Desde la Comisaría Novena de Catriel se difundió un comunicado oficial para solicitar la colaboración de la comunidad en la búsqueda de dos hermanas menores de edad, cuyos paraderos se desconocen desde las últimas horas.
Se trata de Sofía Chambi Alarcón, de 13 años, y Xiomara Alarcón, de 12. Según los datos brindados, Sofía es de contextura delgada, mide 1,60 metros, tiene tez morocha y cabello largo negro con mechones rubios. Al momento de ausentarse vestía una campera y pantalón de buzo negros, y zapatillas deportivas blancas con negro.
Xiomara, en tanto, es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello largo de color rojizo y ojos verdes. Vestía un pantalón de buzo rosado, campera tipo buzo del mismo color y zapatillas deportivas blancas.
Las autoridades policiales solicitan que cualquier información que pueda aportar a la localización de las adolescentes sea comunicada de forma inmediata al 911 o directamente a la Comisaría Novena, llamando al 0299 4911150.
Por el momento, no se han difundido más detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre el último lugar donde fueron vistas. La búsqueda está en curso y se intensifican los esfuerzos para dar con su paradero.
El médico forense Marcelo Uzal declaró este viernes ante el jurado popular que juzga a cuatro policías por la muerte de Jorge Gatica. Confirmó que la víctima presentaba siete costillas fracturadas, 184 lesiones externas y signos de asfixia. Según su testimonio, las heridas son compatibles con golpes recibidos en posición fetal, esposado y con las manos en la espalda.
Gatica, de 36 años, fue detenido por un hurto el 9 de enero de 2023 en Cipolletti. Ingresó por sus propios medios al hospital local para una revisión médica poco antes de las 23 y fue trasladado a la comisaría 45. Noventa minutos después, lo llevaron muerto al centro de salud. La Fiscalía y las querellas sostienen que la golpiza se produjo en ese intervalo.
El juicio se desarrolla contra la sargento primero Andrea Henríquez (37), el sargento Vilmar Quintrel (32), el cabo primero Walter Carrizo (36) y el cabo Jorge Luciano Sosa (31), acusados de aplicar tormentos seguidos de muerte.
Según relató el abogado querellante Rubén Antiguala, Uzal también explicó que la fractura costal causó una laceración en el hígado, generando una hemorragia interna por la que Gatica perdió unos dos litros de sangre. “Tenía golpes desde la cabeza hasta los pies”, afirmó el letrado.
También prestó testimonio el licenciado en Criminalística Luis Palma, quien analizó las grabaciones de las cámaras del hospital. En su opinión, las imágenes muestran que Gatica caminaba con normalidad, algo que no habría sido posible si ya tuviera las costillas rotas.
El relato de una vecina aportó un dato clave: aseguró haber escuchado gritos de auxilio provenientes de la comisaría la noche del hecho. Antiguala señaló que en esa unidad no hay calabozos y que el ataque habría ocurrido en la zona conocida como “la cuadra”.
En el juicio, Henríquez y Carrizo declararon y negaron su participación en los hechos, apuntando contra Sosa. Sin embargo, la querella sostiene que los cuatro actuaron directamente o no hicieron nada para impedirlo.
El proceso también dejó fuera de este debate a un quinto efectivo: el ex oficial de servicio Gastón Moraga, quien fue condenado en un juicio abreviado por no evitar los hechos y por incumplimiento de deberes. Recibió una pena de tres años en suspenso y fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Actualmente, Sosa y Quintrel cumplen prisión preventiva, mientras que Henríquez y Carrizo se encuentran con arresto domiciliario. Todos cuentan con defensa particular. El juicio por jurado continuará el próximo lunes.
Una escena insólita sacudió este jueves al Consejo de la Magistratura de la Nación: cuatro jueces se levantaron de sus asientos y, sin mediar palabra, abandonaron la sesión de la Comisión de Disciplina justo antes de que se analizara el expediente por el viaje a Lago Escondido, la lujosa propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia. La decisión dejó sin quórum a la comisión e impidió avanzar en uno de los casos más delicados que enfrenta el Poder Judicial.
