Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca dar respuesta a una situación que, según sus autores, crece de forma silenciosa: madres que, tras separarse, quedan a cargo exclusivo de sus hijos sin recibir dinero por alimentos ni acceder a beneficios sociales.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene, propone crear un programa de asistencia económica para mujeres en situación de vulnerabilidad atravesadas por lo que definen como violencia económica post-separación.
El eje del planteo apunta a un problema concreto: padres que no cumplen con la cuota alimentaria y, en algunos casos, retienen beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el sistema SUAF, sin destinar esos recursos a los menores.
Según describen en el proyecto, esta situación deja a muchas mujeres sin ingresos, obligadas a sostener solas el cuidado de sus hijos mientras enfrentan procesos judiciales para reclamar lo que corresponde.
El programa propone otorgar una asistencia mensual equivalente al valor de la AUH durante cuatro meses, como una ayuda transitoria mientras se resuelve la restitución de los aportes alimentarios.
El planteo se apoya en estudios realizados en el Alto Valle, que advierten sobre una creciente feminización de la pobreza. El informe señala que, tras una separación, las mujeres enfrentan una doble carga: sostener el cuidado diario de los hijos y, al mismo tiempo, insertarse en un mercado laboral que suele ofrecer condiciones más precarias.
Además, se destaca que la violencia económica y patrimonial es el segundo tipo de violencia más reportado en el país, solo por detrás de la psicológica.
El proyecto prevé que la implementación esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, con un equipo técnico encargado de evaluar cada caso y cruzar información con organismos como ANSES, el Poder Judicial y áreas de protección social.
La iniciativa busca intervenir en una etapa crítica: el momento posterior a la ruptura, cuando el conflicto económico se convierte en un factor que profundiza la vulnerabilidad y extiende las consecuencias de la violencia más allá de la relación de pareja.
Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone modificar el esquema de la Revisión Técnica Vehicular (RTO/VTV), con dos cambios centrales: extender los plazos de control y habilitar que talleres públicos y privados puedan realizar la verificación.
La iniciativa fue impulsada por el legislador César Domínguez (PRN) y plantea la adhesión al régimen nacional, en el marco de un proceso de desregulación del sistema.
En concreto, el proyecto establece que los vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión recién a los 5 años. Para los rodados de hasta 10 años, el control pasaría a ser cada 2 años, mientras que la revisión anual quedaría solo para los vehículos con mayor antigüedad.
Además, se propone abrir el servicio a la libre competencia, permitiendo que distintos talleres —tanto del sector público como privado— puedan prestar la VTV/RTO, modificando el esquema actual.
Para regular este nuevo modelo, se prevé la creación de un Registro Provincial de centros de verificación, junto con la implementación de auditorías, controles digitales y mecanismos de seguimiento para garantizar la validez de los certificados.
El proyecto también se fundamenta en las particularidades de la provincia, como las grandes distancias y la dispersión de la población, factores que impactan en el acceso al servicio.
De avanzar, la iniciativa implicaría un cambio estructural en la forma en que se realizan los controles vehiculares en Río Negro.
El proyecto que propone exigir dos años de residencia en Río Negro para ejercer la docencia no solo abrió un debate político, sino que generó un fuerte cruce entre vecinos en redes sociales, donde se multiplicaron las posturas enfrentadas.
Por un lado, muchos usuarios respaldaron la iniciativa con un argumento central: priorizar el trabajo local. “Hay muchos jóvenes recibidos y tienen que estar haciendo otros trabajos”, planteó una lectora. En la misma línea, otros señalaron que la medida permitiría ordenar el acceso a los cargos y evitar que personas de otras provincias ocupen puestos rápidamente. Ese sector también apuntó a una situación que consideran injusta: “¿Cómo puede ser que haya gente de Catriel sin trabajo mientras otros llegan y acceden a cargos?”, cuestionaron en varios comentarios.
Sin embargo, del otro lado surgieron voces que rechazaron la propuesta y advirtieron sobre un posible escenario de discriminación. “Todos somos argentinos”, resumió una usuaria. Otra docente fue más directa: “El título es nacional. Cualquier persona tiene derecho a trabajar en cualquier parte del país”.
