La Policía de Catriel colaboró en la detención de un ladrón en 25 de Mayo

Este viernes al mediodía se logró la detención del presunto responsable del robo a un importante lubricentro en 25 de Mayo (La Pampa). El hombre, que era buscado desde el lunes por las autoridades, fue aprehendido por la Comisaría 9na (Catriel), la Brigada de La Pampa y la Comisaría de 25 de Mayo (Unidad Regional IV). También prestaron su colaboración el Poder Judicial de Cipolletti y la fiscalía de 25 de Mayo.

Durante el procedimiento, se logró la incautación de varios elementos vinculados al delito, entre los que se encontraban una bicicleta, una amoladora, herramientas de mano y una tablet. Además, se supo que el imputado enfrenta otra causa judicial por un hecho de hurto.

La comisión policial encabezada por el comisario inspector Fleitas, acompañado por el oficial principal Castillo, el cabo Reyes y la Brigada interna bajo la dirección del suboficial Principal Ibarra, trasladaron al detenido a las celdas de la comisaría pampeana. Se espera que el mismo sea sometido a proceso judicial conforme a lo establecido en el código vigente, bajo la jurisdicción de la fiscalía local.

Fuente: La Arena

Un hombre fue denunciado por exhibicionismo en Catriel

Un incidente inusual sacudió la tranquilidad de la avenida Cacique Catriel en horas de la tarde de jueves 14 de marzo, cuando un hombre fue visto llevando a cabo actos de exhibicionismo en plena vía pública. Vecinos que se toparon con la escena reaccionaron con consternación e indignación, manifestando su repudio mediante insultos dirigidos hacia el hombre.

El video con el accionar del denunciado se viralizó e incluso fue cubierto por Canal 10 de General Roca. En el material fílmico se lo puede ver con los pantalones bajos y en una conducta inapropiada, intercambiando verbalmente con otros vecinos. Algunos de los testigos decidieron llevar la situación a las autoridades, denunciando el incidente en la comisaría local. Hasta el momento, los motivos detrás de la conducta de esta persona permanecen desconocidos, generando especulaciones de todo tipo entre los residentes y las autoridades locales. Se espera que la investigación judicial en curso arroje luz sobre las circunstancias que llevaron al hombre a realizar tales actos en un lugar tan concurrido como avenida Cacique Catriel.

Posteriormente, una persona intentó intervenir y detener al individuo utilizando la fuerza física. Las autoridades oficiales no se expidieron sobre la identidad del hombre, pero trascendió que se trataría de un integrante de la comunidad gitana. Este incidente reviva el debate en la comunidad sobre la seguridad pública y el comportamiento adecuado en los espacios públicos, destacando la importancia de abordar adecuadamente situaciones de este tipo para mantener la tranquilidad y el respeto mutuo entre los ciudadanos.

Qué es el exhibicionismo

Es un tipo de abuso y delito que casi no se denuncia. Normalmente los autores se exponen en espacios públicos y el objetivo es, justamente, ser observados. Este ilícito se encuadra en las llamadas parafilias (antes denominadas perversiones) y son modificaciones que se producen desplazando la excitación hacia objetos que no son habituales. “El exhibicionista se excita al saber que lo están observando”, según explicó el sexólogo Miguel Palmieri. Puede ocurrir que haya personas con patologías psiquiátricas que tienden a ser exhibicionistas, por eso el abordaje de estos últimos siempre debe hacerse desde Salud Mental, la psicología y psiquitría, además desde lo jurídico.

De acuerdo con el artículo 129 del Código Penal: será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciece ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados fueron menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años”.

Río Negro: piden agilizar las condenas en base a un caso de abuso sexual infantil en un jardín de Cipolletti

Tras presentar un proyecto al Parlamento que propone modificaciones al Código Procesal Penal de Río Negro, el Gobierno ha dado a conocer un caso emblemático que impulsó esta medida: los abusos sexuales ocurridos en un jardín de Infantes de Cipolletti. Este caso, denunciado por madres y padres hace una década, tuvo como resultado la condena a seis años de prisión de un docente implicado, luego de numerosas apelaciones que demoraron el proceso judicial hasta que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia y ordenó su detención.

«Resulta inaceptable que los condenados permanezcan en libertad hasta que la Corte Suprema se pronuncie, lo cual puede demorar largos años», expresó oficialmente la administración provincial. En este sentido, el proyecto propuesto busca que las condenas sean ejecutadas de manera inmediata tras instancias de apelación, para «garantizar una justicia más rápida y equitativa y evitar que las víctimas tengan que enfrentarse a los acusados durante prolongados períodos de tiempo».

