Una vecina de Catriel denunció el robo de su bicicleta durante la madrugada de este sábado en la zona de calle Alaska, entre Guatemala y Haití. El hecho se suma a una serie de episodios similares ocurridos en distintos puntos de la ciudad.
Según relató la damnificada a través de redes sociales, el rodado fue sustraído mientras se encontraba en su domicilio. Aún no se conocen detalles sobre los autores del hecho. La mujer solicitó la colaboración de vecinos y vecinas para aportar información que pueda ayudar a recuperar la bicicleta.
“Si saben de algo o vieron a alguien con mi bici, por favor avísenme”, expresó en su publicación. También hizo referencia a la presencia de personas conocidas en la comunidad por cometer este tipo de delitos, aunque no brindó nombres.
La víctima no informó si realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.
Este nuevo robo reaviva el reclamo vecinal por mayor presencia policial y medidas preventivas frente a los episodios de inseguridad que afectan a distintos barrios de Catriel.
En la mañana del viernes, personal de la Comisaría 9º de Catriel recuperó una camioneta que había sido robada durante la madrugada en el cruce de Avenida Mosconi y Bahamas, en cercanías del centro de la ciudad.
De acuerdo al testimonio del propietario, el vehículo fue sustraído mientras se encontraba en marcha y sin ocupantes. El hecho ocurrió cuando el dueño lo dejó encendido por unos minutos y, al regresar, constató que había desaparecido.
Ante la denuncia, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar la camioneta en una zona próxima al ejido urbano. En el lugar se encontró también parte de la documentación del propietario, lo que indicaría que el interior del rodado fue revisado por quienes lo sustrajeron.
En el sitio trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante tareas de recolección de pruebas con el objetivo de identificar a los autores del hecho.
Por disposición de la Fiscalía en turno, el vehículo fue restituido a su propietario en el mismo lugar del hallazgo, dando por concluido el procedimiento. Las actuaciones continúan en el marco de la investigación.
El fallo fue emitido el 14 de abril por el Foro de Jueces Penales de la Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en Cipolletti, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo de juicio abreviado. El imputado, transportista de nacionalidad boliviana, fue hallado culpable de homicidio culposo por conducción imprudente de vehículo automotor.
El hecho ocurrió el 27 de abril de 2023 sobre la banquina oeste de la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 93, unos 37 kilómetros al sur de Catriel. En el lugar se encontraban estacionados varios vehículos de empresas privadas que realizaban tareas mecánicas por una avería. Durante esas maniobras, un camión conducido por el acusado perdió el control, se desvió de su carril e impactó contra los vehículos detenidos, provocando una cadena de colisiones. Uno de los trabajadores, que se encontraba debajo de una casilla reparando un eje, fue alcanzado por las ruedas del camión y falleció en el acto.
En la audiencia de control de acusación, el imputado reconoció los hechos, aceptó la calificación legal y la pena acordada: tres años de prisión en suspenso, cinco años de inhabilitación para conducir dentro del territorio argentino, y pautas de conducta por dos años, entre ellas fijar domicilio, presentarse regularmente ante la policía local en Bolivia, y abstenerse del consumo de alcohol y estupefacientes.
El acuerdo fue homologado por el juez interviniente, quien consideró que la pena era adecuada dado que el imputado no registraba antecedentes penales computables. Además, se incluyó su aceptación para someterse a la jurisdicción civil de Cipolletti en el marco de un proceso por daños y perjuicios iniciado por los familiares de la víctima.
El 30 de abril de 2025, el Foro de Jueces Penales de Cipolletti dictó el sobreseimiento en una causa por portación ilegal de arma de fuego iniciada en enero del año pasado, a raíz de un episodio registrado en la zona céntrica de Catriel.
De acuerdo al expediente, el acusado fue interceptado en la vía pública mientras tenía en su poder un revólver calibre .22 con municiones, en condiciones inmediatas de uso y sin autorización legal. Durante la investigación, el arma fue abandonada voluntariamente y su decomiso fue ordenado para su posterior destrucción.
La defensa solicitó el sobreseimiento tras vencerse el plazo de un año de suspensión del juicio a prueba, medida concedida en abril de 2024. La representante del Ministerio Público Fiscal adhirió al pedido, tras verificar que el joven cumplió con todas las pautas de conducta impuestas y no registró nuevos delitos.
El tribunal resolvió cerrar la causa y declarar que la apertura del proceso no afecta el buen nombre y honor del acusado. Además, se dispuso el decomiso y destrucción del arma involucrada, la cual permanecía bajo custodia del Gabinete de Criminalística de Catriel.
Luego del apartamiento del comisario Fernando Ruarte por la presunta venta de materiales secuestrados en Choele Choel, una nueva causa penal se abrió en la provincia por hechos similares. Esta vez, la investigación alcanza a la Comisaría 9ª de Catriel, la Comisaría 32 y el Destacamento de Tránsito de Cipolletti. La causa, caratulada como “presunto estelionato” (engaño con bienes ajenos), tramita bajo el expediente MPF-CI-01934-2025 en la Fiscalía N° 7 de Cipolletti.
El caso se originó tras una denuncia interna realizada por el comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Regional V. A partir de esta presentación, la fiscalía convocó a Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial, quien fue notificado formalmente mediante cédula judicial y prestó declaración testimonial el miércoles 7 de mayo.
