Invierno en foco: lanzan concurso de fotografía para mostrar paisajes de Catriel

Catriel lanza el concurso “Paisajes de invierno en Catriel”, una propuesta fotográfica que invita a vecinos y vecinas a capturar la estación más fría del año desde su propia mirada. El certamen es impulsado por el área de Turismo de la Municipalidad y busca promover la participación local a través del arte y el vínculo con el entorno natural.

La convocatoria está abierta a todas las personas que residan en la ciudad, tanto fotógrafos profesionales como aficionados. Las obras deberán ser originales y únicas, y se recibirán desde el viernes 4 hasta el jueves 17 de julio, a través del correo electrónico [email protected].

Las imágenes se dividirán en cuatro categorías por edades: de 13 a 15 años, de 16 a 20, de 21 años en adelante y una categoría especial para mayores de 50 años. Al enviar su trabajo, cada participante deberá incluir nombre completo, edad, domicilio, título de la obra y aclarar si se presenta como amateur o profesional.

El cierre del concurso coincidirá con la jornada de premiación, que se realizará el sábado 19 de julio en el Parador Turístico, entre las 14 y las 19 horas. Allí también se podrá recorrer la muestra fotográfica con las obras participantes, que continuará abierta al público el domingo 20 en el mismo horario. La entrada será libre y gratuita.

Desde la organización destacan el objetivo de “fomentar el sentido de pertenencia y la mirada artística sobre los paisajes que nos rodean”, en una época del año que transforma la postal urbana y rural de Catriel.

Para más información o consultas, se puede contactar con la oficina de Turismo municipal.

“El petróleo ya no alcanza”: Catriel declaró emergencia laboral por 180 días

Catriel declaró la emergencia laboral en la industria hidrocarburífera por 180 días, en respuesta al deterioro del empleo vinculado a la crisis de los yacimientos maduros. La medida, impulsada por el oficialismo local, fue acompañada por gestiones de la intendenta Daniela Salzotto ante el gobernador Alberto Weretilneck, quien se comprometió a convocar a la comisión de seguimiento de los contratos petroleros.

Con la sanción de la ordenanza, se estableció la conformación de una mesa de trabajo tripartita, integrada por el Gobierno provincial, los gremios petroleros y de la construcción, y las empresas operadoras y de servicios con presencia en Catriel. Esto no es otra cosa que reflotar la antigua comisión de seguimiento, que según fuentes provinciales se reunirá próximamente en el Alto Valle para monitorear la situación del empleo, elaborar planes de contingencia y articular medidas ante posibles despidos o suspensiones de ser necesario.

Salzotto denunció recientemente un panorama crítico en el sector y el aumento de cesantías, suspensiones y no renovación de contratos. Aseguró que a esto se suma la parálisis de obra pública, el freno a nuevas inversiones y la reducción de cuadrillas por parte de operadoras.

Yacimientos maduros, concesiones vencidas y tensiones empresariales

La emergencia laboral se enmarca en un contexto de reestructuración empresarial y declive natural de los yacimientos de la región. Catriel, históricamente vinculada a la producción de hidrocarburos, enfrenta el desafío de reconvertir su matriz económica en un escenario que se aleja de la bonanza petrolera.

Con una creciente incertidumbre sobre el futuro de los yacimientos maduros en Catriel, la empresa Aconcagua Energía anunció que sus socios estratégicos, Vista Oil & Gas y Trafigura, le darán respaldo financiero mientras atraviesa un proceso de reestructuración de su deuda, estimada en unos 400 millones de dólares.

El anuncio se formalizó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde se informó que ambas compañías acordaron no ejecutar las garantías patrimoniales que poseen sobre Aconcagua, lo que le otorga un margen de oxígeno para avanzar en su saneamiento financiero.

Aconcagua es la operadora de áreas como Catriel Oeste, Medanito y Entre Lomas, entre otras, muchas de las cuales forman parte de un acuerdo de cesión con Vista que se completará en 2027. Estas áreas, de gran peso en la economía local, atraviesan una etapa de reestructuración operativa y productiva. Se encuentran actualmente en revisión por parte del Gobierno provincial, como parte del seguimiento de sus contratos.

El respaldo de Vista y Trafigura está atado al éxito del proceso de reestructuración: al menos el 90% de los acreedores financieros deben aceptar los términos para que avance una «Potencial Transacción», orientada a reforzar la estructura patrimonial y gerencial de Aconcagua y permitirle cumplir con sus compromisos operativos.

