El presidente de YPF, en una declaración reciente, insinuó que la planta de GNL podría establecerse en Río Negro en un posible intercambio por apoyo político del gobernador Alberto Weretilneck al Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI).
«Cuando digamos dónde es más rentable, la gente de YPF que trabaja en GNL se va a juntar con la gente de Petronas y, una vez que está la decisión, yo voy a ir personalmente con cada uno de los gobernadores, le voy a mostrar los números y luego lo voy a hacer público. Es el procedimiento y lo saben todos, acá nadie está jugando raro», afirmó el presidente de YPF.
Durante la gestión anterior, hubo un fuerte lobby rionegrino para llevar la planta de GNL a esa provincia. Sin embargo, la preferencia técnica de YPF y Petronas fue por la infraestructura existente en Bahía Blanca. No obstante, el reciente cambio en la conducción de la petrolera estatal y la confrontación entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el líder libertario Javier Milei han reabierto el debate. Ahora se especula con una promesa de la Casa Rosada a Weretilneck para trasladar la planta de GNL a Río Negro a cambio de su respaldo político.
Esta posibilidad subió las expectativas del gobernador Weretilneck, dado que la instalación de la planta de GNL podría significar un impulso económico significativo para la provincia rionegrina. Mientras tanto, los detalles de la decisión final se mantienen en suspenso hasta que se completen las reuniones y evaluaciones con los gobernadores implicados.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, apuntó contra la emisión de certificados médicos falsos, denunciando a dos profesionales del Alto Valle y anunciando la existencia de más casos similares en la provincia. «Vamos a ser implacables. Vamos a seguir esta causa hasta que pierdan su matrícula profesional. Y no son los únicos; hay otros 20 médicos involucrados en prácticas similares. Vamos a denunciar a todos los médicos que perjudican al Estado con este tipo de prácticas ilegales», declaró el gobernador en un video difundido en sus redes sociales.
Con el respaldo del Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, Weretilneck presentó una denuncia formal contra los dos médicos del Alto Valle. La denuncia se centra en la posible comisión de delitos de falsificación de certificados médicos y estafa contra la administración pública provincial, debido al «preocupante nivel de ausentismo laboral registrado en la región».
Las investigaciones internas revelaron una gran cantidad de certificados médicos, todos firmados por los dos profesionales implicados. La similitud entre los certificados y la extensión de las licencias otorgadas generaron sospechas, llevando a la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. La Provincia de Río Negro se constituyó como querellante en este caso.
Los delitos bajo investigación son «Fraude en perjuicio de la administración pública» (art. 174 inc. 5 del Código Penal) en concurso ideal (art. 54 CP) con «Expedición de certificado médico falso» (art. 295 del CP).
El alto nivel de ausentismo en la administración pública provincial fue lo que motivó investigaciones para determinar sus causas reales. Se descubrió que un número significativo de empleados públicos presentó certificados médicos posiblemente falsificados, justificando ausencias con licencias remuneradas basadas en patologías difíciles de comprobar. Los certificados diagnosticaban frecuentemente trastornos de ansiedad, trastornos ansioso-depresivos reactivos y trastornos por estrés postraumático, con diagnósticos similares y renovaciones de licencias que se extendían por más de un año sin detallar la progresión de la enfermedad, según explicó el gobierno rionegrino.
En el caso de la médica denunciada de General Roca, se encontraron indicios de que había extendido certificados falsos sin haber revisado a los pacientes. Durante el período investigado, la profesional emitió al menos 320 certificados médicos en varias regionales.
En Roca y Villa Regina, ya hay dos médicos denunciados: una médica pediatra de General Roca y un psiquiatra de Villa Regina. El Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de cuatro meses para avanzar en las investigaciones, que ya han comenzado bajo la dirección del fiscal interviniente.
El pasado 23 de mayo, el gobernador Weretilneck, junto al fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, efectuó la denuncia, que luego fue ampliada el 31 de mayo. En los últimos días, la policía de Río Negro llevó a cabo allanamientos en los domicilios de los médicos investigados, donde se secuestraron computadoras y teléfonos celulares. Estos dispositivos serán sometidos a estudios forenses para extraer información relevante para el caso.
