El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por los delitos de facilitación y tenencia de material de abuso sexual infantil, en el marco de una causa que se inició tras una alerta internacional emitida por Estados Unidos. Según la acusación, el imputado descargó y distribuyó 284 archivos con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Durante la audiencia realizada este jueves, la Fiscalía de Cipolletti explicó que la investigación se dividió en dos hechos. El primero abarca el período entre el 18 de mayo y el 22 de septiembre de 2024, cuando el hombre habría descargado desde la plataforma eMule un total de 234 videos con material de abuso sexual infantil y, además, los habría puesto a disposición de otros usuarios.
El segundo hecho corresponde al lapso comprendido entre el 8 de septiembre y el 20 de noviembre de 2024, cuando se detectó la descarga de 50 archivos adicionales a través de la aplicación Telegram.
La calificación legal es por facilitación de imágenes de abuso sexual infantil por 234 hechos, en concurso ideal con tenencia del mismo tipo de material por 234 hechos, y en concurso real con tenencia de 50 archivos adicionales, todos agravados por la edad de las víctimas.
La defensa pública no cuestionó los hechos ni la calificación, aunque pidió tiempo para analizar las pruebas. El acusado se negó a declarar. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
A pedido de la Fiscalía, se dispuso la prohibición de salida del país y el control de arraigo mediante visitas policiales quincenales al domicilio del imputado.
La causa se inició a partir de un reporte emitido por el sistema internacional ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection Systems), una red de cooperación utilizada para detectar y combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales. A través de esa alerta se identificó una dirección IP registrada en la provincia de Río Negro, lo que permitió dar inicio a la investigación en Argentina con la intervención de la Unidad de Cibercrimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El caso continúa bajo investigación, con medidas en curso para determinar el alcance de las conductas imputadas y la posible existencia de otros involucrados.
