Ramiro Peñalba, integrante del Tribunal de Cuentas de Catriel, defendió la denuncia penal presentada por presuntas irregularidades en contrataciones entre el Municipio y la firma Atlas. En diálogo con Radio Ciudad 93.1, en entrevista realizada por Adriana Gordo, sostuvo que el organismo actuó en cumplimiento de sus funciones y que la Justicia deberá determinar si los hechos configuran o no un delito.
La denuncia forma parte del caso Atlas, cuya documentación central, posiciones de ambas partes y puntos abiertos fueron ordenados por VientoSur en esta nota principal.
“La Justicia determinará si es o no un delito; para nosotros es nuestra obligación manifestarlo”, afirmó Peñalba.
El integrante del Tribunal explicó que el planteo no apunta solamente a una factura puntual, sino a una situación más amplia: la posible existencia de un conflicto de intereses entre una funcionaria municipal y el comercio que le vendía productos al Estado local.
Según Peñalba, el Tribunal advirtió una operación vinculada a la Fiesta Provincial del Petróleo, pero también observó que en redes sociales del comercio aparecían otros trabajos realizados para la Municipalidad. Su cuestionamiento central es que esas presuntas contrataciones no habrían pasado por el control del organismo.
“Nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica”, señaló. Y agregó que si el Tribunal omite advertir una situación que considera irregular, también podría tener responsabilidad institucional.
Peñalba sostuvo además que el Municipio envió información “muy sesgada” y que el Tribunal había pedido conocer pagos realizados por distintos mecanismos, como caja chica, aportes no reintegrables u órdenes de compra. Según su versión, hasta ahora solo recibieron información sobre una boleta puntual.
El Ejecutivo municipal, por su parte, defendió el expediente y sostuvo que la compra tenía respaldo administrativo. Esa posición puede leerse en la nota sobre la respuesta de Diego Pereyra al Tribunal de Cuentas por el caso Atlas.
El punto más fuerte de su planteo fue político e institucional: para el Tribunal, el problema no es solo si una factura tiene papeles, sino si una funcionaria podía estar vinculada, directa o indirectamente, con un proveedor del Municipio.
“Hay cosas que están mal hechas y están mal hechas”, lanzó Peñalba, al cuestionar las defensas públicas sobre el caso.
La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal. Ahora será la Justicia la que deberá definir si existen elementos para avanzar con una investigación penal o si el caso queda en el plano administrativo y político.