Esta semana, los conflictos laborales en las provincias de Río Negro y Neuquén escalaron afectando a sectores clave como la educación y la industria petrolera. Tanto los docentes como los trabajadores del petróleo reclaman mejores condiciones salariales, subrayando que actualmente muchos de ellos (salvando las distancias) perciben sueldos por debajo del valor de la canasta básica.
Conflicto docente en Río Negro
La Unión de Trabajadores de la Educación (Unter) realizó un paro el pasado viernes y decidió llevar a cabo otra medida de fuerza la próxima semana. Ante el rechazo de la última oferta salarial del gobierno provincial, la Unter convocó a una paritaria urgente para el martes 18 de junio y anunció un paro para el miércoles 19 de junio si no se cumple con esta convocatoria. Además, se realizará un Congreso el 25 de junio para determinar la continuidad de su plan de lucha.
El conflicto se agudizó tras la última reunión paritaria del 12 de junio, en la que el gremio consideró insuficiente la falta de propuesta del gobierno en términos de recomposición salarial. El sindicato decidió lanzar un paro el pasado viernes y en respuesta, el gobernador Alberto Weretilneck endureció su postura, declarando a través de las redes sociales que no se convocaría a nuevas paritarias, no se liquidaría el aumento rechazado y se descontarían los días de paro, además de difundir información salarial de los trabajadores. Esto enojó a los representantes de los trabajadores docentes, quienes se preguntaron que ocurriría si se difunden los sueldos del gobernador y los legisladores de Río Negro.
La última medida de fuerza del 14 de junio tuvo una adhesión masiva del 98% de los trabajadores de la educación de Río Negro, según el gremio.
Paro petrolero en Río Negro y Neuquén
En paralelo, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa comunicó un paro de 48 horas a partir del martes 18 de junio, lo que impactará en la producción. La protesta se centra en los salarios de los «trabajadores de 8 horas», que realizan tareas en las bases de las empresas de servicios y cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de la canasta básica, oscilando entre 600.000 y 800.000 pesos.
El miércoles pasado, el sindicato mantuvo una reunión con más de 30 empresas agrupadas en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de Servicios Especiales (Ceope), donde no se logró un acuerdo satisfactorio sobre los salarios iniciales del segmento de servicios, exacerbando las tensiones.
Ambos sindicatos manifestaron su intención de continuar con las medidas de fuerza hasta obtener respuestas satisfactorias a sus demandas salariales, destacando la necesidad urgente de que los salarios se ajusten a los costos de vida actuales.
El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció un paro de 48 horas que afectará significativamente la producción en Vaca Muerta, a partir del próximo martes. La medida se toma tras la falta de avances en las negociaciones salariales.
Según el líder sindical Marcelo Rucci, la decisión se debe a que no hubo «un avance concreto sobre la cuestión salarial reclamada». A partir del martes 18 de junio, el sindicato llevará adelante “una medida de acción directa con afectación a la producción y por el término de 48 horas, con todo el alcance jurisdiccional de este gremio, sin perjuicio de la posible ampliación de la misma”.
La confirmación del paro se dio tras una multitudinaria asamblea en Añelo, donde se expresó la frustración del gremio por la prolongada falta de acuerdos en las paritarias. Rucci señaló que el plazo de la gestión conciliatoria ya está «harto vencido» y que, a pesar de haber apostado por «la buena fe y el diálogo», no lograron las mejoras salariales buscadas.
La situación se tensó aún más después de una reunión el jueves entre el sindicato y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope). Los trabajadores rechazaron la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y exigieron la regularización de los salarios, algunos de los cuales están por debajo de la canasta básica.
Rucci enfatizó que la propuesta empresarial de que los trabajadores mejor remunerados financien un fondo compensatorio es inaceptable y destacó que muchos empleados, especialmente aquellos en refinerías, están recibiendo salarios insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
«Llega un punto en que el hilo se termina cortando. Hemos sido prolijos y hemos dado los argumentos necesarios, pero las respuestas no están«, había advertio Rucci el jueves pasado después de la reunión del jueves entre el gremio y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope).
El impacto del paro será considerable para Vaca Muerta y las localidades aledañas, afectando a miles de trabajadores y la producción de hidrocarburos en la región. La medida subraya la determinación del sindicato de luchar por mejores condiciones laborales y salarios dignos.
