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El Banco Nación preadjudicó a la empresa Tech Security, vinculada a los hermanos del diputado nacional Martín Menem, un contrato por $3.917 millones para servicios de seguridad en su sede central y otras dependencias. El acuerdo prevé una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de dos renovaciones.

Desde el entorno de Menem sostienen que el legislador transfirió su participación en la firma antes de asumir su banca, en diciembre de 2023. Sin embargo, en su declaración jurada presentada en noviembre de 2024 aún constaba que poseía el 15,66% de Tech Security, valuado en más de $91 millones al inicio del año. Esa participación fue luego omitida en el cierre del período.

La licitación se conoció días después de otra adjudicación relevante: en junio, la misma empresa obtuvo un contrato por $1.312 millones con el Hospital Universitario Fundación Favaloro. El oficialismo argumentó que se trató de una renovación de servicios ya prestados.

Tech Security también estuvo a cargo de la seguridad en el acto de presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park, en mayo de 2024. Aunque el gobierno aseguró que el costo del evento fue de $10 millones, versiones extraoficiales señalaron que la empresa habría facturado cerca de $35 millones. La falta de transparencia motivó incluso una aclaración pública de la editorial Planeta, desligándose de los gastos del evento.

Dentro del propio oficialismo, la maniobra generó tensiones. Según trascendidos, el presidente Milei expresó su malestar por el impacto mediático del contrato con el Banco Nación, en medio de disputas internas de su hermana Karina con sectores del riñón libertario, como Santiago Caputo y los propios Menem.

La adjudicación volvió a poner sobre la mesa un patrón que remite a los años noventa, cuando varios integrantes de la familia Menem fueron señalados por beneficiarse de vínculos estrechos con el Estado. Durante la presidencia de Carlos Menem, las privatizaciones, los contratos públicos y las designaciones familiares fueron eje de denuncias por conflictos de interés y presunto enriquecimiento. La repetición de este tipo de vínculos entre lo público y lo privado, aunque con nuevos protagonistas, plantea interrogantes sobre la continuidad de ciertas prácticas en la política argentina.

En su campaña presidencial, Javier Milei prometió “terminar con la casta” y cortar los privilegios de la política. Sin embargo, la continuidad de contratos millonarios entre el Estado y empresas vinculadas a familiares de altos funcionarios pone en duda la efectividad de esa promesa, y evidencia lo difícil que resulta, incluso para los «outsider», romper con las lógicas del poder.

En una conferencia de prensa realizada este jueves en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó el regreso de los hinchas visitantes a los estadios del fútbol argentino, luego de más de una década de restricciones parciales o totales en distintas categorías.

Según informaron desde AFA, el retorno se implementará de manera gradual y estará sujeto a un trabajo conjunto con los gobiernos provinciales, las fuerzas de seguridad y los clubes locales. “Vamos a garantizar que esto se haga con responsabilidad y cuidando la seguridad de todos los que amamos el fútbol”, afirmó Tapia.

El esquema prevé una prueba piloto en partidos seleccionados del torneo de la Liga Profesional, y posteriormente se evaluará su extensión al resto de las categorías. Cada jurisdicción definirá, junto con la AFA y el Ministerio de Seguridad nacional, los operativos necesarios para permitir el ingreso del público visitante, bajo estrictos controles de acceso y aforo.

Desde el organismo destacaron que el objetivo es “recuperar la esencia del fútbol argentino”, promoviendo una convivencia pacífica entre hinchadas y fortaleciendo el vínculo entre los clubes y sus simpatizantes.

El anuncio generó diversas reacciones en el ámbito deportivo y político. Algunas voces celebraron la medida como un paso hacia la normalización del espectáculo deportivo, mientras que otras advirtieron sobre los desafíos en materia de seguridad y prevención de violencia.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que eleva en un 7,2% los haberes jubilatorios y aumenta el bono mensual de $70.000 a $110.000. La norma fue aprobada con 52 votos afirmativos y ninguna oposición, en una sesión que dejó aislado al oficialismo, que intentó frenar la votación con maniobras legislativas y técnicas.

