Capacitaciones IPAP 2025: inscripciones abiertas para cursos virtuales

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Río Negro abrió las inscripciones para su ciclo de capacitaciones 2025. Los cursos son virtuales, autogestionados y abarcan diversas áreas clave para el desarrollo profesional de los agentes públicos.

Las opciones de formación incluyen:

Word y Excel Básico: herramientas esenciales para la gestión eficiente de documentos y cálculos administrativos.

Redacción de Documentos Administrativos: normativa y formatos para la correcta elaboración de documentos en la administración pública.

Comunicación Efectiva para la Ciudadanía: orientado a mejorar la atención en mesas de entrada y otros espacios de contacto con el público.

Curso de Ley Micaela: capacitación obligatoria en género y prevención de la violencia contra las mujeres.

Introducción a las Políticas Públicas: conceptos fundamentales sobre formulación, implementación y evaluación de políticas gubernamentales.

Planeamiento y Toma de Decisiones: estrategias para optimizar la planificación y la gestión en el ámbito público.

Seguridad e Higiene en el Trabajo – CYMAT en oficinas: conocimientos sobre condiciones laborales seguras en entornos administrativos.


Los cursos se dictarán a través del Campus de capacitación del IPAP y comenzarán el 7 de abril de 2025. La certificación será digital y contará con un código QR para su validación y verificación.

Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de abril, inclusive. Los interesados pueden registrarse a través del siguiente enlace: IPAP Inscripción 2025.

Edersa desmintió a legislador por una denuncia sobre tasas

La distribuidora eléctrica EdERSA desmintió las declaraciones del legislador provincial Luciano Delgado Sempé, quien había denunciado que la empresa aplicó tasas «usureras» a un usuario de General Roca en una refinanciación de deuda. La compañía aseguró que el diputado incurrió en un «grave error» y sostuvo que la persona en cuestión había sido multada por una conexión ilegal sin medidor.

El gerente comercial de EdERSA, Fernando Salice, explicó que el usuario señalado por Delgado Sempé fue detectado con un hurto de energía y que la sanción aplicada está contemplada en el Contrato de Concesión. «El legislador, sin querer o de manera deliberada, defendió a una persona que venía robando energía hace mucho tiempo», afirmó el directivo. También destacó que estos hechos revisten «gran gravedad» por el riesgo que implican para la seguridad pública.

Sobre el monto de la factura cuestionada, Salice explicó que la refinanciación mencionada por el legislador responde al esquema de cuotas para el pago de la multa y no a un esquema de intereses abusivos. Además, aseguró que la tasa de interés por financiación aplicada por EdERSA es «la más baja del mercado» y que los usuarios pueden optar por otros mecanismos externos para afrontar sus deudas.

Por su parte, Delgado Sempé había denunciado que un usuario de Roca solicitó la refinanciación de una factura de $97.000 y que EdERSA le aplicó intereses por $550.342, lo que representaría un incremento superior al 400%. «EdERSA actúa con total impunidad, aplicando tasas usureras a familias que apenas pueden afrontar el costo del servicio», había manifestado el diputado. Sin embargo, la empresa sostuvo que esa afirmación es errónea y que el monto corresponde a la penalización por fraude eléctrico.

Milei frena el ingreso de carne con hueso a la Patagonia: alivio en Río Negro y Neuquén

La fuerte resistencia de los gobernadores de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz logró que el Gobierno nacional suspendiera por 90 días la autorización para el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación. La medida, que había generado un rechazo unánime en la región, quedará en pausa mientras se abre una mesa de diálogo con los mandatarios provinciales.

Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, valoró la decisión y señaló la necesidad de trabajar en un plan sanitario sustentable que no ponga en riesgo más de dos décadas de control sanitario en la Patagonia. “Creemos que lo razonable es que la barrera se extienda hacia el norte del país y que un día toda la Argentina tenga un estatus sanitario unificado”, afirmó.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue el primero en anunciar la suspensión de la medida a través de sus redes sociales, luego de mantener conversaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Control y Fiscalización Agropecuaria (ARCA), Juan Pazo. “Durante los próximos tres meses trabajaremos en una mesa con los gobernadores de la Patagonia bajo tres ejes: potenciar las economías regionales, salvaguardar el estatus sanitario y garantizar que los consumidores no sean perjudicados en los precios”, precisó.