Rucci también comparó la situación de los trabajadores argentinos con la de sus pares en la Cuenca Permian de Estados Unidos, señalando las diferencias en salarios y condiciones laborales. Criticó duramente la falta de acción del gobierno y la clase política en Argentina para resolver estas injusticias.
El dirigente sindical indicó que el paro es una medida necesaria para presionar por cambios y mejoras salariales, y no descartó futuras acciones si no se alcanzan acuerdos satisfactorios. El sindicato está decidido a continuar su lucha hasta lograr condiciones laborales justas para todos los trabajadores del sector.
El paro petrolero se da en simultáneo con el contexto provincial de renegociaciones de concesiones petroleras donde existen múltiples intereses en juego entre los municipios productores, el gobierno de Río Negro y las empresas que operan en la zona por la coparticipación. La localidad puja por tener una recompensación histórica por los años de extractivismo en la zona. El gobierno provincial planteó un proyecto de distribución que fue presentado a la Legislatura de Río Negro para ser discutido durante este mes. Ayer, en Catriel, se realizó un abrazo simbólico a la torre del acceso sur que fue convocada por la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto que sostuvo que «si se viene la prórroga, muchos se quedarán sin trabajo. Todos deben sumarse a esta causa. Catriel no se detiene y está en pie de lucha».
Este martes 18 a partir de las 8 paramos por 48 hrs. con afectación de producción. Acá nadie es menos ni merece estar debajo de la línea de pobreza! pic.twitter.com/ux9oq8OKax
— Sindicato de Petroleros Privados (@sindpetroleros) June 15, 2024
Un desgarrador caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el Alto Valle en 2023 llegó a una resolución judicial. Un niño de 11 años fue víctima de maltrato por parte de su propio padre, quien lo agredió físicamente y lo expulsó de su hogar después de descubrir que el menor tenía las zapatillas rotas.
La situación fue descubierta por la policía de Cinco Saltos después de que el padre agrediera al niño. Como resultado, la jueza María Florencia Caruso, del tribunal de Cipolletti, emitió una sentencia de seis meses de prisión en suspenso para el padre durante un juicio abreviado.
El fallo de la magistrada se basó en un acuerdo entre las partes, respaldado por pruebas contundentes que incluían testimonios en Cámara Gesell, declaraciones de vecinos y certificados médicos que confirmaban las lesiones sufridas por el menor. Según el veredicto, el padre golpeó al niño en la cabeza y en el brazo, dejándole hematomas visibles.
Además de la pena de prisión en suspenso, se establecieron pautas de conducta para el acusado durante un período de dos años. Estas incluyen la obligación de fijar domicilio, presentarse ante el Juzgado de Ejecución N° 8 de Cipolletti cada dos meses, abstenerse de consumir alcohol y drogas en exceso en lugares públicos y no cometer delitos adicionales, según informes de La Mañana Cipolletti.
En la misma sentencia, la jueza Caruso determinó el sobreseimiento de la madre del menor, quien inicialmente había sido imputada como coautora. Esta decisión se basó en la declaración del niño en Cámara Gesell, donde se dejó en claro que la madre no pudo intervenir para detener la agresión debido a su propia situación de vulnerabilidad.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley a la Legislatura provincial para renegociar la prórroga de áreas petroleras convencionales por 10 años, cuyos contratos vencen entre 2025 y 2028. Estas áreas generan gran parte de la producción petrolera de la provincia y aportan el 80% de las regalías hidrocarburíferas.
Las áreas implicadas son campos maduros, con una larga historia de explotación iniciada en la década del ’60. Actualmente, el porcentaje de agua en estos yacimientos es del 98%. A diciembre de 2023, estas áreas certificaron 4.6 Mm³ de petróleo y 4.5 Mm³ de gas para las Reservas 3P (Probadas, Probables y Posibles), un 10% y 21% menos respectivamente en comparación con 2022. Esta disminución se atribuye a la proximidad del vencimiento de las concesiones, lo que afecta la economicidad de los proyectos.
