Un hecho de inseguridad golpeó este lunes a una familia de Catriel. Entre las 18 y las 20 horas, personas desconocidas ingresaron a la vivienda de una vecina y se llevaron varios objetos de valor sentimental.
Camila Tkaczuk Kowalczuk relató que los ladrones sustrajeron una tablet Samsung Galaxy Tab A9 que la abuela le había regalado a su nieto, así como un celular Motorola G72 que pertenecía a su padre y contenía fotos y videos familiares importantes, especialmente valiosos en el marco de su actual estado de salud.
La familia apeló a la solidaridad de la comunidad para recuperar los objetos. Piden que cualquier persona que haya visto o escuchado algo se comunique por mensaje privado.
Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre el hecho ni sobre posibles responsables.
Este lunes se realizó en Catriel la apertura de sobres correspondiente a dos concursos de precios destinados a ejecutar obras sobre la colectora de la Avenida Mosconi. Sin embargo, ambas licitaciones fueron declaradas desiertas por incumplimientos en los pliegos de bases y condiciones.
Se trata del Concurso N° 065/25, que contempla la refuncionalización y pavimentación del tramo comprendido entre Avenida Roque Sáenz Peña y la calle Añatuya, financiado por fondos derivados de prórrogas de concesiones hidrocarburíferas en el marco de la Ley Provincial N° 5733.
Y del Concurso N° 066/25, que prevé la pavimentación del tramo entre Ciudad de Añatuya y calle Cañada, obra que iba a financiarse con fondos municipales.
Ambos procesos fueron analizados por la Comisión de Preadjudicación, que determinó que las propuestas presentadas no cumplían con requisitos excluyentes establecidos en los pliegos, por lo que ninguna de las ofertas pudo ser admitida.
Frente a este escenario, y tal como lo establece la normativa vigente, la intendenta Daniela Salzotto anunció que se procederá a un segundo llamado para ambos concursos, a fin de garantizar la concreción de estas obras, consideradas estratégicas para la conectividad y circulación en una de las principales vías de acceso a la ciudad.
Desde el Ejecutivo municipal no se brindaron detalles sobre los plazos del nuevo llamado, aunque se espera que sea inminente para no demorar el inicio de los trabajos previstos en la planificación vial del segundo semestre.
Carlos Johnston, exintendente de Catriel y actual presidente del Movimiento Vecinal Catriel (MOVIC), cuestionó duramente las declaraciones de la intendenta Daniela Salzotto respecto a la obra de pavimentación, cordón cuneta y canal de desagüe pluvial en las calles Birmania y Rosario del barrio Preis.
Según Johnston, es falso que la judicialización de la obra impida realizar intervenciones. “La Municipalidad puede colocar carteles informativos, limpiar el canal central y pintar los badenes sin ningún obstáculo legal”, afirmó. También rechazó la versión oficial que señala deficiencias en la ejecución: “No es una obra mal hecha; es una obra necesaria para resolver las escorrentías de agua de lluvia en esa zona del barrio Preis”.
El exjefe comunal también desmintió que el canal de desagüe no esté habilitado por el Departamento Provincial de Aguas (DPA). Aseguró que la habilitación fue gestionada oportunamente mediante nota formal, y que la modalidad adoptada para los cruces pluviales —a diferencia del sifonamiento— permite una limpieza más accesible y con menor riesgo operativo.
Uno de los puntos centrales de su reclamo tiene que ver con el costo de la obra. Johnston negó que la inversión haya alcanzado los 580 millones de pesos, como habría señalado el Ejecutivo municipal. Según sus declaraciones, el monto aprobado fue de 254 millones, con pagos realizados por 381 millones hasta diciembre de 2023, y un total final de 389 millones de pesos incluyendo redeterminaciones pendientes.
“La obra está respaldada por toda la documentación contable correspondiente, y los pliegos se realizaron conforme al estudio hidráulico e hidrológico que la Municipalidad encargó a la Universidad Nacional de La Plata”, detalló Johnston, en un mensaje dirigido directamente a la gestión actual.
