Fabricio Alvarez

Violencia de género: Jueza de Catriel ordena tratamiento psicológico para el agresor

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El Juzgado de Paz de Catriel resolvió mantener medidas cautelares en un caso de violencia familiar y dispuso la prohibición de acercamiento por un radio de 500 metros durante 90 días o hasta que el denunciado acredite el inicio de un tratamiento psicoterapéutico, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 3040 y el Código Procesal de Familia.

El tribunal confirmó las medidas dictadas previamente por la jueza de Paz, quien de manera preventiva ordenó la restricción de contacto entre las partes para evitar nuevos episodios de violencia.

El agresor deberá cumplir con la medida de alejamiento y asistir a un servicio de salud mental para iniciar un tratamiento psicológico obligatorio. El Juzgado advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones adicionales, incluidas posibles acusaciones por desobediencia a la autoridad.

Además, el Juzgado intimó a las autoridades policiales a monitorear el cumplimiento de la medida y notificar a la Unidad Fiscal correspondiente en caso de incumplimiento. La resolución también establece que el hombre. podrá solicitar el levantamiento de la medida restrictiva una vez que acredite un resultado favorable del tratamiento psicológico.

Se notificó a ambas partes sobre la necesidad de contar con asistencia legal durante el proceso, y se les brindó información sobre cómo acceder a representación gratuita a través de la Defensoría General de Catriel o el Centro de Atención para la Defensa Pública en Cipolletti, en caso de no contar con recursos económicos.

Severas sanciones a los policías con sumarios en Catriel: ¿afecta el servicio de seguridad?

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La situación dentro de la fuerza policial de Catriel generó una creciente preocupación en las últimas semanas. Alrededor de 20 efectivos se encuentran bajo sumario administrativo, y muchos de ellos ya recibieron resoluciones con severas sanciones que incluyen suspensiones que van desde los 18 hasta los 20 días. Estas medidas disciplinarias, que afectan principalmente a suboficiales que desempeñan funciones en la calle, amenazan con impactar de manera significativa la seguridad en la ciudad.

El contexto no es menor, ya que los suboficiales sancionados son los que diariamente patrullan las calles y están en contacto directo con la comunidad. La ausencia de estos efectivos, aunque temporal, podría comprometer la capacidad de respuesta de la fuerza en un momento en que la demanda de seguridad es alta. Catriel, una ciudad que experimentó un marcado crecimiento poblacional en los últimos años, también vio incrementada su necesidad de una mayor presencia policial en sus calles.

Las sanciones impuestas a estos policías no son menores. Las suspensiones, además de significar una pérdida económica para los efectivos, reduce drásticamente el número de agentes disponibles para cubrir las guardias y patrullajes. Este tipo de sanciones, si bien buscan corregir conductas dentro de la fuerza, también generan una preocupación adicional: la posibilidad de que la falta de personal impacte en la seguridad pública.

Las razones detrás de estos sumarios son diversas, pero lo que se sabe es que las sanciones acrecentaron un malestar ya existente dentro de la fuerza policial. Para muchos, la percepción es que estas medidas son desproporcionadas en relación con las faltas cometidas. Este malestar interno podría tener repercusiones no solo en la moral de los efectivos, sino también en la eficiencia con la que se cubren las necesidades de seguridad en la ciudad.

Mientras las sanciones continúan ejecutándose, las autoridades locales enfrentan el desafío de mantener la seguridad en Catriel con un número reducido de policías. La comunidad, por su parte, observa con preocupación cómo se desarrollan los acontecimientos, en un contexto donde la demanda por mayor vigilancia y control es constante. Sin ir más lejos, el robo de bicicletas se disparó en los últimos meses.

En la zona rural de Peñas Blancas también exigieron mayor presencial policial. La situación de los suboficiales sancionados plantea una cuestión crítica para el futuro inmediato de la seguridad en la ciudad, especialmente si estas ausencias se extienden o se incrementan.

Condenado eligió quedarse en la comisaría de Catriel para no alejarse de sus hijos

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Un condenado en la Comisaría de Catriel logró evitar su traslado a un penal provincial tras una audiencia donde expresó su firme deseo de mantener el contacto con sus hijos pequeños. La decisión judicial, que sorprendió a algunos, estuvo basada en la importancia del vínculo familiar y la corta duración de la pena que le resta cumplir.

R.L.D., quien cumple una condena en la Comisaría 9 de Catriel, fue el centro de un debate judicial que tuvo lugar en Cipolletti. El fiscal del caso, Dr. Oscar Cid, había solicitado el traslado del interno a un establecimiento penitenciario, argumentando que debía cumplir su sentencia en un lugar adecuado para su reinserción social, como lo establece la ley 24660.

