La Dirección del Hospital de Catriel Dra. Cecilia Grierson comunicó que, “ante la información que circula en distintos medios y redes sociales respecto a un integrante del personal del hospital”, la persona fue apartada preventivamente de sus funciones “en el marco de un procedimiento administrativo interno”, con el objetivo de garantizar la transparencia y el debido proceso. El anuncio se difundió ayer (05/11/25) en un comunicado oficial.
El pronunciamiento del hospital se conoció después de que concejales y organizaciones locales difundieran un pedido para que se adoptaran medidas preventivas. En ese texto, se repudiaba la “presencia de personas actualmente sospechosas” y se reclamaba la remoción y la intervención de la Justicia y de los órganos internos del centro de salud. Firmaron los concejales Gonzalo Gerez, Carolina Piris, Rosa Nuevas y Teresa Cardona, junto a Multisectorial de Mujeres de Catriel, Mujeres Evita Catriel, Campaña por la Emergencia en Violencia de Género Catriel, Mujeres PJ Catriel, Kolina Feminista y Kolina Catriel. El documento no identificó a la persona presuntamente involucrada, aunque fuentes locales vincularon el reclamo con el allanamiento realizado días antes que fue primcia de VSN.
Según informó la Justicia provincial, el 20 de octubre se llevó a cabo un operativo en una vivienda de calle Nicaragua de Catriel, a partir de una alerta internacional por posible carga o descarga de material de abuso sexual infantil (MASI) desde una conexión local. Intervinieron la Policía de Río Negro y el Gabinete de Criminalística, con orden judicial. Durante el procedimiento se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, remitidos a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) para pericias. No hubo detenidos, y no hay imputaciones formales al momento; los resultados periciales definirán los próximos pasos del proceso penal.
Fuentes judiciales recordaron que las pesquisas por explotación sexual infantil en entornos digitales suelen activarse por reportes de organismos internacionales como el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y el sistema ICACCOPS, y que los expedientes pasan a las fiscalías locales para su investigación. En Río Negro, este año se dictaron penas en Choele Choel y Cervantes en casos de tenencia, distribución y publicación de MASI, mientras que en General Roca y Viedma siguen investigaciones abiertas con medidas cautelares. De acuerdo con el Código Penal Argentino, la tenencia, producción o distribución de este tipo de material es un delito grave, con penas de 3 a 6 años de prisión, agravadas en determinadas circunstancias.
En el plano local, las agrupaciones firmantes del comunicado del 02/11 señalaron que personas bajo sospecha no deberían realizar tareas cerca de niños, niñas y adolescentes, usuarios de salud mental ni personas mayores, y pidieron actuación inmediata de la junta interna o de quien corresponda. Por su parte, el Hospital destacó en su mensaje que el apartamiento preventivo busca preservar el funcionamiento del establecimiento y el derecho al debido proceso de todas las partes involucradas.
El caso de Catriel permanece bajo secreto de sumario, mientras los equipos técnicos avanzan con el análisis del material incautado en la OITEL. La dirección del Hospital Grierson remarcó que el procedimiento administrativo interno seguirá su curso en paralelo a las actuaciones judiciales, y que cualquier novedad será comunicada por canales oficiales.