La situación ocurre en paralelo a la declaración de emergencia laboral en Catriel, dispuesta por el Concejo Deliberante y respaldada por la intendenta Daniela Salzotto, en respuesta al impacto social de la crisis petrolera.

Aconcagua administra actualmente 13 concesiones en las cuencas Neuquina y Cuyana. En Río Negro tiene operaciones en áreas como 25 de Mayo-Medanito SE, Jagüel de los Machos, Charco Palenque y Loma Guadalosa, entre otras. Pero es en Catriel donde se concentra la mayor preocupación, dada la dependencia histórica de la ciudad respecto al empleo petrolero.

En paralelo, la Provincia analiza ceder a Petróleos Sudamericanos áreas que operaba YPF (Picada, Punta Barda y Catriel Oeste). No obstante, las negociaciones están en pausa porque los números de la propuesta empresarial no se alinean con las expectativas gubernamentales. Las concesiones vencen en 2027, por lo que cualquier cambio requeriría previamente una renovación.

Despidos, rumores y una comunidad en vilo

A pesar de que no se han confirmado despidos masivos, persisten los rumores en los pasillos del sector. Trabajadores de YPF escuchan versiones sobre reacomodos o recortes, aunque la empresa mantiene su estructura sin cambios visibles hasta el momento.

Desde el gobierno provincial aclararon que no han recibido notificaciones formales sobre despidos y que la comisión de seguimiento se reunirá próximamente en el Alto Valle para evaluar la situación.

Lo que sí parece estar claro, según actores del sector, es que los trabajos indirectos vinculados al petróleo –como los denominados «kioscos» del rubro o pequeños servicios periféricos– serán los primeros en desaparecer. “Va a seguir habiendo trabajo, pero solo para quienes tienen servicios productivos. Los yacimientos ya no dan más para sostener todo lo demás”, deslizó una fuente.

“Tenemos que garantizar el plato de comida el mes que viene”: Catriel en emergencia laboral

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, alertó públicamente sobre el profundo deterioro del empleo en la localidad, en medio de lo que describió como un escenario de contracción de inversiones, paralización de la obra pública y falta de renovación de contratos laborales en el sector hidrocarburífero. “Tenemos que pensar en que cada vecino tenga su plato de comida el mes que viene”, advirtió en una conferencia de prensa, en la que vinculó la situación a una reestructuración de la industria que afecta especialmente a los yacimientos maduros.

Salzotto oficializó la Emergencia Hidrocarburífera en Catriel mediante la entrega al gobernador Alberto Weretilneck de la Resolución N°035/25, aprobada el 4 de julio por el Concejo Deliberante. La medida, que regirá por 180 días con posibilidad de prórroga, aseguró que responde al creciente deterioro del empleo en el sector petrolero local, marcado por despidos, suspensiones, falta de renovación de contratos y una notoria retracción de inversiones. Desde el Ejecutivo municipal se vienen «impulsando acciones de contención como mesas de trabajo con gremios, acuerdos con pymes y participación en instancias regionales, con el objetivo de resguardar los derechos laborales y reconstruir el tejido productivo local». La provincia acompañará con la convocatoria a la Comisión de Seguimiento de los contratos hidrocarburíferos.

La jefa comunal sostuvo que se está frente a una “crítica situación económica y social” que impacta directamente sobre las familias catrielenses. “Estamos ejecutando parte del cordón cuneta y asfaltado por administración municipal para economizar. Mientras tanto, siguen los despidos y las suspensiones”, señaló en diferentes tramos de su intervención, y pidió “unidad y gobernabilidad” para enfrentar la crisis.

Además, desde el Ejecutivo municipal se informó que la semana pasada se realizó una inspección junto a la Oficina de Empleo en un yacimiento  donde se detectó la presencia de al menos tres empresas foráneas que no están registradas localmente. La situación fue elevada a las autoridades provinciales. “Mientras muchas pymes locales están en crisis, hay empresas externas que trabajan sin inscribirse. Esto no es menor”, remarcaron.

El entramado de servicios petroleros en Catriel atraviesa momentos complejos. Las pymes locales denuncian dificultades para cobrar trabajos realizados, una baja sostenida en los pedidos y condiciones contractuales poco claras. “El desarrollo del norte de Vaca Muerta puede tardar entre cinco y seis años. El punto es quién puede sostenerse hasta entonces en estas condiciones”, advirtió una empresaria regional.

