Río Negro

Río Negro: el gobierno volverá a negociar salarios con estatales y crece la tensión en el sector de salud

por

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la provincia retomará el diálogo paritario con los gremios estatales durante el mes de abril. La medida responde a los reiterados reclamos de los sindicatos, que exigen revisar la pauta salarial acordada para el período febrero-mayo, en un contexto de inflación creciente y pérdida de poder adquisitivo.

“Seguramente en abril dialogaremos, pero no tengo la fecha aún. Tenemos el compromiso permanente con los distintos gremios de ir evaluando la economía nacional y el impacto en los bolsillos”, expresó Weretilneck tras el acto aniversario de Viedma.

Hasta el momento, la paritaria cerrada con ATE y Unter –no aceptada por UPCN– fijó aumentos escalonados del 2,2% y 1,5% en febrero y marzo, y dos incrementos adicionales del 1,5% para los meses siguientes. La inflación registrada en febrero fue del 2,4% y en marzo alcanzó el 3,7%, por lo que las subas pactadas resultan insuficientes para equiparar la suba de precios.

Uno de los sectores más afectados es el de salud pública, donde la tensión se mantiene elevada. ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro) presentó esta semana una solicitud formal al Gobierno provincial para conocer los alcances del desdoblamiento en el pago de horas extras, anunciado como una medida para evitar la retención del impuesto a las Ganancias en determinados conceptos.

Desde el gremio señalaron que la medida es solo paliativa y no resuelve el problema de fondo: los bajos salarios básicos y la creciente precarización laboral. “Es fundamental que cada trabajador no deba recurrir a interminables horas extras para subsistir”, indicaron sus referentes Marisa Albano y Cesira Mullally.

En paralelo, los reclamos se intensifican ante una problemática cada vez más visible: el aumento de hechos de violencia contra profesionales en hospitales y centros de salud. El caso más reciente fue en Bariloche, donde una médica resultó con fracturas en los dedos tras ser agredida por un paciente. “La crisis está implosionando hacia adentro de los hospitales”, advirtió Mullally.

En Catriel, la situación no es ajena. El hospital local fue escenario de un episodio de extrema violencia años atrás, cuando trabajadores debieron refugiarse tras la irrupción de un grupo armado en medio de una protesta. Las condiciones de trabajo, la falta de personal y los conflictos sin resolver generan un escenario de sobrecarga y riesgo permanente.

A pesar de la instalación de cámaras y presencia policial en algunos hospitales de la provincia, los profesionales insisten en que la respuesta es insuficiente. “Pedimos seguridad y nos trajeron dos trancas para la puerta”, ironizó una trabajadora de la salud.

Desde ASSPUR continúan reclamando una mesa de negociación específica para el sector sanitario, donde también se incluya a las empresas que prestan servicios de salud en zonas petroleras, como las que operan en Catriel. La discusión sigue abierta, y el llamado a paritarias previsto para abril será clave para definir el rumbo de los próximos meses.

Nombrar con respeto: cómo hablar de la discapacidad sin perder de vista a la persona

por

Nombrar de forma adecuada no es un detalle menor, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad. El lenguaje que utilizamos no solo refleja nuestra mirada sobre el mundo, sino que también puede consolidar prejuicios o, por el contrario, contribuir a una sociedad más inclusiva. Desde organismos como la Defensa Pública o asociaciones especializadas, se insiste en la importancia de anteponer siempre a la persona por sobre su condición.

Expresiones como “un discapacitado”, “un ciego” o “un chico Down” siguen apareciendo con frecuencia en medios de comunicación, redes sociales y conversaciones cotidianas. Pero su uso, advierten especialistas, refuerza estereotipos al reducir la identidad de una persona únicamente a su discapacidad, incluso cuando esta no es relevante en el contexto.

La forma correcta, sostienen, es referirse como “persona con discapacidad”. Esta denominación parte del modelo social de la discapacidad, adoptado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pone el foco en las barreras del entorno y no en una supuesta deficiencia individual. Fue, además, consensuada con personas que tienen discapacidad, lo que le otorga legitimidad y representatividad.



En cambio, frases como “persona con capacidades diferentes” son consideradas eufemismos que, lejos de aportar claridad, diluyen el enfoque de derechos. “Todos tenemos capacidades distintas, pero no todos enfrentamos barreras sistemáticas para participar en igualdad de condiciones”, señalan desde la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra). En su sitio oficial, remarcan: “La forma en que nos expresamos define y difunde maneras de ver el mundo y de entender a las personas. Esto tiene consecuencias en el respeto de los derechos”.

