Petróleo en la mira: Río Negro extiende concesiones y se enciende el debate

La Legislatura de Río Negro aprobó la prórroga por diez años de dos contratos de concesiones hidrocarburíferas en la provincia. Ambas iniciativas fueron sancionadas por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra en el caso del acuerdo con la empresa Petróleos Sudamericanos SA para la explotación de las áreas “Barranca de los Loros”, “El Santigueño”, “Bajo del Piche” y “El Medanito”. La segunda concesión, que involucra a las empresas Petróleos Sudamericanos SA y JCR SA en las áreas “Centro Este” y “Loma Montosa Oeste”, obtuvo 30 votos afirmativos y 15 negativos.

La legisladora oficialista Lorena Yensen explicó que los contratos corresponden a explotaciones de pozos maduros ubicados en el norte de la provincia y detalló que el primer acuerdo prevé una inversión de casi 70 millones de dólares, mientras que el segundo contempla 26 millones de dólares. Además, se estableció un aporte complementario del 3% mensual sobre la producción de gas y petróleo, que se suma al 12% de regalías. También se incluyeron aportes para infraestructura en educación y salud por 966 mil dólares en el primer contrato y 400 mil dólares en el segundo.

El bono de prórroga que las empresas pagarán a la provincia asciende a 4,8 millones de dólares en el primer caso y 2 millones en el segundo. Yensen destacó que Río Negro es la única provincia que coparticipa este bono con los municipios, asegurando que el gobierno mantiene una mirada “municipalista” en la distribución de los fondos.

Desde la oposición, hubo fuertes críticas a la falta de un seguro de caución ambiental en el acuerdo. Legisladores del bloque Pro Unión Republicana, como Juan Murillo y Juan Martín, manifestaron su rechazo por la ausencia de esta garantía, señalando que la ley provincial exige su inclusión. Martín aseguró que si bien su espacio no es “fundamentalista” en materia ambiental, sí exige que “se cumpla la ley” en lo que respecta a la protección de los recursos naturales.

Por su parte, Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, también votó en contra y cuestionó que la inversión acordada es considerablemente menor a la de la renegociación de 2015, cuando se pactaron 361 millones de dólares, un bono de 9 millones y un aporte social de 1,8 millones de dólares. Según la legisladora, la cifra actual es de 96 millones en total, con un bono y aportes reducidos a 8,2 millones. Además, criticó que al optar por una prórroga, el gobierno evitó la convocatoria a audiencias públicas y la evaluación del cumplimiento de compromisos ambientales y laborales previos.

Desde el oficialismo, Facundo López defendió los contratos y aseguró que la ausencia del seguro de caución ambiental no representa una irregularidad, ya que ninguna provincia petrolera lo aplica. Explicó que la normativa vigente establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de Ambiente definen estas regulaciones. López destacó que el acuerdo permitirá mantener la producción en pozos convencionales, sostener el empleo en pequeñas y medianas empresas del sector y garantizar fondos para obras en los municipios.

El impacto de la prórroga de los contratos petroleros también generó debate en Catriel, uno de los municipios directamente vinculados a la actividad hidrocarburífera. La intendenta Daniela Salzotto valoró la decisión de la Legislatura y la consideró una oportunidad para exigir el cumplimiento del 80/20 en la contratación de mano de obra local y fortalecer la participación de proveedores catrielenses en la industria. «Hay que seguir exigiendo que cualquier empresa que se radique dé prioridad a los trabajadores de la ciudad», enfatizó, señalando que mantiene contacto con los gremios para coordinar estrategias conjuntas en este sentido.

Por otro lado, la concejala Juana Cárdenas (JSRN) planteó una visión crítica respecto al uso que el municipio podría darle a estos fondos. Aseguró que muchas de las obras anunciadas por Salzotto dependen de los recursos provenientes de la prórroga de los contratos petroleros y advirtió que aún no hay detalles claros sobre su ejecución. En este contexto, también cuestionó el discurso de la intendenta en la apertura de sesiones ordinarias, al considerarlo más un balance de gestión que una presentación de planes concretos para el año en curso.

La prórroga de estas concesiones sigue generando debate tanto en la Legislatura como en los municipios petroleros, donde los distintos sectores políticos discuten sobre su impacto en el empleo, la inversión y el desarrollo local.

Weretilneck en Londres: Río Negro busca inversiones en energías limpias y logística para Vaca Muerta

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, formó parte de la Misión Comercial de Energía Argentina-Reino Unido en Londres, un encuentro destinado a promover inversiones británicas en el sector energético argentino. Acompañado por su par de Neuquén, Rolando Figueroa, expuso sobre el rol estratégico de la provincia en la logística para la exportación de hidrocarburos y la transición hacia energías limpias.

