El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la condena a once años de prisión efectiva para un hombre que fue declarado culpable de haber cometido abusos sexuales contra sus dos nietas en la ciudad de Catriel. La resolución refuerza el fallo emitido en febrero por un tribunal con asiento en Cipolletti, dejando firme la pena.
La defensa del condenado había solicitado la nulidad del proceso argumentando falta de precisión temporal en la acusación y supuestas contradicciones en los relatos de las víctimas. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación consideró que los hechos pudieron ser suficientemente delimitados y que el derecho a la defensa fue garantizado durante todo el proceso judicial.
En su análisis, los jueces destacaron la coherencia delos testimonios recabados en cámara Gesell y otras instancias, y sostuvieron que las diferencias señaladas por la defensa no implicaban contradicciones sustanciales, sino variaciones comprensibles dadas las circunstancias en que fueron realizadas las declaraciones.
El fallo también ratificó el encuadre legal de los hechos como delitos contra la integridad sexual, en concurso con actos que atentaron contra el desarrollo sexual de las víctimas. Se subrayó, además, que los abusos ocurrieron en un contexto de engaño y bajo una relación de poder, dado que el acusado tenía a su cargo funciones de cuidado hacia las niñas.
Con esta resolución del máximo tribunal penal de la provincia, la condena queda plenamente firme y el proceso judicial alcanza su cierre en esta instancia.
Un hombre fue imputado en Viedma por una seguidilla de agresiones que dejó un saldo inédito: un juez con una fractura, funcionarios amenazados, policías golpeados y un expediente con seis hechos violentos ocurridos en apenas cinco días. La Justicia resolvió unificar las causas y extender su prisión preventiva.
El primer hecho ocurrió el 27 de marzo, cuando el acusado ingresó a las oficinas de Desarrollo Social de la Municipalidad de Viedma y amenazó a una funcionaria. Al día siguiente, agredió físicamente a un hombre en la vía pública luego de que este se negara a darle dinero.
El 29 de marzo, al ser abordado por personal policial, respondió con golpes. Ese mismo día fue detenido y llevado a una audiencia judicial el 30 de marzo, donde lanzó un micrófono al juez que presidía la audiencia, causándole una fractura en la muñeca. Además, amenazó al fiscal y a la defensora pública presentes en la sala.
Antes de ser retirado, también atacó a un agente de seguridad en el calabozo. Todas las agresiones fueron documentadas por actas policiales, certificados médicos y testimonios.
Durante la audiencia realizada este lunes, el Ministerio Público Fiscal solicitó unificar las causas y prorrogar la prisión preventiva. La Defensa Pública no se opuso y propuso avanzar hacia un juicio abreviado que contemple todos los hechos en una única condena.
El juez de Garantías hizo lugar al pedido, extendió la detención por treinta días más y habilitó la continuidad de la investigación preparatoria. Desde la Fiscalía señalaron que se buscará una resolución judicial integral que contemple la totalidad de las víctimas involucradas.
En Cipolletti, la Delegación de Toxicomanías y Leyes Especiales actuó tras cuatro meses de investigación respaldada por denuncias al 0800-DROGAS de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC). Los allanamientos, autorizados por el juez federal Gustavo Zapata, se realizaron en simultáneo en dos viviendas del barrio 1200 Viviendas. Allí se encontraron 15 envoltorios de cocaína, una sustancia sospechada de ser utilizada para aumentar el pesaje de la droga, celulares y más de 200 mil pesos. Un hombre fue detenido tras intentar escapar por los techos y una mujer fue imputada.
En cambio, en Catriel, el procedimiento ejecutado por la Policía Federal en una vivienda del barrio Preiss (se desconoce por el momento que juez autorizó el operativo), y también iniciado por una denuncia anónima, terminó sin secuestros ni evidencia. El operativo se dirigió al domicilio de Damián Carrasco, quien denunció públicamente haber sido víctima de una acusación infundada. La policía ingresó forzadamente al lugar, según denunció, y solo encontró una huerta con flores y verduras. Carrasco sostuvo que las plantas eran utilizadas para homenajes en el cementerio y difundió imágenes de los daños sufridos en su casa.
El contraste entre ambos casos radica en la forma de abordaje: mientras en Cipolletti se desplegó un trabajo de seguimiento que incluyó informes técnicos y validaciones judiciales, en Catriel el procedimiento se basó exclusivamente en una denuncia anónima y fue cuestionado por vecinos por la falta de resultados y el impacto en la vida privada del denunciante.
