no solo su bienestar, sino también la calidad de los servicios esenciales que prestan.
La situación judicial también es crítica. La Ley Provincial K Nº 5564, que en 2022 creó un Juzgado de Familia con sede en Catriel, sigue sin implementarse. Las causas complejas deben ser derivadas a Cipolletti o General Roca. La intendenta Daniela Salzotto lo expresó: “Catriel es tierra de nadie en materia de seguridad. Pediremos más fiscales y que se ponga en marcha el Juzgado de Familia ya aprobado por la Legislatura”. Pero por ahora, todo sigue en pausa.
Si bien se han registrado avances, como la reciente reunión encabezada por la intendenta Daniela Salzotto junto a equipos técnicos del SAD AV Alto Valle Oeste para fortalecer el abordaje integral de las violencias por motivos de género, la respuesta estatal sigue siendo frágil. Se requiere que estas iniciativas no queden sólo en gestos simbólicos, sino que se traduzcan en recursos, presencia efectiva y protocolos claros.
En febrero, se designó a Georgina Garro como Defensora Adjunta de Mediación. La ciudad cuenta también con el trabajo de Myriam Bielaszczuk al frente del Juzgado de Paz. Ambas profesionales trabajan con serias limitaciones. Aunque gestionar inversión pública no es fácil, muchas veces se percibe que se priorizan ciudades con más peso electoral. Catriel, pese a su crecimiento, queda al margen.
Aunque en los últimos días el Gobierno provincial anunció una inversión histórica de 12 millones de dólares para modernizar el sistema de seguridad, la distribución concreta a nivel local aún no se conoce.
El plan contempla 480 cámaras fijas, 120 domos, 150 lectoras de patentes y más de 100 operadores capacitados. Se trata de una apuesta fuerte por la prevención tecnológica, que aún no se traduce en mejoras palpables en ciudades como Catriel. La inversión puede ser valiosa, pero para que tenga efecto real debe llegar al territorio donde más se necesita.
El Consejo Local de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, hace rato que no se reúne. La última vez fue a fines de 2024. El Concejo Deliberante y las Juntas Vecinales, que podrían ser aliadas clave, también están excluidas del diálogo. La prevención no es solo patrullaje o cámaras: es confianza, participación y redes de cuidado.
Mientras tanto, el municipio ha impulsado medidas como los domos de vigilancia o el fortalecimiento del Centro de Monitoreo, que quedan aisladas si no hay articulación. Sin diálogo fluido con fiscalía, policía y áreas sociales, la tecnología no alcanza. Se requiere presencia estatal, protocolos claros e instituciones que funcionen. En varios de estos puntos, Catriel falla.
En casos recientes, hubo demoras en la entrega de imágenes clave para investigaciones judiciales, condicionadas por la intervención de una abogada y un asesor externo del municipio, cuya participación se asemeja más a la de ‘patrón de estancia’ que a alguien que debería respaldar el funcionamiento institucional. Ambos intervinieron en decisiones sobre acceso al Centro de Monitoreo con criterios más cercanos al control del gasto que al servicio público. Incluso llegaron a calificar la entrega de imágenes como ‘una colaboración’, cuando en realidad es un deber institucional. Las cámaras no son del gobierno de turno: son de los vecinos de Catriel.
Esta lógica, más cercana al favor discrecional que a la responsabilidad institucional, ralentiza procesos clave y expone que áreas sensibles de la seguridad están sujetas a criterios personales o políticos.
Sería clave implementar un protocolo interinstitucional obligatorio, que garantice el acceso ágil a material audiovisual en investigaciones. Ciudades como Cipolletti y Bariloche ya lo han hecho con buenos resultados.
Los déficits estructurales que enfrenta Catriel —en seguridad, justicia, servicios públicos y políticas sociales— no se deben solo a errores de gestión. También reflejan decisiones políticas, fijadas lejos del oeste rionegrino. El gobierno nacional recortó programas sociales, debilitó políticas de prevención y cerró dispositivos comunitarios. Esa lógica de castigo antes que prevención, de ajuste antes que acompañamiento, afecta a las ciudades más vulnerables.
A pesar de su crecimiento, Catriel sigue al margen de muchas inversiones públicas. Pero esto no comenzó ahora. Catriel es una eterna postergada por gobiernos de diferentes orientaciones (menemismo, kirchnerismo, macrismo y ahora mileísmo). Hay rutas sin arreglar, obras demoradas, barrios sin servicios. La deuda es estructural.
A nivel provincial, la reconversión de la industria petrolera y la pérdida de protagonismo de Catriel en relación con Vaca Muerta también inciden. A eso se suma la diferencia de signo político entre el gobierno local y la provincia. Cuando se alinean, la ciudad avanza. Cuando se enfrentan, los que pierden son los vecinos.
En este contexto, el municipio busca posicionar a Catriel como un nodo estratégico dentro del corredor bioceánico y reforzar su rol como acceso norte a Vaca Muerta, en articulación con la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) y otros actores locales. Se apuesta a fortalecer el Parque Industrial y atraer inversiones productivas que diversifiquen la economía.
Sin embargo, estas proyecciones, aunque necesarias, no resuelven por sí solas las deudas estructurales que la provincia mantiene históricamente con Catriel: la falta de políticas de remediación ambiental por los pasivos de la industria petrolera; las dificultades persistentes en el acceso a la tierra, la vivienda y servicios esenciales como salud, cloacas o agua potable; y la ausencia de un plan integral de fortalecimiento social que contemple la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos, así como una estrategia efectiva contra el narcotráfico.