Hasta el momento, la Municipalidad no emitió una respuesta oficial a estas declaraciones.
Comunicado completo de MOVIC:
LA INTENDENTE DANIELA SALZOTTO MIENTE
Como viene sucediendo desde que asumió el gobierno Daniela Salzotto Miente!!!! Y en particular en la obra de Pavimentación, Cordón Cuneta y canal de Desagüe de la calle Birmania y Rosario del Barrio Preis, lo hace de manera sistemática.
Dice que en la obra no se puede intervenir porque esta judicializada; muy lejos de la Verdad, consultada la justicia, PUEDE INTERVENIR, colocando carteles informativos, Limpiando el canal central y cordones cunetas Pintando donde están los badenes etc….
Que la obra está “MAL HECHA”, tampoco es cierto, es una obra necesaria para los vecinos del Barrio Preis ya que es muy importante para resolver las escorrentías (agua de lluvia). Que desemboca en el canal de riego de la calle Sabio y que no está habilitada por el D.P.A., tampoco es cierto ya que oportunamente se le solicito al D.P.A. mediante nota la cual fue aceptada.
Que en las intercesiones donde cruza el canal habría que realizar sifonamiento en vez de los cruces de calle existente. Las dos formas se pueden realizar, la forma adoptada es de menor costo y se lo puede limpiar fácilmente a través de una goma y otro elemento tirada por cadenas con un malacate, tractor o pala cargadora etc…
En cambio el sifonamiento requiere de una tarea insalubre, donde una persona debe «A PALA» retirar el material acumulado que en su mayor proporción es sedimento. Lo más importante LA OBRA DE LA BIRMANIA NO SALIO 580 MILLONES DE PESOS y por supuesto tiene toda la documentación pertinente.
Se aprobó la obra por 254.000.000 (254.millones de pesos). Pagados de la siguiente manera: Un adelanto del 30% del costo de la obra. Abonado en febrero del 2023 cinco certificaciones de obra, abonado entre los meses de mayo y diciembre del 2023 por pesos 251.000.000 millones de pesos.
Cinco redeterminaciones de dichos certificado por pesos 130.000.000 (130 millones) cuya cifra da un total de 381.000.000 de pesos, eso es el equivalente al costo del 98,15% de la obra , resta abonar 1,85% que ronda los 8.000.000 de pesos (8 millones) que hay re determinarlo a fecha de hoy.
LA OBRA COSTÓ PESOS 389.000.000 (389 MILLONES)
Por último quiero destacar que los pliego de la obra se hicieron conforme al convenio que realizo la municipalidad con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, “Estudio hidráulico, hidrológico para la ciudad de Catriel “.
Como corolario toda la información está en los registros contables del municipio de Catriel es vergonzoso que nuestra Intendente mal asesorada o por motus propio mienta de esta forma, porque es inconducente y es la persona que rige los destinos de nuestra ciudad.
Johnston Carlos Alberto Presidente Movimiento Vecinal Catriel (MOVIC)
El Concejo Deliberante de Catriel aprobó una resolución que declara la Emergencia Laboral en la Industria Hidrocarburífera por 180 días, en un contexto de creciente preocupación por el impacto social y económico de los despidos, suspensiones y falta de renovación de contratos en el sector.
Entre los puntos centrales de la Resolución N° 034/25, se destaca el reclamo formal a las empresas petroleras para que presenten planes de contingencia. Según establece el artículo 3º del texto aprobado, estas propuestas deberán incluir “las medidas a adoptar para evitar nuevos despidos y/o suspensiones, así como iniciativas para reactivar la actividad y reincorporar al personal afectado, priorizando la mano de obra local”.
La medida fue impulsada por el bloque del Frente de Acción Vecinal Catrielense (FAVC) y busca generar respuestas urgentes frente a una crisis que ya golpea a cientos de familias catrielenses vinculadas directa o indirectamente al trabajo en el sector hidrocarburífero.