Desde el gobierno rionegrino, en tanto, cuestionaron el argumento del Ejecutivo nacional sobre la supuesta baja de precios que generaría la habilitación del ingreso de carne con hueso. “Nos quieren hacer creer que la carne va a bajar, pero no es cierto. No pasó con los cortes sin hueso que ingresan desde el norte de la barrera y tampoco va a pasar con el asado. Con el tiempo, los que ganarán serán los mismos empresarios del centro del país”, sostuvo el gobernador Alberto Weretilneck.

Actualmente, el 63% de la carne sin hueso que se comercializa en Río Negro proviene del norte de la barrera sanitaria y su precio no presenta diferencias significativas con la carne faenada en la región.

El rol de la barrera sanitaria

La barrera zoofitosanitaria en la Patagonia es clave para mantener la región libre de fiebre aftosa sin vacunación y de la Mosca de los Frutos, estatus reconocido a nivel internacional. Su control está a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a través de los Puestos de Control Interno (PCI), donde se inspeccionan alimentos y productos agropecuarios transportados en vehículos particulares y de carga.

El sistema permite que la producción patagónica de frutas, hortalizas y carne bovina y ovina acceda a mercados internacionales con ventajas competitivas. Por ello, el posible levantamiento de la restricción al ingreso de carne con hueso generó un fuerte rechazo en las provincias patagónicas, que temen perder ese diferencial sanitario.

Con la suspensión de la medida, el debate sigue abierto y la mesa de diálogo buscará definir el futuro de la sanidad agropecuaria en la región.

Salud: Hospitalarios denuncian aumentos insuficientes y exigen mejoras urgentes

El gremio de los hospitalarios de Río Negro, Asspur, convoca a una jornada de protesta este miércoles a las 11 de la mañana en todos los hospitales de la provincia. Además del impacto del último aumento salarial otorgado por el Gobierno, los trabajadores denuncian la falta de insumos, la precarización de los salarios y el deterioro de los servicios de salud.

Según las estimaciones del sindicato, la suba de mayo tendrá una incidencia de entre 100.000 y 130.000 pesos en las categorías más bajas de técnicos y profesionales no médicos de los hospitales de la provincia. Sin embargo, advierten que los sueldos siguen siendo insuficientes y exigen un salario de ingreso de 1.600.000 pesos, el blanqueo de sumas no remunerativas y la recomposición de la pirámide salarial. También demandan el pase a planta permanente de trabajadores contratados y el pago de recategorizaciones y retroactivos adeudados.

La protesta busca «dar visibilidad al malestar» de los trabajadores del sector, que denuncian que sostienen servicios precarios con sueldos bajos, enfrentan constantes «errores en las liquidaciones» y observan cómo las demandas del sistema público se transfieren al sector privado, provocando el cierre de servicios y la precarización de puestos de trabajo.

El aumento otorgado por el Gobierno incluye un 2,2% en el sueldo bruto con los haberes de febrero, seguido de subas del 1,5% en marzo, abril y mayo, acumulativas al mes anterior. Además, contempla una asignación fija de entre 30.000 y 50.000 pesos. Según cálculos del sector, el incremento total en cuatro meses rondará entre el 8,7% y el 10%, aunque Asspur sostiene que el impacto real debe analizarse en un período de siete meses, dado que los sueldos estaban congelados desde octubre.

En algunas regiones como la zona Andina, Línea Sur y Catriel, los trabajadores perciben un adicional por “zona inhóspita”, que varía entre los 50.000 y 100.000 pesos según la categoría. Asspur exige que el Gobierno de Juntos Somos Río Negro tome medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales y garantizar la calidad de la salud pública.

UNTER repudió la represión en la marcha de jubilados

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) expresó su rechazo a la represión ocurrida durante la movilización de jubilados en Buenos Aires, en la que fuerzas de seguridad intervinieron con gases y golpes contra los manifestantes.