Desde CASEPE, su presidente Ramiro Arceo destacó que la situación es compleja, pero aún gestionable. Reiteró la necesidad de responsabilidad colectiva, previsibilidad institucional y soluciones sostenibles en el tiempo. Se prepara una reunión entre la Secretaría de Energía de Río Negro y la CASEPE para intercambiar diagnósticos, revisar cuellos de botella y sostener los niveles de empleo en la etapa actual.

La provincia, por su parte, intervino recientemente en el yacimiento Medanito Sur a través de la Secretaría de Trabajo, donde se acordó la incorporación de siete trabajadoras y trabajadores catrielenses, tras una inspección solicitada por la UOCRA. Según indicaron desde la Provincia, Río Negro brindó señales de anticipación. Una fuente del Gobierno aseguró a este medio que “la provincia está un paso adelante respecto a otras jurisdicciones” en la planificación del desarrollo no convencional a futuro. Como contraste, citó el caso de La Pampa, donde a pocos meses del vencimiento de concesiones importantes, todavía no hay certezas sobre el estado de los activos ni de la política futura. De hecho, recientemente hubo una protesta de 100 operarios de Medanito en el Puente Dique que une Catriel y 25 de Mayo.

De todas formas, los grupos de desocupados aseguran que hoy en Catriel hay alrededor de 400 personas esperando un cupo laboral. Justamente estos tuvieron recientemente una controversia por la suspensión del proceso de elección de representantes de desocupados, cuestionada por las dos listas conformadas que denunciaron «irregularidades» y excesivas «demoras burocráticas» por parte del Concejo Deliberante.

Sebastián Guzmán, referente de la lista “Gente que busca Trabajo”, aseguró que más de 400 personas quedaron sin representación tras la postergación del proceso electoral para elegir voceros de desocupados. “Todo lo hicimos en tiempo y forma. Nos pidieron antecedentes judiciales, documentación, y entregamos todo. Ahora nos frenan por una nota con 20 firmas”, cuestionó. Guzmán advirtió que el cambio de reglas es arbitrario y daña a quienes más necesitan respuestas: “Esto no es una joda, es grave. La desocupación no te da respiro”.

Alejandra Ávila, del espacio “Lucha y Dignidad”, también expresó su indignación por la suspensión del proceso, que calificó como una falta de respeto institucional. “Cumplimos con cada requerimiento de la ordenanza. La moción para frenar la elección se presentó de forma inconsulta. Ni siquiera nos dejaron intervenir en la sesión”, denunció. Desde ambos sectores indicaron que evalúan acudir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En su discurso del viernes, la intendenta fue concreta: “Si vamos a sostener a la comunidad de Catriel, debe ser con unión”.

En este contexto, Catriel intenta organizar respuestas locales frente a un marcado declive y profunda reorganización estructural del sector hidrocarburífero convencional, mientras espera que las oportunidades del norte de Vaca Muerta se transformen en desarrollo real para la comunidad.

Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto 140

Este lunes 7 de julio, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la restitución del nieto 140, una nueva recuperación de identidad en el marco de su histórica labor por el derecho a la verdad. La organización convocó a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el caso.

La actividad se realizará a las 14 horas en el auditorio de la Casa por la Identidad, ubicada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en avenida Del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires.

Si bien aún no se han dado a conocer públicamente los datos del caso, la noticia fue difundida a través de las redes oficiales de Abuelas, donde señalaron: “Encontramos al nieto 140” y extendieron la invitación a medios y público general para acompañar el anuncio.

La restitución de una nueva identidad ocurre a casi 40 años de iniciado el trabajo de Abuelas, y refuerza el compromiso con la búsqueda de las más de 300 personas que aún faltan encontrar, nacidas durante el terrorismo de Estado y apropiadas en dictadura.

Desde Viento Sur Noticias seguiremos de cerca la información oficial que surja de la conferencia. La causa por la memoria, la verdad y la justicia continúa siendo un pilar de la democracia argentina.