El bochornoso episodio fue transmitido en vivo, y quedó registrado el momento exacto en que los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones —representantes de distintas líneas judiciales— decidieron retirarse, de forma coordinada, para evitar que se habiliten medidas de prueba contra sus colegas.
En el temario figuraba el tratamiento del expediente que investiga presuntas dádivas e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por parte de jueces y fiscales que participaron del ya célebre viaje a la estancia de Lewis, ubicada en cercanías de El Bolsón, un sitio con acceso restringido para la población y foco de múltiples denuncias por apropiación del lago homónimo.
«Esto es una vergüenza. No solo no dieron explicaciones, sino que dejaron al Consejo paralizado. Es un lock out judicial, inédito y extremadamente grave», expresó el presidente de la Comisión de Disciplina, César Grau, visiblemente consternado. Y agregó: «No se puede impartir justicia si quienes deben ser controlados escapan del control».
Entre los involucrados en el viaje figuran los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, además del jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques. La causa está a punto de prescribir si no se trata antes de septiembre.
Desde distintos sectores del Consejo se calificó la maniobra como «corporativa y escandalosa». El senador Luis Juez, que preside la Comisión de Acusación, fue contundente: “Me banco el debate. Lo que no me banco es vaciarlo. Lo ocurrido es un mensaje nefasto a la sociedad: que la justicia puede escaparle a la justicia”.
Lo sucedido no solo frenó el tratamiento del caso Lago Escondido, sino que arrastró otros 47 puntos del orden del día, algunos de los cuales contaban con consenso previo. En la Patagonia, donde la figura de Joe Lewis está rodeada de polémicas por la inaccesibilidad al Lago Escondido, este episodio vuelve a encender la alarma sobre los privilegios del poder judicial y la falta de transparencia en los mecanismos de control.
Grau anticipó que notificará lo ocurrido al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Mientras tanto, crece la preocupación por el funcionamiento del Consejo y su rol frente a los abusos dentro del Poder Judicial. “Lo que pasó hoy es un escándalo institucional. Y no vamos a dejar que pase desapercibido”, concluyó.
La Asociación Civil de Fútbol Catriel denunció este fin de semana el robo de elementos clave en el predio deportivo conocido como «El Pozón», en momentos en que la institución trabaja para reactivar su uso a pedido de equipos locales. Entre los objetos sustraídos se encuentran canillas, mangueras de riego y, en un hecho que generó particular indignación, el mástil del predio, que fue cortado a pesar de estar cementado.
Desde la comisión directiva informaron que los daños fueron detectados al regresar al terreno para iniciar tareas de reacondicionamiento. La situación no es nueva: anteriormente se habían registrado robos de una rastra, una bomba de agua con su manguera y hasta plantas colocadas para embellecer el lugar.
“Vamos a seguir trabajando, a pesar de estos hechos, para que los y las deportistas de la región puedan contar con un espacio donde correr detrás de una pelota”, señalaron desde la asociación en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Asimismo, solicitaron colaboración a la comunidad para aportar información que permita identificar a los responsables, ofreciendo canales de comunicación confidenciales a través de la comisión o por mensaje privado.
La organización continúa con las gestiones y tareas necesarias para poner en condiciones el predio, con el objetivo de recuperar un espacio deportivo valioso para la comunidad de Catriel y sus alrededores.
La Policía de Río Negro secuestró una motocicleta que fue encontrada desarmada y oculta entre la vegetación en la zona costera de Catriel. El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 9°, luego de recibir un llamado al 911 que advertía sobre movimientos sospechosos en el lote 15 del sector.
Según informaron fuentes policiales, un hombre alertó que en ese terreno podrían estar desarmando una moto. Al llegar al lugar, los efectivos iniciaron un rastrillaje que concluyó con el hallazgo del vehículo, cubierto con un nylon y parcialmente escondido entre los pastizales.