El Concejo advirtió que la situación actual responde a una “contracción y reestructuración” del sector en toda la región patagónica, agravada por el contexto nacional de recesión. Cifras recientes del INDEC indican que la desocupación alcanzó el 7,9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto en los últimos cuatro años, con más de 250.000 nuevos desocupados a nivel país.
Impacto local y demandas
En Catriel, según la ordenanza aprobada, la paralización de obras sumada a la baja en la contratación de servicios y la readecuación de proyectos por parte de las operadoras afectaron de manera directa a la estructura productiva de la ciudad. La resolución advierte que esta situación no solo compromete el empleo formal, sino que también provoca un efecto negativo en el comercio y la economía local.
Por ello, además de exigir los planes de contingencia, el Concejo exhortó al Ejecutivo Municipal a conformar de forma urgente una Mesa de Diálogo Tripartita, con participación del gobierno local, empresas y sindicatos (UOCRA, Petroleros Privados, Petroleros Jerárquicos), para monitorear la evolución del empleo y consensuar medidas de contención.
Pedir cuentas y articular respuestas
La resolución también solicita a las compañías cumplir con el Procedimiento Preventivo de Crisis establecido por la Ley Nacional de Empleo N° 24.013, y convoca al Estado provincial y nacional a intervenir con urgencia para frenar el deterioro del mercado laboral y acompañar con políticas públicas de empleo y reconversión.
La declaración de emergencia laboral tendrá vigencia inicial por seis meses y podrá prorrogarse si las condiciones lo ameritan. Durante este período, el Concejo espera que las petroleras que operan en Catriel demuestren con hechos su compromiso con la estabilidad laboral, el sostenimiento de la actividad y la reactivación de una economía local fuertemente golpeada.
La obra de pavimentación de las calles Birmania y Rosario, en el barrio Preiss, está bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en su adjudicación, ejecución y pago. El caso fue impulsado inicialmente por una denuncia del exsíndico municipal Nicolás Sgalla y retomado por la actual gestión de la intendenta Daniela Salzotto (FAV), quien aseguró que durante los años 2022 y 2023 se habrían abonado más de $585 millones por un tramo de solo cinco cuadras.
La causa, caratulada como “Municipalidad de Catriel s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, investiga la responsabilidad de exfuncionarios en el manejo de fondos y certificaciones de obra. La exintendenta Viviana Germanier (JSRN) y su equipo de gobierno están entre los señalados en la investigación.
El pasado fin de semana, la Fiscalía Descentralizada de Catriel ordenó el levantamiento de muestras del pavimento y cordón cuneta, con la participación de la fiscal Andrea Bolognese, el abogado querellante Darío Ottonello, el perito de parte Héctor Gamarra, representantes de la empresa Incisa de Córdoba y personal de Criminalística de la Policía de Río Negro.
La obra incluyó pavimentación, cordón cuneta y un canal troncal pluvial bajo lineamientos del Plan Director Pluvial, elaborado en convenio con la Universidad Nacional de La Plata. Se inscribió dentro del Plan de Pavimento Urbano Barrial y del Plan Catriel Conectado.
Germanier, en cambio, afirmó que la obra se realizó conforme a los pliegos licitatorios. “Estoy muy tranquila. El muestreo técnico va a demostrar que los trabajos se hicieron con responsabilidad”, expresó. Atribuyó los aumentos en el costo a la inflación y a la urgencia de concretar una obra esencial para el barrio y el CET 21.
Las pruebas recolectadas serán analizadas por peritos técnicos y podrían derivar en imputaciones si se confirma algún incumplimiento legal o técnico. Por ahora, el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante no se pronunciaron sobre el avance de la causa.
La investigación pone en foco la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y transparencia en la obra pública, en línea con lo que establece la Carta Orgánica Municipal, que exige publicidad de los actos de gobierno, participación vecinal y control permanente sobre los recursos públicos.