“Les gusta la farándula”: Rivero arremetió contra Piris y el FAV por el pedido de idoneidad al Tribunal

El proyecto aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante de Catriel, que solicita a los integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal acreditar su idoneidad profesional conforme al artículo 328 de la Carta Orgánica, provocó un encendido cruce de opiniones en redes sociales. El debate no se limitó al recinto legislativo: se trasladó a los comentarios de la nota publicada por VientoSur Noticias, donde participaron activamente una concejala del oficialismo, la próxima síndica municipal, un funcionario del órgano de control y referentes políticos y ciudadanos.

La concejala Carolina Piris (FAV), autora del dictamen, defendió la medida como un acto administrativo necesario para reforzar la transparencia institucional. “No se busca destituir ni intervenir el Tribunal”, escribió en respuesta a comentarios críticos. Aseguró que el pedido apunta solo a que los miembros actuales presenten documentación que acredite experiencia e idoneidad, como establece la normativa vigente.

Franco Rivero, uno de los integrantes del Tribunal, fue uno de los más activos en responder. Acusó al oficialismo de ejercer presión institucional y señaló que la exigencia llega “con tono inquisidor, en un plazo caprichoso y sin reglamentación clara”, afectando la autonomía del órgano. «Lo dramático es que quieren intervenir el tribunal de cuentas señora. Eso es grave. Autoritarismo y abuso de poder sin duda alguna. Ni siquiera fueron capaces de preguntar o hacer averiguaciones, les gusta la tribuna. Les gusta las cámaras. Les gusta la farándula. Sin investigar antes sesionaron. Y eso se debe a una sola explicación: Necesitan desviar la atención de la falta de gestión y el nefasto gobierno que son ¿Usted explica cuanto cobra su padre y cuantas horas le invierte al trabajo? Cuéntele a la ciudad eso también y ahí empezamos a creer que realmente les importa la gente», disparó.

Piris replicó que la falta de reglamentación no invalida el cumplimiento del requisito. “Acreditá la idoneidad y después discutimos”, respondió, mientras rechazaba cualquier intención de atropello institucional. En otro tramo, la edil sugirió a Rivero que ordene sus ideas y evite convertir el debate en algo personal.

También intervino Andrea Bonomo, próxima síndica municipal, quien diferenció los requisitos para cargos electivos como el suyo de los del Tribunal de Cuentas. Señaló que, si bien no se exigió esta documentación en su momento, ahora corresponde hacerlo. “No se trata de persecución, sino de orden institucional”, escribió.

Desde el sector opositor, el dirigente del PRO Daniel Perfumo cuestionó que el pedido no se haya hecho al momento de las designaciones y sugirió que responde a una maniobra política. Opinión similar expresó el vecino Daniel Tkaczek, quien afirmó: “Parece que el modelo es: si no me gustás, busco cómo correrte”.

En paralelo, algunas intervenciones ciudadanas, como la de la docente jubilada Nancy Moschetti, consideraron que el reclamo del FAV pierde fuerza al no haber sido planteado en el momento adecuado. “Ahora suena a maniobra política”, escribió.

El tono del intercambio fue subiendo de intensidad, con alusiones personales, referencias a supuestos privilegios laborales y cuestionamientos cruzados sobre ética, autonomía y gestión. Si bien no hubo declaraciones institucionales nuevas, el debate online mostró que el tema sigue generando posiciones enfrentadas tanto en el ámbito político como entre la comunidad.

La discusión, aunque virtual, refleja un clima de tensión política latente en torno a los límites del control, la aplicación de la Carta Orgánica y el rol que deben jugar los distintos poderes municipales en la fiscalización pública.

Enojo por la suspensión de la elección de referentes de desocupados en Catriel

Una fuerte controversia se desató entre los grupos de desocupados tras la decisión del Concejo Deliberante de suspender la elección de representantes de personas desocupadas, luego de la presentación de una nota con firmas de vecinos que expresaron no sentirse representados por las listas oficializadas. La medida fue cuestionada por el espacio Lucha y Dignidad, encabezado por Alejandra Ávila, quien consideró que se incumplió lo que estaba previsto por ordenanza y adelantó que evalúan recurrir a la vía legal.

Según relató Ávila a Viento Sur Noticias, se presentó “sorpresivamente” sobre tablas una nota firmada por 20 personas solicitando el aplazamiento del proceso. “Gran parte de esas personas estuvieron conmigo desde el comienzo. Pregunté por qué ese cambio de parecer. No obtuve respuesta”, explicó. Indicó además que la moción fue respaldada por los concejales del Frente de Acción Vecinal, quienes votaron que todo el proceso vuelva a comisión para revisión.