Objetivos del proyecto de ley
Según detalla el proyecto, este busca «incrementar la inversión, sostener la viabilidad de las economías anexas y asegurar niveles mínimos de producción, más que obtener grandes sumas en concepto de bonos o regalías». Estas áreas representan el 76% de las concesiones vigentes, con una participación del 85% en la producción total de petróleo y del 72% en la producción total de gas en 2023.
Bono de Prórroga y Aportes
Las concesiones que serán objeto de las prórrogas fueron otorgadas por el Estado Nacional y transferidas a Río Negro en 2006, venciendo entre 2025 y 2028. Las negociaciones de prórroga no limitarán el desarrollo de la explotación, ya que cualquier desarrollo no convencional en Vaca Muerta está regulado por la Ley N.º 17.319.
Las prórrogas de los contratos se justifican en la necesidad de plazos mínimos de cinco años para recuperar inversiones, evitando así la caída de los niveles de producción y los ingresos por regalías. Las condiciones económicas mínimas para las prórrogas incluyen pagos por única vez (bono de prórroga y aporte al desarrollo social) y pagos periódicos en concepto de regalías (12%), aporte de producción (3%), canon de superficie y aporte para capacitación.
Mano de obra local
El proyecto establece que las concesionarias deberán priorizar la contratación de mano de obra local y dar preferencia a las firmas proveedoras de bienes y servicios radicadas en Río Negro. Las ciudades cercanas a las áreas de explotación tendrán prioridad en la ocupación de puestos de trabajo. Este es un punto que genera gran controversia. Hace 10 años, Río Negro planteo lo mismo con el cumplimiento del 80-20 en la Ley 4818, que nunca se respetó.
Incentivos y beneficios
El proyecto también autoriza al Poder Ejecutivo a establecer incentivos sobre la producción incremental, ofreciendo beneficios como la reducción de puntos en regalías o cánones de superficie para proyectos específicos que incrementen la producción más allá de los niveles comprometidos.
Condiciones generales de los acuerdos
Las concesionarias asumirán compromisos en varios frentes:
Ambiental: Remediar afectaciones ambientales existentes y futuras.
Mano de obra local: Priorizar contrataciones locales.
Inversiones y actividad: Ejecutar inversiones para mantener y mejorar las áreas de explotación.
Integridad de instalaciones: Mantener las instalaciones en buen estado.
Pagos por única vez: Realizar pagos relacionados con reservas y producción.
Pagos periódicos: Realizar aportes mensuales y anuales para producción y capacitación.
Destino y distribución de los fondos
Los fondos recaudados se destinarán a financiar equipamientos, obras de infraestructura, y políticas sociales, sanitarias, educativas y viales. Los municipios y comisiones de fomento deberán destinar los fondos a proyectos productivos y obras de infraestructura, con prohibición de aplicarlos a gastos corrientes. La distribución de los fondos será:
10% para los municipios, distribuido en 30% para municipios productores de hidrocarburos, 60% para el resto de los municipios y 10% para comisiones de fomento y comunas.
Al cumplirse seis meses del tercer gobierno de Alberto Weretilneck, dos importantes procesos políticoeconómicos se están desarrollando simultáneamente en Río Negro. Por un lado, el gobierno provincial espera obtener entre 70 y 100 millones de dólares mediante la prórroga de contratos petroleros. Para esto, el oficialismo presentó un proyecto en la Legislatura Provincial para extender 21 áreas que actualmente son operadas por nueve empresas. Estos ingresos serán coparticipables, lo que significa que Weretilneck deberá distribuirlos con los municipios y las comisiones de fomento.
Recientemente Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, justificó la ausencia de audiencia pública para este proceso, argumentando que se trata de una «prórroga» y no de una «renegociación» como ocurrió en 2014 en Catriel. También buscó desalentar las pretensiones y reclamos los municipios que encabezan la producción de convencional. «A no confundirse, no somos Neuquén, no es Vaca Muerta. Se trata de pozos maduros y en la última etapa de su vida útil, que exigen mucha inversión para su extracción», aseguró Lopez. De todas formas, concluyó con un tono conciliador, que «es un proyecto y, como siempre, estamos atentos a los aportes y observaciones positivas. Hay que conseguir consensos y los vamos a lograr para darle previsibilidad al sector”.