La Municipalidad de Catriel autorizó -el 1 de abril- el pago de $7.021.334,88 por la compra de juegos de plaza destinados a la Escuela Primaria N° 306 “José de San Martín” y a la Plaza 24 de Marzo del barrio Huentemil. La operación se realizó mediante un proceso de compra directa a la empresa Acord Group SRL, con sede en Pilar, provincia de Córdoba.
Según detalla la Resolución Municipal N° 1653/25, la contratación se justificó como una excepción por razones de urgencia: la entrega debía concretarse antes del 24 de marzo, fecha que coincidía con el aniversario de la escuela. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la empresa adjudicada fue la única que garantizó cumplir con los plazos requeridos, comprometiéndose a entregar el material el 21 de marzo.
Desde el Ejecutivo señalaron que la adquisición fue «parte de un compromiso asumido con autoridades escolares y familias de la comunidad educativa de la Escuela 306». Además, señalaron que se enmarca en las obras que el municipio viene desarrollando en el barrio Huentemil, donde se construyó una nueva plaza pública.
La compra fue aprobada por la intendenta municipal y se encuadra legalmente en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 286. El gasto se imputó al programa “Barrio, Juego, Playones Deportivos”, bajo la Dirección de Obras Públicas.
El pago fue autorizado por la Secretaría de Economía y Finanzas, y se remitieron copias de la resolución al Departamento Contable, el Síndico Municipal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.
El Banco Nación preadjudicó a la empresa Tech Security, vinculada a los hermanos del diputado nacional Martín Menem, un contrato por $3.917 millones para servicios de seguridad en su sede central y otras dependencias. El acuerdo prevé una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de dos renovaciones.
Desde el entorno de Menem sostienen que el legislador transfirió su participación en la firma antes de asumir su banca, en diciembre de 2023. Sin embargo, en su declaración jurada presentada en noviembre de 2024 aún constaba que poseía el 15,66% de Tech Security, valuado en más de $91 millones al inicio del año. Esa participación fue luego omitida en el cierre del período.
La licitación se conoció días después de otra adjudicación relevante: en junio, la misma empresa obtuvo un contrato por $1.312 millones con el Hospital Universitario Fundación Favaloro. El oficialismo argumentó que se trató de una renovación de servicios ya prestados.
Tech Security también estuvo a cargo de la seguridad en el acto de presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park, en mayo de 2024. Aunque el gobierno aseguró que el costo del evento fue de $10 millones, versiones extraoficiales señalaron que la empresa habría facturado cerca de $35 millones. La falta de transparencia motivó incluso una aclaración pública de la editorial Planeta, desligándose de los gastos del evento.
Dentro del propio oficialismo, la maniobra generó tensiones. Según trascendidos, el presidente Milei expresó su malestar por el impacto mediático del contrato con el Banco Nación, en medio de disputas internas de su hermana Karina con sectores del riñón libertario, como Santiago Caputo y los propios Menem.
La adjudicación volvió a poner sobre la mesa un patrón que remite a los años noventa, cuando varios integrantes de la familia Menem fueron señalados por beneficiarse de vínculos estrechos con el Estado. Durante la presidencia de Carlos Menem, las privatizaciones, los contratos públicos y las designaciones familiares fueron eje de denuncias por conflictos de interés y presunto enriquecimiento. La repetición de este tipo de vínculos entre lo público y lo privado, aunque con nuevos protagonistas, plantea interrogantes sobre la continuidad de ciertas prácticas en la política argentina.
En su campaña presidencial, Javier Milei prometió “terminar con la casta” y cortar los privilegios de la política. Sin embargo, la continuidad de contratos millonarios entre el Estado y empresas vinculadas a familiares de altos funcionarios pone en duda la efectividad de esa promesa, y evidencia lo difícil que resulta, incluso para los «outsider», romper con las lógicas del poder.
