La Fiscalía formuló cargos contra un hombre por el choque ocurrido el 21 de noviembre, alrededor de las 7, en el km 1204 de la Ruta Nacional 22, donde murieron dos mujeres adultas y dos menores. Según la acusación, el imputado circulaba en sentido oeste–este a una velocidad mínima superior a 170 km/h, bajo los efectos de estupefacientes, con alcoholemia mayor a 500 mg/l, utilizando el teléfono celular y sin el dominio exigido para conducir.
El vehículo del imputado habría impactado desde atrás a la camioneta en la que viajaban las víctimas, detenida en el carril izquierdo. El golpe la desplazó más de 37 metros y provocó un incendio inmediato. Dos adultos murieron en el momento, según la evaluación preliminar.
La Fiscalía presentó actas del Cuerpo de Seguridad Vial, elementos secuestrados en el rodado y los resultados de allanamientos donde se obtuvieron dispositivos celulares y armas. Incorporó además la prueba de alcoholemia realizada tres horas después, pericias accidentológicas, exámenes toxicológicos y fotografías del lugar. Un testigo relató haber sido sobrepasado por la camioneta del imputado mientras él viajaba a 120 km/h, y afirmó que el acusado no asistió a las víctimas y realizó llamadas de inmediato.
También se sumaron imágenes de cámaras de seguridad de un bar de Allen donde el hombre estuvo entre las 3 y las 5 de la madrugada, y el congelamiento de una cuenta en redes sociales donde habría registrado videos desde el interior del vehículo minutos antes del hecho.
La defensa cuestionó los cargos y sostuvo que la detención del vehículo embestido era irregular. La Fiscalía respondió que ese factor no modifica la atribución de responsabilidad y que otros conductores evitaron el obstáculo. “Este hecho comenzó con imprudencia y terminó con un desenlace fatal”, remarcó.
La jueza de garantías dio por acreditados los elementos iniciales de la acusación y ordenó la prisión preventiva del imputado mientras continúe la investigación.
Las autoridades confirmaron que entre las personas fallecidas en el choque ocurrido este viernes en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1203, se encontraba Liliana Cocuzza, médica del hospital de Catriel y Carina Gutiérrez, hija de su pareja. También murieron dos menores que viajaban con ella en una Ford EcoSport, cuyas identidades no fueron difundidas oficialmente. La información fue ratificada por fuentes policiales que trabajaron en el sitio.
El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en el tramo entre Fernández Oro y Allen, cuando una Volkswagen Amarok, conducida por un vecino de Allen, impactó a la EcoSport. El conductor de la Amarok y de la Ecosport fueron trasladados al hospital de Allen con lesiones.
La dinámica exacta del hecho aún no está determinada, y el gabinete de Criminalística continúa con las pericias. No obstante, distintas versiones preliminares coinciden en que la EcoSport habría estado detenida o frenando en uno de los márgenes de la calzada antes de ser alcanzada por la Amarok. Algunas fuentes señalaron que la parada podría haberse debido a un desperfecto mecánico o un ajuste de equipaje, pero ninguna de estas hipótesis fue confirmada por los peritos ni por la Policía.
Tras el impacto, la EcoSport se incendió y las llamas avanzaron rápidamente, sin margen de escape para sus ocupantes. En medio del fuego se registró además una explosión, según describieron testigos que estaban en la zona.
El tránsito permaneció interrumpido mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de asistencia y preservación de la escena. Las autoridades indicaron que el sector presenta un alto caudal vehicular, en el inicio del fin de semana largo.
El municipio de Catriel decretó duelo y suspendió sus actividades oficiales durante todo el fin de semana largo.
La familia viajaba en una Ford EcoSport que se incendió tras un impacto en el kilómetro 1203. El conductor, un hombre de 65 años, permanece internado.
Dos mujeres y dos niños, todos oriundos de Catriel, murieron esta mañana en un choque ocurrido minutos después de las 7 en la Ruta Nacional 22, entre Allen y Fernández Oro. Las tres víctimas viajaban en una EcoSport que fue impactada por una camioneta y se prendió fuego tras el choque.