La actividad fue organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Británica, la Cámara de Comercio Británica-Argentina en Londres (BACC) y las embajadas de ambos países. Durante su desarrollo, los gobernadores participan de reuniones con ejecutivos de empresas privadas, bancos de inversión y organismos de cooperación tecnológica.

Weretilneck y Figueroa coincidieron en la necesidad de fortalecer la integración entre ambas provincias, posicionando a Neuquén como productora de hidrocarburos y a Río Negro como un actor clave en la infraestructura y logística necesarias para la exportación de petróleo y gas. En este contexto, se busca atraer capital británico para potenciar proyectos de GNL, transición energética y energías renovables en la región.

Entre las actividades previstas, la delegación argentina visitará sedes de empresas, el Parlamento Británico y participará en el «Argentina Day», un evento en la Residencia Oficial Argentina en Londres que reunirá a bancos, compañías del sector Oil & Gas, consultoras y actores clave en el desarrollo energético internacional.

Contratos petroleros: Río Negro define el futuro de seis áreas clave

Este viernes, la Legislatura de Río Negro tratará la prórroga de concesiones petroleras en seis áreas de explotación ubicadas en el norte de la provincia. Los acuerdos involucran a las empresas Petróleos Sudamericanos SA y JRC SA, y contemplan inversiones por 95,69 millones de dólares, además de un aporte adicional de 8,2 millones de dólares destinado al desarrollo social.

En la jornada previa, las secretarias de Hidrocarburos y de Ambiente y Cambio Climático, Mariela Moya y María Judith Jiménez, expusieron ante un plenario de comisiones los detalles de los convenios firmados en enero por la titular de Energía, Andrea Confini. Durante la reunión, se abordaron aspectos relacionados con la explotación y el estado de la remediación ambiental. Según informaron las funcionarias, entre el 80% y el 85% de los pozos han sido remediados y el plazo para completar el proceso se extiende hasta 2027. También señalaron que las empresas han priorizado la contratación de mano de obra local, un punto que ha cobrado relevancia en el marco del conflicto con las firmas que construyen el oleoducto Vaca Muerta Sur.

Las concesiones en debate incluyen las áreas Centro Este, Loma Montosa Oeste, Bajo del Piche, Barranca de los Loros, El Medanito y El Santiagueño, donde la actividad es mayormente petrolífera. La discusión en la Legislatura tiene implicancias directas en la actividad económica de la provincia y en localidades con una fuerte vinculación con el sector hidrocarburífero, como Catriel.

En la misma sesión, los legisladores tratarán modificaciones en los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal Administrativo de la provincia, tras la detección de inconsistencias normativas en las leyes aprobadas el año pasado. También está prevista la evaluación de la propuesta para designar a Gastón Renda como Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas, en reemplazo de Pedro Sánchez.

Tarifazo eléctrico en Río Negro: denuncias cruzadas y un fuerte impacto en los usuarios

El anuncio de un aumento en la tarifa eléctrica en Río Negro generó un fuerte cruce entre el legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, la empresa EdERSA y la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN). Según el cuadro tarifario publicado el 17 de febrero, el Valor Agregado de Distribución (VAD) registró un incremento del 19% para los meses de enero y febrero, lo que provocó reclamos desde distintos sectores.

Delgado Sempé denunció que el aumento fue autorizado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) con el consentimiento del gobernador Alberto Weretilneck y lo calificó como un «nuevo saqueo al pueblo rionegrino». Según el legislador, el ajuste no tiene justificación económica, ya que la inflación en el mismo período se mantuvo por debajo del 5% y la variación del tipo de cambio en torno al 4%.

Desde EdERSA negaron que haya habido un nuevo aumento y desmintieron las acusaciones del legislador. La empresa afirmó que entre diciembre y enero el incremento fue del 0,2% y entre enero y febrero del 6%, destacando que en la comparación interanual 2024-2025 quedaron un 15% por debajo de la inflación. Además, sostuvieron que el ajuste responde a una recomposición tarifaria por pérdida inflacionaria y que aún restan nueve puntos para alcanzar el equilibrio.