También aparecieron testimonios que pusieron en primer plano el desarraigo: “Nadie deja su familia por gusto. Venimos a ocupar cargos que estaban vacantes”, señalaron.
En medio del cruce, también aparecieron voces que intentaron ir más allá de la discusión por la residencia y poner el foco en las condiciones del sistema. “El problema no es quién viene, el problema es que con el sueldo no se puede vivir”, planteó una docente, en una de las ideas que más se repitió entre los comentarios.
En la misma línea, otros usuarios señalaron que el conflicto no se resuelve con restricciones sino con mejoras de fondo. “No sobran docentes, faltan escuelas”, advirtió otro lector, apuntando a la falta de infraestructura y a las dificultades para cubrir cargos en distintas localidades.
El intercambio dejó al descubierto algo más profundo que una discusión técnica: una tensión creciente entre trabajadores, en un contexto de salarios que no alcanzan, cargos que no alcanzan y un sistema que sigue sin resolverse.
El proyecto recién empieza su recorrido, pero el debate ya está abierto. Y no gira solo en torno a quién puede enseñar, sino a algo más incómodo: qué está fallando para que el conflicto sea entre docentes y no con el sistema. Y también, la pregunta que empieza a asomar es otra: si el problema es quién llega… o lo que hoy no alcanza.
Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone cambiar una regla clave del sistema educativo: exigir al menos dos años de residencia en la provincia para poder ingresar a la carrera docente.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR) y plantea modificar el Estatuto Docente para que ese requisito sea obligatorio al momento de acceder a cargos.
Según el texto, la intención es priorizar a quienes viven y se formaron en Río Negro, fortalecer el arraigo y consolidar equipos docentes más estables dentro de las escuelas.
Los autores sostienen que la docencia tiene un fuerte impacto social y que contar con educadores que conozcan el territorio permitiría una mejor integración con las comunidades educativas.
Además, plantean que la medida busca favorecer el empleo local, especialmente entre jóvenes rionegrinos que eligen formarse para enseñar.
Sin embargo, el propio proyecto reconoce que podrían generarse dificultades para cubrir cargos. Por eso, prevé que haya excepciones en casos donde falten docentes o se necesiten perfiles específicos.
La propuesta toma como referencia experiencias de otras provincias patagónicas, como Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya existen requisitos similares.
El debate ya está abierto: la iniciativa pone sobre la mesa quiénes pueden enseñar en Río Negro y bajo qué condiciones, en un sistema que necesita cubrir cargos pero también retener profesionales en el territorio.
El gobierno de Río Negro finalizó este 17 de marzo de 2026 la ronda de mesas de trabajo con intendentes para actualizar el sistema de coparticipación, un esquema clave que define cómo se distribuyen los fondos provinciales entre las ciudades.
En ese contexto, Catriel aparece entre los municipios que podrían aumentar su participación, con una proyección cercana al 6% según los cálculos preliminares presentados por la Provincia. El dato la posiciona en un escenario distinto al de otras localidades del Alto Valle que anticipan pérdidas.
El debate se centra en un sistema que hoy reparte los recursos en base a indicadores antiguos. Actualmente, el esquema contempla un 40% según población, otro 40% por recaudación provincial y un 20% en partes iguales. La propuesta oficial busca actualizar esos criterios, que se sostienen con datos de hace más de tres décadas.
Sin embargo, la posible mejora para algunas ciudades abre tensiones. Municipios como Cinco Saltos, Allen o Campo Grande proyectan caídas en sus ingresos, lo que llevó a varios intendentes a exigir mecanismos de compensación para evitar desequilibrios financieros.
En este escenario, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, valoró el inicio del debate, aunque planteó reparos sobre la velocidad del proceso. Señaló que, si bien su ciudad podría verse beneficiada, el impacto negativo en otras localidades obliga a avanzar con mayor gradualidad y sostener instancias de discusión.
Desde el Gobierno provincial reconocieron que existe consenso en la necesidad de actualizar el sistema, pero también admitieron que los cambios generan efectos desiguales. En ese marco, se analiza la creación de un fondo compensador que podría alcanzar los $1.000 millones mensuales para asistir a municipios que pierdan recursos.
