Río Negro

El conflicto entre el gobierno de Río Negro y los trabajadores de la educación se intensifica. La oferta del 0% de aumento salarial presentada en la última paritaria, sumada a la implementación de un nuevo sistema de auditorías médicas gestionado por la empresa privada Dienst Consulting, generó un amplio rechazo sindical y nuevas tensiones internas en la UnTER.

Desde el Ejecutivo provincial se sostiene que el nuevo esquema de auditorías médicas busca “optimizar recursos y reducir abusos”, en un contexto de restricciones presupuestarias. La empresa contratada percibe alrededor de $5.615 por cada agente auditado, lo que representa un gasto anual estimado en $3.500 millones. Según datos oficiales, las licencias denegadas bajo este sistema equivalen a un “ahorro” de unos $9.800 millones.

Para la conducción provincial de la UnTER, encabezada por Silvana Inostroza, este modelo de control de ausentismo vulnera derechos laborales, en especial de docentes con graves problemas de salud que son citados a auditorías presenciales incluso a cientos de kilómetros de sus hogares. El gremio exige la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, el respeto al régimen de licencias vigente (Resolución 233/98) y mejoras urgentes en la prestación de la obra social IPROSS. También pidió una convocatoria inmediata a paritarias y la revisión de los salarios a la luz de la inflación acumulada.

Por su parte, el Partido Obrero –con representación en el sindicato– cuestionó duramente la respuesta de la conducción oficialista de UnTER, a la que acusa de “tardar casi una semana” en reaccionar tras la paritaria sin aumentos y de mantener una postura pasiva frente al ajuste. Señalan que, mientras el costo de vida crece, los salarios docentes quedaron rezagados, con una suba del 5,6% frente a una inflación anual del 11,6%. Reclamaron la convocatoria a un congreso con mandato de base y el lanzamiento inmediato de un plan de lucha, exigiendo un salario inicial de $1.800.000 con aumentos al básico.

Hasta el momento, el gobierno no respondió públicamente a los nuevos planteos gremiales, mientras crece el malestar entre docentes de toda la provincia. La disputa por los recursos y las condiciones laborales sigue abierta.

La situación de Río Negro no es aislada. En Catamarca, una multitudinaria movilización docente forzó al gobernador Raúl Jalil a derogar el decreto 884, que modificaba el sistema de cobertura de cargos y transfería el control al Ministerio de Trabajo. La protesta, encabezada por educadores autoconvocados y acompañada por gremios como UDA y SUTECA, denunció que la medida afectaba la estabilidad laboral y el funcionamiento de las escuelas. En Río Negro, sectores opositores dentro de UnTER observan ese antecedente como una hoja de ruta: reclaman una convocatoria urgente a asambleas y un congreso con mandato de base para impulsar un plan de lucha que emule la capacidad de movilización vista en Catamarca y revierta las políticas que, afirman, afectan las condiciones laborales y salariales de la docencia provincial.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó las medidas implementadas para controlar el uso de licencias médicas en la administración pública y afirmó que, entre septiembre de 2024 y abril de 2025, se evitó un gasto superior a los $9.800 millones en licencias sin justificación. “Esto no es relato, es gestión. Implementamos auditoría médica, revisamos procedimientos y actuamos con decisión”, expresó el mandatario.

Las acciones, según detalló, incluyeron una revisión de los procedimientos administrativos y la implementación de auditorías médicas, con el objetivo de “ordenar el Estado y cuidar los recursos de los rionegrinos”. En ese sentido, Weretilneck remarcó que estas medidas no tienen carácter persecutorio, pero sí forman parte de una política que busca eficiencia en el uso de fondos públicos: “El que trabaja con responsabilidad, sabe que este gobierno lo respalda. El que no, que lo sepa: acá ya no hay lugar para avivadas ni desorden.”

Previo a la comunicación oficial del gobierno provincial Unter había apuntado contra el mandatario rionegrino. A través de un comunicado firmado por su conducción provincial, expresaron que “la educación pública agoniza en Río Negro”, denunciando que el ajuste se aplica sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras. “Mientras se publicitan los ahorros en licencias denegadas a estatales enfermos, nada se sabe del destino de esos fondos millonarios”, cuestionaron.

Además, señalaron que la empresa a cargo de las auditorías, Dienst Consulting, representa un costo anual de al menos $3.500 millones para el Estado, y calificaron su intervención como “un infame sistema de auditorías médicas privadas”.

UNTER también criticó la situación general del sistema educativo provincial, denunciando “salarios devaluados, infraestructura deficiente y una obra social que no funciona”. “A las claras está que a la educación pública no van”, advirtieron.

El cruce evidencia un punto de tensión creciente entre el gobierno y los sindicatos estatales, en un contexto de ajustes presupuestarios y reclamos sectoriales. Mientras el Ejecutivo sostiene que actúa con eficiencia para ordenar el gasto, los gremios advierten sobre el impacto de estas políticas en la salud laboral y el funcionamiento de áreas clave como la educación ¿Vos qué opinás?

La conducción de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) volvió a manifestar su preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema educativo provincial. A través de un comunicado emitido este 26 de mayo desde General Roca – Fiske Menuco, denunciaron la falta de respuestas por parte del gobierno a los múltiples reclamos del sector.

Entre los principales puntos señalados, destacan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, las graves deficiencias en la infraestructura escolar en diversas localidades y un sistema de salud laboral que consideran “vulnerado”, tanto por el accionar de auditorías médicas tercerizadas como por el funcionamiento de la obra social provincial IProSS.

Según el gremio, la empresa Dienst Consulting —encargada de las auditorías médicas— implicaría un gasto de al menos 3.500 millones de pesos anuales para el Estado. Mientras se difunden supuestos “ahorros” por licencias denegadas a trabajadores estatales, desde UnTER exigen saber qué destino tienen esos fondos y remarcan que, en su visión, “a la educación pública no van”.

La conducción gremial, integrada por Silvana Inostroza (secretaria general), Gustavo Cifuentes (adjunto), María Castañeda (gremial y de organización) y Pablo Holzmann (prensa, comunicación y cultura), enfatizó que el ajuste impacta directamente en las condiciones de enseñar y aprender.

El comunicado señala que se enmarca en un contexto de creciente tensión con el Ejecutivo provincial, en medio de negociaciones paritarias estancadas y con una infraestructura escolar que acumula reclamos por obras inconclusas y falta de mantenimiento.

Desde el sindicato reiteran su demanda de salarios dignos, condiciones edilicias seguras y un sistema de salud laboral que garantice derechos básicos para quienes sostienen el sistema educativo día a día.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales del gobierno provincial sobre las acusaciones presentadas.