Por su parte, la FEERN expresó su preocupación por el impacto de los aumentos en el sector comercial y en los hogares rionegrinos. Walter Sequeira, presidente de la entidad, aseguró que el incremento del 19% en el VAD «no tiene justificación» y que supera ampliamente los índices oficiales de inflación y tipo de cambio. Según detalló, en el último año los aumentos acumulados por EdERSA han sido «desorbitantes», alcanzando un 1400%, muy por encima del 680% anunciado inicialmente.

Sequeira también criticó la composición de la tarifa eléctrica en la provincia, señalando que el 47% del costo corresponde a la distribución de la energía, mientras que el 28% son impuestos y el 25% al costo de abastecimiento. «Nos cobran el traslado de la energía desde Río Negro hasta Ezeiza y de vuelta, cuando la energía se genera en nuestra provincia», sostuvo.

Desde la FEERN solicitaron que la Legislatura provincial intervenga y exija explicaciones al EPRE sobre los aumentos tarifarios. También recordaron que Río Negro continúa siendo la provincia con la tarifa eléctrica más alta del país, seguida por Neuquén en algunos segmentos de consumo.

Caso Nicolás Heredia: sigue preso pese a la falta de pruebas

Nicolás Heredia, un albañil de 30 años y brigadista voluntario en los incendios de Mallín Ahogado, continúa detenido desde el 5 de febrero bajo la acusación de incendio en grado de tentativa. A pesar de que las pericias realizadas hasta el momento no se encontraron pruebas que lo vinculen con el hecho, la Justicia de Río Negro mantiene su prisión preventiva hasta el 7 de marzo.

El Tribunal de Impugnación ratificó la medida cautelar el 21 de febrero, tras rechazar el pedido de su defensa, que argumentó la falta de pruebas contundentes y la inexistencia de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Según su abogado, Nelson Vigueras, los peritajes realizados hasta ahora no han aportado elementos incriminatorios.

Heredia fue detenido el 5 de febrero en Mallín Ahogado, cuando vecinos de la zona consideraron que tenía una “actitud sospechosa” y lo trasladaron hasta Wharton, donde la policía lo detuvo. La Fiscalía justificó la medida alegando que el joven no tenía domicilio en la región y que debía peritarse una botella con combustible hallada en el lugar, que se presumía de su pertenencia.

Sin embargo, el análisis pericial determinó que la botella no tenía sus huellas, lo que impide utilizarla como prueba en su contra. Además, la revisión de su mochila confirmó que solo contenía comida y no restos de combustible ni elementos inflamables. A pesar de estos resultados, la Justicia aún no ha definido si revocará o extenderá la prisión preventiva.

En los 22 días transcurridos desde su detención, la Fiscalía solo ha logrado analizar una parte del contenido del teléfono celular de Heredia, mientras que las declaraciones de testigos que lo señalaron como sospechoso presentan contradicciones. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el exjuez Rubén Marigo consideró que la falta de pruebas podría llevar a su liberación la próxima semana.

El caso ha generado preocupación en sectores sindicales y organismos de derechos humanos, que han señalado irregularidades en el proceso judicial. Heredia permanece detenido en el penal N°3 de Bariloche, en condiciones precarias y compartiendo espacio con personas condenadas, según denunciaron sus allegados. Su familia y organizaciones que lo respaldan han solicitado su liberación, mientras se espera la definición de su situación procesal en los próximos días.

Vaca Muerta Sur: se destraba el conflicto y prometen empleo rionegrino ¿Llegará a Catriel?

El conflicto laboral que mantenía paralizada la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur fue resuelto este martes 25 de febrero tras un acuerdo entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el consorcio Techint-Sacde e YPF. La negociación, realizada en la delegación de la Secretaría de Trabajo en Cipolletti, estableció el cumplimiento del cupo del 80% de empleo rionegrino en la obra.

El acuerdo contempla la incorporación inmediata de 30 trabajadores en un plazo de 48 horas y la posibilidad de sumar más personal en los días siguientes. También se definió un mecanismo para evitar nuevos conflictos: las empresas deberán responder a cualquier reclamo gremial en un plazo máximo de tres días, y la UOCRA deberá notificar con antelación cualquier medida de fuerza.

El conflicto se originó cuando el gremio denunció el incumplimiento del cupo de empleo local, lo que derivó en un bloqueo al acceso del campamento en Chichinales, donde se acopian los materiales para la obra. La medida de fuerza incluyó la interrupción de actividades en el sector y la intervención de fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue la compensación a los trabajadores afectados por la protesta. Finalmente, se acordó un pago extraordinario para mitigar el impacto económico en los obreros que no pudieron trabajar durante la medida de fuerza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, intervino en el conflicto denunciando públicamente el incumplimiento de la normativa sobre empleo local. Intendentes de Chichinales, Villa Regina, General Enrique Godoy e Ingeniero Huergo respaldaron el reclamo y exigieron garantías en la contratación de trabajadores rionegrinos.