El municipio no puede, ni debe, enfrentar en soledad estas problemáticas. Es imprescindible que la provincia de Río Negro acompañe con políticas, recursos e infraestructura real. También el Estado nacional debería asumir su parte de responsabilidad en fortalecer a ciudades históricamente postergadas como Catriel, aunque, en el actual contexto político y económico, esa expectativa resulte cada vez más lejana.
El desarrollo económico, sin inclusión social ni reparación de las desigualdades acumuladas, corre el riesgo de profundizar las brechas existentes en lugar de cerrarlas.
El tratamiento mediático del caso también merece crítica. Algunos medios difundieron el video de la agresión sin advertencias ni contexto, y con titulares como “Lincharon a la Chuky”. Estas prácticas refuerzan estigmas y fomentan el castigo como espectáculo.
El Código de Ética de FOPEA es claro: informar con sensibilidad no es ocultar la realidad, sino narrarla con respeto. El periodismo no puede contribuir a la circulación de discursos de odio o justicia paralela.
Además, las redes sociales amplifican lo inmediato, lo indignante. Por eso, más que nunca, hace falta un periodismo que ayude a pensar.
En este contexto, es clave hablar de salud mental y consumos problemáticos. Es conocido en Catriel que la mujer agredida enfrenta problemas de consumo. Pero no todas las personas que consumen delinquen, ni todos los delitos son consecuencia del consumo. Generalizar o estigmatizar no ayuda: solo profundiza la exclusión.
Hablar de consumo con respeto, sin estigmas y con perspectiva de derechos, no es minimizar el problema. Es reconocer que la salida requiere políticas públicas, no castigos ni omisiones.
Catriel cuenta con un dispositivo municipal llamado Paihuen, que trabaja con un enfoque comunitario en el abordaje de los consumos problemáticos. Sin embargo, enfrenta múltiples limitaciones que van más allá del compromiso profesional de quienes integran el equipo. La ciudad tiene un problema serio en materia de prevención, atención y acompañamiento en adicciones, en particular con el consumo de cocaína, una de las sustancias que más circula y afecta la vida cotidiana de vecinos y vecinas. El centro Paihuen depende del área de Desarrollo Social del municipio, actualmente dirigida por una persona sin formación específica en la temática. Esto se traduce en fallas recurrentes en la coordinación política del dispositivo, falta de planificación, escasa articulación con el área de Salud Mental del Hospital y una débil estrategia de difusión. Las acciones comunicacionales se reducen a publicaciones esporádicas en redes sociales institucionales o folletos dejados en oficinas públicas, lo que no alcanza para socializar un recurso que, en contextos críticos, puede ser clave. A esto se suman cambios frecuentes en el personal técnico, dificultades para garantizar sueldos acordes a las responsabilidades y capacitaciones que no son regulares ni sistemáticas.
En su momento, se intentó avanzar en un acuerdo con APASA (Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de Río Negro), que podría haber permitido ampliar recursos y fortalecer la operatividad del centro. Sin embargo, el gobierno provincial pretendía que Paihuen dejara de ser un dispositivo municipal para transformarse en un CRAIA (Centro Rionegrino de Abordaje Integral de las Adicciones), dependiente de la provincia. El municipio rechazó esta opción, posiblemente por razones políticas o para no resignar autonomía. Lo cierto es que, actualmente, Catriel no cuenta con un CRAIA, mientras que en otras 18 localidades de la provincia funcionan 28 centros de este tipo. Incluso bajo gobiernos municipales alineados con la provincia, como los de JSRN, no se logró consolidar esta política.
Lo que Catriel necesita es una respuesta estructural: un centro de tratamiento integral para personas con consumos problemáticos, con atención permanente, posibilidad de internación y programas de reinserción laboral o formación en oficios. Esto último es un pedido recurrente de familiares, que ven cómo las personas que atraviesan situaciones de consumo enfrentan además el aislamiento y la falta de oportunidades. No se trata solo de acompañar, sino de construir caminos reales hacia la inclusión. También resulta imprescindible el diseño e implementación de políticas públicas de prevención y abordaje de los consumos problemáticos con perspectiva de derechos, que garanticen el acceso igualitario a la salud, la contención y la dignidad para quienes atraviesan estas situaciones.
La violencia que vemos en las calles y las redes no es solo un problema de seguridad. Es una señal de que algo más profundo se rompió. Y que hace falta reconstruir confianza, cercanía, comunidad. No es fácil. Pero se puede empezar por lo básico: que el Estado funcione, que las instituciones respondan, que la gente se sienta escuchada.
La historia de Catriel hoy no es solo la de una mujer con antecedentes delictivos y problemas de adicciones. Tampoco es solo la de un vecino cansado que decidió hacer justicia por mano propia. Es, sobre todo, la historia de una comunidad enfrentada al dilema de elegir entre castigar o cuidar, entre responder al dolor con violencia o con políticas públicas que reconstruyan derechos.Y también, que no perdamos la capacidad de distinguir entre justicia y venganza. Porque si lo que celebramos es la violencia, lo que viene no es reparación, sino repetición. Y la repetición de la violencia no fortalece la justicia: la destruye ¿Qué tipo de comunidad queremos construir? Una que castiga, o una que cuida.
Elio Carrasco
Martillero y Corredor Público
Director de Viento Sur Noticias
Presidente de Cooperativa Quatrifinio Ltda
