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Comprar en tiendas online de Estados Unidos desde Argentina ya no es un proceso complejo ni reservado para unos pocos. La combinación entre plataformas digitales, medios de pago internacionales y servicios de courier ha simplificado el acceso a miles de productos que antes resultaban inaccesibles o costosos de importar.

Cada vez más consumidores argentinos eligen este sistema para adquirir tecnología, indumentaria, accesorios, libros o juguetes en sitios como Amazon, eBay, Walmart o Carter’s. El procedimiento es sencillo y se basa en tres pasos: registrarse en una plataforma de envíos, realizar la compra en la tienda de preferencia y recibir el producto directamente en el domicilio en Argentina.

El primer paso es contar con una dirección postal en Estados Unidos, algo que ofrecen distintas empresas de logística internacional. Una vez que el comprador se registra, obtiene un domicilio en ciudades como Miami, donde llegan los pedidos realizados en tiendas norteamericanas. Desde allí, el paquete se consolida, se embala y se despacha hacia Argentina cumpliendo con las normas aduaneras vigentes.

En este punto, el papel del courier es clave: se ocupa de gestionar los trámites aduaneros, asegurar el correcto manejo de los productos y ofrecer seguimiento en línea para conocer cada etapa del envío. Los plazos suelen rondar una semana hábil, dependiendo del tipo de producto y la demanda estacional.

Entre las opciones disponibles, algunos servicios permiten pagar el envío en pesos y al valor del dólar oficial, lo que representa una ventaja frente a otros mecanismos de importación. Plataformas como Del Mundo Courier ofrecen esta alternativa, además de un sistema de cotización que muestra el costo total del envío antes de confirmar la operación, incluyendo impuestos y aranceles.

El pago de las compras en Estados Unidos puede realizarse con tarjetas de crédito internacionales, PayPal u otros medios digitales aceptados por cada tienda. Antes de realizar la transacción, se recomienda verificar que el banco emisor habilite pagos en el exterior.

Una vez despachado el paquete hacia Argentina, el comprador recibe un número de seguimiento (tracking) para conocer su recorrido en tiempo real. En la mayoría de los casos, el proceso completo —desde la compra hasta la entrega— no supera los siete a diez días hábiles.

Este modelo de compra internacional se consolidó como una opción práctica para quienes buscan productos exclusivos, mejores precios o simplemente ampliar las posibilidades de consumo. Además, algunos couriers argentinos comenzaron a ofrecer servicios en sentido inverso, facilitando envíos y exportaciones hacia países como Chile o España, lo que abre nuevas oportunidades para pequeños productores y emprendedores.

En un contexto donde la digitalización y el comercio transfronterizo avanzan con fuerza, comprar productos de Estados Unidos desde Argentina se volvió una práctica cotidiana. La clave está en elegir servicios confiables, con respaldo y experiencia, que garanticen seguridad, tiempos razonables y transparencia en los costos.

La economía argentina vivió este jueves una jornada de extrema tensión financiera. El riesgo país, el indicador que mide la confianza de los mercados en la deuda nacional, superó los 1420 puntos básicos, marcando un aumento de más de 250 puntos en pocas horas.

El impacto se sintió de inmediato en los bonos en dólares, que registraron caídas de hasta 13,6% en el mercado local y cerca de un 8% en Wall Street. A su vez, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también cerraban en rojo, con retrocesos de hasta el 6%.

En el frente cambiario, el dólar oficial en bancos privados alcanzó los $1500, mientras que el Banco Nación lo mantenía en $1490. El dólar blue, en tanto, llegó a $1515, consolidando una nueva barrera psicológica para la divisa.

La reacción del mercado estuvo vinculada a la derrota legislativa que sufrió el oficialismo en la Cámara de Diputados, en un contexto en que el Senado también se encamina a rechazar las principales iniciativas del gobierno de Javier Milei.

Desde temprano, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, buscó instalar la idea de un “intento de golpe” contra la administración nacional, pero el mensaje no logró calmar la situación y los indicadores financieros se dispararon.

El salto del riesgo país —índice elaborado por JP Morgan— refleja un aumento del 22,5% en solo una jornada y vuelve a poner en duda la capacidad del Gobierno para acceder al financiamiento internacional en el corto plazo.

Se trata de un escenario de gran incertidumbre que, según analistas, podría repercutir en la inflación, el crédito y la actividad económica en las próximas semanas.

La Cámara de Diputados convirtió este martes en un duro revés para el gobierno los intentos de veto del presidente Javier Milei. Con mayorías calificadas, los bloques opositores rechazaron las observaciones al financiamiento de las universidades nacionales y a la ley de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan.