«Con la prórroga no hay instancia pública de concurso, colisiones con el objetivo de transparencia. El proceso está direccionado a las empresas que conoce (Weretilneck), son operadoras que ya están trabajando y no se les da oportunidad a que nuevas empresas lleguen a Río Negro»
Varias cosas son diferentes. En 2014 se renegociaron 12 áreas, esta vez son 21. Por ese entonces, en Catriel gobernaba el Movic encabezado por el exintendente Carlos Johnston, incipiente alíado político de un por ese entonces flamante gobernador Weretilneck que ocupó el cargo del enero de 2012 a diciembre de 2019, cuando lo cedió por cuatro años a Arabela Carreras. Hoy en Catriel gobierna la intendenta peronista Daniela Salzotto, férrea e histórica opositora a las políticas de Alberto Weretilneck en su etapa como legisladora municipal y provincial. Todos esos componentes también entran en la cuenta.
La coparticipación a los municipios es y será un punto de controversia. La nueva propuesta reduce el porcentaje del 14% de 2014 al 10%, distribuyéndose 30% para los municipios petroleros y 60% para el resto, con otro 10% para las Comisiones de Fomento y las comunas. López destacó la necesidad de lograr consensos y reconoció el descontento en municipios como Allen y Catriel.
«A no confundirse. No somos Neuquén, no es Vaca Muerta. Se trata de pozos maduros y en la última etapa de su vida útil, que exigen mucha inversión para su extracción»
Facundo López, presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura Provincial.
José Luis Berros, de la bancada Vamos con Todos, criticó que el proyecto no menciona a Catriel como representante de los Municipios productores en la Comisión de Seguimiento, calificándolo de «mezquindad política». La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, reclamó mayor participación sobre el “bono de prórroga” y pidió modificar el proyecto para compensar las asimetrías y problemáticas asociadas a la explotación hidrocarburífera. Salzotto destacó que el municipio debe cubrir falencias de servicios originalmente provinciales, como salud, educación y suministro de agua potable.
«Las empresas tienen un paquete de beneficios, como la falta de remediación ambiental porque concentra la regulación en la Secretaría de Energía. Catriel y sus alrededores está plagada de derrames y las empresas no tienen sanciones ni son conminadas a proceder a remediar la tierra, algo que terminan haciendo los dueños de los campos vecinos», aseguró Salzotto a Radio Raíces (Viedma).
La renegociación de los contratos petroleros reavivó una disputa entre los municipios productores por la distribución de regalías, un tema que no se actualiza hace 20 años. La falta de consenso entre los municipios y la definición de los ejidos colindantes complican la actualización del mapa de distribución, que está sin cambios desde 2004. La llegada de Arabela Carreras al gobierno y de Andrea Confini a la Secretaría de Energía paralizó el debate, especialmente debido a la pandemia. Pero tampoco se reactivó en esta oportunidad. Según el vicegobernador Pedor Pesatti, el proyecto enviado por Weretilneck a la Legislatura plantea «la conformación de una comisión con control parlamentario con presencia de los sectores de la oposición para cumplir con las principales cláusulas de cualquier política que se asiente en la transparencia de los procesos como principio rector de la acción de gobierno». Y aseguró que «incrementará las regalías y los empleos que genera la actividad». Salzotto criticó la conformación de una comisión de seguimiento en la Legislatura, porque «después no se reúne». Explicó que en su paso por la Legislatura, vio comisiones especiales juntarse poco y nada.
Por otro lado, YPF avanza a paso firme con el desprendimiento de áreas de producción convencional a través de su Proyecto Andes. Más de 90 empresas ofertron por los diferentes clústers, que incluyen Punta Barda y Señal Picada en Catriel y la Estación Fernández Oro en Allen. Los primeros dos yacimientos son los que el municipio de Catriel reclamó como una «reparación histórica» por el aporte a la producción rionegrina y los años de extractivismo en suelo catrielense.
En el sector energético, también se discute la instalación de una planta de exportación de GNL de YPF en sociedad con la empresa malaya Petronas, con Río Negro compitiendo con Bahía Blanca para ser la sede de este proyecto. Esta planta podría representar un impulso significativo para la economía provincial.