El comisario José González, de la Unidad Regional II, confirmó que los niños “serían nietos del conductor”, quien fue trasladado de urgencia al hospital local. Las pericias buscan establecer cómo ocurrió el siniestro y qué provocó el incendio posterior.
El tránsito continúa interrumpido en el sector para permitir el trabajo de Policía, Bomberos Voluntarios y personal de Salud. En Catriel, donde residía la familia, la noticia generó conmoción y profunda tristeza.
A 66 años del descubrimiento del pozo CO1, Catriel vuelve sobre su identidad petrolera para definir cómo sostener su entramado laboral en un contexto de menor actividad convencional. Según datos relevados por sindicatos de la región, alrededor de 4.000 trabajadores con domicilio en la ciudad siguen vinculados a la industria, un volumen que marca el peso de la actividad en la economía local.
La intendenta Daniela Salzotto señaló a medios regionales que impulsa acciones orientadas a retener ese empleo y acompañar la reconversión necesaria ante el avance del no convencional. La estrategia incluye «fortalecer el parque industrial, articular con los corredores productivos de la Cuenca Neuquina y potenciar eventuales efectos del proyecto VMOS».
El municipio sostiene que la ciudad cuenta con condiciones logísticas y una trayectoria técnica que permiten ofrecer servicios a operadoras y contratistas. Para complementar ese perfil, se trabaja en capacitaciones para jóvenes y en prácticas formativas desde la Escuela Municipal de Oficios y espacios educativos del nivel medio y terciario.
La diversificación también forma parte del diseño local. Una características de Catriel es que tiene un sistema de riego con canales que toman agua desde el río Colorado y que perfectamente podrían colaborar con el cambio de perfil productivo. Colonia Ovejero tiene unas 766 hectáreas bajo riego. Peñas Blancas, una comisión de fomento cercana, cuenta con 1700 hectáreas, y Valle Verde otras 500. En total son unas 3.000 hectáreas con riego en esas áreas rurales.
El municipio asegura que en total en el ejido hay 10 mil hectáreas bajo riego. Más allá de los números, la actividad agrícola convive con el desarrollo energético y aparece entre las alternativas para ampliar la matriz económica sin desplazar la empleabilidad petrolera.
El crecimiento urbano registrado en los últimos años —con estimaciones que superan los 30 mil habitantes— demanda mejoras en servicios. La gestión local indicó que hoy prioriza la iluminación pública, el ordenamiento parcelario y la entrega de lotes para acompañar la expansión de la ciudad y sostener condiciones adecuadas para nuevas inversiones.
Catriel llega a este nuevo aniversario con la mirada puesta en mantener su rol dentro de la Cuenca Neuquina y en generar condiciones que aseguren trabajo, infraestructura y diversificación productiva para los próximos años.
La diversificación no apunta a sustituir la actividad petrolera, sino a complementarla. La combinación de riego, producción primaria y servicios energéticos aparece como uno de los caminos posibles para sostener empleo local y generar nuevas oportunidades de cara al futuro.
En ese mapa de iniciativas locales, la cooperativa Quatrifinio LTDA de Peñas Blancas avanza con un esquema de economía circular que combina producción primaria y agregado de valor. Ayer iniciaron la siembra de alfalfa, que se suma a su trabajo en huerta, aromáticas y al desarrollo de una biofábrica orientada a bioelaborados como hummus, sustratos y fertilizantes orgánicos líquidos. El proyecto incorpora además una línea de cáñamo industrial, pensado como eje para integrar semillas, bioalimentos y usos textiles e industriales, en sintonía con la búsqueda de diversificación que impulsa la ciudad.
Catriel será sede del nuevo curso de choferes de transporte de carga que comenzará en febrero de 2026. La propuesta combinará instancias presenciales y virtuales, con participación académica de la UNRN. El municipio habilitará una preinscripción para organizar la demanda local y regional.