En paralelo, en Catriel persiste la incertidumbre sobre la llegada de nuevas oportunidades laborales a la ciudad. En enero de este año, un grupo de trabajadores desocupados se manifestó frente a la sede local de la UOCRA exigiendo empleo en la industria petrolera y de la construcción. Durante la protesta, denunciaron que las empresas contratistas continúan incorporando personal de otras provincias, afectando la posibilidad de inserción de la mano de obra local.

Mientras la obra avanza, el impacto económico comienza a sentirse en la región. En Chichinales, el campamento en construcción ya generó un aumento en la demanda de servicios, incluyendo viandas, transporte y alquileres de viviendas. Comerciantes y proveedores locales reportan una mayor actividad en distintos sectores.

Con el acuerdo firmado, las tareas en Vaca Muerta Sur se reanudan y el sector de la construcción retoma su ritmo en la provincia.

Weretilneck contra las petroleras: «O cumplen o se van»

El conflicto por la contratación de mano de obra local en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur escaló este viernes con una protesta de la UOCRA en Chichinales. El gremio bloqueó el ingreso de trabajadores foráneos al obrador en línea con el reclamo que un día antes encabezó el gobernador Alberto Weretilneck. “Ningún foráneo ingresa”, advirtió un dirigente gremial, denunciando que solo 23 trabajadores locales fueron contratados en la obra.

La medida es liderada por la seccional de Villa Regina y se produce luego de que el Gobierno rionegrino exigiera a Techint, Sacde e YPF que cumplan con la normativa provincial, que obliga a que el 80% del personal contratado sea de la provincia. Weretilneck fue contundente: “Si no se respeta el derecho de los trabajadores rionegrinos, la obra no avanzará”.

El jueves, en una audiencia con funcionarios provinciales y representantes de las empresas, se remarcó que no solo hay incumplimientos en la contratación de trabajadores rionegrinos, sino también en la aplicación del Compre Rionegrino, que prioriza a proveedores locales en la compra de bienes y servicios. Las empresas se comprometieron a corregir la situación, pero la UOCRA decidió pasar a la acción directa hasta que haya soluciones concretas.

Este reclamo se suma a las demandas históricas de la comunidad de Catriel, donde desocupados, trabajadores, empresarios locales y hasta la intendencia local denuncian desde hace tiempo que las operadoras incumplen la Ley 4818, que prioriza la contratación de residentes. En un contexto de creciente desempleo en la región, la presión sobre las petroleras y contratistas es cada vez mayor.

Mientras tanto, el Gobierno de Río Negro también busca cobrar regalías sobre el petróleo que pasará por el oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra clave de 2.700 millones de dólares que convertirá a Sierra Grande en el principal puerto exportador de crudo del país. La iniciativa choca con la postura de YPF y sus socios, que rechazan este cobro por considerarlo inédito en Argentina.

Las petroleras argumentan que un nuevo fee impactaría en el flujo de fondos del proyecto y dificultaría el financiamiento internacional. Sin embargo, en comparación con las ganancias proyectadas por la exportación de crudo, la regalía que reclama Río Negro representa un porcentaje ínfimo. Además, la provincia aún no cedió el lote fiscal donde se instalará la terminal portuaria, lo que le otorga margen de negociación.

Con las obras adjudicadas y algunos trabajos comenzados, por ahora el conflicto está lejos de resolverse. Mientras la UOCRA bloquea el ingreso de trabajadores foráneos y Weretilneck endurece su postura, las empresas enfrentan un escenario de creciente tensión en la provincia.

Abusó de sus nietas de 8 y 10 años: le dieron 11 años de prisión

Un tribunal de Cipolletti sentenció a un hombre a once años de prisión por delitos contra la integridad sexual de sus dos nietas menores de edad. La condena incluyó agravantes por el vínculo familiar y la convivencia preexistente, lo que incrementó la gravedad del caso.

El fallo fue dictado tras un juicio oral en el que se analizaron pruebas testimoniales, pericias psicológicas y médicas, además de las declaraciones de las niñas en cámara Gesell. El tribunal, integrado por una jueza y dos jueces, determinó la responsabilidad penal del acusado en tres de los hechos imputados.