La suba alcanza a todas las jubilaciones y pensiones y busca recomponer parcialmente el poder adquisitivo de las y los jubilados, deteriorado por la inflación. Según los cálculos oficiales, con este incremento el haber mínimo pasaría de $379.294,79 a $441.564 (16,4% de suba), mientras que el haber máximo llegaría a $2.231.111. Quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarían $317.436, frente a los $247.436 actuales.

La sesión expuso la fractura del oficialismo: sus legisladores estuvieron en el recinto pero no votaron. La caída del sistema electrónico de votación forzó una definición a viva voz. La conducción quedó en manos de la senadora Silvia Sapag, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel se retiró del estrado por orden directa del Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada ya anunciaron que el presidente Javier Milei vetará la ley y, en caso de que el Congreso rechace ese veto, judicializarán el proceso. «Nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero», sostuvo el mandatario en redes sociales.

El proyecto, que había sido aprobado en Diputados en junio, también contempla formas de financiamiento: propone eliminar exenciones fiscales a directores de empresas y sociedades, nacionalizar fondos recaudatorios de registros automotores y reasignar partidas otorgadas a la ex SIDE. El costo fiscal estimado de la medida ronda el 0,7% del PBI.

En paralelo, el Congreso también restituyó por dos años la moratoria previsional, una herramienta clave para que personas sin 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación mínima. Sin esta moratoria, según advierte la oposición, 7 de cada 10 personas en edad de jubilarse quedarían excluidas del sistema.

Más allá de los montos, la votación del Senado se convirtió en un hito simbólico: una muestra de fuerza de los sectores que desde hace años reclaman condiciones más justas para las personas mayores en Argentina.

Este lunes 7 de julio, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la restitución del nieto 140, una nueva recuperación de identidad en el marco de su histórica labor por el derecho a la verdad. La organización convocó a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el caso.

La actividad se realizará a las 14 horas en el auditorio de la Casa por la Identidad, ubicada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en avenida Del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires.

Si bien aún no se han dado a conocer públicamente los datos del caso, la noticia fue difundida a través de las redes oficiales de Abuelas, donde señalaron: “Encontramos al nieto 140” y extendieron la invitación a medios y público general para acompañar el anuncio.

La restitución de una nueva identidad ocurre a casi 40 años de iniciado el trabajo de Abuelas, y refuerza el compromiso con la búsqueda de las más de 300 personas que aún faltan encontrar, nacidas durante el terrorismo de Estado y apropiadas en dictadura.

Desde Viento Sur Noticias seguiremos de cerca la información oficial que surja de la conferencia. La causa por la memoria, la verdad y la justicia continúa siendo un pilar de la democracia argentina.

La crisis del gas se profundiza en todo el país y deja al descubierto fallas estructurales en la política energética nacional. Hasta ayer, provincias como Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Neuquén seguían afectadas por cortes en el suministro, en plena ola de frío. Gobernadores e intendentes expresaron su malestar por la falta de coordinación y respuestas concretas del Gobierno de Javier Milei.

En este contexto, el Ejecutivo decidió fusionar el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con el de Electricidad (ENRE), dando origen al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. La medida, formalizada por decreto, reconoce las debilidades del sistema expuestas por la crisis. Los actuales interventores, Carlos Casares (Enargas) y Osvaldo Rolando (ENRE), continuarán en sus cargos hasta al menos julio de 2026.

La situación se tornó crítica en Mar del Plata, donde un corte histórico dejó sin gas a cientos de hogares y paralizó la actividad industrial y comercial. Dirigentes del peronismo apuntaron al freno de la obra de la planta compresora en Las Armas, que tenía un 80% de avance y hubiese evitado el colapso.

Además, se cuestiona la decisión del Enargas de modificar los parámetros de calidad del gas el año pasado, alineándose con intereses privados. La medida habría aumentado los riesgos de intoxicación con monóxido de carbono, una problemática en alza durante este invierno.