La reforma penal propuesta incluye el artículo 241 bis, que establece que una vez condenado en el Tribunal de Impugnación, última instancia ordinaria, el acusado debe cumplir la pena, sin que su ejecución pueda ser suspendida durante el proceso de apelación. Asimismo, se destaca que el porcentaje de sentencias revocatorias por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es bajo, lo que refuerza la necesidad de una justicia más expedita.

El comunicado oficial subraya que la iniciativa busca poner en valor el sufrimiento de las víctimas de abusos sexuales y otros delitos, que a menudo atraviesan largos procesos judiciales mientras los condenados permanecen en libertad. El objetivo principal es brindar un alivio a las víctimas de estos crímenes, que frecuentemente se ven obligadas a convivir con sus agresores hasta que se pronuncia la sentencia final.

Desde el gobierno señalaron que «este caso sirve como ejemplo de la urgencia de reformas que permitan una justicia más ágil y efectiva, particularmente en situaciones de violencia de género, abusos y violación».

Denunció a su pareja tras 40 años de convivencia violenta

Luego de una convivencia de 40 años, una mujer del Alto Valle pudo denunciar la violencia que sufría por parte de su pareja. La gravedad de la denuncia presentada en una comisaría implicó la inmediata intervención del Juzgado de Paz de su pueblo, que dispuso las primeras medidas de protección urgentes para la señora. Pocos días después, un Juzgado de Familia de Roca confirmó esas medidas y desde entonces pesa sobre el hombre una exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento a la mujer.


Pero la exclusión del hombre dejó a la luz otra faceta de la violencia: la mujer pronto se quedó sin dinero, porque la dependencia económica de su pareja era total. Según surge de las actuaciones judiciales, su situación se volvió “insostenible” y agravada por un trastorno de salud.


La mujer presentó ante el juzgado un pedido de cuota alimentaria provisoria dentro del mismo expediente por violencia. Solicitó que su ex pareja le aporte una parte de sus ingresos mensuales. El Juzgado hizo lugar al pedido considerando que, a pesar de no haber estado legalmente casados, la extrema vulnerabilidad acreditada por la mujer demandaba una respuesta urgente.


En principio, el Código Civil y Comercial de la Nación no prevé la posibilidad de reclamar alimentos a una ex pareja si no estuvieron legalmente casados, salvo que se trate de alimentos para los hijos menores de edad. Pero en este caso, la jueza admitió el planteo luego de analizar el derecho y los hechos a la luz de las normas internacionales, nacionales y provinciales sobre perspectiva de género.


“No caben dudas de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la señora”, graficó la jueza. “No fijar los alimentos provisorios peticionados por la denunciante víctima generaría agravios irreparables y acentuaría su situación de extrema vulnerabilidad”, agregó.


“Uno de los rasgos más importantes de la violencia de género es el desequilibrio de poder que caracteriza a las relaciones entre las mujeres que son víctimas de esa violencia y los victimarios. Esta asimetría está vinculada a los valores de la cultura patriarcal que reproduce patrones y estereotipos que discriminan a las mujeres y las colocan en una situación de subordinación y dependencia respecto de los varones”, destacó el fallo.


También consideró que fijar alimentos provisorios en el marco de un expediente de violencia brindaría una cobertura económica a la víctima con dos objetivos centrales: intentar “restablecer, mínimamente y en parte, aquel desequilibrio configurado por las relaciones de poder asimétricas” y garantizarle un ingreso que le “ayude a sostener” la exclusión del hogar del hombre, de manera que la necesidad de subsistir no la condicione a aceptar nuevamente una convivencia violenta. “Muchas mujeres limitan sus decisiones por la dependencia económica respecto de su victimario”, enfatizó la sentencia.


El fallo estableció que por los próximos cinco meses el hombre deberá depositar a la mujer el 20% de su salario. También indicó al banco que deberá brindarle una tarjeta de débito a la señora para que tenga autonomía en el uso de ese dinero. Y finalmente, como se trata de alimentos provisorios, indicó que en el mismo plazo la mujer deberá iniciar las acciones judiciales “de fondo” que correspondan para alcanzar una solución definitiva.

Como acceder al botón antipánico y el dispositivo dual en Río Negro

La provincia de Río Negro tiene dispositivos electrónicos como parte de un sistema de verificación de presencia y localización, destinados a proteger a víctimas de violencia de género y garantizar el cumplimiento de medidas de protección. Estos dispositivos, conocidos como «Botón Antipánico» y «Dispositivo Dual», están diseñados con tecnología de geolocalización por satélite (GPS) y Sistema Global de Comunicaciones (GSM).

El «Dispositivo Dual» se encuentra actualmente disponible para autoridades judiciales en la Primera, Segunda y Cuarta circunscripción judicial de la provincia. Consiste en dos unidades de rastreo, una para la mujer denunciante y otra para el agresor. Ambos dispositivos están interconectados y permiten establecer un radio de exclusión dispuesto por la autoridad judicial. En caso de violación de las zonas de exclusión, el sistema se activa automáticamente y desencadena un protocolo de respuesta a emergencias, que incluye la comunicación con el Programa RN Emergencias y el despliegue policial.

