El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó las medidas implementadas para controlar el uso de licencias médicas en la administración pública y afirmó que, entre septiembre de 2024 y abril de 2025, se evitó un gasto superior a los $9.800 millones en licencias sin justificación. “Esto no es relato, es gestión. Implementamos auditoría médica, revisamos procedimientos y actuamos con decisión”, expresó el mandatario.
Las acciones, según detalló, incluyeron una revisión de los procedimientos administrativos y la implementación de auditorías médicas, con el objetivo de “ordenar el Estado y cuidar los recursos de los rionegrinos”. En ese sentido, Weretilneck remarcó que estas medidas no tienen carácter persecutorio, pero sí forman parte de una política que busca eficiencia en el uso de fondos públicos: “El que trabaja con responsabilidad, sabe que este gobierno lo respalda. El que no, que lo sepa: acá ya no hay lugar para avivadas ni desorden.”
Previo a la comunicación oficial del gobierno provincial Unter había apuntado contra el mandatario rionegrino. A través de un comunicado firmado por su conducción provincial, expresaron que “la educación pública agoniza en Río Negro”, denunciando que el ajuste se aplica sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras. “Mientras se publicitan los ahorros en licencias denegadas a estatales enfermos, nada se sabe del destino de esos fondos millonarios”, cuestionaron.
Además, señalaron que la empresa a cargo de las auditorías, Dienst Consulting, representa un costo anual de al menos $3.500 millones para el Estado, y calificaron su intervención como “un infame sistema de auditorías médicas privadas”.
UNTER también criticó la situación general del sistema educativo provincial, denunciando “salarios devaluados, infraestructura deficiente y una obra social que no funciona”. “A las claras está que a la educación pública no van”, advirtieron.
El cruce evidencia un punto de tensión creciente entre el gobierno y los sindicatos estatales, en un contexto de ajustes presupuestarios y reclamos sectoriales. Mientras el Ejecutivo sostiene que actúa con eficiencia para ordenar el gasto, los gremios advierten sobre el impacto de estas políticas en la salud laboral y el funcionamiento de áreas clave como la educación ¿Vos qué opinás?