Desde Lucha y Dignidad aseguraron que el proceso electoral se venía desarrollando conforme a los plazos y condiciones establecidos por la normativa. “Cumplimos con todo lo que nos pidieron. Nos exigieron presentar antecedentes judiciales hasta el 2 de julio, cuando ellos mismos se tomaron más de dos semanas para revisar avales y listas”, señaló Ávila.

También cuestionó que el cambio de reglas se haya dado sobre la marcha: “Nos parece una falta de respeto. No se entiende cómo ahora cualquier grupo con 20 firmas puede frenar con una presentación sobre tablas un proceso ya iniciado. Es poco serio”.

Ávila expresó además su malestar por lo sucedido en la última sesión del Concejo: “Pensamos que era abierta, pero cuando intenté intervenir, nos mandaron a callar y nos obligaron a retirarnos. Nos dijeron que ese día no se iba a tratar nada de lo nuestro”.

Consultada sobre los pasos a seguir, la referente indicó que analizan vías legales para que se respete lo que establece la ordenanza vigente. “No estamos cuestionando la competencia en sí, sino las formas. Para algunos casos se cumple la ley, para otros se omite”, planteó.

Por el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte del bloque que impulsó la suspensión, ni del Ejecutivo municipal. Tampoco se informó cómo continuará el proceso.

Piris: “¿Tan dramático es pedir que acrediten su experiencia?”

Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Catriel (04-07), uno de los temas centrales fue el tratamiento del proyecto impulsado por el Frente de Acción Vecinal (FAV) para exigir a los integrantes del Tribunal de Cuentas municipal que acrediten su idoneidad profesional.

La concejala Carolina Piris fue la principal oradora a favor del proyecto y expresó su “preocupación” por lo que consideró una reacción desmedida del Tribunal. “Intentar amedrentar a los concejales del FAV y amenazar con judicializar un dictamen sencillo no es el camino. No estamos pidiendo una destitución, simplemente dar cumplimiento al artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal”, sostuvo.

El mencionado artículo establece requisitos para ocupar cargos en el Tribunal de Cuentas, entre ellos la idoneidad, concepto que para Piris implica un criterio excluyente. “No hay mucho más para acotar: un requisito es un requerimiento. Es excluyente”, remarcó.

En ese marco, la edil recordó que, antes de la sanción de la Carta Orgánica en 2017, los integrantes del Tribunal eran electos por voto popular. Desde entonces, su conformación quedó a cargo del Concejo, con participación de las minorías. “Por eso se nos exige sensatez, transparencia, responsabilidad y eficacia en cada designación”, afirmó.

Carolina Piris, autora del dictamen del proyecto. (FAV)

“La intendenta quiere que la controlen. Pero el control debe ser eficaz, técnico, no político. Las discusiones políticas se dan en el Concejo, no en el Tribunal”.

Piris también citó como antecedente la Constitución de Río Negro, que para cargos equivalentes en el Tribunal de Cuentas provincial exige título de abogado o graduado en ciencias económicas, además de diez años de ejercicio profesional. “Estamos hablando de quienes deben controlar administrativa y contablemente la empresa más importante para los catrielenses: la Municipalidad”, enfatizó.

Respecto al rol del Tribunal, advirtió sobre una “deriva política” que —según dijo— desnaturaliza su función. “La intendenta quiere que la controlen. Pero el control debe ser eficaz, técnico, no político. Las discusiones políticas se dan en el Concejo, no en el Tribunal”, subrayó.

Desde el bloque del FAV también se planteó que hasta el momento no se presentaron proyectos de ordenanza para reglamentar los artículos de la Carta Orgánica referidos al órgano de control.

En la reunión previa con juntas vecinales —según indicó Piris— los miembros del organismo manifestaron su desacuerdo con el proyecto y deslizaron la posibilidad de una judicialización.

Todavía no hubo respuesta pública de los integrantes del Tribunal de Cuentas, pero se espera que suceda en los próximos días.

“Vivimos 12 años de autoritarismo”: Salzotto defendió el proyecto que exige idoneidad al Tribunal de Cuentas

La jefa comunal Daniela Salzotto defendió públicamente el proyecto aprobado esta tarde en el Concejo Deliberante que solicita a los actuales integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal —Ramiro Peñalba, Micaela Ormeño y Franco Rivero— la acreditación de su idoneidad técnica y experiencia en sistemas de control y administración financiera. Lo hizo en una conferencia de prensa convocada este viernes 4 de julio, donde explicó los fundamentos políticos, administrativos y personales de su respaldo a la medida impulsada por el oficialismo del Frente de Acción Vecinal Catriel (FAVC).