El programa, con duración de tres meses, incluye requisitos específicos como el carnet E1, condición indispensable para los aspirantes. El cupo estimado alcanza a 60 personas, quienes accederán a certificación orientada a la inserción en empresas del rubro.
La iniciativa se enmarca en un acuerdo con la Municipalidad de Catriel y en la estrategia provincial del gremio de fortalecer la formación profesional vinculada al transporte.
El CENT N.º 44 habilitó el proceso de preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026, vigente desde el 17 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2025. La institución ofrece cinco tecnicaturas oficiales, gratuitas y con aval del Ministerio de Educación, orientadas a la formación profesional en tres años bajo modalidad presencial.
Las propuestas incluyen Gestión y Administración de Empresas, Logística y Transporte, Petróleo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Soporte de Infraestructuras. Desde el establecimiento destacaron que se trata de opciones diseñadas para impulsar la inserción laboral y responder a demandas de diversos sectores productivos.
Para realizar la preinscripción, las personas interesadas deben presentar DNI, acta o certificado de nacimiento, dos fotos carnet, analítico o certificado de finalización de estudios secundarios, certificado de buena salud y la ficha de inscripción, disponible en los puntos indicados por la institución.
La definición sobre quién operará Señal Picada – Punta Barda, en el oeste de Río Negro, continúa en pausa. Aunque YPF ya cedió su participación como parte del proceso de salida de campos maduros, el cambio de manos todavía requiere el aval del gobierno provincial, encabezado por Alberto Weretilneck. Esa decisión es particularmente relevante para Catriel, donde la actividad económica local está directamente ligada al desempeño de los yacimientos cercanos.
El peso del bloque no es solo geográfico. De acuerdo con los registros oficiales de 2019, Señal Picada cerró ese año con una producción de 4.124 barriles por día, mientras que el bloque completo Señal Picada – Punta Barda promedió 5.585 barriles diarios. Tomando como referencia un precio internacional en torno a los 60 dólares por barril, ese nivel de producción equivale a unos 2,03 millones de barriles anuales, con un flujo económico del orden de los 121 millones de dólares al año solo para el bloque.
Si se proyectan esos volúmenes a 2025 bajo escenarios de declino, el impacto sigue siendo considerable. Con una hipótesis conservadora de caída acumulada del 20% respecto de 2019, la producción anual estimada rondaría 1,63 millones de barriles, lo que representa cerca de 97 millones de dólares al año con precios similares. En un escenario más pesimista, con una merma del 40%, el bloque podría ubicarse en torno a 1,22 millones de barriles anuales, equivalentes a unos 73 millones de dólares. Aunque se trata de ejercicios estimativos, permiten dimensionar que aun con declino el área sigue moviendo decenas de millones de dólares por año.
La comparación con el cuadro provincial refuerza esa magnitud. Hoy Río Negro aporta alrededor de 21.000 barriles diarios, cerca del 2,8% de la producción nacional de petróleo convencional. El valor de un año de producción del bloque Señal Picada – Punta Barda en su pico reciente equivale a más de una cuarta parte de lo que genera actualmente todo el crudo rionegrino en un año.
En paralelo al debate por el futuro de Punta Barda, el contexto regulatorio también está en movimiento. El Gobierno nacional decidió poner fin a las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, a partir de un acuerdo sellado primero con Chubut y luego extendido a otras provincias productoras. El esquema prevé retenciones nulas por debajo de los 65 dólares, una escala del 0 al 8% entre 65 y 80 dólares, y una alícuota del 8% por encima de ese rango.
En ese tablero, Río Negro mantiene una postura más cautelosa y analiza el impacto fiscal y político antes de definir si se suma al nuevo régimen. La provincia, que discute a la vez temas de infraestructura, financiamiento y reformas laborales con la Nación, evalúa cómo articular la eventual baja de retenciones con sus propias políticas de regalías y cánones en áreas maduras.