La fiscalía de turno ordenó la intervención del gabinete de Criminalística, que se encargará de realizar las pericias pertinentes para determinar la procedencia del rodado y facilitar su restitución al propietario.
Hasta el momento no se registraron personas detenidas y se continúa con la investigación para esclarecer los hechos.
La Justicia rionegrina ordenó a un empleador pagar una indemnización a una trabajadora que denunció haber sido víctima de violencia laboral. La mujer había soportado durante meses gritos, malos tratos y comentarios humillantes en su lugar de trabajo. El fallo marca un antecedente importante: la violencia en el trabajo no se resuelve solo con plata, y debe ser tratada con seriedad.
La trabajadora presentó una denuncia por maltrato en la Comisaría de la Familia, amparándose en la Ley 26.485, que protege a las mujeres frente a situaciones de violencia. Después de eso, el empleador ofreció dinero para cerrar el conflicto y firmaron un acuerdo de desvinculación. Sin embargo, ese arreglo no mencionaba lo ocurrido ni reparaba el daño sufrido.
La mujer entonces presentó otra demanda para reclamar por el impacto emocional que le causó el maltrato. La Cámara Laboral fue clara: en casos como este, no se puede firmar un acuerdo económico y dar el tema por cerrado, sobre todo si hay una denuncia activa.
Durante el juicio, varias personas confirmaron que el maltrato era constante y que no se trataba de un hecho aislado. Médicos también comprobaron que la situación afectó la salud emocional y mental de la trabajadora.
Además, los jueces criticaron al empleador por avanzar con el acuerdo sin avisar que había una denuncia en curso. Consideraron que actuó de mala fe. La sentencia se basó en leyes nacionales y tratados internacionales que defienden el derecho a trabajar sin violencia ni discriminación.
El fallo ordena al empleador a pagar una compensación por el daño emocional, los gastos médicos y los intereses correspondientes. Los jueces recordaron que “el derecho laboral forma parte del derecho a los derechos humanos” y que hay que usar todas las herramientas legales para reparar el daño causado.
La Justicia mendocina dictó prisión preventiva, en modalidad domiciliaria, para Francisco Agustín Martínez, un joven de 23 años oriundo de Catriel que a mediados de abril protagonizó un trágico siniestro vial en General Alvear. Conducía alcoholizado cuando atropelló a cuatro personas que caminaban hacia un boliche. Uno de ellos, Francisco Cruz, de 26 años, murió en el acto. Otra joven permanece internada en grave estado.
Martínez había viajado a Mendoza para asistir a un casamiento. Según la investigación, al finalizar la fiesta tomó sin permiso el vehículo que compartía con un amigo, también de Catriel, y se dirigió solo hacia otro local nocturno. En la ruta 188, el conductor se habría quedado dormido al volante y embistió a un grupo de jóvenes que caminaban en la misma dirección.
El juez Luis Ojeda avaló la acusación del fiscal Guillermo Parigi y dictó prisión preventiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, también hizo lugar a un pedido de la defensa y le otorgó el beneficio del arresto domiciliario, que cumplirá en una casa alquilada en General Alvear.
Durante la audiencia, Martínez declaró que no recuerda lo ocurrido esa noche y pidió disculpas a la familia de la víctima. “Nunca tuve mala intención”, dijo ante el tribunal.
En el siniestro falleció Francisco Cruz, jugador del club Ferro Carril Oeste de General Alvear. Yésica Gatica, de 18 años, sufrió lesiones graves a nivel vertebral y continúa internada en terapia intensiva. Otros dos jóvenes también resultaron heridos.
El test de alcoholemia determinó que Martínez tenía 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente. Fue detenido en el lugar y permanecía en la penitenciaría hasta la resolución judicial del viernes.
La causa sigue su curso mientras se espera la evolución de la joven internada y posibles avances en la calificación del hecho.
