Río Negro: fue detenido por robar carne y murió por una brutal golpiza en la comisaría 45 de Cipolletti

El juicio por jurados contra cuatro policías acusados de torturar hasta la muerte a Jorge Gatica en la comisaría 45 de Cipolletti entra en su tramo definitorio. Este jueves se presentarán los alegatos finales de las partes y el jurado deberá deliberar sobre la responsabilidad penal de los imputados.

Gatica fue detenido la noche del 9 de enero de 2023 por el presunto hurto de dos kilos de chorizos y dos kilos de carne en un comercio cercano a la unidad policial. Horas después murió en la comisaría, y la autopsia reveló un cuadro de violencia extrema: siete costillas rotas, una laceración en el hígado y un total de 184 lesiones externas compatibles con golpes. Según el médico forense Marcelo Uzal, Gatica perdió aproximadamente dos litros de sangre.

Los acusados son la sargento primero Andrea Henríquez (37), el sargento Vilmar Quintrel (32), el cabo primero Walter Carrizo (36) y el cabo Jorge Luciano Sosa (31), todos presentes en la guardia esa noche. Enfrentan cargos por “tortura seguida de muerte”, delito que contempla prisión perpetua.

Durante el juicio, los imputados prestaron declaración —un derecho que les asiste sin obligación de decir verdad— y coincidieron en negar haber golpeado a Gatica. Sin embargo, se acusaron mutuamente por la agresión que terminó con la vida del detenido. Jorge Sosa apuntó directamente a Quintrel y al oficial de servicio Gastón Moraga, y aseguró que recibió instrucciones para construir una versión falsa de los hechos.

“Me dijeron que tenía que decir que Gatica se había golpeado contra la pared y que como yo era el de menor jerarquía no me iba a pasar nada”, declaró Sosa ante el jurado. También afirmó que existe una cultura de amenazas internas en la fuerza: “No le tengo miedo a la gente del ambiente, le tengo miedo a los oficiales, porque ellos sí nos pueden hacer cosas”.

Sosa también cuestionó la actuación judicial: “Moraga y Antenao vinieron, pero la fiscalía se encargó de que mi abogado no pudiera hacerles las preguntas necesarias”, expresó. Según su testimonio, Quintrel lo acusó falsamente cuando llegaron al hospital de Cipolletti.

Moraga, que estaba a cargo de la guardia aquella noche, no está imputado en este juicio. Fue condenado previamente a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua por no haber impedido la tortura y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras un acuerdo con la fiscalía y con el aval de la querella.

La acusación sostiene que los policías golpearon a Gatica mientras estaba esposado, sin posibilidad de defensa. Uno de los agentes habría actuado como vigía para evitar que otros ingresaran, otro simplemente observó, y los demás participaron directamente en las agresiones. Los fiscales aseguran que la brutal golpiza se extendió desde las 22.40 del 9 de enero hasta los primeros minutos del día siguiente.

Los acusados llegaron al juicio con distintas condiciones de detención: Sosa y Quintrel están con prisión preventiva, mientras que Henríquez y Carrizo cumplen arresto domiciliario.

VientoSur Noticias seguirá informando sobre el desarrollo del juicio y la decisión del jurado popular.

Brutalidad policial en Cipolletti: tenía siete costillas rotas y 184 lesiones tras su detención

El médico forense Marcelo Uzal declaró este viernes ante el jurado popular que juzga a cuatro policías por la muerte de Jorge Gatica. Confirmó que la víctima presentaba siete costillas fracturadas, 184 lesiones externas y signos de asfixia. Según su testimonio, las heridas son compatibles con golpes recibidos en posición fetal, esposado y con las manos en la espalda.

Gatica, de 36 años, fue detenido por un hurto el 9 de enero de 2023 en Cipolletti. Ingresó por sus propios medios al hospital local para una revisión médica poco antes de las 23 y fue trasladado a la comisaría 45. Noventa minutos después, lo llevaron muerto al centro de salud. La Fiscalía y las querellas sostienen que la golpiza se produjo en ese intervalo.