La Defensa Pública, que suele intervenir en casos donde las condiciones de discapacidad requieren de un abordaje integral, trabaja en red con familias, profesionales de la salud, servicios locales y organismos estatales. “El enfoque parte del respeto a la autonomía, la escucha activa y el acompañamiento en cada realidad concreta”, explican desde la institución.

Así, el lenguaje inclusivo no se trata solo de una corrección formal, sino de una herramienta para visibilizar, reconocer y respetar la diversidad. Porque, como sostienen desde distintos espacios, cada persona es mucho más que cualquier característica particular. Y nombrar bien es el primer paso para mirar mejor.

Weretilneck suma peso en la comisión investigadora por la cripto Libra mientras avanza la discusión por fondos con los municipios

por

El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck consolidó su estrategia política en dos frentes clave: en el Congreso Nacional, donde su respaldo fue decisivo para completar la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda Libra; y en el ámbito provincial, con un nuevo debate sobre la coparticipación de fondos y regalías petroleras entre la provincia y los municipios.

En el plano legislativo nacional, se confirmó el ingreso de Agustín Domingo (Río Negro) y Yolanda Vega (Salta) como representantes de Innovación Federal en la comisión que investigará el escándalo conocido como «criptogate». Aunque sus designaciones fueron presentadas fuera de término, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, les dio curso. Esto generó una fuerte reacción de parte de legisladores de Unión por la Patria, radicales y del Frente de Izquierda, que reclamaron formalmente su exclusión, al considerar que consolidan una mayoría alineada con el oficialismo y podrían diluir el alcance de la investigación.

La comisión quedó así con 28 miembros, 14 oficialistas y 14 opositores, como resultado de diversas maniobras de conformación de interbloques, entre ellas la impulsada por el kirchnerismo para incluir a la izquierda. La reacción no tardó: sectores pichettistas y del radicalismo evalúan modificar la resolución que dio origen a la comisión, antes de la interpelación al ministro Guillermo Francos prevista para el 22 de abril.

Mientras tanto, en Río Negro, Weretilneck avanza con un replanteo del esquema de distribución de fondos provinciales. La revisión de los coeficientes de coparticipación, basada en los resultados del último censo, apunta a reflejar el crecimiento poblacional de varias localidades, pero despierta resistencias.

Municipios como Dina Huapi, El Bolsón y Fernández Oro reclaman una actualización que contemple su expansión demográfica. “Crecimos de manera notable, hay que rediscutir”, expresó Hugo Cobarrubia, intendente de Dina Huapi. En contraste, otras ciudades temen perder participación. Un intendente peronista consultado en off advirtió sobre la falta de “consenso social” en torno a los datos censales.

A esto se suma la compleja discusión sobre las regalías petroleras. Actualmente, los municipios productores —entre ellos Catriel, Allen y General Roca— reciben el 35% del 10% de las ganancias provinciales por hidrocarburos. Pero el avance de Vaca Muerta en nuevas zonas abre la discusión sobre un reparto más equitativo y actualizado. “Producimos el 68% de los hidrocarburos y no recibimos lo que merecemos. Si vienen por las regalías, Catriel tendrá que pedir la remediación de los pasivos”, afirmó Daniela Salzotto, intendenta de Catriel, en la Fiesta Provincial del Petróleo del año pasado.

En ese marco, la Provincia ya recepcionó y aprobó proyectos de varias localidades. Entre ellas, General Roca (395 millones de pesos), Cipolletti (300), Cinco Saltos (129), Valcheta (45), San Antonio Oeste (91), El Bolsón (72), Ramos Mexía (39), Los Menucos (42) y Dina Huapi (41 millones de pesos). Las obras incluyen la reconversión a luminaria LED en Roca, la construcción de cordón cuneta en Cinco Saltos, la compra de maquinaria en Cipolletti y Dina Huapi, y mejoras en la infraestructura urbana de Las Grutas, Ramos Mexía y Los Menucos.

Según los nuevos cálculos del esquema de distribución petrolera, Catriel percibirá unos 720 millones de pesos. Salzotto anunció la semana pasada, un paquete de obras que incluye la pavimentación de la avenida Mosconi, trabajos de cordón cuneta en el barrio Cuatro Esquinas, la adquisición de un camión compactador de residuos y una minicargadora para servicios públicos. El paquete fue presentado ante la Comisión Especial del Ministerio de Gobierno y está a la espera de confirmación y transferencia de fondos para iniciar los procesos licitatorios.