Por otro lado, los «Botones Antipánico» están activos en las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, según lo establecido en el Programa de Alerta y Monitoreo Antipánico, enmarcado en la Ley Provincial Nº 3040 de Protección Integral contra la Violencia. Estos dispositivos son activados por la mujer en situación de violencia de género ante una emergencia, y alertan a las fuerzas de seguridad para brindar asistencia inmediata.

Ambos tipos de dispositivos son monitoreados las 24 horas del día, los 365 días del año por el Programa RN Emergencias. Además, todas las comunicaciones quedan grabadas y pueden utilizarse como prueba judicial en procesos legales relacionados con violencia de género.

Los dispositivos de seguridad son asignados mediante una orden del Poder Judicial, según el protocolo de Actuación para la implementación, entrega y seguimiento, ratificado por el Decreto N° 1514/2019 y RES 0866-19 STJ. Estos dispositivos son otorgados por un período determinado, que coincide con la vigencia de la medida de protección, pudiendo ser prorrogados según evaluación de riesgo realizada por equipos técnicos.

Área de Género del Ministerio de Seguridad y Justicia

Contacto: areagenero@rnemergencias.rionegro.gov.ar

Tel.: +54 9 2920 35-0154

Secuestro de cocaína, marihuana, armas y una suma millonaria en Roca

Luego de tres meses de investigación y tras un operativo que fue desarrollado por la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Justicia Federal y la Policía de Río Negro, fueron desarticulados varios puntos de venta de droga al menudeo que operaba en el Barrio Nuevo de la ciudad de General Roca luego de cinco allanamientos.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales, luego de la autorización del juez federal. En primera instancia se pudo certificar la existencia del comercio de estupefacientes en un domicilio donde residían un hombre mayor de edad y su familia, aunque luego se constató que la venta ilegal de sustancias prohibidas también se realizaba en otros cuatro domicilios.

Reunidas las pruebas, el juez a cargo habilitó las órdenes de allanamientos en forma simultánea y los resultados arrojaron el secuestro de 50 plantas de marihuana, cogollos y hojas desmenuzadas, 270 gramos de clorhidrato de cocaína compacta de máxima pureza -equivalente a 1.500 dosis-, 16 teléfonos celulares, 4 balanzas de precisión, dinero efectivo por una suma total  $1.126.060 moneda nacional, una arma de fuego fabricación casera, un revólver calibre 32,  y 65 municiones calibre 32.

Finalizadas las tareas investigativas con resultados positivos, la Justicia Federal dispuso la imputación para las diez personas involucradas por infracción a la Ley 23.737. Paralelamente se  labraron actuaciones con intervención del Ministerio Publico Fiscal por tenencia ilegal de arma de fuego quedando imputadas otras dos personas.

Notas relacionadas:

Secuestraron 3 kilos de cocaína, efectivo, armas y detuvieron a 3 personas

El pasado domingo 24 de febrero de 2024, se llevó a cabo un importante operativo contra el narcotráfico en la provincia de Río Negro, denominado «Operativo Delfín Blanco», en una acción conjunta entre el Gobierno de la provincia y las autoridades policiales locales. Como resultado de esta intervención, tres individuos fueron detenidos y se logró la incautación de armas, municiones, 3,4 kilos de cocaína y 11 gramos de marihuana, además de 130.220 pesos, 810 dólares, balanza y teléfonos celulares.

El material estupefaciente confiscado fue vinculado con la organización criminal conocida como «Clan Castedo», reconocida por su operación de tráfico de drogas desde Bolivia hacia Argentina. Se estableció que los tres lotes de cocaína incautados estaban marcados con la insignia «DELFIN», representando más de 13.500 dosis con un valor estimado en el mercado minorista de aproximadamente 45 millones de pesos.

Este operativo se enmarca dentro de la estrategia de control e identificación de personas y vehículos, desplegando personal de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de General Roca, la Sección Canes Narcóticos de Allen y el Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales. La acción tuvo lugar en el acceso al Alto Valle, específicamente en el kilómetro 1117 de la Ruta Nacional N° 22.

Durante el operativo, se interceptó un ómnibus de larga distancia, donde se llevó a cabo un exhaustivo control de pasajeros y equipaje. Gracias a la intervención del perro adiestrado «Máximo», se detectó la presencia de sustancias estupefacientes en el equipaje de mano de un pasajero. La inspección del equipaje reveló la presencia de tres paquetes rectangulares prensados conteniendo un total de 3 kilos 397 gramos de clorhidrato de cocaína, así como un teléfono celular y una suma considerable de dinero en efectivo.