El juicio se desarrolla contra la sargento primero Andrea Henríquez (37), el sargento Vilmar Quintrel (32), el cabo primero Walter Carrizo (36) y el cabo Jorge Luciano Sosa (31), acusados de aplicar tormentos seguidos de muerte.

Según relató el abogado querellante Rubén Antiguala, Uzal también explicó que la fractura costal causó una laceración en el hígado, generando una hemorragia interna por la que Gatica perdió unos dos litros de sangre. “Tenía golpes desde la cabeza hasta los pies”, afirmó el letrado.

También prestó testimonio el licenciado en Criminalística Luis Palma, quien analizó las grabaciones de las cámaras del hospital. En su opinión, las imágenes muestran que Gatica caminaba con normalidad, algo que no habría sido posible si ya tuviera las costillas rotas.

El relato de una vecina aportó un dato clave: aseguró haber escuchado gritos de auxilio provenientes de la comisaría la noche del hecho. Antiguala señaló que en esa unidad no hay calabozos y que el ataque habría ocurrido en la zona conocida como “la cuadra”.

En el juicio, Henríquez y Carrizo declararon y negaron su participación en los hechos, apuntando contra Sosa. Sin embargo, la querella sostiene que los cuatro actuaron directamente o no hicieron nada para impedirlo.

El proceso también dejó fuera de este debate a un quinto efectivo: el ex oficial de servicio Gastón Moraga, quien fue condenado en un juicio abreviado por no evitar los hechos y por incumplimiento de deberes. Recibió una pena de tres años en suspenso y fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Actualmente, Sosa y Quintrel cumplen prisión preventiva, mientras que Henríquez y Carrizo se encuentran con arresto domiciliario. Todos cuentan con defensa particular. El juicio por jurado continuará el próximo lunes.

Crédito: Cecilia Maletti

Fuente: rionegro.com.ar

Catriel redobla su apuesta por el Corredor Vaca Muerta Norte y exige el asfaltado de la Ruta 57

La pavimentación de los 50 kilómetros de ripio que conectan Peñas Blancas con Octavio Pico, en el límite con Neuquén, volvió al centro del debate regional. Catriel busca consolidar el Corredor Vaca Muerta Norte como vía estratégica para el tránsito de camiones con insumos hacia Añelo, y su intendenta, Daniela Salzotto, encabeza las gestiones junto a los municipios de 25 de Mayo (La Pampa) y Añelo (Neuquén).

El proyecto, que apunta a aliviar la sobrecarga de la Ruta 151 y revitalizar la economía local, había sido inicialmente promovido dentro del Frente de Acción Vecinal por Alberto Ariaudo, ex presidente del Concejo Deliberante. Sin embargo, Ariaudo renunció a su cargo el 15 de marzo tras una denuncia penal presentada por la propia Salzotto, el secretario de Prensa Paulo Pérez y el asesor municipal Christian Artero. Según consta en la denuncia, exhibió lo que parecía ser un arma de fuego en el recinto deliberativo, envió mensajes intimidantes y protagonizó una pelea con Pérez en el edificio del Ejecutivo municipal el 14 de marzo. En los días previos, Ariaudo y Salzotto habían cerrado realizar una visita a autoridades de Rincón de los Sauces para avanzar en una estrelategia conjunta.

En paralelo, fuentes del sector energético consultadas por VientoSur Noticias indicaron que se evalúa una alternativa privada para ejecutar la obra. Se trataría de una inversión millonaria con alto impacto logístico, clave para evitar que Catriel quede al margen del nuevo mapa productivo de Vaca Muerta.

Mientras tanto, el gobierno provincial que conduce Alberto Weretilneck avanza con un trazado distinto: prioriza la conexión desde General Roca hacia Añelo, pasando por Cinco Saltos. Esta estrategia se refleja en acuerdos recientes como el firmado con Capex para explorar el área Cinco Saltos Norte y en el impulso a bloques shale por parte de Phoenix Global Resources.