El Ejecutivo provincial, a través de los ministros Fabián Gatti (Gobierno) y Gabriel Sánchez (Hacienda), trabaja en una propuesta que integre las nuevas realidades demográficas y productivas. “No hay manera de ser claros y transparentes sin una aplicación del censo”, sostuvo Weretilneck.

Con el Congreso como escenario de su influencia nacional y los municipios atentos a las definiciones provinciales, el gobernador juega una partida compleja en la que el equilibrio político y financiero será clave para sostener su proyecto.

Condena por daño moral a una empresa periodística por maltrato laboral

por

Una periodista con casi dos décadas de trayectoria en el diario «Río Negro» logró un fallo favorable en la Justicia laboral de General Roca, que ordenó a la empresa Editorial Río Negro S.A. indemnizarla por daño moral, al comprobarse que fue víctima de un entorno de trabajo «tóxico», caracterizado por presiones, maltratos y exigencias desmedidas que afectaron su salud psíquica. El tribunal fijó una compensación equivalente a cinco sueldos de su categoría, conforme al convenio FATPREN.

La sentencia reconstruyó la situación a partir del año 2017, cuando la empresa inició un proceso de reconversión hacia el entorno digital que incluyó despidos, cierre de corresponsalías y una reestructuración interna significativa. Bajo una nueva dirección periodística, encabezada por un profesional de trayectoria internacional, se instauró un modelo de gestión autoritario, según coincidieron varios testigos. Declararon que se promovía un sistema de trato desigual y sobreexigencias, con favoritismos y presiones constantes que superaban los límites razonables.

La periodista, que al momento se desempeñaba como editora, comenzó a experimentar síntomas de ansiedad, estrés y angustia. En agosto de 2017 sufrió una crisis que la obligó a retirarse del trabajo y, desde entonces, no pudo reincorporarse. Fue diagnosticada con un trastorno adaptativo moderado-grave y recibió tratamiento psicológico y psiquiátrico por más de un año.

El tribunal destacó que las declaraciones de excompañeros fueron coincidentes y detallaron un ambiente de reubicaciones arbitrarias, superposición de órdenes, llantos, ataques de pánico y hasta desmayos. Si bien no se acreditó un caso de acoso laboral o «mobbing» en sentido estricto, el fallo consideró que el entorno era lesivo de la dignidad laboral y constitutivo de hostigamiento generalizado.

Los magistrados remarcaron que el daño psíquico sufrido por la trabajadora fue verificado clínicamente y tuvo consecuencias personales y laborales. La jueza presidenta subrayó que la indemnización no tiene un carácter sancionatorio ni compensa un “precio del dolor”, sino que busca reparar simbólicamente el sufrimiento mediante recursos que contribuyan al bienestar.

En paralelo, la Justicia desestimó el reclamo por despido indirecto, al considerar que fue realizado en forma extemporánea. Señaló que pasaron casi dos años entre los hechos denunciados y la decisión de romper el vínculo, sin intimaciones previas ni comunicación del alta médica que pudiera haber activado el reintegro o el inicio del proceso formal de desvinculación.

La sentencia de primera instancia aún no está firme y puede ser apelada.

Rechazan bajar una cuota alimentaria: la Justicia consideró que el padre no hizo su máximo esfuerzo para aumentar ingresos

por

Un fallo judicial en El Bolsón rechazó el pedido de un hombre que solicitaba reducir la cuota alimentaria fijada para uno de sus hijos, argumentando dificultades económicas. La jueza consideró que no probó estar haciendo su máximo esfuerzo para incrementar sus ingresos y que no cumple tareas de cuidado ni otras responsabilidades parentales directas con el niño.

El hombre, integrante de la Policía de Río Negro, explicó que más del 60% de su salario está comprometido por obligaciones alimentarias hacia tres hijos de distintas parejas y que, junto a su actual pareja, cría un cuarto niño. Alegó no contar con vivienda propia, vivir en casa de sus suegros, tener un vehículo prestado y no poder realizar trabajos adicionales por incompatibilidades horarias.