A la par de estas acciones, el Gobierno liberó los precios de las garrafas. Mediante el Decreto 446/2025, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se eliminaron los precios de referencia del Gas Licuado de Petróleo (GLP), en medio de una demanda que creció un 30% interanual, según la Cámara de Empresas Argentinas del sector. La medida se enmarca en una desregulación general del mercado, que también elimina restricciones a la importación y exportación del producto.

En muchas zonas del interior sin red de gas natural, las garrafas son la única fuente de energía. La liberación de precios genera preocupación en sectores vulnerables, que dependen de este insumo para calefaccionarse, cocinar y calentar agua en medio del frío extremo.

Frente a la parálisis nacional, las provincias patagónicas avanzan con soluciones propias. Esta semana, los gobernadores de Río Negro, Chubut y Neuquén firmaron un acuerdo para reactivar la ampliación del Gasoducto Cordillerano. La obra, que beneficiará a más de 15.000 viviendas, será financiada con recursos provinciales, ante la inacción de Nación.

“Esta vinculación profunda entre nuestras provincias nos permite concretar uno de los hitos más importantes de la Patagonia”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck. Sus pares Ignacio Torres y Rolando Figueroa destacaron la unidad regional y la necesidad de que el gas que se produce en la región llegue efectivamente a sus habitantes.

La crisis del gas pone en evidencia los límites del ajuste y la desregulación sin planificación. Mientras el Gobierno nacional reorganiza entes, elimina controles y guarda silencio frente a los reclamos, las provincias buscan asegurar el abastecimiento por su cuenta.

Un hombre señalado como uno de los diez narcos más buscados del país fue detenido esta semana en Haedo, provincia de Buenos Aires. Se trata de Gustavo Alejandro Bruzzone, un pequeño empresario que, pese a estar prófugo en una causa federal por narcotráfico, mantenía una activa militancia en redes sociales a favor de la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Bruzzone fue capturado por la Policía Federal cuando circulaba en un Peugeot 207 rumbo a visitar a un familiar. Quedó a disposición del juez federal Adrián González Charvay, de Campana, jurisdicción donde se inició la investigación a partir de un dato de la DEA estadounidense. La causa principal, sin embargo, se tramitó en Rosario, donde ya hay varios condenados por intentar enviar 1.658 kilos de cocaína a Europa a través del puerto local.

En agosto de 2022, los investigadores hallaron 1.515 kilos de cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros y otros 153 en un depósito cercano al puerto. La droga, proveniente de Colombia, iba a ser disimulada en cargamentos de maíz. Según las fuentes judiciales, Bruzzone fue contactado a último momento por la banda como “empresario pantalla”, con el objetivo de aparentar solvencia logística ante los narcos colombianos.

Pese a su baja participación, su nombre apareció en el listado de los más buscados. El grupo estaba liderado por Gabriel Nicolau y José “el Tano” Sofía, ambos con antecedentes penales y vinculaciones con redes de tráfico internacional. La operación fue desbaratada tras meses de seguimientos, escuchas y reconocimientos faciales. Entre los principales implicados también figuran tres ciudadanos colombianos: Gabriel Rojas Londoño —detenido en Dubái—, Newson Cheung Sabogal y Álvaro Antonio Ramírez Duque, ambos aún prófugos.

Lo curioso del caso Bruzzone es su exposición pública durante el tiempo que permaneció en fuga. No solo compartía contenido político en favor de Bullrich, sino que llegó a publicar una denuncia personal por un intento de robo a su familia, agradeciendo públicamente la supuesta intervención de la ministra.

Consultada por el periodista Agustín Ceruse, la ministra Bullrich respondió: “No lo recuerdo, le pregunté a mi equipo, nadie lo recuerda”. Y agregó: “El que las hace, las paga”.

Bruzzone fue capturado a casi dos años del hallazgo de la droga y tras la condena a otros miembros de la banda. Su rol, según la Justicia Federal de Rosario, fue “medio lateral” y sin peso en la toma de decisiones, lo que no impidió que su caso tomara notoriedad por su perfil político.

Fuente: LPO