Según el comunicado emitido por el gremio, la protesta pacífica se llevaba a cabo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, como ocurre cada miércoles, cuando efectivos de Gendarmería Nacional dispersaron a los manifestantes. Desde UNTER señalaron que la represión fue ordenada por el Ministerio de Seguridad y cuestionaron el uso de “todo el aparato represor del Estado” contra quienes reclamaban por una recomposición de sus haberes.

El gremio también denunció la agresión sufrida por el fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un gas en el rostro mientras realizaba su trabajo. En ese sentido, recordaron el caso de Carlos Fuentealba, el docente neuquino asesinado en 2007 durante una protesta, y calificaron la represión como una práctica de disciplinamiento social.

En el comunicado, UNTER convocó a organizaciones sociales, políticas y sindicales a repudiar la represión y a sumarse a las acciones previstas en el marco del plan de lucha nacional docente, que se llevará a cabo este 13 de marzo en todo el país. Además, reclamaron una distribución equitativa de la riqueza que garantice salarios dignos para los trabajadores activos y jubilados.

Muerte de una docente en Río Negro: el Gobierno rechazó la denuncia de Unter y defendió su accionar

La provincia calificó de «falaz y malintencionada» la acusación del gremio, que responsabilizó al Estado por el fallecimiento de María Isabel Millache. Aseguran que nunca se le negó una licencia médica y detallaron el procedimiento aplicado.

El gobierno de Río Negro respondió a la denuncia realizada por la Unter, que responsabilizó a la Provincia por la muerte de María Isabel Millache, una docente de 56 años del Valle Medio que padecía problemas de salud. A través de un comunicado, el Ejecutivo calificó la acusación sindical como «falaz y malintencionada» y detalló el proceso formal vinculado a su licencia médica y reubicación laboral.

Millache, quien ejercía en la escuela primaria de Chimpay y residía en Luis Beltrán, falleció recientemente, lo que generó conmoción en la comunidad educativa y motivó una fuerte crítica del gremio docente. Según Unter, la docente sufrió un importante cuadro de estrés luego de que se le negara la continuidad de su licencia médica y se la reubicara en la residencia estudiantil de mujeres de Luis Beltrán.

El Gobierno negó esta versión y aseguró que «nunca se le negó ninguna licencia». Explicaron que el 4 de diciembre de 2024, la Junta Médica de la Función Pública dictaminó que Millache podía realizar tareas con restricciones, por lo que se decidió su reubicación en la Residencia de Señoritas de Luis Beltrán. Sin embargo, ante gestiones de la Consejera Escolar ante el Consejo Provincial de Educación y dada su situación de salud, la docente fue eximida de la obligación de presentarse en esa institución.

El Ejecutivo provincial detalló que el 24 de febrero se dispuso su reubicación mientras se encontraba de licencia y que, desde entonces, realizaba tareas desde su domicilio sin necesidad de acudir a su lugar de trabajo. Además, señalaron que la docente manifestó su conformidad con esta decisión.

En el comunicado, el Gobierno también descartó cualquier vínculo entre este caso y la consultora Dienst, empresa encargada del Programa Control de Ausentismo, que en los últimos meses redujo significativamente la cantidad de licencias médicas en la administración pública. «Las disposiciones respecto de sus licencias estuvieron a cargo de la Junta Médica Provincial. La empresa encargada del control de ausentismo no dispuso ningún tipo de reubicación en este caso», aclararon.

Por último, indicaron que hasta la denuncia pública realizada por Unter, «no se registraron en el Consejo Provincial de Educación reclamos formales por este caso». La respuesta oficial refuta así varios aspectos señalados por el gremio, que en un comunicado y declaraciones a medios había responsabilizado al Estado por lo ocurrido.

Falleció una docente en Río Negro tras el rechazo de su licencia

La maestra María Isabel Millache murió a dos meses de jubilarse. Desde el gremio denuncian que el estrés por la negativa a su licencia médica agravó su situación.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) denunció al gobierno provincial tras la muerte de María Isabel Millache, una docente de 56 años de Luis Beltrán que padecía una grave enfermedad y a quien le rechazaron la licencia médica. Según el sindicato, la negativa del permiso generó un gran estrés en la trabajadora, que falleció este lunes cuando le faltaban solo dos meses para jubilarse.