Sin embargo, la jueza subrayó que el reclamo carece de elementos que acrediten fehacientemente una imposibilidad material de generar más recursos. “No se ha demostrado razón física o psicológica que le impida aumentar sus ingresos para poder asegurar el bienestar de todos sus hijos sin detrimento para ninguno de ellos”, señala la sentencia.

El fallo también remarcó la ausencia de documentación que permita verificar su jornada laboral, si realiza horas extras o si tiene ingresos complementarios. “No se acredita ni las horas que dedica a su trabajo, si hace o no horas extras, o si tiene algún otro ingreso que permita convencerme de que está realizando su máximo esfuerzo para sostener a los hijos que tiene”, sostuvo la magistrada.

El pedido se basó en modificar una cuota homologada cuando el niño tenía seis años. Hoy cursa el primer año del secundario, practica fútbol y participa de actividades extracurriculares. La madre indicó que el gasto mensual supera los 450 mil pesos y que, si bien el niño cuenta con obra social, no siempre pueden acceder a prestaciones porque el padre no comparte las claves de acceso necesarias.

El peritaje del Cuerpo de Investigación Forense y peritos oficiales concluyó que el progenitor conformó una nueva familia y que el hogar cubre las necesidades básicas, aunque no tiene capacidad de ahorro. El informe detalló que el 55% de su salario se destina a cuotas alimentarias, pero también subrayó que el cuidado diario de sus otros hijos recae exclusivamente en sus madres. “Su colaboración con las crianzas se circunscribe casi exclusivamente a su aporte económico”, se indicó.

La jueza descartó que la conformación de una nueva familia justifique una reducción en la cuota vigente. “Esa decisión personal y libre de formar un nuevo grupo familiar y la existencia de un nuevo hijo lo obliga a realizar mayores esfuerzos para generar más recursos”, sostuvo. Y agregó que el padre “debe redoblar los esfuerzos para cubrir la asistencia, alimentación y educación” del hijo con el que no convive.

La sentencia concluyó que no hubo cambios que justifiquen una modificación a la baja. Por el contrario, remarcó que las condiciones que motivaron la cuota inicial no solo persisten, sino que se agravaron con el crecimiento del niño.

Audiencia pública: EdERSA solicita un aumento del 13% en la tarifa eléctrica

por

Este lunes 31 de marzo a las 10 horas se llevará a cabo la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para evaluar el pedido de incremento tarifario presentado por la distribuidora EdERSA. La sesión se desarrollará de manera virtual y podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial del organismo (www.eprern.gov.ar).

La empresa argumenta que la solicitud responde a la necesidad de cubrir los costos derivados de la reposición de infraestructura dañada por eventos climáticos extremos, como los incendios en El Bolsón y el temporal que azotó el Alto Valle a principios de año, con epicentro en Allen y Fernández Oro. Estas emergencias requirieron la instalación de nuevos postes, transformadores y líneas eléctricas, así como la ejecución de operativos técnicos de emergencia.

Desde EdERSA también señalaron que su tarifa es baja en comparación con el mercado que atiende, caracterizado por una gran dispersión geográfica y una baja densidad demográfica. Según el gerente general de la empresa, Fernando Barreto, la compañía opera en un área de 203.000 kilómetros cuadrados con apenas un usuario por kilómetro cuadrado, lo que encarece significativamente los costos de distribución en comparación con otras distribuidoras del país, como Edenor, que atiende 700 usuarios por km², o EdEMSA, de Mendoza, con 4 usuarios por km². Además, cuestionó estudios que posicionan las tarifas de EdERSA entre las más altas del país, señalando que no contemplan variables fundamentales del sector eléctrico ni discriminan entre distintos segmentos tarifarios.

En respuesta a estos argumentos, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Regina cuestionó la falta de transparencia en los números de la empresa y comparó la situación con otras provincias. «Si seguimos la lógica de EdERSA, Santa Cruz o La Rioja deberían tener tarifas mucho más elevadas, ya que tienen menor densidad de población, pero ambas cuentan con tarifas tres veces más bajas», señalaron desde la entidad.

Asimismo, la Cámara expresó dudas sobre el rechazo de EdERSA al estudio de la UBA y el Conicet sobre el costo de la energía en Río Negro, indicando que, aunque no conocen la metodología exacta utilizada, «es la única fuente de información confiable con la que contamos, ya que tanto EdERSA como el EPRE esconden los números reales».