Sin embargo, R.L.D. se opuso al traslado durante la audiencia, señalando que su prioridad era mantenerse cerca de su familia, en particular de sus hijos de 2 años y 4 meses. Expresó que, con solo unos meses de condena restante, la distancia generada por un traslado a un penal lo privaría de un contacto esencial con sus hijos. Además, destacó que en la comisaría se encontraba cómodo y podía recibir visitas frecuentes de su familia, algo que perdería si fuera trasladado a un penal distante.

La defensora del condenado, Dra. Carolina Johansen, apoyó la postura de su cliente, subrayando que no existía una urgencia que justificara el traslado, dado que la situación en la comisaría no agravaba su condición de detención. Argumentó que R.L.D. no alcanzaría a beneficiarse del régimen penitenciario progresivo debido a lo poco que le quedaba de condena, y que su voluntad debía ser respetada.

El Juez Lucas J. Lizzi, al evaluar la situación, decidió rechazar el habeas corpus presentado por el fiscal, determinando que la permanencia de R.L.D. en la comisaría era lo más adecuado. Consideró que forzar un traslado podría perjudicar el derecho del condenado a mantener su relación con sus hijos, lo que contravendría la Convención de los Derechos del Niño. Además, el juez reconoció que la corta duración de la condena restante hacía inviable que R.L.D. se beneficiara del tratamiento penitenciario en un penal.

Con esta decisión, R.L.D. permanecerá en la Comisaría de Catriel hasta el final de su condena, prevista para diciembre de este año. La resolución destacó la importancia de priorizar el bienestar de los hijos menores en las decisiones judiciales, incluso en casos de condenas penales.

Un fin de semana con clima cambiante y variable en Catriel

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El pronóstico del tiempo para Catriel, Río Negro, indica un fin de semana con condiciones climáticas inestables. Desde el viernes, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas mínimas que rondarán los 6°C y máximas que podrían alcanzar los 18°C. El viento, proveniente del sur, será moderado, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo esperado.

El sábado continuará con un panorama similar, caracterizado por cielos cubiertos y una ligera baja en las temperaturas, con mínimas de 5°C y máximas que no superarán los 17°C. Aunque el día será fresco, se espera que el viento disminuya su intensidad.

Para el domingo, se anticipa una leve mejoría en las condiciones climáticas, con cielos parcialmente despejados y temperaturas en ascenso, alcanzando un máximo de 19°C. Este día podría ofrecer una oportunidad para actividades al aire libre, aunque persiste la recomendación de estar preparados para posibles cambios repentinos.

Este fin de semana en Catriel será propicio para quienes disfrutan de climas frescos y prefieren actividades tranquilas bajo un cielo nublado. Se recomienda a la comunidad mantenerse informada sobre posibles actualizaciones en el pronóstico y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de los próximos días con seguridad.

Unter mañana en Choele Choel la propuesta salarial

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Este viernes, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) llevará a cabo un Congreso Extraordinario en la ciudad de Choele Choel, donde delegados de todas las seccionales de la provincia se reunirán para discutir la última oferta salarial del gobierno. Este encuentro se realiza en un contexto de creciente preocupación entre los docentes por las políticas educativas provinciales y las condiciones laborales.

La oferta del Gobierno fijó un nuevo piso salarial de agosto en 864.954 pesos y 931.107 pesos en septiembre, y definió que entre agosto y diciembre los aumentos se darán asociados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Uno de los puntos principales en la agenda del congreso será la discusión sobre la reciente propuesta salarial del gobierno provincial, que ha sido calificada como insuficiente por la mayoría de los docentes. La inflación, que ha erosionado significativamente los salarios, es uno de los factores que motiva este reclamo. Los delegados de UnTER esperan llegar a una resolución firme respecto a las acciones que tomarán en caso de que el gobierno no atienda sus demandas de manera adecuada.

Además de la cuestión salarial, el congreso abordará temas relacionados con las condiciones edilicias de las escuelas, la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las instituciones educativas, y la situación de las infraestructuras escolares, que sigue siendo un motivo de preocupación para la comunidad educativa.

Los delegados también discutirán la necesidad de mejorar la seguridad en el trabajo y garantizar que se cumplan los derechos laborales de todos los docentes, especialmente en un contexto donde las condiciones en muchas escuelas no son las adecuadas.

El congreso de Choele Choel es visto como una oportunidad crucial para que UnTER reitere su compromiso con la defensa de una educación pública de calidad y con los derechos de los trabajadores de la educación. Se espera que las decisiones tomadas en este encuentro guíen las acciones del gremio en las próximas semanas, en un contexto de posible movilización si las demandas no son atendidas por el gobierno provincial.

La expectativa entre los docentes es alta, y se anticipa que el congreso podría definir medidas de fuerza en defensa de sus derechos laborales y en busca de mejoras sustanciales en el sistema educativo provincial.