“No tengo nada que esconder”, expresó Carrasco en redes sociales, y aseguró que buscará acciones legales. “Esto le puede pasar a cualquiera. Me violentaron la vida”, agregó.
En tanto, desde la Policía de Río Negro destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas y el trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal para avanzar en investigaciones que efectivamente apunten a redes de comercialización de droga, evitando intervenciones fallidas que deriven en denuncias de abuso de autoridad o vulneración de derechos.
Un hombre fue condenado este viernes a 18 años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente e intentar asesinarla para ocultar el delito. Los hechos ocurrieron en febrero de 2019 en una zona de chacras de Villa Regina. El condenado permaneció prófugo durante cinco años, hasta ser capturado en junio de 2024.
Durante el juicio se acreditó que, tras cometer el abuso, el agresor intentó ahogar a la víctima en un canal de riego. La presencia de vecinos, alertados por los gritos, impidió que concretara el crimen. El hombre escapó del lugar y fue declarado en rebeldía.
El tribunal lo encontró culpable por abuso sexual agravado y tentativa de homicidio doblemente agravado —por femicidio y para procurar la impunidad de otro delito—, además de tentativa de homicidio criminis causa contra otra persona.
La Fiscalía solicitó una pena severa, en base a los agravantes: la edad y género de la víctima, el uso de alcohol, el aislamiento del lugar y las secuelas psicológicas. Como único atenuante se reconoció la ausencia de antecedentes penales.
La defensa pidió una condena menor, de 11 años, alegando condiciones de vulnerabilidad social y laboral del acusado. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer una pena de 18 años de prisión, considerando la gravedad y modalidad de los hechos.
El jurado popular resolvió por unanimidad la culpabilidad de los cuatro policías acusados por la muerte de Jorge Gatica, ocurrida el 9 de enero de 2023 en la comisaría 45 de Cipolletti. Tres de ellos fueron hallados culpables del delito de “tortura seguida de muerte”, mientras que una sargento fue condenada por no evitar los apremios ilegales.
La decisión del jurado recayó sobre el sargento Alcides Quintrel (32), el cabo primero Jorge Sosa (31) y el cabo primero Walter Carrizo (36), quienes enfrentarán prisión perpetua. La sargento primero Andrea Henríquez (37) fue declarada culpable de “omisión funcional dolosa de evitar la tortura”, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de prisión.
Durante los alegatos, la fiscalía hizo una diferenciación clave en su acusación: señaló a Sosa y Quintrel como responsables directos de la tortura, mientras que ubicó a Henríquez y Carrizo como quienes presenciaron los hechos sin intervenir. “Gatica tenía 184 lesiones externas y estuvo todo el tiempo esposado, por si queda una duda sobre la tortura”, señaló el fiscal Santiago Márquez Gauna.
La querella, en cambio, sostuvo que los cuatro debían ser condenados por el mismo delito. “Este hecho tuvo que haber sido un infierno para Gatica. Estaba esposado, sin poder defenderse, mientras uno de los policías preparaba una pizza a metros de él”, afirmó Iván Chelía, abogado de la madre de la víctima.
La defensa, por su parte, intentó desligar a Henríquez y Carrizo. “Ella intervino para detener la golpiza y dejó a Gatica al cuidado de Carrizo”, sostuvo su abogado Federico Diorio. También señaló que Carrizo fue quien le dio agua y trató de reanimarlo al notar que no respiraba.
Jorge Sosa, uno de los imputados, había denunciado durante el juicio presiones internas para falsear los hechos. Aseguró que le indicaron que declare que Gatica “se había golpeado contra la pared” y que, por su menor rango, no le iba a pasar nada. Su abogado, Damián Moreyra, cuestionó además la atención médica y apuntó contra la fiscalía por una investigación “incompleta y direccionada”.
Gatica fue detenido por el presunto robo de dos kilos de carne y chorizos. Murió horas después en la comisaría. La autopsia reveló fracturas, lesiones internas y una hemorragia fatal.
La brutalidad del caso y el proceso judicial que lo siguió pusieron en evidencia una profunda crisis institucional dentro de la Policía de Río Negro. Esta crisis no solo se refleja en los hechos de violencia y encubrimiento, sino también en reclamos estructurales que hace años vienen planteando los propios trabajadores policiales: salarios insuficientes, falta de recursos, condiciones laborales precarias y la ausencia de canales efectivos para expresar demandas sin sufrir represalias.