En un llamado a la transparencia, el sector comercial invitó a la empresa a presentar sus datos ante los representantes empresariales de la región. «Si realmente EdERSA tiene una tarifa baja, es muy sencillo comprobarlo. Solo necesitamos que nos faciliten el libro de IVA, el archivo Excel que deben entregar al EPRE mensualmente y las facturas de CAMMESA», remarcaron, fijando una reunión para el jueves 27 en la sede de la Cámara. «Si estamos equivocados, no dudaremos en rectificarnos», concluyeron.

Por su parte, la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Roca llamó a la participación activa en la audiencia pública y pidió a los usuarios que se inscriban para exponer su situación. «Necesitamos que los usuarios se anoten, que haya muchas personas que expongan sus realidades. Es la realidad de muchos comerciantes, grandes o pequeños, que no pueden pagar la energía. Esta es una instancia para expresarnos, si no la utilizamos después no nos podemos quejar», expresaron desde la entidad.

Desde el EPRE aseguraron que la solicitud de aumento será analizada en profundidad para determinar si corresponde aprobarla en su totalidad, parcialmente o rechazarla, en función del contexto económico y su impacto en los hogares rionegrinos. El presidente del organismo, Juan Justo, enfatizó que aún no hay una definición tomada. «Buscamos garantizar la calidad y continuidad del servicio, pero también cuidar el bolsillo de los usuarios», afirmó.

Las personas interesadas en participar o seguir la transmisión podrán hacerlo a través del sitio oficial del EPRE, donde también se encuentra disponible toda la documentación técnica relacionada con el expediente tarifario. No es necesario inscribirse para visualizar la audiencia.

Médicos en Río Negro: denuncias por explotación laboral y dudas sobre las incorporaciones

por

El Gobierno de Río Negro anunció la incorporación de 89 médicos especialistas al sistema de salud provincial, destacando la convocatoria nacional lanzada en 2024 para reforzar áreas críticas como Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Neonatología y Clínica Médica. Sin embargo, el gremio Asspur denunció que el número de ingresos es insuficiente y que persisten decenas de vacantes sin cubrir, lo que pone en duda la efectividad del plan oficial.

El conflicto se intensificó cuando el médico Ignacio Gómez, cuya imagen fue utilizada en la difusión del anuncio, reveló que había renunciado hace un mes por lo que calificó como «explotación laboral». A través de sus redes sociales, el profesional aseguró que “el sistema público está en la miseria” y que “las condiciones laborales son indignas”. Asspur respaldó su testimonio y acusó al Gobierno de presentar cifras engañosas para ocultar la crisis en el sector.

Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Demetrio Thalasselis, se ratificó la incorporación de los 89 profesionales, pero sin detallar en qué hospitales prestarán servicio ni si provienen del sector privado o de otras provincias. Extraoficialmente, se conoció que de los más de 400 postulantes que enviaron su currículum, solo el 22% fueron efectivamente contratados. Según fuentes gremiales, muchas de las vacantes no se cubrieron debido a la competencia con otras provincias y a las dificultades para radicarse en zonas alejadas o con altos costos de vida, como Bariloche.

El sindicato también cuestionó las condiciones salariales. Según Asspur, el sueldo de 3,5 millones de pesos prometido por el Gobierno solo es alcanzable con horas extras y guardias adicionales, lo que incrementa la sobrecarga laboral. Además, denunciaron que el Estado solo reconoce especialidades avaladas por la Coneau, dejando fuera a numerosos profesionales con posgrados no homologados.

El tema llegó a la Legislatura, donde la diputada Ayelén Spósito (Vamos con Todos) presentó un pedido de informes para conocer en detalle la cantidad de médicos incorporados, sus especialidades y los hospitales en los que fueron asignados. Mientras el oficialismo insiste en que la salud es una prioridad y que el ingreso de profesionales sigue en marcha, los gremios advierten que la crisis en el sector continúa y que las renuncias seguirán aumentando si no se mejoran las condiciones de trabajo.

Tarifas y costos: el argumento de EdERSA en la previa de la audiencia pública

por

A pocos días de la audiencia pública extraordinaria en la que la distribuidora eléctrica EdERSA solicitará una recomposición de costos, el gerente general de la compañía, Fernando Barreto, defendió la estructura tarifaria de la empresa y señaló que el servicio opera en un mercado con “una enorme dispersión y una muy baja densidad demográfica”.