La discusión entra ahora en una etapa técnica y política, donde se definirá el nuevo esquema antes de ser enviado a la Legislatura. Para Catriel, el posible aumento en la coparticipación abre una expectativa concreta, aunque atada a un proceso más amplio que todavía debe resolver cómo equilibrar intereses en toda la provincia.
Dos cajas, dos lógicas: Catriel gana en coparticipación pero pierde en regalías
Mientras avanza el debate por la actualización de la coparticipación, donde Catriel podría mejorar su participación, en paralelo se discute otro esquema clave: el reparto de regalías petroleras, donde el impacto para la ciudad va en sentido contrario.
La diferencia entre ambos sistemas es central para entender el escenario. La coparticipación distribuye recursos provinciales entre todos los municipios en base a criterios generales como población y recaudación. En cambio, las regalías hidrocarburíferas se reparten según la actividad petrolera y su impacto en cada localidad.
En este segundo esquema, el gobierno de Río Negro propuso una modificación que amplía de 9 a 14 municipios los beneficiados por la actividad hidrocarburífera, incorporando localidades cercanas a los yacimientos dentro de un radio de influencia.
Ese cambio redefine el reparto y reduce el peso histórico de Catriel dentro del sistema. Según los datos presentados, la ciudad pasaría a recibir alrededor del 29,18% de los fondos a distribuir entre los municipios productores, lo que implica una caída de más de 30 puntos porcentuales respecto del esquema actual.
El nuevo cálculo no solo contempla la producción de petróleo y gas, sino también la cercanía a los pozos y la cantidad de explotaciones dentro de cada ejido. Esto amplía la base de distribución y diluye la participación de las localidades que históricamente concentraban la actividad.
En términos concretos, mientras la discusión por la coparticipación abre una expectativa de mejora para Catriel, el rediseño de las regalías plantea un escenario de reducción de ingresos en uno de los recursos más sensibles para la economía local.
Ambos debates avanzan en paralelo, pero responden a lógicas distintas: uno vinculado a la distribución general de fondos provinciales y otro directamente atado al mapa productivo del petróleo en la región.
La negociación salarial entre el Gobierno de Río Negro y el sindicato docente UnTER sumó un nuevo capítulo este viernes 13 de marzo, en una reunión paritaria realizada en la Secretaría de Trabajo que dejó cuestionamientos del gremio y una propuesta salarial oficial que ahora deberá ser analizada por las bases.
Durante el encuentro, representantes del área de Hacienda provincial expusieron el panorama financiero de la provincia, al que describieron como complejo. Según indicaron, la situación está vinculada a la caída del consumo y a una disminución de los fondos de coparticipación provenientes del gobierno nacional.
En ese contexto, el Ejecutivo presentó una oferta salarial que incluye un incremento del 5,29 % en marzo aplicado al salario bruto, además de una actualización bimestral basada en el IPC, tomando el promedio entre el índice nacional y el de Viedma.
La propuesta también contempla el pago de una suma fija compensatoria de $250.000, que se abonará en dos tramos: $125.000 el 20 de marzo y $125.000 el 20 de abril, mediante planilla complementaria y por única vez, como compensación por la pérdida salarial del último trimestre.
Además, el gobierno planteó una actualización del tope de movilidad docente a 1.800 kilómetros mensuales y una modificación del ítem de ubicación para la zona Andina y Andina Sur, tema que continuará en análisis a partir de un planteo presentado por el sindicato.
Desde UnTER cuestionaron tanto el contenido de la propuesta como la ausencia de la Ministra de Educación y Derechos Humanos en la mesa paritaria. El gremio consideró que se trata de un ámbito central para abordar las problemáticas del sistema educativo.
El sindicato también señaló que la oferta salarial no resuelve la situación económica del conjunto de los trabajadores de la educación y planteó otros temas vinculados al funcionamiento del sistema educativo, como el cierre de cargos, problemas edilicios en escuelas, la situación del IPROSS y la derogación de auditorías.
La propuesta será analizada ahora en asambleas seccionales y en el Congreso General Extraordinario de UnTER, convocado para el miércoles 18 de marzo, donde se definirá la posición final del gremio.