Este martes (15-07) se llevó a cabo el acto oficial de proclamación y jura de Paola Bonomo como nueva Síndica Municipal de Catriel. La ceremonia, organizada por la Junta Electoral, se desarrolló en el recinto del Concejo Deliberante y contó con la presencia de autoridades municipales.
Bonomo, que viene de desempeñarse en la secretaría de Gobierno y de Desarrollo Social, asume en un contexto de tensión entre el Ejecutivo local y el Tribunal de Cuentas. En el último año y medio, la relación entre ambas áreas se deterioró notablemente. Durante ese período, el Tribunal de Cuentas presentó más de 80 pedidos de informes al Ejecutivo, lo que fue interpretado por el gobierno municipal como una estrategia de obstrucción.
Desde el Ejecutivo, no solo se cuestionaron públicamente esos requerimientos, sino que se expresó que los miembros del Tribunal carecían de la idoneidad necesaria para ejercer sus funciones, un señalamiento que encendió aún más la disputa institucional.
En ese marco, el Concejo Deliberante —donde el oficialismo cuenta con mayoría— aprobó un proyecto que emplazó a los integrantes del Tribunal de Cuentas a dar cumplimiento al artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal, el cual exige demostrar condiciones de idoneidad para el cargo. La medida resultó controvertida, especialmente porque las designaciones habían sido aprobadas por unanimidad en la primera sesión del año. Este giro legislativo acentuó aún más las fricciones entre los distintos poderes del Estado municipal.
En medio de ese escenario, el síndico Elio Vélez presentó su renuncia, aduciendo motivos personales. La designación de Paola Bonomo completa el proceso institucional y da inicio formal a su mandato como parte del órgano de contralor.
Durante la ceremonia, la intendenta Daniela Salzotto destacó la relevancia institucional del momento y valoró el cumplimiento de los mecanismos previstos en la normativa local. Desde el Ejecutivo, además, se expresó —a través de un comunicado oficial— el acompañamiento institucional a la nueva síndica en el inicio de su gestión.
La Sindicatura Municipal es -en lo teórico- un órgano independiente del Poder Ejecutivo y forma parte del Poder de Contralor. Su función principal es supervisar la legalidad y regularidad de los actos del gobierno municipal, en el marco del sistema representativo y republicano. Su titular es elegido por el voto popular. Durante el mandato de Viviana Germanier (2019-2023), fue el titular de la Sindicatura Municipal (Nicolás Sgalla, JSRN) quien presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades que terminó desembocando en una investigación judicial que está pendiente de resolución.
La Ruta Nacional 151, que atraviesa 150 kilómetros del norte rionegrino, dejó de ser una simple traza: es el símbolo del abandono estatal y de un desbalance fiscal que golpea directamente a los vecinos. Desde Cipolletti hasta Catriel, su deterioro es manifiesto: pozos y ahuellamientos de hasta 24 cm, banquinas borradas, señalización ausente y tramos casi intransitables. Una vía indispensable para la salud, la educación y el transporte productivo, hoy pende de un hilo.
Al volante de una ambulancia, con pacientes rumbo al Alto Valle, el riesgo es real. Tambien cuando hay familias que deben viajar por controles médicos o tratamientos, estudiantes, trabajadores y deportistas que transitan a diario, y transportistas del sector petrolero que recorren esos kilómetros cada jornada. Todos conviven con una ruta que dejó de ser un camino: es una ruleta rusa cotidiana.
En este contexto, Catriel decidió no esperar más. La intendenta Daniela Salzotto confirmó en LU19 que el municipio tuvo que intervenir con fondos propios al menos cinco veces para hacer bacheos de emergencia. Y expuso una situación que genera creciente malestar: Los catrielenses no solo pagan con sus impuestos municipales para arreglar lo que Nación debería mantener. También abonan todos los meses el Impuesto a los Combustibles, que según la ley debe destinarse al mantenimiento vial. Pero Nación cobra y no realiza las tareas. Solo en 2025, ya se registraron más de 576 derivaciones sanitarias desde la ciudad, muchas de ellas por este corredor deteriorado.