“Vivimos 12 años de autoritarismo”, expresó Salzotto, en alusión a las gestiones anteriores encabezadas por Carlos Johnston y Viviana Germanier. “Hoy quienes hablan de democracia fueron parte de gobiernos donde muchos vecinos obtenían indiferencia”, agregó, marcando distancia con los bloques opositores que cuestionaron la iniciativa como un acto de persecución institucional.

El proyecto aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante se apoya en el artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal, que exige a los miembros del órgano de control “probada experiencia e idoneidad en sistemas de control y administración financiera”. Según explicó la intendenta, la intención es que los integrantes del Tribunal informen qué tipo de formación han tenido durante el último año y medio.

“Estoy totalmente de acuerdo con que hagan control, pero no obstrucción”.

Salzotto también planteó que desde el inicio de su gestión el Tribunal envía hasta tres notas diarias al Ejecutivo, lo que —según dijo— “obliga a la Secretaría de Finanzas a trabajar exclusivamente para responder esas solicitudes”. En ese sentido, cuestionó lo que consideró una actitud obstructiva por parte del órgano de control: “Estoy totalmente de acuerdo con que hagan control, pero no obstrucción”.

En otro tramo, la intendenta mostró documentación sobre la rendición de cuentas de la Fiesta del Petróleo, evento que calificó como “único y autogestionado”, y aseguró que se cumplieron todos los requisitos legales y contables. Aseguró que esa información está disponible para consulta ciudadana y de los medios. También señaló que “el propio gobernador conocía del bono y los aportes” y que el Tribunal ya había auditado ese expediente. “Uno de sus integrantes me dijo que los números les salieron redonditos”, relató, en alusión a Ramiro Peñalba.

Durante la exposición, Salzotto remarcó que hay tres causas judiciales abiertas vinculadas a hechos de gestiones anteriores. Una de ellas es por el asfalto de la calle Birmania, donde —según afirmó— se habrían abonado $585 millones antes del cambio de gobierno por solo cinco cuadras entre 2022 y 2023. También mencionó una camioneta municipal hallada en Córdoba y no declarada en el inventario oficial, y una denuncia por la falta de elementos culturales supuestamente sustraídos o no restituidos por talleristas.

«Si quieren, pueden paralizar el municipio. Permítannos gobernar como lo hicieron ustedes. Cuando sean las elecciones, que el pueblo decida con su voto»

La jefa comunal aseguró además que actualmente “no se pueden recibir créditos de la provincia” para obras porque “faltan rendiciones de los últimos 12 años”. En ese marco, indicó que está en diálogo con el gobernador Alberto Weretilnck para avanzar en la regularización de esos balances y cuestionó que el Tribunal “no se presenta hace tres meses” a las reuniones de concursos y adjudicaciones.

“Si quieren, pueden paralizar el municipio”, denunció, tras señalar que se han trabado pagos como el de facturas de combustible, aportes extraordinarios al hospital local o apoyos a organizaciones sociales, observando “gastos mínimos” sin criterio unificado. Aseguró que “cuando el municipio otorga aportes específicos por salud, no se puede esperar autorización para actuar”, y lamentó lo que describió como una falta de sentido práctico en los controles.

En un tramo más político, la intendenta afirmó que “uno de los integrantes del Tribunal fue denunciado por su conducta en un partido de fútbol infantil y otro está vinculado a una causa por una camioneta no declarada”, e insistió en que cualquier funcionario con causas judiciales debe ser apartado. Sin embargo, aclaró que “no se trata de pedir cursos, sino de saber qué formación tienen quienes ejercen un rol tan sensible para la ciudad”.

Finalmente, Salzotto pidió “criterio y acompañamiento” para llevar adelante su gestión. “Permítannos gobernar como lo hicieron ustedes. Cuando sean las elecciones, que el pueblo decida con su voto. Hoy la gente necesita servicios, respuestas y obras. Eso es lo que nos guía”, cerró.