En septiembre de 2024, Weretilneck definió a General Roca como “el nodo central del futuro energético de Río Negro” y anunció obras de infraestructura vial y energética en el Alto Valle, entre ellas la repavimentación de la Ruta Provincial 6 entre Paso Córdoba y Los Menucos.

Por su parte, Neuquén avanza con un ambicioso plan de pavimentación de 600 kilómetros en zonas estratégicas de Vaca Muerta como Añelo, Rincón de los Sauces y la región del Pehuén. En ese contexto, la iniciativa de Catriel aparece no solo como una apuesta estratégica, sino como una necesidad urgente para integrarse al desarrollo regional.

El desarrollo del corredor por Casa de Piedra, Puente Dique, Peñas Blancas y Octavio Pico permitiría descongestionar el tránsito en el Alto Valle, mejorar la competitividad logística y conectar directamente a Catriel y 25 de Mayo con el núcleo productivo de Vaca Muerta.

El pasado 4 de mayo, Weretilneck y otros gobernadores patagónicos participaron de la Offshore Technology Conference en Houston junto a empresarios del sector, en busca de nuevas inversiones para la cuenca neuquina. Aunque no se anunciaron resultados concretos, la presencia en este evento global confirmó que las decisiones clave para el futuro energético se están tomando ahora.

En Catriel, todas las miradas apuntan a una fecha cercana: el aniversario de la ciudad. Tradicionalmente, cada visita del gobernador trae aparejada anuncios de impacto. En un contexto de presión creciente por empleo, infraestructura y futuro económico, el pavimento de la Ruta 57 se vuelve un reclamo ineludible.

Petróleo para exportar, sueldos en suspenso: Río Negro firma un acuerdo histórico mientras crece el malestar estatal

En apenas 48 horas, la provincia vivió un doble golpe de realidad. El 16 de mayo, el gobernador Alberto Weretilneck selló un convenio con el consorcio VMOS SA para construir un oleoducto estratégico entre Allen y Punta Colorada, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares. El anuncio llegó cargado de promesas: empleo local, infraestructura energética de punta y protagonismo global.

“Río Negro tiene todo para ser protagonista. Hoy lo estamos demostrando con hechos”, afirmó Weretilneck ante representantes de YPF, Chevron, Shell y otras gigantes del sector. El oleoducto —de 470 kilómetros y capacidad inicial de 550.000 barriles diarios— se proyecta como la gran vía de salida del crudo de Vaca Muerta al mundo.

Pero mientras eso ocurría, otro frente quedaba al rojo vivo: el salarial. El 15 de mayo, en la nueva ronda de paritarias, el Gobierno no presentó ninguna oferta. La inflación acumulada en lo que va del año ya supera el 11,6%, y en la Patagonia el impacto es aún mayor. Sin propuesta, los gremios se levantaron de la mesa.

“No hay plata” para estatales

ATE, UnTER, UPCN y ASSPUR reaccionaron con dureza. “El Gobierno miente y el ajuste lo pagan los trabajadores”, dijo Rodrigo Vicente (ATE). “No ofrecer nada es una falta de respeto”, lanzó ASSPUR. UnTER denunció la falta de inversión en escuelas y alimentación escolar. UPCN calificó de “inadmisible” la ausencia de propuesta y pidió revisar el rumbo.

Los sindicatos difieren sobre cómo recomponer salarios: sumas fijas, porcentajes o escalas. Pero en una cosa coinciden: el Gobierno debe ofrecer algo ahora. La decisión de pasar a un cuarto intermedio sin fecha encendió las alertas.

Un modelo en tensión

La contradicción entre los millones que llegan para el petróleo y los sueldos congelados en el Estado grafica un problema de fondo: ¿puede haber desarrollo energético sin justicia salarial?

La escena deja un interrogante abierto sobre el modelo provincial: Río Negro avanza como eje de exportación energética, pero aún no logra resolver el conflicto con quienes sostienen día a día los servicios públicos.