La historia de la 151 es un inventario de promesas rotas. Asfaltada en los años 50 como parte del Plan Quinquenal, fue incluida en licitaciones no ejecutadas (como en 2012), proyectos no concretados (2023), obras menores (2024) y, finalmente, un recorte brutal en 2025 que superó el 60% del presupuesto de obra pública.
La falta de respuesta llevó a la provincia a acudir a la Justicia. El gobernador Alberto Weretilneck presentó una demanda ante el Juzgado Federal de Roca, acompañado por Salzotto, el ministro Alejandro Echarren, intendentes y cámaras empresariales. El pedido: medidas cautelares urgentes para evitar más víctimas y deterioro.
Desde Nación, el jefe de Vialidad en Río Negro, Enzo Fullone, cuestionó la judicialización y alegó que supuestamente ya se aplicaron «más de 700 toneladas de mezcla asfáltica», además de trabajos con “rapibache”. Sin embargo, reconoció que no alcanzan y aseguró que el litigio podría «desalentar inversiones».
Hoy, la ruta no es solo una vía de conexión: es el espejo de cómo se reparten (o no) las responsabilidades del Estado. En Catriel, cada kilómetro sin reparar es una doble injusticia: una económica, otra vial. Y eso ya no se aguanta en silencio. Por eso el reclamo de la RN 151 cada vez crece más.
Este sábado 12 de julio a las 11:30, el municipio de Catriel convocó a participar de un acto conmemorativo por el Día de la Mujer Petrolera en la Plaza de la Mujer Trabajadora (Ing. Garro y Cacique Catriel). La actividad busca visibilizar el rol de las mujeres en la industria hidrocarburífera, con foco en sus aportes históricos, las desigualdades persistentes y los desafíos actuales.
Desde el Ejecutivo destacaron que se trata de una jornada “sin apropiación institucional ni distinción partidaria”, enmarcada en un proceso colectivo de reconocimiento al trabajo femenino en un sector históricamente masculinizado. La convocatoria es abierta a la comunidad.
La fecha tiene origen en la Ley Municipal 788/13, sancionada en homenaje a Alejandra Rubbo, una joven técnica de Catriel que falleció el 12 de julio de 2000 a los 29 años, cuando regresaba de su jornada laboral en el yacimiento Señal Picada. Rubbo, maestra mayor de obra, era empleada de una empresa de servicios petroleros. En 2013, la por ese entonces Legislatura Municipal -hoy Concejo Deliberante- instituyó la efeméride, y años después la Legislatura de Río Negro la extendió a toda la provincia mediante la Ley Nº 4960.
Aunque no cuenta con un reconocimiento nacional, el Día de la Mujer Petrolera fue adoptado por diversas comunidades productoras como una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones laborales y la participación femenina en un sector clave de la economía.
Según datos del Observatorio de Género de la industria energética (2023), las mujeres representan apenas el 20% del personal en el sector hidrocarburífero, concentradas principalmente en tareas administrativas. Las cifras se reducen aún más en áreas operativas y técnicas.
“Todavía hay techos de cristal muy fuertes en la industria. En Catriel, muchas mujeres siguen teniendo que demostrar su capacidad más de lo esperado”, comentó una trabajadora de una firma de servicios petroleros y referente sindical. Resaltó que instancias como esta “son clave para fortalecer redes entre trabajadoras y abrir discusiones sobre equidad”.
Desde la organización sostuvieron que el encuentro apunta a fortalecer “políticas de inclusión efectiva y protocolos contra la violencia laboral y de género en el sector”.
La iniciativa también busca recuperar historias y trayectorias individuales. Alejandra Rubbo, en cuya memoria se instauró esta fecha, será especialmente recordada durante el acto.
Por último, desde el Municipio sostuvieron que el encuentro también será “una oportunidad para reconocer lo logrado y visibilizar lo que aún falta”.