El debate no se limita al plano fiscal. El 14 de noviembre, la secretaria de Hidrocarburos rionegrina, Mariela Moya, participó en Buenos Aires de una reunión del comité ejecutivo de la OFEPHI, donde las provincias productoras y representantes empresariales analizaron propuestas para sostener la producción convencional. Allí se discutió un posible régimen de incentivos, con foco en competitividad, actividad y empleo en todas las cuencas.
Al mismo tiempo, el mapa empresarial del convencional se reacomoda. Petróleos Sudamericanos viene ampliando su presencia en cuencas maduras: recientemente adquirió el 30% que Compañía General de Combustibles (CGC) tenía en las áreas La Ventana y Río Tunuyán, en Mendoza, y pasó a operar el 100% de esas concesiones. El acuerdo, firmado el 3 de noviembre con vigencia desde el 1°, incluyó un pago de 30.000 dólares más IVA y un saldo equivalente a 40.000 barriles de petróleo a liquidarse en 48 meses, según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores.
Esa operación se suma al traspaso de seis áreas mendocinas —Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán— que el gobierno de Mendoza ya autorizó en el marco del Plan Andes, el programa con el que YPF ordena la salida de campos maduros. Con esas decisiones, Petróleos Sudamericanos consolidó un esquema operativo sin socios en parte del norte mendocino.
El contraste con la situación de Punta Barda es evidente: mientras otras jurisdicciones completan sus traspasos y ajustan sus marcos fiscales para retener inversiones, en Río Negro sigue pendiente la definición sobre uno de los bloques que más aportó a la producción provincial en la última década. Para Catriel, el resultado de esa decisión marcará en buena medida el volumen de trabajo disponible para contratistas, proveedores y mano de obra local en los próximos años.
En un escenario donde el convencional busca recuperar competitividad frente a Vaca Muerta, y donde la Nación y las provincias negocian incentivos y retenciones, el futuro de Señal Picada – Punta Barda será una pieza central para entender cómo se reordenará la actividad en el oeste rionegrino y qué rol asumirán las empresas que hoy apuestan a extender el ciclo de los campos maduros.
La Ruta 151, principal acceso a Catriel, inició esta semana una etapa de repavimentación con los trabajos de Vialidad Nacional sobre el sector ubicado a la altura de Quinta de Uriburu. La intendenta Daniela Salzotto informó que recorrió esta mañana los trabajos ejecutados por Vialidad Nacional y mantuvo un intercambio con el jefe de obra, quien confirmó que las tareas avanzan “por etapas” según la disponibilidad de recursos y materiales.
El responsable técnico explicó que el campamento de obra, instalado en el predio del Sindicato de Camioneros de Catriel, permanecerá en ese lugar “al menos un mes más”, en función del cronograma previsto. Una vez finalizado el tramo actual, está programado un segundo segmento de repavimentación que se extenderá desde el acceso sur hasta la Torre, con el objetivo de continuar mejorando la circulación en la vía que concentra el mayor flujo de ingreso y salida de la ciudad.
La jefa comunal conversó con el responsable de Vialidad y se tomó una foto con la maquinaria.
Durante la recorrida, la intendenta dialogó con vecinos y trabajadores que transitaban por la zona. Señaló que varios expresaron su valoración por el inicio de la obra y recordaron los “años de reclamo” para lograr un mejoramiento sostenido sobre la traza.
Salzotto calificó el avance como “un primer paso necesario”, aunque remarcó que “no nos conformamos”. En ese sentido, sostuvo que el Municipio continuará gestionando ante Nación para que la reparación integral de la Ruta 151 sea incorporada al Presupuesto Nacional 2026, con el fin de alcanzar una solución de fondo a una demanda histórica de la región.