Cruce de poderes en Catriel: el Concejo aprobó exigir al Tribunal de Cuentas que pruebe idoneidad y experiencia

El Concejo Deliberante de Catriel aprobó este viernes (04-07) una ordenanza que solicita a los integrantes actuales del Tribunal de Cuentas Municipal —Ramiro Peñalba, Micaela Ormeño y Franco Rivero— la acreditación de su idoneidad técnica y experiencia en control y administración financiera, conforme al artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal (COM).

La iniciativa, impulsada por el oficialismo del Frente de Acción Vecinal Catriel (FAV), fue respaldada por el dictamen 17/25 de la Comisión de Asuntos Administrativos e Institucionales y aprobada por mayoría con cinco votos afirmativos (concejales del oficialismo Rosa Nievas, Gonzalo Gerez, Teresa Cardona, Carolina Piris y Nelson Díaz), dos negativos (concejalas Elizabeth Cofré de Primero Río Negro y Juana Cárdenas de JSRN) y una abstención (concejala María Molina, Banca del Pueblo). La sesión se desarrolló en un clima de diplomática tensión, con fuerte presencia de público y la participación de la intendenta Daniela Salzotto en un tramo de la sesión.

Desde la oposición se expresó preocupación por el alcance institucional de la medida. Se argumentó que la exigencia de idoneidad debió haberse planteado antes, dado que las designaciones del Tribunal fueron tratadas y aprobadas por unanimidad en la primera sesión ordinaria del año legislativo 2024, conforme al artículo 327 de la COM. En ese momento, se cumplió formalmente el procedimiento previsto para validar los nombramientos.

Art. 327: “El Tribunal de Cuentas estará compuesto por tres (3) miembros titulares, los que deberán contar con la idoneidad y experiencia exigida por esta Carta Orgánica. Serán designados por el Concejo Deliberante en la primera sesión ordinaria del período legislativo respectivo, debiendo respetarse el principio de representación de las minorías. Durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos. El Concejo Deliberante podrá designar también tres (3) miembros suplentes, con el mismo criterio de representación.” .

En este marco, sectores opositores advirtieron que la ordenanza podría interpretarse como una injerencia indebida sobre un órgano que, por norma, goza de autonomía funcional, y adelantaron que se evaluará la posibilidad de presentar acciones legales si se considera que se vulnera la independencia institucional del Tribunal.

Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la medida como una forma de cumplir con lo establecido en el artículo 328 de la Carta Orgánica, que exige que los miembros del Tribunal acrediten idoneidad mediante título habilitante o antecedentes fehacientes. Algunos concejales admitieron que este requisito no fue exigido al momento de las designaciones, y justificaron esa omisión como un “gesto político” hacia la oposición, dada la falta de experiencia parlamentaria en el inicio de la gestión.

Art. 328: “Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere nacionalidad argentina, mayor de edad, residencia no menor a dos (2) años en la ciudad y probada experiencia e idoneidad en sistemas de control y administración financiera”.

El debate pone en evidencia una tensión entre el cumplimiento normativo y la interpretación política de las atribuciones del Concejo Deliberante. Si bien no se avanzó en ninguna modificación ni remoción de los miembros del Tribunal, la ordenanza plantea una revisión institucional que reactiva el debate sobre la competencia del Concejo en esta materia. Cabe recordar que, según el artículo 326 de la Carta Orgánica Municipal, el Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo de control externo, lo que refuerza la magnitud institucional del conflicto.

La sesión contó con la asistencia de funcionarios municipales, ex autoridades, referentes partidarios, vecinos y representantes de organizaciones sociales. La presencia de la intendenta le dio al debate un peso político adicional y anticipa nuevas discusiones sobre los límites entre control político y autonomía institucional en la ciudad.

VSN presentará esta noche un informe especial con los detalles de cada postura debatida en el recinto. Podés consultar la Carta Orgánica Municipal en este enlace.

Polémica en Catriel: el oficialismo exige requisitos al Tribunal de Cuentas y la oposición denuncia atropello

El Concejo Deliberante de Catriel deberá discutir un proyecto de resolución presentado por el bloque oficialista del Frente de Acción Vecinal Catriel (FAVC), que busca exigir a los actuales miembros del Tribunal de Cuentas Municipal que presenten documentación que acredite su idoneidad profesional y experiencia técnica en control y administración financiera. La propuesta, elevada el 30 de junio y debatida en comisión parlamentaria el miércoles 2 de julio, generó divisiones políticas y abrió un debate sobre las facultades del poder legislativo y la interpretación de la Carta Orgánica Municipal.