La votación sobre el hospital pediátrico se resolvió con 181 votos a favor de la ley y 60 en contra, con una sola abstención (Karina Bachey). Minutos después, el veto contra el financiamiento universitario también fue revertido con un resultado contundente: 174 votos contra 67. El acompañamiento de diputados que responden a gobernadores y de ex aliados de Casa Rosada —incluidos sectores del PRO, el MID, Innovación Federal y legisladores provinciales— resultó decisivo.

El debate estuvo atravesado por fuertes cruces discursivos. El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, convocó a “reconstruir la esperanza” y sostuvo que la movilización detrás de las leyes expresa “el deseo de hacer una Argentina grande”. Desde el oficialismo, legisladores como Silvana Giudici y Gerardo Huesen acusaron a la oposición de impulsar “intenciones desestabilizadoras”, mientras que referentes como Miguel Pichetto desestimaron esa mirada y remarcaron que el objetivo era “garantizar recursos razonables” para el Garrahan y las universidades en 2025.

El oficialismo había ofrecido debatir el tema en comisión desde la próxima semana, propuesta que fue desestimada por la mayoría opositora. La decisión parlamentaria deja firme las leyes y marca una derrota significativa para el Ejecutivo, en un escenario en el que el Congreso volvió a actuar como contrapeso central de la política nacional.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa “Vialidad” deberán afrontar, de manera solidaria, el pago de 684.990.350.139,86 pesos como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes en un fallo de 81 páginas validaron el monto actualizado y la metodología aplicada. El decomiso había sido fijado originalmente en poco más de 84 mil millones de pesos por el Tribunal Oral Federal N°2, y luego ratificado en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema. La actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elevó la suma a casi 685 mil millones.

La defensa de Fernández de Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó la resolución por considerar que convierte un cálculo provisorio en definitivo “que no puede ser controvertido por las partes”. Sostuvieron además que la elección del IPC vulnera derechos de defensa y resulta “arbitraria, infundada y contraria a jurisprudencia de la propia Corte”.

En sentido opuesto, el fiscal general Mario Villar había solicitado la ratificación del decomiso. Subrayó que se trata de una pena accesoria vinculada al direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, y sostuvo que “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas”. Según Villar, tanto el monto como la metodología fueron discutidos en todas las instancias judiciales y se encuentran firmes.

El contraste con el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, fue notorio: calculó que el monto debía rondar los 42.494 millones de pesos, apenas un 6% de lo confirmado por Casación. No obstante, el tribunal consideró sólidas las pericias oficiales y desestimó la impugnación.

Con este fallo, el proceso de ejecución del decomiso queda firme y abre una nueva etapa en la causa “Vialidad”, uno de los expedientes más relevantes en materia de corrupción vinculada a la obra pública en Santa Cruz.

En medio del debate por la emergencia pediátrica y la crisis de recursos en el sistema de salud, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunció que más de 40 mil millones de pesos de la institución fueron colocados en un fondo común de inversión del Banco Nación, según surge del balance financiero del año 2024.

El documento oficial del hospital, firmado por autoridades del Consejo de Administración, confirma la inversión: al 31 de diciembre de 2024 el Fondo Común Pellegrini acumulaba $40.605.494.979,11. Con intereses devengados, la suma superó los $44 mil millones. La cifra representa alrededor de un cuarto del presupuesto anual del hospital.

Desde el gremio sostienen que esos recursos provienen de la recaudación del llamado “tercer pagador”, es decir, lo que el Garrahan cobra a obras sociales y prepagas por aproximadamente el 35% de las prácticas que realiza. Según la secretaria general de la APyT, Norma Lezama, “ese dinero debería destinarse a infraestructura y, en gran parte, a un ítem denominado recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios. En cambio, se lo guardan en la timba financiera”.

La denuncia cobró mayor visibilidad tras un pedido de información pública presentado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien afirmó que “el superávit del Garrahan fue depositado íntegramente en un fondo de inversión, en lugar de reinvertirse en el hospital”.

El Consejo de Administración del Garrahan responde al ministro de Salud, Mario Lugones, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Hasta el momento, las autoridades del hospital no emitieron declaraciones públicas sobre el destino de los fondos ni sobre los cuestionamientos gremiales.

La política cambiaria del Gobierno dio un giro. Tras días de tensión en el mercado, el Banco Central intervino con ventas millonarias para mantener el dólar mayorista dentro de la banda establecida. La estrategia fue leída como el inicio de una “convertibilidad blue”, con el billete a $1.470 hasta las elecciones del 26 de octubre.

El cambio quedó en evidencia cuando apareció una orden de venta por USD 100 millones a $1.472, apenas por encima del techo. Horas más tarde, el director del BCRA, Federico Furiase, confirmó que el organismo había decidido intervenir.