Un hombre de Catriel con diagnóstico de Miastenia Gravis, una enfermedad autoinmune que afecta la comunicación entre nervios y músculos, fue sometido a una cirugía inédita en el Hospital Francisco López Lima de General Roca. La intervención, encabezada por los cirujanos torácicos rionegrinos Gabriel Villaverde y Marcelo Laffitte, contó además con la participación de la especialista porteña Dra. Paula Cafferata, convocada especialmente para integrar el equipo.
Según informó el centro de salud, en el quirófano trabajaron 15 profesionales, entre instrumentadores, anestesistas, especialistas en cirugía torácica y personal de apoyo. El objetivo fue abordar una condición compleja que, en casos avanzados, compromete seriamente la respiración, la movilidad ocular y la fuerza muscular. El paciente catrielense transitaba síntomas severos y necesitaba una solución que, hasta ahora, no estaba disponible en la provincia.
La operación, que requirió planificación interdisciplinaria y equipamiento específico, se desarrolló en horas de la tarde y fue considerada por el equipo médico como un “avance significativo para el sistema público rionegrino”. Fuentes hospitalarias destacaron que el procedimiento se llevó adelante en el marco de una estrategia provincial para fortalecer la capacidad resolutiva de hospitales regionales, evitando traslados prolongados y demorados a grandes centros urbanos.
La especialista invitada señaló que “la coordinación entre equipos permitió realizar una cirugía segura y efectiva”, mientras que los profesionales locales destacaron que la experiencia abre la puerta a futuros tratamientos de alta complejidad dentro de la red pública. Desde el hospital confirmaron que el paciente evoluciona de manera estable y que continuará bajo seguimiento en coordinación con el área de neurología.
La intervención marca un hito para Catriel y la región: por primera vez, un vecino con una patología de extrema sensibilidad pudo acceder a un procedimiento de este nivel sin salir de Río Negro, consolidando un paso más en la ampliación de derechos en salud
Una motociclista de 32 años resultó gravemente herida tras ser embestida por una Toyota Hilux que, según determinó la Justicia civil, ingresó sin ceder el paso a la avenida Rawson desde la calle Pico Truncado, en una intersección en forma de “T”. La mujer circulaba a bordo de su moto Mondial en dirección norte cuando la camioneta realizó un giro abrupto y le bloqueó la trayectoria. El impacto fue perpendicular y la lanzó contra el parabrisas.
La víctima, que trabajaba como portera y realizaba tareas domésticas, fue trasladada inicialmente al hospital de Catriel y luego al Sanatorio Río Negro, donde permaneció internada varios días. Presentó fractura de muñeca izquierda, traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento y múltiples lesiones. Fue operada, recibió una placa y posteriormente requirió otra intervención por rechazo del material, con secuelas que afectaron su movilidad y su rutina laboral.
En el juicio por daños y perjuicios, la mujer sostuvo que el conductor incumplió las normas de tránsito y que la camioneta prestaba servicios para una empresa petrolera. La firma no se presentó a contestar la demanda y fue declarada en rebeldía. La titular registral del vehículo tampoco respondió, mientras que la aseguradora reconoció que el rodado contaba con cobertura vigente al momento del siniestro.
Una pericia accidentológica realizada en el expediente penal concluyó que el conductor de la Hilux no respetó la prioridad de paso al atravesar la avenida. Un informe técnico posterior, producido en el juicio civil, confirmó la misma mecánica: la moto mantenía su circulación y la camioneta irrumpió en su trayectoria sin brindar margen de maniobra.
La pericia médica estableció una incapacidad física del 30%, con dolor persistente, reducción de movilidad, necesidad de férulas y dificultades para sostener objetos o realizar actividades cotidianas.
La sentencia del fuero Civil de Cipolletti responsabilizó al chofer, a la empresa petrolera por tratarse de un hecho ocurrido durante la prestación de servicios, y a la titular registral conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial. También incorporó a la aseguradora, dentro de los límites de la cobertura obligatoria vigente. La resolución ordenó una indemnización por incapacidad, daño moral, tratamiento psicológico y gastos médicos futuros. Es un fallo de primera instancia y puede ser apelado.