Millache se desempeñaba en la Escuela Primaria N° 358 de Chimpay, y su fallecimiento generó un profundo pesar en la comunidad educativa. «Acompañamos a sus familiares en este dolor tan profundo», expresaron desde la institución en redes sociales. Desde Unter, en tanto, aseguraron que la docente no estaba en condiciones de trabajar y cuestionaron el sistema de auditorías médicas de la actual gestión de Alberto Weretilneck.

Mariela Romero Pouler, delegada de Salud de Valle Medio de Unter, relató que Millache atravesaba una compleja situación de larga data y que, a pesar de contar con licencias previas bajo el artículo 2, la junta médica de Choele Choel decidió reubicarla en la Residencia Estudiantil para Señoritas de Luis Beltrán. Según la gremialista, la docente necesitaba un andador de cuatro ruedas para movilizarse y hasta requería asistencia para sus necesidades básicas.

«Se resistía a ir a trabajar, no quería. Sabía que tenía que hacerlo y llegaba a la institución llorando», describió Pouler. Desde el gremio aseguraron que agotaron todas las instancias administrativas para revertir la decisión, pero tanto la junta médica como el Ministerio de Educación mantuvieron su postura.

Unter cuestionó duramente el sistema de licencias, al que calificó de «unilateral», y denunció que muchas veces obliga a los docentes a regresar a sus tareas sin estar en condiciones. También señalaron que se vulnera el derecho a transitar la enfermedad de manera digna, ya que se impide el acceso a tratamientos y reposo, exponiendo a los trabajadores a un deterioro de su salud.

«El gobierno pone énfasis en el ahorro sin medir las consecuencias. Por hacer oídos sordos, terminan agravando síntomas, perjudicando diagnósticos y generando nuevas patologías», sostuvieron desde el sindicato. Además, exigieron la derogación de las resoluciones 153/24 y 5154/24 de auditorías médicas, y pidieron que se regulen las juntas médicas en toda la provincia.

El fallecimiento de Millache generó una ola de mensajes de despedida y reclamos de justicia en redes sociales. «Siempre presente, compañera, te haremos justicia», escribieron colegas y allegados. Desde la seccional Valle Medio del gremio lamentaron su partida y apuntaron contra la «desidia estatal» en el manejo de las licencias médicas. «Nuestra salud no puede quedar en manos de tanta negligencia», concluyeron.

Ruta 151: Tragedias y un futuro incierto tras el recorte en Vialidad

El gobierno nacional dispuso la cancelación de todos los contratos de mantenimiento y obra pública en rutas nacionales, dejando sin servicios esenciales a las principales trazas del país. La medida, instruida por el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, fue comunicada a todas las gerencias del organismo mediante una nota en la que se argumenta la «situación económica financiera actual» como motivo para la finalización de los acuerdos vigentes.

La directiva ordena la rescisión de todos los contratos, sin importar su modalidad, incluyendo no solo la construcción y reparación de rutas, sino también el mantenimiento de iluminación en cruces, el desmalezamiento de banquinas y la señalización. Esta decisión generó preocupación en diversas provincias, cuyos funcionarios advierten sobre el agravamiento del deterioro de las rutas y los riesgos para los usuarios.

Un funcionario santafesino alertó que la resolución implica «dejar abandonadas todas las rutas». En Santa Fe, clave para la exportación de la cosecha argentina, los accesos a los puertos están en condiciones críticas y el gobierno nacional no solo evita repararlos, sino que tampoco los transfiere a las provincias para que afronten las obras con recursos propios. Un ministro de otra provincia afectada advirtió que detrás de esta postura podría haber un interés en futuras concesiones privadas.

El Ejecutivo libertario, luego de más de un año sin inversiones en infraestructura vial, había anunciado un plan para concesionar las rutas a privados, pero las licitaciones no avanzan. Campoy, quien ya ocupó un cargo en Vialidad durante el menemismo cuando se privatizaron numerosas rutas, asumió el control del organismo a mediados del año pasado tras la salida de Raúl Bertola. Fuentes cercanas indicaron que Bertola renunció al ver que el gobierno no tenía un plan claro para Vialidad.