El proyecto establece un plazo de cinco días hábiles para que los integrantes del Tribunal –nombrados en diciembre de 2023– acrediten “fehacientemente su idoneidad”, conforme al artículo 328 de la Carta Orgánica. En caso de incumplimiento, el Concejo Deliberante se reservaría la facultad de revisar sus designaciones.

El artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal efectivamente exige como requisito de acceso al cargo la “probada experiencia e idoneidad en sistemas de control y administración financiera”. Sin embargo, no establece mecanismos de revisión posterior ni faculta expresamente al Concejo Deliberante a exigir reacreditaciones luego de realizada la designación.

El proyecto fue respaldado por un dictamen de la propia bancada oficialista, en el que se argumenta que “no consta en los archivos del Concejo documentación que acredite la experiencia profesional exigida”. El oficialismo, que de no mediar sorpresas contaría con los votos suficientes para aprobar el proyecto, señala en el dictamen que el nombramiento de diciembre de 2023 -y que fue aprobado por unanimidad- fue producto de un “gesto político de respeto hacia las minorías”, pero que ahora corresponde “cumplir con la normativa vigente”.

Según el artículo 327 de la Carta Orgánica, la designación de los integrantes del Tribunal debe realizarse mediante resolución del Concejo Deliberante con representación proporcional de las minorías. No se exige en ese artículo documentación específica ni establece controles posteriores por parte del cuerpo legislativo una vez hecha la designación.

El oficialismo (FAV) cuenta con cinco votos. La oposición (JSRN y PRN) con dos.

En oposición al planteo oficialista, los bloques de Primero Río Negro y Juntos Somos Río Negro presentaron un dictamen conjunto que rechaza el proyecto por considerarlo inconstitucional, improcedente y carente de competencia legal. En su argumentación, advierten que el Tribunal de Cuentas fue constituido legalmente en diciembre de 2023 con el voto unánime del Concejo, y que cualquier revisión de designaciones sólo podría realizarse mediante un proceso legal específico por causales de remoción, como establece el artículo 330 de la Carta Orgánica.

El artículo 330 establece que los miembros del Tribunal sólo pueden ser removidos por causas graves, mediante procedimiento legal, garantizando el derecho a defensa. No prevé que el Concejo pueda revisar designaciones ya realizadas fuera de este marco.

En el mismo sentido, el bloque Primero Río Negro presentó un contraproyecto que propone archivar el proyecto oficialista por entender que habilita un precedente de revisión arbitraria de designaciones efectuadas conforme a derecho, lo que a su juicio pondría en riesgo la autonomía del órgano de control y el principio republicano de división de poderes.

Los artículos 326 a 330 de la Carta Orgánica establecen que el Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo, técnico y de fiscalización. Su independencia funcional es considerada un principio institucional y su intervención está limitada a los supuestos formales de remoción.

Cofré y Cárdenas sacaron un dictamen en conjunto. Además, Cofré propuso otro proyecto que anula la propuesta del oficialismo.

Por el momento, la discusión no tiene resolución definitiva y se espera que continúe mañana. El debate interpela el equilibrio de poderes en la administración local y expone la necesidad de una interpretación clara y respetuosa del marco normativo vigente. Mientras tanto, tanto oficialismo como oposición se aferran a argumentos legales y políticos contrapuestos para justificar sus posiciones.

Anoche se realizó una sesión parlamentaria a las 21:30, en la que del bloque oficialista solo asistieron los concejales Nelson Díaz y Gonzalo Gerez, quienes se reunieron con las ediles opositoras Juana Cárdenas y Elizabeth Cofré. Para esta noche está prevista una reunión del Consejo Vecinal, donde se definirá la postura de los presidentes barriales, que podría marcar la posición de La Banca del Pueblo.

La sesión ordinaria del Concejo Deliberante fue convocada para mañana a las 9 de la mañana, y el bloque oficialista ya confirmó su decisión de avanzar con el proyecto, en sintonía con la posición de la intendenta Daniela Salzotto, quien días atrás cuestionó públicamente la idoneidad del Tribunal de Cuentas. Por su parte, la oposición advirtió que, si la resolución se aprueba, recurrirá a la Justicia para solicitar la intervención del Tribunal lo que, advirtieron, podría derivar en una paralización del municipio.