En Catriel, la seccional local convocó a una asamblea resolutiva para el martes 17 de marzo, con el objetivo de elaborar el mandato que llevará al congreso provincial.
Durante ese encuentro se analizará la situación educativa y salarial, posibles acciones gremiales, la elección de congresales y distintos temas vinculados al sistema educativo.
El gremio docente confirmó una huelga para el lunes 9 de marzo en adhesión al 8M y advirtió con nuevas medidas si no hay convocatoria formal antes del 11 de marzo. En paralelo, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que esta semana volverá a convocar a negociación salarial.
El inicio de la semana en las escuelas de Río Negro estará marcado por un paro total docente convocado por Unter para el lunes 9 de marzo, en adhesión a la jornada de lucha por el Día Internacional de la Mujer.
La medida fue aprobada por unanimidad en el Congreso del sindicato, que reunió a representantes de las 18 seccionales en la Escuela 58 de Villa Regina, donde además se resolvió fijar un plazo al Gobierno provincial para reactivar la negociación salarial.
Según lo definido por el gremio, el Ejecutivo tiene tiempo hasta el miércoles 11 de marzo para convocar a paritarias con una propuesta de recomposición salarial. En caso de que ese llamado no se concrete, el sindicato anticipó dos nuevas jornadas de paro previstas para el viernes 13 de marzo y el jueves 19 de marzo.
La definición sindical se produce en medio de un escenario de negociación interrumpida desde el inicio del ciclo lectivo. El conflicto se profundizó luego de que el gremio rechazara la última propuesta presentada por la Provincia en la mesa paritaria.
Ese ofrecimiento contemplaba un mecanismo de actualización bimestral automática del salario según el promedio del IPC de Viedma-Nación y un bono de 250.000 pesos por única vez como compensación por la pérdida del poder adquisitivo durante los últimos meses de 2025.
El rechazo a esa oferta derivó en medidas de fuerza y en un congelamiento de las conversaciones entre el Ejecutivo y el sindicato.
En ese contexto, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que el Gobierno convocará nuevamente a negociar durante esta semana. El mandatario realizó la afirmación durante la Corrida de Cipolletti, donde fue interceptado por representantes del gremio docente.
“Dalo por hecho. Esta semana”, respondió el gobernador ante el pedido de reabrir la mesa de diálogo.
Tras ese breve intercambio, el secretario adjunto de Unter, Mauricio Ovadilla, confirmó que el sindicato formalizó el reclamo durante el encuentro con el mandatario.
“Le entregamos el pedido de urgente convocatoria a paritaria como lo definió nuestro congreso en Villa Regina. El gobernador se comprometió a llamarnos esta semana. Es un compromiso, lo dijo y lo afirmó. Así que estamos esperando urgente esa convocatoria”, señaló.
La exigencia de una nueva instancia de negociación fue definida por el Congreso del gremio luego de un debate que se extendió durante varias horas y cuyo resultado se conoció minutos después de la medianoche del viernes.
En ese encuentro se discutieron distintas estrategias frente a la falta de respuestas salariales del Ejecutivo. Finalmente, la mayoría de las seccionales resolvió dar un plazo para la convocatoria a paritaria antes de avanzar con nuevas medidas de fuerza.
La conducción del sindicato también informó que ya se realizaron siete presentaciones formales ante la Secretaría de Trabajo solicitando la apertura de la negociación.
Además del reclamo salarial, el Congreso docente ratificó un pliego de demandas que incluye la revisión y actualización del Decreto 530, el rechazo a reformas educativas impulsadas por el Ministerio de Educación sin participación docente y cuestionamientos a cierres de cargos en algunas escuelas primarias.
También se resolvió avanzar en la organización de un Encuentro Provincial de Delegados.
Durante el Congreso, la secretaria general de Unter, Laura Ortiz, señaló que el conflicto no se limita al aspecto salarial y que el sindicato busca discutir el funcionamiento del sistema educativo provincial en el marco de las paritarias.
Mientras tanto, el gremio mantiene la advertencia de que si no hay convocatoria formal antes del 11 de marzo, se activará el esquema de paros previsto para la segunda quincena del mes.