Siguiendo las directrices del Juez Federal, se realizaron diligencias adicionales, incluyendo dos allanamientos en domicilios particulares ubicados en el Barrio Quinta 25° de la ciudad, que condujeron al secuestro de más sustancias estupefacientes, armamento y la imputación de dos personas adicionales.

«Este golpe al narcotráfico representa un avance significativo en la lucha contra las redes criminales que operan en la región. El Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso en esta lucha y continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades federales y locales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos», señalaron desde el gobierno provincial.

Secuestro de marihuana y armas tumberas en Allen

La Policía de Río Negro comunicó que el jueves 29 de febrero logró desmantelar un punto de distribución de drogas en el Alto Valle, en una operación que involucró la colaboración de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y la Justicia Federal. La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima realizada al 0800-DROGAS, que culminó con el secuestro de 18 plantas de marihuana y la incautación de un arma de fabricación casera tipo tumbero calibre 32.

La acción policial, llevada a cabo por la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Alto Valle Este – Villa Regina, contó con el apoyo crucial de la Sección Canes de Allen.

Notas relacionadas

La Justicia Federal de Río Negro ordenó quemar 50 bultos de marihuana

La Justicia Federal de Río Negro incineró una importante cantidad de marihuana, la cual fue incautada en distintos operativos realizados en la región. En contraposición a años anteriores, en esta ocasión se optó por realizar la quema en un campo ubicado en la zona sur, debido a complicaciones surgidas en el cementerio de Neuquén, donde anteriormente se llevaban a cabo estos procedimientos.

Durante la mañana del jueves 29 de febrero, el personal de Gendarmería Nacional procedió a cargar más de cincuenta bultos que contenían la droga, los cuales fueron secuestrados en diferentes acciones realizadas por efectivos de fuerzas nacionales y provinciales. Formaban parte de los lotes secuestrados durante distintos procedimientos que se llevaron adelante en el 2023 desde la Justicia Federal.

Según informaron fuentes judiciales, la incineración fue llevada a cabo por personal de Gendarmería Nacional, quienes contaron con la colaboración de bomberos de dicha fuerza y del cuartel central de General Roca. Todos los participantes adoptaron las medidas necesarias para controlar el proceso de quema de manera segura, aseguraron las mismas fuentes.

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Las coincidencias de la tragedia del barrio Carod con la empresa Rasys en Catriel

La tragedia del barrio Carod en 2016 que desencadeno la muerte de un joven de 22 años y varios heridos de gravedad será clave en la investigación por la muerte de Pedro Larrabide como consecuencia de la explosión en la empresa Rasys Servicios el 20 de febrero pasado en Catriel.

La fiscalía que encabeza Gustavo Herrera tomará esa investigación con base para definir responsabilidad por la muerte del hombre de 66 años que tenía una vasta experiencia en el rubro. Incluso estaba jubilado, pero continuaba con servicios en la empresa Rasys.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la tragedia de 2016 que dejó como saldo la muerte de Mauro Malmoria el 19 de noviembre de ese año será una “guía” para la etapa preliminar en este proceso penal.

Será calve en la investigación los detalles de las mediadas de seguridad de la empresa. El propietario de la empresa Rasys Servicios, José Luis Rasys, habló con medios locales y dijo que “las altas temperaturas” podrían haber influido en la explosión. Sin embargo, hay medidas y protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de los trabajadores.

La explosión se dio en pleno centro de la localidad de Catriel. Días antes la municipalidad le exigió a la empresa que se mude a la zona del parque industrial, pero el dueño de la empresa, según fuentes municipales, no accedió al pedido. Tras el hecho se clausuró preventivamente la empresa mientras avanza la investigación.

Además de la muerte de Larrabide, un joven resultó con varias heridas de consideración y aún se mantiene internado en un centro de salud. El fallecido fue hallado a varios metros de la explosión. Además, trascendió que era un soldador experimentado que se encontraba jubilado.

La primera reconstrucción de los hechos indica que estaba soldado un tanque cisterna de un camión dedicado al traslado de líquido inflamable. Por la onda expansiva habría sido arrojado varios metros, muriendo en el acto. Fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que “era un soldador de primera categoría”, por lo que su experiencia estaba avalada.

La metalúrgica se encuentra ubicada en la calle Garro, a pocos metros de una dependencia de tránsito del municipio y el SUM local. En esa locación trabajó un taller de YPF.

El día de la clausura la Intendenta Daniela Salzotto aseguró que durante el procedimiento “se pudo constatar los piletones con líquidos empetrolados, alrededor de siete, y se encontraron en el lugar diferentes focos de basura. Ante esta situación, se procede a la clausura. También se dialogó con el delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia, porque además se constataron las condiciones precarias de inseguridad y de alto riesgo en las que estaban expuestos todos y cada uno de los trabajadores, lo que resultó en el desenlace terrible de los perjudicados en el siniestro”.