Con esta medida, el Ministerio de Economía busca ofrecer al mercado un “carry trade” atractivo: dólar controlado, tasas en pesos del 60% y financiamiento con fondos del FMI. “Las bandas no existen más”, advirtió el ex viceministro Gabriel Rubinstein, crítico de la estrategia.

En el propio Palacio de Hacienda reconocen que el esquema es “agresivo” y que dependerá de que el Fondo avale el uso de reservas. “El FMI no lo ve con simpatía, pero no tiene otra opción”, señaló Rubinstein.

La política económica concentra ahora todo el poder en manos de Luis “Toto” Caputo, que además absorbió la negociación con gobernadores y maneja áreas clave como Presupuesto, Finanzas, Transporte, Energía y Obra Pública. Su figura se volvió central incluso frente a las internas que dividen a la Casa Rosada entre Karina Milei y Santiago Caputo.

El ministro promete mantener el dólar pisado hasta octubre, mientras negocia con el Fondo la posibilidad de liberar la flotación después de los comicios. Hasta entonces, la estabilidad del plan económico depende de su relación con los mercados.

Los gobernadores volvieron a la carga contra la Casa Rosada. Según denunciaron, en el primer semestre el Gobierno nacional recaudó alrededor de $350 mil millones por Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pero sólo giró $90 mil millones a las provincias.

Esto implica que el 75% de los recursos —unos $260 mil millones— quedaron en manos de Nación, algo que los mandatarios consideran ilegal. Los ATN, por ley, deben dividirse entre el Estado nacional y las provincias, con la obligación de distribuir parte de los fondos a las 23 jurisdicciones y a la Ciudad de Buenos Aires.

“Los fondos están en las cuentas, pero como son fungibles el Gobierno los usó para otros fines”, advirtieron. Además, remarcaron que si Nación no liquida los ATN, tampoco puede disponer de ellos.

La tensión se trasladó a la política. Gobernadores aliados habían sugerido a Milei permitir que avanzara la ley de ATN sancionada en el Congreso, que garantizaba un reparto automático. Sin embargo, el presidente vetó la norma mientras los mandatarios se reunían en Casa Rosada con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El reclamo provincial no es nuevo. Desde hace meses señalan que el superávit fiscal que exhibe el gobierno se sostiene en fondos que no fueron girados, lo que configuraría un “déficit encubierto” si se contabilizaran correctamente.

A la disputa por los ATN se suma otro frente: el manejo del impuesto a los combustibles, que debería destinarse a obras viales. Según denuncian los gobernadores, Nación se queda con la recaudación y no ejecuta las rutas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pierde a una de sus funcionarias más influyentes en un momento crítico para la Argentina. Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategia, Política y Revisión (SPR), confirmó que dejará su cargo antes de fin de año.

Su salida no pasó desapercibida: fue la responsable de firmar el documento en el que el propio organismo admitió que la deuda argentina es “prácticamente impagable”. El SPR, considerado el “cerebro” del Fondo, define la estrategia de préstamos y evalúa la sustentabilidad de los programas con países de alto riesgo de incumplimiento, entre ellos Argentina.

La renuncia de Pazarbasioglu se suma a otras bajas recientes en el FMI, como la de Gita Gopinath, ex número dos del organismo. Para analistas, estos cambios muestran las tensiones internas que genera el caso argentino, que acumula una larga lista de programas fallidos desde los años ochenta.

La relación entre Argentina y el FMI tiene un prontuario fronodoso. Desde los años ochenta, cada programa fue presentado como la gran solución para estabilizar la macroeconomía, y cada vez terminó en crisis: devaluaciones abruptas, inflación que se dispara, protestas sociales, metas fiscales incumplidas y refinanciaciones eternas. La desconfianza es mutua. Por eso la noticia del retiro de Pazarbasioglu tiene más peso simbólico que burocrático.

El historial de fracasos es largo. Christine Lagarde salió de escena después del fallido stand-by de 2018; David Lipton dejó el directorio tras la renegociación fallida y Gita Gopinath hoy saluda desde Harvard. La sensación en el staff es que cada vez que firman un acuerdo con Buenos Aires, firman también su renuncia.

Un técnico del Fondo admitió en off a La Política Online que “este naufragio es más fraudulento que el de 2018”, cuando Argentina recibió el préstamo récord. Según la misma fuente, la exposición actual equivale al 1300% de la cuota que el país tiene en el FMI, un nivel sin precedentes.

La economía argentina enfrenta un 2025 desafiante, con vencimientos que superan los 20 mil millones de dólares. En paralelo, la recesión, la inflación y la caída del consumo complican las chances del gobierno de cumplir las metas.

En este contexto, la salida de Pazarbasioglu tiene más peso simbólico que burocrático: cada crisis argentina se lleva consigo a funcionarios de alto rango del FMI.