Con todas estas complejidades en mente, el gobierno de Río Negro busca la manera de encontrar un equilibrio entre atraer inversiones, gestionar recursos para su funcionamiento y lograr una distribución consensuada de los beneficios económicos entre los municipios. Por su parte, a diez años de la última renegociación petrolera, los municipios buscan -a contrarreloj- unificar criterios y ver si conviene negociar de una forma conjunta o no a raíz de las grandes diferencias que existen entre las distintas miradas comunales sobre una nueva prórroga de los contratos petroleros y las discusiones que derivan de esta.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) está generando opiniones divididas en Río Negro, a medida que se acerca la discusión de la Ley Bases en el Senado. El debate comenzará el miércoles 12 de junio a las 10. El gobierno provincial, liderado por Alberto Weretilneck, ya le dio visto bueno a la implementación de este régimen, que promete flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en Argentina, garantizándoles estabilidad fiscal durante 30 años. Aunque se incorporaron cambios en respuesta a las quejas de pymes e industrias locales, el impacto real de esta medida en Río Negro aún es incierto.
El oficialismo, representado por Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, ya confirmó su apoyo a la Ley Bases en el Senado, tras su media sanción en Diputados. El gobierno provincial comenzó un relevamiento para identificar las áreas e industrias que podrían beneficiarse significativamente con estos incentivos. Se estima que los proyectos relacionados con el oleoducto de YPF desde Vaca Muerta a la costa rionegrina, las energías renovables, el plan de exportación de gas natural licuado (GNL) y potencialmente la minería podrían ver un crecimiento cualitativo. Sin embargo, las alternativas como el desarrollo de hidrógeno verde y minería no son tan prioritarias para el gobierno provincial en este momento.
Otra posible ventaja para la provincia es la ubicación de una planta de exportación de GNL de YPF, en asociación con la empresa malaya Petronas, que podría instalarse en Río Negro en lugar de Bahía Blanca. En este sentido, el gobierno de Weretilneck pelea mano a mano con el de Axel Kiccilof y está trabajando para inclinar la balanza a favor de la provincia, considerando el apoyo al RIGI como un paso importante.
Por otro lado, la oposición expresó su rechazo al RIGI, con el senador Martín Doñate de Unión por la Patria (UxP) como vocero principal, acompañado por Silvina García Larraburu (UxP). Doñate aseguró que el RIGI no generará inversiones que aumenten la riqueza y sostuvo que existe riesgo de fuga de divisas y evasión fiscal por parte de las empresas extranjeras beneficiadas por el régimen. Además, Doñate propuso centrar la discusión en el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), impulsado el año pasado por el gobierno de Alberto Fernández y que ya cuenta con media sanción en Diputados.
La controversia alrededor del RIGI refleja las diferentes visiones sobre el desarrollo económico y las inversiones extranjeras en Río Negro. Mientras el oficialismo apuesta por los beneficios a largo plazo y el impulso a sectores estratégicos, la oposición alerta sobre los posibles perjuicios económicos y la necesidad de enfoques alternativos para promover el crecimiento y la estabilidad financiera en la región.
¿Que implica el RIGI?
La reglamentación que pretende aprobar el oficialismoreduce el impuesto a las Ganancias a 25%; suprime el pago de Derechos de Exportación a partir del tercer año; habilita el cómputo del impuesto a los Débitos y Créditos en compensación por Ganancias; elimina derechos de importación e imposibilita que las provincias y municipios fijen o modifiquen tributos sobre los proyectos de inversión englobado en una promesa de estabilidad fiscal por 30 años.
Asimismo, ofrece a las firmas una libre disponibilidad de divisas del 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercero. En materia de pleitos legales, permite que los inversores diriman sus conflictos internos directamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Más del 80% de las demandas empresariales al país se resolvieron en favor del demandante.
Un paper de la Cátedra Abierta Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) subraya que las inversiones deben cumplir una serie de requisitos para beneficiar al país receptor como la generación de empleo, el impulso de otros sectores productivos, la dinamización de la economía vía mayores ingresos salariales y fiscales y mejoras en la balanza de pagos por el ingreso de divisas y bienes de capital.