El lunes 31, el Ente Regulador de la Electricidad de Río Negro convocó a una audiencia pública extraordinaria para evaluar el pedido de EdERSA, que reclama una actualización por inflación y un reconocimiento por las inversiones realizadas tras dos desastres climáticos ocurridos a comienzos de este año: el tornado que afectó al Alto Valle en enero y los incendios en la cordillera rionegrina días después.

Barreto cuestionó estudios que ubican a las tarifas de EdERSA entre las más caras del país y apuntó contra un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, asegurando que su metodología no es clara y que no contempla diferencias clave como los órdenes tarifarios comerciales e industriales. “El VAD (Valor Agregado de Distribución) de Río Negro no es de los más altos del país en ninguno de los segmentos”, sostuvo.

Desde la empresa argumentan que la prestación del servicio eléctrico depende de una economía de escala, donde el costo de infraestructura y mantenimiento se distribuye entre la cantidad de usuarios. Barreto explicó que EdERSA opera en un área de 203.000 kilómetros cuadrados con apenas un usuario por kilómetro cuadrado, mientras que distribuidoras como Edenor tienen 700 usuarios/km², la mendocina EdEMSA alcanza los 4 usuarios/km² y la cooperativa Calf supera los 120 usuarios/km². “Los costos operativos de EdERSA son significativamente más altos porque la empresa debe garantizar el servicio en todo el territorio rionegrino, sin importar la dispersión geográfica”, enfatizó.

El gerente general de EdERSA también destacó que los principales aumentos en la factura eléctrica provinieron del costo mayorista de la energía, con subas del 500 al 600% definidas por el gobierno nacional, y remarcó que la tarifa de la empresa aún no recuperó el impacto total de la inflación.

Reconfiguración política en Río Negro: nuevos alineamientos y estrategias en el escenario electoral

por

El panorama político de Río Negro se encuentra en plena reconfiguración con el surgimiento de nuevas alianzas, el reposicionamiento de los partidos tradicionales y la consolidación del espacio libertario en la provincia.

Una de las novedades es el avance del autodenominado «peronismo razonable», un sector que busca equilibrar su relación con el gobernador Alberto Weretilneck y diferenciarse del camporismo de Martín Doñate. La agrupación, que tuvo su primer encuentro formal en Viedma, cuenta con intendentes como Albino Garrone (General Enrique Godoy), Daniel Hernández (Campo Grande) y Gustavo “Tavy” Sepúlveda (Chimpay), además de legisladores como Luis Ivancich y Pedro Dantas, quien se perfila como el principal articulador con el oficialismo provincial. También integran el espacio referentes municipales de distintas localidades y figuras del Frente Grande.

El grupo busca alejarse de la postura opositora permanente y fomentar el diálogo con la administración provincial, en línea con el «gran acuerdo rionegrino» de 2023, que se rompió tras el distanciamiento de Weretilneck con el kirchnerismo. En clave electoral, Garrone enfrentará en abril la renovación de bancas en el Concejo Deliberante de Godoy, en una disputa que lo enfrenta tanto con el oficialismo provincial como con sectores peronistas opositores.

Por otro lado, la Unión Cívica Radical transita su propio proceso de definición, dividida entre quienes sostienen la alianza con Juntos Somos Río Negro (JSRN) y los sectores que buscan un acercamiento a La Libertad Avanza (LLA). La UCR, que tiene representación en el gobierno provincial con figuras en organismos clave como el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), apuesta a consolidar su presencia en los municipios que renuevan autoridades en abril y a definir su estrategia para las elecciones nacionales de octubre.

Mientras un sector de la dirigencia radical impulsa la reedición del acuerdo con Weretilneck, otros referentes, como la exconcejala Genoveva Molinari en Viedma, exploran alternativas con la Libertad Avanza. La interna radical se dirimirá en junio con la elección de nuevas autoridades partidarias, en un contexto de definiciones sobre las alianzas electorales de cara a 2025.

En este reacomodamiento político, La Libertad Avanza busca consolidarse como una opción con estructura propia en la provincia. En un acto en Cipolletti, el espacio proclamó a Lorena Villaverde como presidenta del partido en Río Negro, con el respaldo de las diputadas nacionales Lilia Lemoine y María Celeste Ponce. Villaverde enfatizó el crecimiento del espacio libertario y su compromiso con la “vida, la libertad y la propiedad”, apostando a una fuerte presencia en las elecciones legislativas de 2025.