A esto se suma una gestión debilitada, reconocida incluso por autoridades provinciales que admitieron que la fuerza “está destruida” y requiere ser reconstruida desde cero. También persisten falencias en la formación continua del personal, con escasa capacitación profesional y psicológica para enfrentar contextos de alta presión y exigencia.
Aunque el Código Contravencional fue actualizado recientemente por la Ley 5714, todavía subsisten prácticas heredadas de normativas anteriores que habilitaban detenciones arbitrarias y requerirán revisión a la luz de los estándares democráticos actuales. En conjunto, estos factores estructurales y normativos configuran un escenario de condiciones laborales precarizadas en algunos aspectos y un contexto operativo propenso a la reproducción de prácticas abusivas y violaciones a los derechos humanos, como las que derivaron en la muerte de Jorge Gatica.
VientoSur Noticias seguirá informando sobre el dictado de penas y las consecuencias políticas y judiciales de este fallo histórico.
El juicio por jurados contra cuatro policías acusados de torturar hasta la muerte a Jorge Gatica en la comisaría 45 de Cipolletti entra en su tramo definitorio. Este jueves se presentarán los alegatos finales de las partes y el jurado deberá deliberar sobre la responsabilidad penal de los imputados.
Gatica fue detenido la noche del 9 de enero de 2023 por el presunto hurto de dos kilos de chorizos y dos kilos de carne en un comercio cercano a la unidad policial. Horas después murió en la comisaría, y la autopsia reveló un cuadro de violencia extrema: siete costillas rotas, una laceración en el hígado y un total de 184 lesiones externas compatibles con golpes. Según el médico forense Marcelo Uzal, Gatica perdió aproximadamente dos litros de sangre.
Los acusados son la sargento primero Andrea Henríquez (37), el sargento Vilmar Quintrel (32), el cabo primero Walter Carrizo (36) y el cabo Jorge Luciano Sosa (31), todos presentes en la guardia esa noche. Enfrentan cargos por “tortura seguida de muerte”, delito que contempla prisión perpetua.
Durante el juicio, los imputados prestaron declaración —un derecho que les asiste sin obligación de decir verdad— y coincidieron en negar haber golpeado a Gatica. Sin embargo, se acusaron mutuamente por la agresión que terminó con la vida del detenido. Jorge Sosa apuntó directamente a Quintrel y al oficial de servicio Gastón Moraga, y aseguró que recibió instrucciones para construir una versión falsa de los hechos.
“Me dijeron que tenía que decir que Gatica se había golpeado contra la pared y que como yo era el de menor jerarquía no me iba a pasar nada”, declaró Sosa ante el jurado. También afirmó que existe una cultura de amenazas internas en la fuerza: “No le tengo miedo a la gente del ambiente, le tengo miedo a los oficiales, porque ellos sí nos pueden hacer cosas”.
Sosa también cuestionó la actuación judicial: “Moraga y Antenao vinieron, pero la fiscalía se encargó de que mi abogado no pudiera hacerles las preguntas necesarias”, expresó. Según su testimonio, Quintrel lo acusó falsamente cuando llegaron al hospital de Cipolletti.
Moraga, que estaba a cargo de la guardia aquella noche, no está imputado en este juicio. Fue condenado previamente a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua por no haber impedido la tortura y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras un acuerdo con la fiscalía y con el aval de la querella.
La acusación sostiene que los policías golpearon a Gatica mientras estaba esposado, sin posibilidad de defensa. Uno de los agentes habría actuado como vigía para evitar que otros ingresaran, otro simplemente observó, y los demás participaron directamente en las agresiones. Los fiscales aseguran que la brutal golpiza se extendió desde las 22.40 del 9 de enero hasta los primeros minutos del día siguiente.
Los acusados llegaron al juicio con distintas condiciones de detención: Sosa y Quintrel están con prisión preventiva, mientras que Henríquez y Carrizo cumplen arresto domiciliario.
VientoSur Noticias seguirá informando sobre el desarrollo del juicio y la decisión del jurado popular.
Un operativo de la Policía Federal Argentina se desarrolló este miércoles por la tarde en Catriel, generando sorpresa e inquietud entre vecinos de la localidad. La intervención, realizada en una vivienda ubicada en el barrio Preiss, movilizó a una docena de efectivos que se desplazaban en una camioneta oficial y dos vehículos no identificados.
Según testigos del procedimiento, algunas personas fueron retenidas en el lugar mediante la solicitud de sus documentos de identidad, mientras que otras accedieron a presenciar el allanamiento tras ser consultadas, aunque sin mayor predisposición.