Una causa federal por lavado de activos con vínculos con el narcotráfico derivó el viernes en un importante operativo policial en el Alto Valle de Río Negro. La Policía provincial, junto a otras fuerzas, realizó 21 allanamientos simultáneos en Cipolletti, Allen, General Roca y Fernández Oro, con resultados significativos: ocho personas imputadas, tres detenidas, y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y material de prueba relevante.
El punto de partida fue una casa de cambio de Cipolletti, presuntamente vinculada con maniobras de lavado de dinero. La investigación, iniciada hace más de cinco meses, está a cargo de la Fiscalía Federal de General Roca, conducida por Sebastián Gallardo y el secretario penal Francisco Iglesias. Según informaron fuentes oficiales, la pesquisa involucra además a una empresa internacional de servicios financieros.
El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro y ejecutado por la División de Toxicomanía de Allen, con el respaldo de más de 100 efectivos especializados, el COER del Alto Valle, unidades de comisarías locales, personal de verificación automotor, la Sección Canes Narcóticos y apoyo de Gendarmería Nacional.
Durante los procedimientos se incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares, una suma considerable de dinero en pesos y dólares, once vehículos y tres motocicletas de alta cilindrada.
El gobernador Alberto Weretilneck valoró el accionar de las fuerzas intervinientes y sostuvo que “estos resultados son fruto de una tarea silenciosa, pero constante, que deja en claro que en Río Negro no hay lugar para las redes criminales”.
Desde la Jefatura de Policía destacaron el trabajo coordinado entre las distintas unidades como un factor clave para el éxito del despliegue. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales.
Una vecina del barrio Preiss denunció el robo de su bicicleta en la madrugada del sábado en su domicilio ubicado sobre la calle Puerto Príncipe, en la ciudad de Catriel. El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes comenzaron a compartir la información en redes sociales para ayudar en la búsqueda.
Según detallaron, la bicicleta robada se distingue por tener luces instaladas en la parte inferior del asiento y en el manubrio, además de una bocina. Se desconoce el momento exacto en que ocurrió el robo, aunque se presume que fue mientras la vivienda se encontraba sin ocupantes.
Desde el entorno de la damnificada solicitan a la comunidad que, ante cualquier dato o avistamiento del rodado, se comuniquen de manera inmediata a los números 2994152112 o 2994275544.
Hasta el momento no hay información oficial sobre una denuncia policial, aunque se espera que las autoridades tomen intervención. El barrio ha registrado en los últimos meses varios hechos similares, lo que motivó reiterados reclamos por mayor presencia policial en la zona.
Un grave hecho de violencia alteró la tranquilidad de la tarde en Catriel este domingo. Minutos antes de las 16, tres jóvenes descendieron de una camioneta en las inmediaciones de la plaza central y al menos dos de ellos comenzaron a disparar contra otro joven que caminaba por la zona. Según testigos, la víctima no estaba armada y se produjo una corrida generalizada de vecinos que se encontraban en el lugar.
El episodio fue presenciado por varias personas que alertaron de inmediato a la Policía. Según los relatos, todo comenzó con una discusión verbal entre un joven de remera roja y gorra y uno de los ocupantes de una camioneta. Hubo intercambio de golpes de puño y luego el grupo que viajaba en la camioneta dio una vuelta manzana antes de detenerse nuevamente para disparar.
Los disparos no parecían de arma de fuego convencional, según indicaron testigos, quienes sospechan que podría tratarse de un arma de aire comprimido o de bajo calibre. «No sonaba a tiro de pólvora», comentó una vecina que presenció el ataque.
Tras el llamado al 101, efectivos policiales lograron ubicar el vehículo y a los presuntos agresores en una vivienda ubicada céntrica. Allí también se encontraba un hombre mayor junto a los jóvenes, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.
Por el momento no se reportaron personas heridas ni detenciones formales. La Policía trabaja en el lugar para esclarecer los hechos y determinar si se trató de un intento de agresión con armas letales o no.