Condenado en Catriel perdió visitas familiares debido a la falta de transporte para su traslado

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En una audiencia celebrada el 13 de agosto de 2024, el Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti, presidido por el Dr. Lucas J. Lizzi, abordó la situación de un condenado de Catriel que perdió sus visitas familiares programadas debido a la falta de un vehículo para su traslado desde el penal de Cipolletti.

El régimen de visitas, otorgado el 7 de marzo de 2024, permitía que D.A.H. visitara a su madre en Catriel cada tres meses. Sin embargo, un informe del penal fechado el 3 de junio de 2024, reveló que D.A.H. no había podido usufructuar ninguna de las visitas programadas porque el penal no disponía de un vehículo adecuado para realizar el traslado de larga distancia. Como resultado, D.A.H. perdió dos de las visitas autorizadas.

En la audiencia, la defensa solicitó que se le permitiera acumular las visitas perdidas, lo que le daría a D.A.H. la oportunidad de realizar dos visitas consecutivas en meses siguientes. El fiscal, Dr. Oscar Cid, estuvo de acuerdo en que se acumulara la visita atrasada con la del trimestre en curso, que vence a fines de agosto.

El juez resolvió que, debido a la falta de transporte que impidió las visitas anteriores, D.A.H. podrá disfrutar de una visita extraordinaria de cuatro horas durante el mes de agosto para ver a su madre en Catriel. Esta resolución refleja la importancia de asegurar que los derechos de los internos a mantener contacto con sus familias sean respetados, incluso cuando existen dificultades logísticas como la falta de transporte adecuado.

La inflación de julio en Río Negro: un panorama de leve desaceleración con desafíos latentes

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La inflación en la provincia de Río Negro durante el mes de julio de 2024 registró un aumento del 4,4%, según los datos oficiales difundidos este martes. Esta cifra, aunque representa una leve desaceleración en comparación con los meses anteriores, sigue reflejando la persistente presión sobre los precios que afecta a los hogares rionegrinos.

El índice inflacionario de julio se vio influenciado por diversos factores, entre los que destacan los aumentos en los precios de los alimentos, especialmente las frutas y verduras, cuyo costo se disparó debido a las adversas condiciones climáticas que impactaron la producción. Las bajas temperaturas, propias de la temporada invernal, redujeron la oferta de productos frescos, generando un incremento en los precios que se trasladó al consumidor final.

Este incremento del 4,4% se enmarca en un contexto de desaceleración inflacionaria a nivel nacional, donde los expertos proyectan cifras que oscilan entre el 3,8% y el 4,1%, según diferentes consultoras económicas. Sin embargo, a pesar de esta tendencia moderadamente positiva, los analistas advierten que la estabilidad económica aún es frágil.

Uno de los factores que podría revertir esta desaceleración es el inminente ajuste en las tarifas de servicios públicos. El gobierno nacional confirmó que en los próximos meses se aplicarán incrementos en los servicios de energía, gas y agua, lo que podría generar una nueva oleada inflacionaria que impactaría de manera directa en el bolsillo de los rionegrinos.

Además, persisten otros desafíos estructurales que continúan ejerciendo presión sobre la economía provincial. La recesión económica, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la pobreza son fenómenos que agravan el panorama, especialmente en regiones como Río Negro, donde la economía depende en gran medida de la actividad agropecuaria y el turismo, sectores que han sufrieron oscilaciones significativas en sus ingresos debido a la inflación.

Los datos de julio muestran que, aunque la inflación empezó a desacelerarse, la realidad económica de los rionegrinos sigue siendo compleja. El aumento en los precios de los alimentos, combinado con los desafíos macroeconómicos, plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para estabilizar la economía sin afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.

En este contexto, los consumidores se enfrentan a un dilema: cómo hacer frente a la continua erosión de su poder adquisitivo mientras el costo de vida sigue en ascenso. Aunque la desaceleración en la inflación de julio podría ser vista como una señal positiva, la situación sigue siendo precaria y los próximos meses serán cruciales para determinar si esta tendencia se mantiene o si los ajustes tarifarios y otros factores exógenos vuelven a encender las alarmas inflacionarias en la provincia.

Un año de buena conducta y zafó de un juicio por robo en Catriel

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Un hombre de Catriel logró una suspensión de juicio a prueba por un robo que perpetró en 2022. Cumplió con las normas de buena conducta y por eso se extinguió la persecución penal. Solo es posible para personas sin antecedentes penales.


El 29 de noviembre de 2022, se formularon cargos a un hombre por un intento de robo ocurrido la noche anterior. El imputado llegó al depósito de vehículos secuestrados de la Policía de Río Negro en el Destacamento de Seguridad Vial de Puente Dique a bordo de un Chevrolet Vectra. Rompió el cerco perimetral y trató de robar piezas de una Ford Ranger. La policía lo descubrió antes de que pudiera completar el robo.