El control médico a estatales se extiende en Río Negro: ya alcanza a policías y educación

El gobierno de Río Negro avanza con la implementación del sistema de auditoría de licencias médicas para todo el personal del Poder Ejecutivo. Desde este lunes, se sumó el control sobre el personal policial, incluyendo a agentes penitenciarios, lo que eleva a más de 55.000 los trabajadores alcanzados por la medida.

La iniciativa, puesta en marcha el 2 de septiembre, se articula entre la empresa estatal Horizonte Seguros, la secretaría de la Función Pública y la firma Dienst Consulting S.A., responsable de auditar y validar los certificados médicos. Según la titular del área, Tania Lastra, el objetivo es “optimizar la atención de la salud laboral” y detectar casos en que las licencias se otorgan “de manera indebida”.

El debut del sistema fue con trabajadores de la administración central (Ley 1844) y del área de Salud (Ley 1904). Dienst informó que rechazó un 17% de las licencias médicas presentadas en ese primer tramo. La semana pasada se incorporó el sector de Educación, con más de 25.000 agentes entre docentes y porteros. En ese rubro, se observó una baja significativa en la cantidad de licencias aceptadas: en solo cuatro días, se aprobaron 881 permisos, una cifra que equivale a apenas un cuarto de los niveles anteriores.

La viceministra de Educación, María Laura Giovanini, señaló que aún no está claro el motivo de esa reducción abrupta y que se realizará un seguimiento más detallado. Según los registros oficiales, antes de la auditoría, las solicitudes de licencia eran aceptadas casi en su totalidad, sin revisión.

El nuevo esquema contempla controles médicos presenciales y virtuales, consultorios en cinco ciudades (Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche), y el uso de telemedicina para seguimiento de casos.

El impacto de este control generó reacciones sindicales, particularmente de la Unter, que cuestiona la legalidad del mecanismo. La conducción gremial, encabezada por Silvana Inostroza, considera que se vulnera el régimen vigente de licencias. El secretario de Salud en la Escuela, Daniel Aciar, calificó al sistema como un “mecanismo perverso” que “persigue y ajusta”, señalando que se modifican indicaciones médicas sin intervención del profesional tratante.

Unter convocó a un Congreso para este viernes 20 en Viedma, donde evaluará acciones a seguir. Además, promueve presentaciones individuales ante los Consejos Escolares y reiteró el pedido de audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck, quien aún no ha recibido al sindicato.

Uno de los puntos sensibles es qué sucederá con los docentes cuyas licencias sean rechazadas o acortadas por Dienst, pero que decidan cumplir igualmente con la indicación de su médico y no asistir a las escuelas. Desde la Función Pública confirmaron que esas ausencias serán descontadas del salario.

En el caso de la Policía, cuya incorporación al sistema estaba prevista para la semana pasada pero fue postergada por dificultades operativas, se anticipa una situación compleja debido a los altos índices de ausentismo por razones médicas.

El gobierno insiste en que la medida generará un ahorro sustancial para el Estado. Sin embargo, la falta de transparencia inicial en la contratación de Dienst y las dudas sobre los procedimientos aplicados alimentan el debate sobre la conveniencia y legalidad del nuevo sistema de auditoría laboral.

Fuente: rionegro.com.ar

Río Negro reveló el contrato con Dienst: $3.500 millones anuales para auditar licencias médicas estatales

El gobierno de Río Negro oficializó el contrato entre la aseguradora estatal Horizonte Seguros y la empresa Dienst Consulting S.A. para la auditoría y control de licencias médicas de corta duración del personal estatal. La difusión del acuerdo se produjo tras reiterados pedidos de informes y un recurso de amparo presentado por el legislador José Luis Berros, del bloque Vamos con Todos.

Desde septiembre de 2024, Dienst se encarga de autorizar y supervisar las licencias médicas de unos 52.000 trabajadores del Poder Ejecutivo provincial. Por este servicio, Horizonte abona $5.615,38 mensuales por cada agente, lo que representa un gasto de aproximadamente $292 millones al mes y un total anual estimado en $3.504 millones.