Mientras la infraestructura vial se deteriora, la Ruta Nacional 151 se convirtió en un símbolo del abandono. En las últimas semanas, múltiples siniestros fatales expusieron el peligro de transitar por esta vía en estado crítico.

El sábado pasado, un hombre murió en un vuelco en el kilómetro 260 de la ruta, cerca de Algarrobo del Águila, La Pampa. La víctima, cuya identidad aún no fue confirmada, viajaba sola en un Ford Fiesta cuando perdió el control y volcó.

Días antes, una joven de 19 años perdió la vida en otro siniestro en el kilómetro 291 de la misma ruta, también en La Pampa. El Toyota Etios en el que viajaba junto a su madre y otra mujer volcó tras despistarse, dejando a las acompañantes con heridas de diversa gravedad.

Estos hechos se suman a otros dos vuelcos fatales ocurridos en febrero. El primero, el día 16, se cobró la vida de un hombre de 69 años que viajaba con su esposa rumbo a San Rafael, Mendoza. El segundo, el 19 de febrero, ocurrió en jurisdicción de Dique Ballester, donde una enfermera de 40 años de Cinco Saltos murió tras volcar con su Chevrolet Prisma.

En Catriel, la Ruta 151 es considerada una trampa mortal. La calzada destruida, la falta de mantenimiento y la ausencia de señalización han convertido cada viaje en una apuesta contra el destino. Durante 2024, la intendencia de Catriel debió destinar recursos municipales para realizar bacheos en un tramo de la ruta ante la inacción de Vialidad Nacional. Sin embargo, la magnitud del deterioro exige una repavimentación completa, un reclamo histórico de la comunidad que sigue sin respuestas.

A pesar de las constantes tragedias, las autoridades nacionales parecen priorizar otros intereses antes que la seguridad vial. Mientras la política provincial parece usar la ruta como moneda de cambio en negociaciones por Vaca Muerta, los habitantes de la región continúan arriesgando su vida en una traza cada vez más peligrosa.

18 años para llegar a juicio: piden perpetua para los condenados por el crimen de Otoño Uriarte

El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para los cuatro imputados por el secuestro y homicidio de Otoño Uriarte, la adolescente de 16 años cuyo crimen conmocionó a Río Negro. La audiencia de cesura se llevó a cabo este miércoles, y la lectura de la sentencia está prevista para el jueves 20 de marzo al mediodía.

Durante la audiencia, la fiscalía recordó que el pasado 5 de febrero el Tribunal de Juicio declaró por unanimidad a Maximiliano Lagos, José Hiram Jafri, Ricardo Néstor Cau y Germán Ángel Antilaf como coautores de la privación ilegítima de la libertad agravada, seguida de homicidio. “El Código Penal sanciona estos delitos con una pena de reclusión perpetua. Es una pena no divisible y es la más severa del catálogo penal”, argumentó la fiscal.

El Ministerio Público también destacó la gravedad de los hechos probados durante el juicio: la edad de la víctima, la forma en que se deshicieron del cuerpo y el estado en que fue hallado. Para respaldar el pedido de la pena máxima, se mencionaron testimonios de médicos forenses y allegados a la joven. “La pena solicitada es la única posible y es proporcional al daño causado”, afirmó la fiscalía.

Además, se solicitó que se mantenga la declaración de reincidencia de Jafri y que se compute la perpetua como pena única para Antilaf, quien ya cumple otras condenas. También se pidieron las costas del proceso para todos los acusados. La querella, en representación de la familia de Otoño, adhirió al pedido.

En contraposición, la defensa de Antilaf solicitó reducir la pena a 18 años, argumentando que la figura de coautoría no amerita prisión perpetua. La defensa de Jafri insistió en que la sentencia es arbitraria y anunció que apelará. Por su parte, el abogado de Cau y Lagos sostuvo que no consienten el veredicto de culpabilidad y que recurrirán la decisión ante el Tribunal de Impugnación.