La dirigente libertaria también destacó la importancia de Río Negro en la matriz energética nacional y reivindicó la gestión del presidente Javier Milei, asegurando que la provincia “ya eligió un cambio de rumbo” en 2023 y lo reafirmará en 2025. Con un discurso de confrontación contra el kirchnerismo y los gobiernos anteriores, el sector libertario busca capitalizar el descontento y afianzar su crecimiento en la provincia.

Con estos movimientos, Río Negro se encamina a un año electoral donde los realineamientos políticos y las estrategias de cada sector marcarán el pulso de la contienda. El peronismo intenta reorganizarse, la UCR define su futuro entre la alianza con Weretilneck o un giro hacia el libertarismo, y La Libertad Avanza se posiciona como una alternativa con ambiciones de crecimiento.

Fuente: Ariel Boffeli (Letra P)

EdERSA solicita un aumento del 13% en la tarifa de luz en Río Negro: convocan a audiencia pública

por

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de Río Negro convocó a una audiencia pública virtual para el 31 de marzo con el objetivo de analizar el pedido de aumento tarifario presentado por la distribuidora EdERSA. La empresa solicita un ajuste del 13% en la tarifa media, argumentando incrementos en costos operativos y la necesidad de inversiones extraordinarias para la restitución del servicio tras eventos climáticos adversos.

La audiencia, convocada mediante resolución del EPRE el 26 de febrero, se llevará a cabo desde la sede central del ente regulador en Cipolletti, ubicada en 9 de Julio 174, y comenzará a las 10 horas. La participación será exclusivamente de manera virtual o remota. Los interesados en exponer deberán inscribirse previamente en la web del EPRE (www.eprern.gov.ar), mientras que los oyentes podrán seguir la transmisión sin inscripción.

EdERSA argumenta que la suba es necesaria debido al incremento en los costos de materiales esenciales como transformadores, medidores y cables. También destaca que los eventos climáticos recientes, como el temporal en el Alto Valle con epicentro en Allen y Fernández Oro, y los incendios en El Bolsón, provocaron daños severos en la infraestructura eléctrica. La reposición de postes, cables y transformadores, sumada a los operativos de emergencia para restablecer el servicio, representó una inversión extraordinaria que, según la empresa, no ha sido contemplada en la tarifa actual.

El presidente del EPRE, Juan Justo, explicó que la audiencia servirá para evaluar detalladamente los fundamentos del pedido y brindar un espacio de participación a los usuarios. Aunque EdERSA plantea un ajuste del 13%, el organismo regulador deberá analizar el impacto real en las tarifas para garantizar la sustentabilidad del servicio sin afectar la economía de los hogares.

Tarifas de luz y gas en Río Negro y Neuquén: entre las más altas del país

El pedido de EdERSA se da en un contexto en el que las tarifas de luz y gas en Río Negro y Neuquén ya figuran entre las más altas del país. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), la factura promedio de electricidad para un usuario residencial de altos ingresos (N1) alcanza los 85.170 pesos en Río Negro y 90.757 pesos en Neuquén, valores que superan ampliamente el promedio nacional de 58.164 pesos.

Uno de los principales factores que explican esta diferencia es el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa una parte sustancial de la factura. En Río Negro, el VAD es de 17.800 pesos por megavatio-hora (MWh), mientras que en Neuquén se ubica en 18.300 pesos, ambos por encima del promedio nacional de 15.200 pesos. En comparación, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el peso del VAD es menor, la tarifa promedio para usuarios N1 es de 37.122 pesos.

El gas también muestra costos elevados en la región. A pesar de la cercanía con los yacimientos de producción, los gastos de transporte y distribución impactan en las tarifas. En marzo de 2025, el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se ubicó en 3,80 dólares por millón de BTU (MMBTU), con facturas promedio de 25.900 pesos en Río Negro y 27.100 pesos en Neuquén para usuarios N1, cifras superiores al promedio nacional de 20.492 pesos.

Según el informe del IIEP, en estas provincias el VAD y los costos de transporte explican más del 50% del precio final en las facturas residenciales. Para los usuarios de ingresos medios (N3), el VAD representa el 42% de la factura total, mientras que en los hogares de ingresos bajos (N2) alcanza el 55%.

El alto costo de la energía en la Patagonia responde a la extensa infraestructura de distribución, la menor densidad de usuarios por kilómetro de red y el impacto de factores climáticos en la operación del servicio. Con este escenario de tarifas elevadas, la audiencia pública del 31 de marzo será clave para definir el futuro del cuadro tarifario en Río Negro.