La información fue remitida por el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, a la Legislatura, junto con una copia del contrato y un informe sobre el impacto económico del nuevo sistema. Según el documento, en los primeros ocho meses de implementación (septiembre 2024 – abril 2025), se habrían evitado gastos por $9.825 millones a partir de licencias denegadas, aunque no se detalló la metodología del cálculo.

El legislador José Luis Berros había solicitado sin éxito el contrato completo mediante un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazó su presentación por cuestiones formales. A pesar del fallo, insistió con nuevos reclamos judiciales y legislativos. “Queremos saber exactamente qué servicio se contrató, cómo se lleva a cabo y cuál es la capacidad operativa de la empresa”, expresó en declaraciones recientes.

Por su parte, el ministro Sánchez justificó la entrega del contrato en función de los “principios de publicidad y transparencia, como así también del interés público”, y destacó que el sistema permitió reducir el ausentismo en el sector estatal.

El acuerdo también fue cuestionado por otros legisladores, entre ellos Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, del bloque libertario, quienes exigieron mayor claridad sobre los mecanismos de control y la cobertura territorial del servicio.

El caso abrió un debate sobre la tercerización de servicios en áreas sensibles como la salud laboral, en un contexto de creciente presión sobre el gasto público y demandas por mayor transparencia en la gestión estatal. La eficacia del sistema y la elección de Dienst Consulting siguen bajo la lupa de la oposición y de sectores gremiales que piden ser parte de la discusión.

Fuente: rionegro.com.ar

Vecinos denunciaron y el Municipio actuó: demolieron un aguantadero en Cipolletti

Un nuevo operativo de demolición de estructuras utilizadas como aguantaderos se llevó adelante este martes por la mañana en Cipolletti, esta vez en el barrio Luis Piedrabuena A. La acción fue impulsada por el Municipio tras recibir reiteradas denuncias vecinales alertando sobre hechos de inseguridad vinculados al inmueble intervenido.

El procedimiento fue coordinado por personal municipal con apoyo de las fuerzas de seguridad. El intendente Rodrigo Buteler estuvo presente en el lugar y destacó el rol de la comunidad en el desarrollo de estas acciones. “De todos los que demolimos, este es el peor”, afirmó en declaraciones a LU19, en referencia al estado del sitio y su uso recurrente para actividades delictivas.

Desde el Municipio subrayaron que estas demoliciones se enmarcan en un plan de intervención para desactivar focos de inseguridad, priorizando aquellos sectores donde las y los vecinos han señalado mayor conflictividad.

El operativo forma parte de una estrategia conjunta entre el gobierno municipal y las fuerzas policiales, orientada a recuperar espacios y mejorar la convivencia en los barrios. No se informó por el momento sobre intervenciones judiciales adicionales vinculadas al caso.

Crisis sanitaria en Cipolletti: tres pediatras para toda la ciudad y sin guardia para ecografías

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) denunció un colapso en el sistema sanitario del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, centro de referencia para Catriel y otras localidades del Alto Valle Oeste. La situación impacta de forma directa en la atención de pacientes derivados, en especial infancias que requieren intervenciones pediátricas o diagnósticos urgentes.

Desde el sindicato indicaron que solo tres pediatras están disponibles para cubrir todo el mes en Cipolletti, lo que obliga a médicos generalistas a asumir la atención infantil sin especialización. También denunciaron demoras de más de un año en cirugías pediátricas y falta de seguimiento postoperatorio, lo que impide avanzar con los procedimientos.

La ausencia de guardias de ecografía agrava el panorama: “Guardias sin cubrir significan diagnósticos paralizados”, advirtieron. Esto se traduce en traslados innecesarios, diagnósticos tardíos y pacientes sin atención, incluso en casos urgentes.

“La salud no se vende, se defiende”, expresó ASSPUR en un comunicado difundido en redes sociales, donde también cuestionaron que mientras el gobierno provincial invierte en propaganda, el personal sanitario enfrenta la crisis sin recursos suficientes.