Según la sentencia, los abusos ocurrieron en la vivienda del condenado, donde las víctimas, de entre ocho y diez años, estaban bajo su cuidado. La fiscalía y la querella sostuvieron que el hombre aprovechó su relación con las menores para someterlas a distintos abusos a lo largo de varios años, recurriendo a manipulación y engaño para garantizar su silencio.

Durante el juicio, la defensa intentó desacreditar los relatos de las niñas, cuestionando la precisión de las fechas y señalando supuestas contradicciones en sus testimonios. Sin embargo, el tribunal desestimó estos planteos, destacando que las declaraciones fueron coherentes, detalladas y respaldadas por otras pruebas. Informes psicológicos confirmaron el impacto emocional sufrido por las víctimas y expusieron que el acusado ejerció control, amenazas y promesas vinculadas al bienestar familiar para sostener su impunidad.

El hombre fue condenado por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo y la convivencia. También se lo encontró responsable del delito de corrupción de menores, en concurso ideal con los abusos. Hasta que la sentencia quede firme, deberá cumplir medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, la prohibición de salir del país y el uso de un dispositivo electrónico para su monitoreo.

El caso se denunció en una localidad del Alto Valle, bajo la jurisdicción de la Cuarta Circunscripción Judicial. Para preservar la identidad de las víctimas, no se revelan más detalles sobre el condenado ni el lugar exacto donde ocurrieron los hechos.

Fuerte paro docente: UnTER se suma a la huelga nacional y no inicia el ciclo lectivo

El gremio docente UnTER confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el 24 de febrero, en reclamo por la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente por parte del Gobierno. La medida afectará el inicio del ciclo lectivo 2025 en todo el país.

La resolución fue tomada en un Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CTERA, reunido en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de febrero. Además del paro, se definió la realización de una Jornada Nacional de Protesta con diversas acciones como concentraciones, radios abiertas y volanteadas, para exigir mejoras en las condiciones salariales y presupuestarias del sistema educativo.

Entre los principales reclamos se encuentra la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución y actualización del FONID y la conectividad, y la garantía de un piso salarial acorde al contexto económico para que ningún docente del país cobre por debajo del mínimo establecido. También demandan mayor presupuesto educativo para asegurar infraestructura escolar digna, aumento de las Becas Progresar y más fondos para refuerzo nutricional en comedores escolares.

En el comunicado, la CTERA expresó su solidaridad con los trabajadores del Banco Nación, manifestándose en contra de una posible privatización, y repudió la represión contra manifestantes de ATE Capital. También se pronunciaron contra la criminalización de la protesta social.

La medida de fuerza pone en jaque el inicio de clases en varias provincias, mientras crece la tensión entre los gremios y el Gobierno en medio del conflicto educativo.

«Ese nene no es tuyo»: la revelación de su cuñada que lo llevó a la Justicia

Un hombre que durante seis años creyó ser el padre de un niño descubrió la verdad luego de una discusión familiar. Había reconocido al bebé al nacer, convencido de su paternidad. Sin embargo, en medio de un conflicto con su pareja, un comentario de su cuñada sembró la duda: el niño tendría otros orígenes biológicos.

El comentario, que en un principio pareció una provocación, quedó instalado como una inquietud que con el tiempo se volvió insostenible. Ante la incertidumbre, el hombre decidió realizarse un análisis de ADN. El resultado fue contundente: no existía vínculo biológico.

Con esa prueba, inició una demanda de impugnación de filiación en el fuero de Familia de Bariloche, argumentando que había actuado de buena fe y que desconocía la posibilidad de que el niño no fuera suyo. Para entonces, su relación de pareja ya se había disuelto y el niño había quedado bajo el cuidado de su abuela materna.

El proceso judicial avanzó sin oposición. La madre del menor fue notificada, pero no se presentó a responder la demanda. La Fiscalía, tras analizar el caso, confirmó que la prueba genética demostraba con certeza la inexistencia del vínculo biológico. La Defensoría de Menores también evaluó la situación y, dado que el niño ya se encontraba bajo la guarda de su abuela materna, no formuló objeciones.

En su fallo, la jueza interviniente recordó que el Código Civil y Comercial de la Nación permite impugnar la filiación cuando hay evidencia científica que demuestre que el reconocimiento no se ajusta a la realidad biológica. En consecuencia, ordenó la anulación del reconocimiento paterno y dispuso la rectificación de la partida de nacimiento.

Además, con la sentencia firme, el Registro Civil deberá modificar la documentación del niño, garantizando así su derecho a la identidad, un principio fundamental en el ordenamiento jurídico argentino.