El Senado dio media sanción el 27 de febrero a la modificación de la Ley de Glaciares (la norma vigente desde 2010). El proyecto se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención (la neuquina Julieta Corroza) y ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde todavía debe debatirse.
Según las coberturas de distintos medios, el corazón del cambio es este: ya no quedaría protegido “todo” el ambiente periglaciar de manera automática, sino solo aquellas geoformas que demuestren una “función hídrica”. Y esa evaluación tendría un rol decisivo de las autoridades provinciales, un punto que fue defendido por distritos mineros y cuestionado por sectores que ven riesgo sobre el agua.
En una línea, el oficialismo y provincias mineras sostienen que la reforma busca aclarar reglas y destrabar inversiones; en la otra, voces críticas advierten que puede abrir una etapa de conflicto y judicialización.
Qué cambia, según el texto aprobado
De acuerdo con lo publicado por el Senado de la Nación, el proyecto votado plantea:
- Redefinir el alcance del área protegida: el ambiente periglaciar no quedaría automáticamente bajo resguardo, sino solo el que cumpla una función hídrica específica.
- Más autonomía provincial para determinar qué se protege y qué se habilita, con las provincias como actor central para definir la “función hídrica”.
- Un rol del IANIGLA con intervención técnica en ciertos casos: se habilitó que el instituto haga estudios técnico-científicos si un glaciar no cumple funciones previstas, y que las provincias deban notificar al organismo.
- Un efecto directo sobre proyectos mineros: los cambios apuntan a destrabar iniciativas hoy frenadas únicamente por la Ley de Glaciares todavía vigente.
En paralelo, desde los distritos mineros defendieron el giro hacia un esquema con mayor peso provincial. “Estamos mucho mejor preparados que Nación para realizar esta tarea”, sostuvieron en declaraciones citadas por Forbes.
La votación y el mapa político: apoyos claves y rechazos fuertes
La reforma salió con el número justo y con un armado político que, según LPO y Letra P, fue clave para llegar a los 40 votos. En esas crónicas se menciona el apoyo de figuras como Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y el bloque de Carolina Moisés, además del aporte del bloque de Misiones.
Del otro lado, se agruparon rechazos de sectores del peronismo, parte de la UCR y senadores de provincias patagónicas, entre otros.
El debate, además, dejó una advertencia política concreta: aunque pasó el Senado, en Diputados el trámite no estaría garantizado. El proyecto empezaría a verse “la próxima semana” en las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Presupuesto, y la mayoría puede ser difícil de repetir.
Los textuales que marcaron la sesión
Hubo frases que sintetizaron la pelea de fondo y empujaron la discusión a un lugar más áspero.
Desde el oficialismo, la jefa del bloque, Patricia Bullrich, llamó a salir de la dicotomía “agua o trabajo” y defendió que la modificación apunta a “producir en cada rincón donde sea posible”.
En sentido opuesto, desde sectores críticos se cuestionó la redacción y el alcance. El santacruceño José María Carambia dijo que “el artículo 6° genera libre interpretación” y lo definió como “autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea”.
Y el intercambio que más repercusión tuvo llegó por el lado de Enzo Fullone (La Libertad Avanza, Río Negro). Sostuvo: “Son rocas a 4000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”. Esos dichos encendieron la polémica en pleno debate sobre el rol de los glaciares y el agua.
El punto de fondo: por qué los glaciares importan en la vida real
Más allá de la pelea política, los glaciares y su entorno cumplen una función concreta en regiones de alta montaña y zonas áridas: acumulan nieve y hielo en invierno y liberan agua en épocas secas, alimentando ríos que abastecen ciudades, agricultura y producción regional.
Si el criterio para proteger áreas cambia, estos son algunos escenarios posibles:
1) Agua para consumo
Si vivís en una provincia cordillerana o en ciudades que dependen de ríos de montaña, el debate impacta en cómo y quién define qué zonas son claves para sostener el caudal de agua. Si la evaluación provincial considera que una zona no cumple función hídrica, podría no quedar bajo el mismo resguardo que hoy.
2) Agua para riego y producción
En regiones agrícolas que dependen de deshielos, cualquier cambio en la delimitación de áreas protegidas podría influir en discusiones sobre el manejo del recurso hídrico. Las fuentes críticas advierten riesgos sobre cuencas; el oficialismo sostiene que no se bajan estándares, sino que se ordenan competencias.
3) Empleo y actividad económica
En provincias con minería activa o proyectos en carpeta, el nuevo esquema podría facilitar inversiones si se aprueba en Diputados. Eso puede traducirse en movimiento económico local, empleo y servicios asociados pero poniendo en riesgo los glaciares y el ecosistema argentino. También hubo senadores que pusieron en duda el alcance real del empleo minero en sus distritos.
4) Conflictos y judicialización
Hay organizaciones podrían recurrir a la Justicia si consideran que la reforma reduce protección. Eso puede derivar en demoras, medidas cautelares o debates judiciales que impacten en obras y proyectos.
5) Quién controla
El peso mayor de las provincias implica que las decisiones sobre evaluaciones ambientales estarían más concentradas a nivel local. El IANIGLA mantendría intervención técnica en ciertos supuestos. Para la ciudadanía, eso redefine a qué ventanilla reclamar y exigir controles.
Lo que viene: Diputados, comisiones y tres caminos
El proyecto ya cruzó la mitad del Congreso, pero todavía le falta el tramo decisivo. En Diputados puede pasar una de tres cosas, según Perfil:
- aprobarse sin cambios (y convertirse en ley),
- modificarse (y volver al Senado),
- o rechazarse.