Desde la óptica de los autores del trabajo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no satisface las condiciones necesarias y enumera las cinco falencias que presenta el proyecto del gobierno de Javier Milei:
Los beneficios impositivos minimizan los ingresos fiscales; de ese modo, se esteriliza una vía esencial para que la explotación de recursos naturales beneficie a la Nación en su conjunto.
El permiso para importar insumos sin impuestos significa una competencia desleal para empresas locales; es decir, se desalientan los eslabonamientos productivos. Esto llevará a una acentuación de la brecha de productividad entre empresas.
Al dar prioridad a las empresas que adhieren al RIGI en el acceso a los recursos naturales — por ejemplo, al agua (en desmedro de la población y de la agricultura) o al gas (en detrimento del consumo interno) —, los proyectos en cuestión pueden afectar gravemente a otras empresas y actividades, así como a gran parte de la población.
Al no obligar a liquidar al menos una parte apreciable de los dólares de exportación y al dar todas las facilidades para importar y girar beneficios, el RIGI no contribuirá siquiera a relajar la restricción externa.
No se abre la posibilidad de negociar especiales condiciones de trabajo y vivienda para los trabajadores, necesarias en el caso de explotaciones en lugares no habitados previamente.
La localidad rionegrina de San Antonio Oeste se encuentra en estado de shock tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 53 años, identificado como Néstor Velozo, que presentaba múltiples heridas de arma blanca. El hecho tuvo lugar en el interior de una vivienda que estaba siendo consumida por un incendio.
En la madrugada del sábado, un llamado de emergencia alertó a la Policía y a los bomberos sobre un incendio en una casa ubicada en la parte trasera de un terreno en la calle Andrés Rolando 686. Al llegar al lugar, las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de Velozo, quien trabajaba como taxista en la localidad.
De inmediato, la Justicia fue notificada y el Gabinete de Criminalística comenzó a trabajar en el lugar. El médico policial determinó que el cadáver presentaba varias puñaladas, con profundos cortes en el tórax, la cara y la espalda.
La fiscalía de Viedma tomó las riendas de la investigación, continuando el proceso iniciado por el fiscal de San Antonio Oeste, Gustavo Arbues. Actualmente, no se descartan hipótesis, ya que se está investigando si el incendio fue provocado intencionalmente, lo que podría arrojar más luz sobre el homicidio.
El cuerpo de Velozo fue trasladado a la morgue judicial de Viedma, donde se realizará la autopsia para obtener detalles precisos sobre las causas de la muerte. Además, se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, mientras que el Gabinete Científico lleva a cabo un minucioso relevamiento en la vivienda en busca de más evidencias, incluyendo el teléfono móvil de la víctima.
La fiscalía solicitó que Pablo Parra sea declarado culpable por el femicidio de Agustina sea condenado a prisión perpetua, única pena posible de acuerdo a la calificación legal. La querella y la defensa avanzaron en el mismo pedido y el juez adelantó que impondrá esa pena. La sentencia se conocerá en los próximos días.
El fiscal jefe a cargo de la acusación describió la modalidad del ataque, la planificación previa y las actitudes posteriores al crimen y que fueron desarrolladas por el imputado.
«Matar a una mujer en cualquier contexto es grave pero cuando quien produce una muerte tiene este tipo de comportamientos demuestra la necesidad de una mayor pena», consideró el representante del Ministerio Público.
Concluyó que el Código Penal prevé como única pena posible la prisión perpetua y solicitó que se aplique la misma.
En idéntico sentido se expresó la querella particular que representa a la familia de Agustina y solicitó la máxima pena posible en la legislación nacional.
La defensa del acusado comenzó expresando que mantenían las reservas de impugnación y que – pese a respetar el veredicto del jurado popular – era contrario a la prueba rendida en juicio. Sin perjuicio de ello, aceptó el pedido de pena de las acusadoras.
El juez que dirigió el debate ante los jurados populares adelantó que dictaría la prisión perpetua. «Los jueces no tenemos margen, el Código Penal prevé sólo la pena a prisión perpetua», aseveró.
La sentencia será dictada en los próximos cinco días hábiles y a partir de allí, comenzará a correr el plazo para que la defensa haga uso del derecho a impugnar.
Previamente, las partes acusadoras también había requerido que se extienda la prisión preventiva del imputado a lo que el juez hizo lugar.
