Un allanamiento vinculado a una investigación por material de abuso sexual infantil (MASI) se realizó el lunes 20 de octubre en Catriel, tras una alerta internacional que reportó la posible carga o descarga de este tipo de archivos desde una conexión local.
La Policía de Río Negro y el Gabinete de Criminalística encabezaron el operativo, que se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Nicaragua, con la correspondiente orden judicial. Durante el procedimiento se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) para la realización de las pericias técnicas que determinarán si existió almacenamiento o intercambio de material ilegal.
Desde la Justicia provincial confirmaron que el allanamiento se concretó sin incidentes y que, por el momento, no hay personas detenidas ni imputadas formalmente, a la espera de los resultados de los peritajes. Estos análisis serán determinantes para definir la continuidad del proceso penal.
El caso se suma a una serie de investigaciones en curso en la provincia, impulsadas a partir de reportes internacionales que permiten rastrear contenido de explotación sexual infantil en redes y plataformas digitales. Organismos como el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y el sistema ICACCOPS han sido clave en la detección de estos delitos, que luego son derivados a las fiscalías locales.
Durante este año, la Justicia rionegrina dictó penas de hasta cuatro años de prisión efectiva por casos de tenencia, distribución y publicación de material de abuso sexual infantil, como ocurrió en Choele Choel y Cervantes, donde los acusados reconocieron los hechos en juicios abreviados. En General Roca y Viedma, en tanto, continúan abiertas investigaciones por hechos similares, con medidas cautelares y restricciones dispuestas por los tribunales.
De acuerdo con el Código Penal Argentino, la tenencia, producción o distribución de este tipo de material constituye un delito grave, con penas que oscilan entre tres y seis años de prisión, agravadas cuando las víctimas son menores de 13 años o el contenido se comparte en redes.
El caso de Catriel permanece bajo secreto de sumario, mientras los equipos técnicos avanzan con el análisis del material incautado. Los resultados de la pericia informática serán los que definan si existen elementos suficientes para formular cargos.
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