El operativo tuvo como destino el domicilio de Damián Carrasco, quien no se encontraba en la vivienda al momento de la irrupción. De acuerdo al testimonio de vecinos y del propio Carrasco, la puerta fue violentada por los uniformados, quienes ingresaron en busca de una supuesta plantación de marihuana. Sin embargo, no se habría encontrado ningún tipo de estupefaciente. Carrasco denunció que solo posee una pequeña huerta con verduras y flores, algunas de las cuales, señaló, utiliza para llevar al cementerio en homenaje a su padre fallecido.
El allanamiento generó indignación entre algunos vecinos, que cuestionaron la falta de resultados del operativo y señalaron la existencia de otras situaciones vinculadas al narcotráfico en el barrio que, según ellos, no reciben la misma atención por parte de las autoridades.
«Es increíble que vengan a hacer este circo, allanar así a un pibe por plantas de marihuana que ni encuentran encima y no a los que venden merca en el barrio», comentó un residente del lugar. «Todos en el barrio sabemos quién es quién y acá en Catriel hay un montón de chabones que no trabajan y se dedican a arruinar pibes jóvenes y que se aprovechan de personas con adicciones», agregó.
Carrasco se expresó también a través de redes sociales, donde compartió fotografías del estado en que quedó su vivienda.«Yo doy la cara con nombre y apellido porque no tengo nada que esconder. Acá todos sabemos quiénes somos entre nosotros. Esto le puede pasar a cualquiera. Lo que hicieron fue violentar mi privacidad, mi tranquilidad, mi vida. De todo a lo que me dedico, ninguna es la droga. Mañana tengo que ir a hablar con la intendenta y le voy a pedir ayuda para ver qué acción judicial se puede realizar. Que la puerta me la pague la persona que hizo la denuncia, que dé la cara. Las únicas flores que tengo en mí casa son las que puse en la fotografía. Eso fue lo que sembré. Ahora tengo la puerta de mí casa rota. En mí barrio hay un montón de gente que roba y la Justicia no hace nada con eso.», manifestó. Además, anunció que buscará asesoramiento legal para denunciar lo que considera una acusación infundada y una falsa denuncia. «Ya sé quién me denunció, y voy a hacer lo que corresponda legalmente. Mañana voy a hablar con la intendenta para pedir ayuda», sostuvo.
El procedimiento no dejó detenidos ni secuestros, y desde las autoridades policiales no se emitieron mayores precisiones hasta el momento. «Me parece aberrante lo que hicieron (la Policía Federal). Ellos dicen que investigaron, pero resulta que se vinieron así nomás por una denuncia que hicieron de acá a Cipolletti gastando los recursos de todos, para llevarse nada, para no llevarse droga ni a los que realmente la venden y pone en peligro a la gente. Y encima me afectan a mí equivocadamente, que soy un laburante que se esfuerza por llegar a fin de mes, me parece pésimo. Ojalá que esto que pasó sirva para que realmente se le preste atención al tema en serio y las personas que se ocupan de estas cuestiones accionen para que se haga lo que se tiene que hacer al respecto», cerró Carrasco sobre el operativo.
Viento Sur Noticias continúa recabando información para ampliar este hecho en desarrollo.
Un operativo de la Policía Federal se desplegó esta tarde en Catriel. Según confirmaron fuentes policiales, se trata de un allanamiento cuya ubicación de la localidad que no será confirmada oficialmente hasta no concluir las actividades a fin de no comprometer el desarrollo de las diligencias judiciales en curso.
El procedimiento fue advertido por vecinos en la zona de una estación de servicio de la ciudad. Testigos indicaron que había al menos entre 10 y 15 efectivos uniformados realizando tareas en el lugar.
Hasta el momento no se brindaron otros detalles sobre el motivo de la intervención ni sobre posibles detenciones o secuestros. VSN continúa recabando información para ampliar este hecho en desarrollo.
La inseguridad volvió a instalarse con fuerza en Catriel. Robos reiterados en el barrio Preiss, actos de vandalismo en el predio de la Asociación Civil de Fútbol y un episodio de disparos en la plaza central son solo algunos de los hechos recientes que generaron preocupación en la comunidad. En ese contexto, el tratamiento de la Ley de Reiterancia en la Legislatura de Río Negro adquiere una dimensión local ineludible.