La protesta policial que desde hace tres semanas mantiene un acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma sumó el sábado 7 de marzo un nuevo capítulo de tensión política cuando el gobernador Alberto Weretilneck protagonizó un cruce directo con Rubén Muñoz, uno de los referentes del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro.
El intercambio ocurrió durante la jornada de protesta en la plaza San Martín, donde se desarrolla el acampe impulsado por familiares, retirados y sectores vinculados a la fuerza que reclaman una recomposición salarial y la apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo provincial.
Según relataron testigos y registraron distintos videos difundidos en redes sociales, el mandatario se acercó a conversar con Muñoz, quien lo saludó y planteó el reclamo salarial de distintos sectores de la Policía provincial. El gobernador escuchó el planteo inicial, pero el diálogo se tensó cuando el referente del acampe pidió una solución concreta.
—“Una solución a qué?”, respondió Weretilneck.
—“A los problemas salariales de la Policía de Río Negro”, contestó Muñoz, quien intentó proponer la conformación de una mesa de trabajo para discutir mejoras.
La respuesta del mandatario fue tajante. “Vos no sos policía, no podés hablar por ellos”, le espetó, en referencia a la situación judicial de Muñoz, quien fue exonerado de la fuerza y mantiene pendiente su situación ante la Justicia rionegrina.
El intercambio subió de tono cuando el gobernador cuestionó el rol político del referente del reclamo. “Esto es simple. Andá a Roca, andá con tu jefe y hacé política en Roca. No vengas a hacer política acá. Volvé con los Soria”, le dijo antes de retirarse del lugar.
Tras el episodio, el clima en el acampe se volvió tenso. Hubo cruces verbales entre manifestantes y policías que custodiaban el vallado, aunque la situación no pasó a mayores.
Minutos después, Muñoz habló frente a las cámaras y profundizó sus críticas al Ejecutivo provincial. “Entiendo la situación de estos policías que están trabajando, que también cobran sueldos de miseria. Lo que no entiendo es la actitud del gobernador de desatender y negarse a escuchar un reclamo que es legítimo”, afirmó.
El referente del Consejo de Bienestar Policial aseguró que hay efectivos con salarios básicos cercanos a los 56 mil pesos, cifra que consideró “una vergüenza”, y lanzó una advertencia política de cara al futuro. “Esa es la política que tenemos que sacar a patadas en 2027”, expresó.
En videos difundidos posteriormente, Muñoz sostuvo que “la Policía de Río Negro se declara en estado de asamblea permanente” y advirtió que podrían avanzar con medidas de fuerza más contundentes.
“No podemos tener compañeros cobrando 56 mil pesos de básico, es una vergüenza. Esa es la política que tenemos que sacar a patadas en 2027.”
Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial de Río Negro.
“Ojo que podemos salir con una retención total de todos los servicios en toda la provincia”, señaló, al tiempo que responsabilizó al gobierno provincial por una eventual escalada del conflicto. “La irresponsabilidad de Weretilneck lo va a dejar en jaque con toda la provincia. La responsabilidad de la seguridad recae sobre el gobernador”, afirmó.
El dirigente también mostró imágenes del acampe bajo la lluvia y cuestionó la falta de diálogo del Ejecutivo. “Las familias policiales están acampando con los nenes, con los retirados. ¿No tenés un poquito de vergüenza? Necesitamos plata y dignidad para los policías”, expresó en uno de los registros.
El conflicto sumó este lunes un nuevo giro cuando Muñoz anunció que presentó su renuncia a su trabajo en el Concejo Deliberante de General Roca, donde se desempeñaba como colaborador administrativo, con el objetivo —según explicó— de evitar que el reclamo sea interpretado como una disputa política.
“No quiero que el conflicto se politice. Estoy muy triste. Así como me quitaron mis 20 años de policía, hoy el gobernador me quita el único laburo que tengo”, sostuvo en una transmisión en vivo difundida por redes sociales.
Entre lágrimas, el referente del acampe aseguró que su decisión busca despejar cuestionamientos sobre su vínculo con dirigentes de la oposición provincial. “No quiero que me involucren ni con María Emilia ni con Martín Soria. Esto es por derechos laborales, por comida, por pan”, afirmó.