Otoño Uriarte desapareció el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro y su cuerpo fue hallado seis meses después en un canal de riego en Cipolletti. La investigación, marcada por irregularidades, llevó 18 años en llegar a juicio. Durante todo ese tiempo, la investigación tuvo múltiples obstáculos, incluyendo la pérdida de pruebas, demoras en la causa y cambios en la dirección de la pesquisa. El 26 de noviembre de 2024 comenzó el proceso contra los cuatro acusados y el 5 de febrero de 2025 fueron declarados culpables. El fallo definitivo se conocerá el 20 de marzo.

Controlan los incendios en Río Negro y Chubut y ya no quedan detenidos por el origen del fuego

Los incendios forestales que afectaron miles de hectáreas en Río Negro y Chubut se encuentran controlados y en proceso de extinción. Luego de más de 30 días de intenso trabajo, brigadistas, bomberos y personal especializado lograron contener el fuego, sin riesgos de reactivación.

En El Bolsón, la emergencia se extendió por más de un mes y consumió 3.892 hectáreas de bosque nativo y plantaciones. En los momentos más críticos, más de 400 personas trabajaron en el operativo con el apoyo de siete medios aéreos y 50 unidades móviles, entre autobombas, camiones cisterna y equipos de ataque rápido. El gobierno de Río Negro anunció la puesta en marcha de un plan de reconstrucción para asistir a las familias y productores afectados, con la entrega de ayuda económica y trabajos de recuperación en la zona.

En Chubut, los incendios también han sido controlados, aunque el impacto ambiental y económico dejó daños significativos. Según información oficial, en el paraje Atilio Viglione se quemaron 2.000 hectáreas, con sectores productivos afectados.

Mientras los equipos continúan con las tareas de extinción final y relevamiento de daños, la justicia dejó en libertad a los últimos detenidos en relación con el origen del fuego, al no encontrarse pruebas suficientes para mantener las acusaciones.

En Río Negro, Nicolás Heredia, quien había sido arrestado el 5 de febrero en El Bolsón, fue liberado el pasado viernes luego de que la fiscalía no pudiera vincularlo con el inicio del incendio. Heredia, trabajador de la construcción en Senillosa, Neuquén, fue detenido bajo sospecha de portar una botella con combustible, aunque posteriormente se determinó que el recipiente no tenía sus huellas digitales y que el líquido era utilizado por brigadistas para motosierras.

En Chubut, la justicia modificó la prisión preventiva de Victoria Núñez Fernández, quien había sido arrestada bajo la sospecha de estar vinculada a los incendios en Corcovado. La geolocalización de su vehículo demostró que al momento del fuego se encontraba a 90 kilómetros de distancia. Su arresto formó parte de un operativo con múltiples allanamientos que incluyeron la participación de fuerzas especiales y equipos de comunicación oficiales.

Días después, la policía informó que en la estancia La Batea fueron detenidas tres personas que confesaron haber iniciado un incendio en el paraje Atilio Viglione por orden del propietario del establecimiento, con el objetivo de aprovechar la madera quemada y destinar el área a la ganadería. Los tres sospechosos fueron liberados con la única restricción de no salir del país durante seis meses, mientras que el nombre del estanciero que habría dado la orden no fue difundido.

A pesar de los esfuerzos locales para combatir el fuego, el contexto nacional muestra una disminución drástica en los recursos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el organismo encargado de coordinar la respuesta ante incendios en todo el país. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2024 se ejecutó apenas el 22% del presupuesto anual del SNMF.

El programa, que desde el 30 de diciembre de 2023 depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, había sido inicialmente asignado con $12.107 millones, pero tras los incendios en Córdoba de octubre se realizó una ampliación presupuestaria que elevó los fondos a $33.343 millones. Sin embargo, la ejecución efectiva fue menor a la de años anteriores, y en términos reales, considerando la inflación, en 2024 se gastó un 81% menos en el SNMF que en 2023.

Con los incendios controlados y las investigaciones en curso, las autoridades provinciales avanzan en la asistencia a los damnificados y en la evaluación del impacto ambiental y productivo que dejaron las llamas en la región, mientras el debate sobre la reducción de fondos para la prevención y el combate del fuego sigue abierto a nivel nacional.