El proyecto, que será debatido este miércoles 22 de mayo, propone incorporar al Código Procesal Penal el concepto de “reiterancia delictiva” como causal para solicitar prisión preventiva. La norma permitiría que una persona sea detenida preventivamente si enfrenta más de una causa penal activa con formulación de cargos, o dos declaraciones de flagrancia.
En Catriel, este tipo de modificación legal podría cambiar la forma de abordar casos como los denunciados por vecinos que afirman haber sido víctimas de personas con antecedentes y causas judiciales en curso. “Hacemos las denuncias, pero siguen robando como si nada”, expresó una vecina de Preiss. La situación también alcanza a espacios comunitarios: en el predio deportivo «El Pozón» fueron robados recientemente elementos esenciales como mangueras y hasta un mástil cementado.
Un episodio que reavivó el debate sobre la inseguridad fue la agresión filmada a una mujer en plena calle, acusada por vecinos de cometer robos. En las imágenes, dos hombres la golpean mientras le gritan: “¿Te gusta andar robando?”. La mujer tiene antecedentes y fue vinculada a delitos previos. El video generó una ola de reacciones divididas: mientras unos condenaron la violencia, otros señalaron el hartazgo ante la inacción judicial. “No es lo correcto, pero la gente se cansó”, fue una de las frases más repetidas en redes.
También genera polémica la reciente resolución judicial que sobreseyó a un hombre acusado de un ataque con arma blanca, tras un acuerdo económico con la víctima. El hecho ocurrió en enero en una vivienda de Catriel. La jueza aceptó extinguir la acción penal aplicando el artículo 96 del Código Procesal Penal, lo que reavivó las críticas sobre la falta de sanciones firmes en casos de violencia.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, defendió el proyecto afirmando que busca “dar herramientas a los fiscales” y evitar que personas con causas múltiples continúen libres. “Esto soluciona dos aspectos: la tranquilidad de la gente y la aceleración de los procesos”, señaló.
El proyecto principal se nutre de otras iniciativas previas, como las presentadas por legisladores de Primero Río Negro y el PRO, que proponen una definición más amplia de reiterancia y el concepto de “peligrosidad procesal”, incluyendo uso de armas, amenazas y riesgo para víctimas o testigos.
En Catriel, donde la tensión social crece con cada nuevo hecho delictivo, el avance del debate legislativo es seguido con atención. La Ley de Reiterancia podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se actúa frente a la delincuencia persistente. No obstante, su efectividad dependerá de una implementación que equilibre seguridad, derechos y justicia.
Una serie de robos ocurridos en las últimas semanas mantiene en vilo a vecinas y vecinos del barrio Preiss, en Catriel. De acuerdo a múltiples denuncias, los hechos delictivos se repiten en distintas calles de la zona –entre ellas Lima, Montevideo, Manso y Pedro Luis Rodríguez– y estarían protagonizados por un grupo de tres varones que actúan de madrugada.
Uno de los episodios más recientes fue registrado en el loteo Nuevas Raíces, donde tres personas fueron sorprendidas cuando intentaban llevarse bolsas de cemento de una obra en construcción. Tras ser descubiertos, abandonaron los materiales y escaparon hacia el canal ubicado detrás del hospital.
Desde la comunidad aseguran que los robos afectan a viviendas, construcciones y pilares de electricidad. “Estamos cansados de que nadie haga nada”, expresó uno de los vecinos en diálogo con VSN. Otro testimonio señaló que “ya no sabemos qué más hacer. Hacemos las denuncias, pero siguen robando como si nada”.
Los vecinos también apuntaron contra una mujer que, según indican, estaría protegiendo a los sospechosos cuando interviene la policía. “La esconden cuando viene el patrullero. Se hace la víctima, pero dicen que también participa de los robos”, contó una residente del barrio.
Otros vecinos alertaron que son personas problemáticas. «Muchos estamos cansados, pero no todos denuncian porque son gente problemática, que consume, se alcoholiza, delinque. Y la mayor parte de los vecinos no quieren tener problemas con ellos», sostuvieron.
Frente a esta situación, la Comisaría 9ª recibió varias denuncias en los últimos días y realizó algunos operativos de búsqueda. Aunque en ocasiones anteriores hubo detenciones por hechos similares, los vecinos sostienen que las medidas no fueron suficientes para frenar la inseguridad.
Entre los pedidos que elevaron las y los habitantes del barrio, figuran el refuerzo de patrullajes, la instalación de cámaras de seguridad y una respuesta más efectiva del sistema judicial.
Entre tanto, el malestar vecinal crece y la demanda de soluciones concretas se intensifica.