El 5 de abril de 2023, se acordó una suspensión del juicio a prueba por un año para el imputado, quien debía cumplir con la presentación regular ante el Juzgado de Paz de Catriel y evitar la comisión de nuevos delitos.
El 11 de agosto de 2024, la Fiscalía solicitó la desvinculación definitiva, con el  argumento que había cumplido con las pautas de conducta y no contaba con antecedentes penales. La defensa apoyó esta solicitud.


La Jueza de Garantías declaró extinguida la acción penal contra el imputado y lo sobreseyó por el hecho imputado. Además, se determinó que el proceso no afectaría su buen nombre y honor. Se notificó al Juzgado de Paz de Catriel que el hombre ya no debía presentarse.

Le dieron 30 días más de prisión preventiva al acusado de faenar a «Carlitos»

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La justicia decidió extender la prisión preventiva de Juan Ceferino Coronado, quien enfrenta cargos por abigeato agravado. Coronado, de Catriel, está acusado de robar un caballo destinado a la equinoterapia y faenarlo. La jueza Amorina Sánchez Merlo, de Cipolletti, resolvió que Coronado permanecerá detenido hasta el 2 de septiembre de 2024, rechazando el pedido de morigeración de su defensa.

Durante la audiencia, la Fiscalía, representada por la Dra. Analia Díaz, solicitó la prórroga de la prisión preventiva. Díaz argumentó que mantener a Coronado bajo custodia es esencial para prevenir la interferencia en la investigación o una posible evasión de la justicia. La querella, con el abogado Angelo Zamataro Amaranto a la cabeza, respaldó la solicitud, destacando que la custodia del imputado es fundamental para el avance del caso y la integridad del proceso judicial.

La defensa de Coronado, encabezada por el abogado del imputado pidió una morigeración de la prisión preventiva. Propuso que Coronado cumpliera la medida en modalidad domiciliaria en la residencia de su madre en Sargento Vidal, argumentando que esta alternativa garantizaría el cumplimiento de las obligaciones judiciales. No obstante, la Unidad de Arresto Domiciliario y Monitoreo Electrónico (UADME) informó sobre la falta de disponibilidad de tobilleras electrónicas hasta la próxima semana, complicando la solicitud.

Finalmente, la jueza Sánchez Merlo decidió no conceder la morigeración y mantener a Coronado bajo prisión preventiva hasta la fecha establecida.

La Corte Suprema confirma fallo del STJ: anulan embargos a las cuentas del Ipross

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una queja y confirmó lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. El fallo anuló una sentencia de amparo de Bariloche que le había impuesto al Ipross una obligación imposible de cumplir. Como penalidad, recayó sobre la obra social un embargo de cuentas.

En una acción de amparo, la Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche hizo lugar al reclamo de una mujer y le ordenó al Ipross la cobertura integral y el pago directo, por adelantado, de una internación en un centro de la provincia de Buenos Aires. Hasta ese momento, la obra social provincial cubrió mediante reintegros la totalidad del costo de la prestación.

En su informe, el Ipross consignó que la cuestión trataba de un tema netamente económico, vinculado con la facturación que realiza la institución por un monto superior a la categoría para la cual cuenta con habilitación para funcionar, conforme el Nomenclador Nacional de Discapacidad. De ese modo señaló que, cuando la institución acreditara la categorización e inscripción ante la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ipross reconocería la categoría que corresponda según el tipo de habilitación. Se afirmó además, que la institución factura por adelantado y el Ipross abona las facturas a mes vencido.

Finalmente, se planteó que la orden era de imposible cumplimiento ya que no se pueden efectuar pagos directos a instituciones que no son prestadoras, debiendo la cobertura ser abonada por la vía del reintegro (artículo 11 de la Ley N° 2753).

Ante la denuncia de la amparista, el tribunal dispuso el embargo de las cuentas del Ipross para cobrar cuatro meses de facturación.

El caso transitó distintos recursos ante el STJ y la Corte Suprema. Esta semana, la Corte Suprema, por mayoría, rechazó la queja y dejó firme la decisión del STJ que había anulado todas las actuaciones conforme el dictamen del Procurador General.

La Procuración consideró arbitraria la sentencia de Bariloche ya que obligaba al Ipross a eludir el procedimiento administrativo. Planteó que el cambio de categoría de la institución requería aprobación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin esta aprobación, Ipross no podía gestionar el trámite que la afiliada solicitaba.

El tribunal de amparo, sin considerar el incumplimiento reglamentario, ordenó que se paguen los nuevos montos mediante una modalidad no permitida administrativamente: el pago directo y por adelantado a un prestador que no estaba en la cartilla. Por todos esos fundamentos, el Procurador solicitó anular la sentencia y todas sus consecuencias. El STJ y la Corte Suprema habilitaron ese pedido.