Catriel depende del hospital cipoleño como primer punto de derivación para casos de mediana y alta complejidad. La situación expuesta por ASSPUR genera preocupación entre profesionales de la salud y vecinos de la región, que advierten sobre la necesidad urgente de reforzar el sistema público.

Al cierre de esta edición, no se había emitido una respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud de Río Negro ante los dichos de ASSPUR.

Violencia laboral: la Justicia obligó a un empleador a indemnizar a una trabajadora por maltrato constante

La Justicia rionegrina ordenó a un empleador pagar una indemnización a una trabajadora que denunció haber sido víctima de violencia laboral. La mujer había soportado durante meses gritos, malos tratos y comentarios humillantes en su lugar de trabajo. El fallo marca un antecedente importante: la violencia en el trabajo no se resuelve solo con plata, y debe ser tratada con seriedad.

La trabajadora presentó una denuncia por maltrato en la Comisaría de la Familia, amparándose en la Ley 26.485, que protege a las mujeres frente a situaciones de violencia. Después de eso, el empleador ofreció dinero para cerrar el conflicto y firmaron un acuerdo de desvinculación. Sin embargo, ese arreglo no mencionaba lo ocurrido ni reparaba el daño sufrido.

La mujer entonces presentó otra demanda para reclamar por el impacto emocional que le causó el maltrato. La Cámara Laboral fue clara: en casos como este, no se puede firmar un acuerdo económico y dar el tema por cerrado, sobre todo si hay una denuncia activa.

Durante el juicio, varias personas confirmaron que el maltrato era constante y que no se trataba de un hecho aislado. Médicos también comprobaron que la situación afectó la salud emocional y mental de la trabajadora.

Además, los jueces criticaron al empleador por avanzar con el acuerdo sin avisar que había una denuncia en curso. Consideraron que actuó de mala fe. La sentencia se basó en leyes nacionales y tratados internacionales que defienden el derecho a trabajar sin violencia ni discriminación.

El fallo ordena al empleador a pagar una compensación por el daño emocional, los gastos médicos y los intereses correspondientes. Los jueces recordaron que “el derecho laboral forma parte del derecho a los derechos humanos” y que hay que usar todas las herramientas legales para reparar el daño causado.

Narcotráfico y lavado de activos: 21 allanamientos simultáneos

Una causa federal por lavado de activos con vínculos con el narcotráfico derivó el viernes en un importante operativo policial en el Alto Valle de Río Negro. La Policía provincial, junto a otras fuerzas, realizó 21 allanamientos simultáneos en Cipolletti, Allen, General Roca y Fernández Oro, con resultados significativos: ocho personas imputadas, tres detenidas, y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y material de prueba relevante.

El punto de partida fue una casa de cambio de Cipolletti, presuntamente vinculada con maniobras de lavado de dinero. La investigación, iniciada hace más de cinco meses, está a cargo de la Fiscalía Federal de General Roca, conducida por Sebastián Gallardo y el secretario penal Francisco Iglesias. Según informaron fuentes oficiales, la pesquisa involucra además a una empresa internacional de servicios financieros.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro y ejecutado por la División de Toxicomanía de Allen, con el respaldo de más de 100 efectivos especializados, el COER del Alto Valle, unidades de comisarías locales, personal de verificación automotor, la Sección Canes Narcóticos y apoyo de Gendarmería Nacional.

Durante los procedimientos se incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares, una suma considerable de dinero en pesos y dólares, once vehículos y tres motocicletas de alta cilindrada.

El gobernador Alberto Weretilneck valoró el accionar de las fuerzas intervinientes y sostuvo que “estos resultados son fruto de una tarea silenciosa, pero constante, que deja en claro que en Río Negro no hay lugar para las redes criminales”.

Desde la Jefatura de Policía destacaron el trabajo coordinado entre las distintas unidades como un factor clave para el éxito del despliegue. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales.