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La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una queja y confirmó lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. El fallo anuló una sentencia de amparo de Bariloche que le había impuesto al Ipross una obligación imposible de cumplir. Como penalidad, recayó sobre la obra social un embargo de cuentas.

En una acción de amparo, la Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche hizo lugar al reclamo de una mujer y le ordenó al Ipross la cobertura integral y el pago directo, por adelantado, de una internación en un centro de la provincia de Buenos Aires. Hasta ese momento, la obra social provincial cubrió mediante reintegros la totalidad del costo de la prestación.

En su informe, el Ipross consignó que la cuestión trataba de un tema netamente económico, vinculado con la facturación que realiza la institución por un monto superior a la categoría para la cual cuenta con habilitación para funcionar, conforme el Nomenclador Nacional de Discapacidad. De ese modo señaló que, cuando la institución acreditara la categorización e inscripción ante la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ipross reconocería la categoría que corresponda según el tipo de habilitación. Se afirmó además, que la institución factura por adelantado y el Ipross abona las facturas a mes vencido.

Finalmente, se planteó que la orden era de imposible cumplimiento ya que no se pueden efectuar pagos directos a instituciones que no son prestadoras, debiendo la cobertura ser abonada por la vía del reintegro (artículo 11 de la Ley N° 2753).

Ante la denuncia de la amparista, el tribunal dispuso el embargo de las cuentas del Ipross para cobrar cuatro meses de facturación.

El caso transitó distintos recursos ante el STJ y la Corte Suprema. Esta semana, la Corte Suprema, por mayoría, rechazó la queja y dejó firme la decisión del STJ que había anulado todas las actuaciones conforme el dictamen del Procurador General.

La Procuración consideró arbitraria la sentencia de Bariloche ya que obligaba al Ipross a eludir el procedimiento administrativo. Planteó que el cambio de categoría de la institución requería aprobación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin esta aprobación, Ipross no podía gestionar el trámite que la afiliada solicitaba.

El tribunal de amparo, sin considerar el incumplimiento reglamentario, ordenó que se paguen los nuevos montos mediante una modalidad no permitida administrativamente: el pago directo y por adelantado a un prestador que no estaba en la cartilla. Por todos esos fundamentos, el Procurador solicitó anular la sentencia y todas sus consecuencias. El STJ y la Corte Suprema habilitaron ese pedido.

La empresa estatal ARSA, encargada de la provisión de agua potable y servicios de cloacas en Río Negro, ha recaudado un total de 904 millones de pesos gracias a su reciente moratoria de deudas. Javier Iud, presidente de la compañía, anunció que se está iniciando una nueva fase en el proceso de regularización que incluye la posibilidad de cortar el suministro de agua potable a aquellos usuarios que, a pesar de tener capacidad para pagar, aún no han saldado sus deudas.

La moratoria, que finalizó a mediados de julio, vio la participación de 42.510 usuarios. De estos, cerca de 40.000 lograron cancelar sus deudas en su totalidad, mientras que el resto optó por un plan de pago en cuotas. Sin embargo, de los más de 100.000 usuarios que estaban en mora al inicio del programa, alrededor de 60.000 aún mantienen cuotas pendientes.

Iud destacó que más del 40% de los usuarios morosos no habían hecho pagos directos, y subrayó que la moratoria buscaba ofrecer una oportunidad para regularizar las cuentas. Para aquellos que no han aprovechado esta oportunidad, ARSA comenzará a enviar intimaciones, iniciar juicios y aplicar cortes de servicio.

En agosto, la empresa procederá con la suspensión del suministro para un centenar de casos de usuarios con «capacidad contributiva» que no han cumplido con sus obligaciones. Iud citó ejemplos de grandes deudores, como hoteles de lujo en el Cerro Catedral y una importante estación de servicio del Alto Valle, que tienen significativas deudas sin saldar.

Iud también abordó el «mito» de que ARSA no puede cortar el servicio, afirmando que la empresa tiene la autoridad para hacerlo, aunque debe garantizar un suministro mínimo para el consumo diario, equivalente a 70 litros por persona.

A pesar de estas medidas, Iud aseguró que la empresa seguirá manteniendo su carácter social y no cortará el suministro a familias con dificultades económicas o jubilados con pensiones mínimas. La nueva política tiene como objetivo equilibrar la justicia entre los usuarios que cumplen con sus pagos y aquellos que abusan del sistema.

La recaudación obtenida a través de la moratoria permitirá a ARSA realizar importantes inversiones, como la ampliación de su flota vehicular y la compra de una retroexcavadora, así como dos camiones para ofrecer agua potable a granel. Estas adquisiciones buscan mejorar el servicio y permitir que la empresa participe directamente en el mercado de agua embotellada, actualmente dominado por empresas privadas.
En resumen, ARSA está implementando una estrategia firme para recuperar los pagos pendientes y garantizar la equidad en el acceso a sus servicios esenciales, al tiempo que sigue fortaleciendo su infraestructura y capacidad operativa.