Mientras tanto, desde el oficialismo provincial marcaron distancia con la conducción del reclamo. El presidente del bloque legislativo de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, aseguró que el gobierno continuará dialogando con personal retirado de la fuerza, pero descartó reconocer como interlocutores a quienes no pertenecen a la institución.
“Con el tema retirados vamos a seguir hablando, pero con los retirados. No vamos a hablar con aquellos que no son o que no pertenecen a la fuerza policial”, señaló.
El legislador remarcó que Muñoz fue exonerado de la Policía, por lo que consideró que no representa a los retirados, y también lo vinculó con dirigentes del espacio político que gobierna el municipio de General Roca.
López defendió además la política salarial aplicada por el Ejecutivo provincial y recordó que la fuerza policial recibió aumentos y un adicional del 1,5 por ciento diferenciado respecto del resto de los empleados públicos, además de un reconocimiento histórico para retirados.
En ese contexto, el acampe frente a la Casa de Gobierno continúa y el reclamo mantiene como eje central alcanzar un salario mínimo de 1.800.000 pesos para el personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.
Mientras el gobierno insiste en cuestionar la representatividad de los voceros del reclamo, desde el Consejo de Bienestar Policial aseguran que la protesta seguirá hasta que se abra una instancia formal de negociación. En medio de esa pulseada, la tensión política crece y el conflicto salarial policial vuelve a instalarse en el centro del escenario provincial.
El Sindicato de Petroleros Privados informó que las instituciones sanitarias que administra continuarán atendiendo a afiliados del PAMI sin restricciones, en un contexto de tensión en el sistema de salud que afecta a prestadores privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La decisión alcanza a la Clínica y Maternidad de Rincón de los Sauces, el Sanatorio Plaza Huincul y la Clínica Catriel, centros que mantendrán la atención a jubilados pese a que otros prestadores definieron suspender servicios por la falta de actualización de valores y aranceles que perciben los profesionales.
Desde el sindicato señalaron que la medida fue definida por el secretario general Marcelo Rucci, junto con gestiones de la diputada provincial Daniela Rucci, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones.
Las instituciones involucradas cumplen un rol central en las localidades donde funcionan, ya que en varios casos constituyen una de las principales alternativas de atención médica para la población.
Rucci explicó que la decisión se tomó frente al escenario que atraviesa la obra social de los jubilados y el sistema sanitario previsional. “Atento a la compleja situación que afecta al sistema de salud previsional y en ejercicio de nuestra responsabilidad indelegable con la salud de la comunidad, definimos levantar de manera inmediata toda medida de corte o suspensión de la atención médica a los afiliados al PAMI. Ellos no son responsables, sino víctimas”, expresó.
De esta manera, la prestación de servicios para los afiliados al PAMI continuará con normalidad en los centros de salud administrados por el sindicato, aun cuando el conflicto por la actualización de aranceles con la obra social todavía no fue resuelto.
Desde la organización indicaron que continuarán reclamando a PAMI una revisión de los valores que perciben los prestadores, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad de la atención.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (UNComahue) continúa avanzando en el desarrollo de la Maestría en Cultivo y Aplicaciones en Salud de Cannabis, una propuesta de posgrado orientada a consolidar una formación académica estratégica para la región y el país.
En el marco de este proceso se realizó una reunión de trabajo con la participación del Dr. Enrique Mases, del área de Posgrado de la UNComahue; el Ing. Agr. (Mg.) Esteban Jockers, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias; Cecilia Cremer, en representación de la Facultad de Ciencias Médicas; y la Dra. Mariana Amorosi, directora del Centro Regional Patagonia Norte.
Según se informó, la maestría apunta a integrar la formación agronómica y sanitaria, promoviendo un abordaje interdisciplinario en torno al cultivo de cannabis y sus aplicaciones en el ámbito de la salud.
La iniciativa tiene como objetivo generar conocimiento especializado y fortalecer capacidades técnicas y científicas con impacto regional y proyección nacional.
Desde las instituciones involucradas señalaron que el trabajo conjunto continúa en la etapa de consolidación de esta nueva oferta académica de posgrado.