Muñoz confirmó a Viento Sur Noticias que aportó testigos, documentación y detalles vinculados a la denuncia que originalmente difundió a través de redes sociales. “Esto demuestra que lo que venimos señalando no es una operación ni un rumor, sino una situación concreta que amerita ser investigada”, aseguró.
Consultada por este medio, la fiscal a cargo del caso, Alejandra Altamira, indicó que por el momento no se brindará información oficial sobre el estado de la causa.
El antecedente inmediato es el del comisario Fernando Ceferino Ruarte, suspendido el 24 de abril por presuntas irregularidades en el manejo de bienes secuestrados en Choele Choel. La fiscalía local lo investiga por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras detectarse la presunta venta de 22 baterías incautadas.
En esta nueva causa, los elementos denunciados incluyen motocicletas, bicicletas y otros materiales que habrían sido movilizados sin la correspondiente autorización judicial, presuntamente hacia una recuperadora de metales en Fernández Oro.
Hasta ahora, no se han emitido pronunciamientos oficiales por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia ni de la Jefatura de Policía respecto a la nueva investigación. Tampoco se confirmó si existen sumarios administrativos en curso en las dependencias implicadas.
Desde el Consejo de Bienestar, remarcan la importancia de que la investigación se desarrolle con independencia y transparencia. Mientras tanto, la causa sigue su curso bajo reserva judicial.
A más de tres meses del homicidio de Fabián Rodríguez en Catriel, su hijo Sergio Rodríguez realizó un llamado público a través de redes sociales para ubicar a una persona que podría aportar datos clave para la investigación.
“Necesito ubicar a la persona que manejaba una camioneta gris el día 28 de enero entre las 21:30 y 22 horas por calle Lima y Chelforó. Yo sé que estuviste ese día y viste todo. Por favor, si ves esto, dejame un mensaje”, publicó este lunes por la noche. El mensaje circula acompañado de un pedido de difusión: “Por favor, ayúdenme a compartir”.
El llamado apunta a obtener el testimonio de una persona que, según Rodríguez, estuvo en las inmediaciones del lugar donde su padre fue asesinado. El crimen ocurrió la noche del 27 de enero, en el barrio Preiss, y durante la audiencia de formulación de cargos se imputó a tres personas por el homicidio, dos de ellas en calidad de coautores y una como partícipe.
La causa está a cargo del fiscal de Cinco Saltos, Leandro Gómez. Los adultos acusados permanecen con prisión preventiva, mientras que el menor implicado fue dejado en libertad bajo supervisión de SENAF.
El pedido de colaboración se suma a la búsqueda de justicia de la familia Rodríguez y podría aportar información relevante para fortalecer la investigación en curso.
En menos de noventa días, el Poder Judicial resolvió un caso de homicidio ocurrido en Catriel. Carlos Emanuel Araya fue condenado a ocho años de prisión luego de reconocer su responsabilidad en el crimen durante una audiencia de juicio abreviado. El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio de Cipolletti, que homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa oficial.
El hecho ocurrió el 8 de febrero de 2025, durante la madrugada. Según la reconstrucción judicial, tres personas salieron de un local nocturno tipo pool y, en la intersección de las calles Córdoba y Mónaco, se produjo una discusión entre dos de ellas. Tras alejarse del lugar, uno de los involucrados regresó minutos después y atacó a Reducindo Figueroa con un arma blanca. La herida, en el tórax, resultó mortal.
Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal presentó pruebas que incluyeron testimonios presenciales, registros fílmicos y pericias forenses. Un acompañante de la víctima y del acusado describió los hechos, mientras que una agente de la Policía de Río Negro que realizaba adicionales en el lugar afirmó haber visto al agresor. Además, dos vecinos aportaron videos del momento del ataque.
El informe del Cuerpo de Investigación Forense confirmó que la muerte fue causada por una puñalada en la arteria aorta, y señaló heridas compatibles con signos de defensa. En un allanamiento al domicilio del acusado, la policía secuestró prendas coincidentes con las mencionadas por los testigos.
El tribunal dio por acreditada la autoría y responsabilidad de Araya, y aplicó la calificación de homicidio simple, contemplada en el artículo 79 del Código Penal. El joven no contaba con antecedentes penales condenatorios y aceptó los términos del juicio abreviado. Actualmente permanece detenido.
Un hombre imputado por violar la privacidad de una mujer y por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil deberá asistir a un curso de masculinidades y realizar tratamiento psicológico. La medida forma parte de una suspensión de juicio a prueba acordada entre las partes y aprobada en audiencia judicial, con el consentimiento de la víctima.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió cuando el acusado accedió sin permiso a la computadora de un amigo y extrajo imágenes privadas en las que aparecía este junto a su pareja. Luego, reenvió esas fotos íntimas a su novia. Fue ella quien, al contarle lo ocurrido a la mujer que aparecía en las imágenes, permitió que esta tomara conocimiento del hecho e hiciera la denuncia por violación de secretos.
Durante la investigación penal, se realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, donde se secuestró su teléfono celular. Al ser peritado, los peritos hallaron en el dispositivo material que contenía imágenes de abuso sexual infantil, lo que amplió los cargos en su contra.
La Fiscalía le imputó los delitos de violación de secretos y de la privacidad, y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil agravado por la edad. Ambos delitos tienen penas bajas, que no contemplan, en principio, prisión efectiva.
Frente a este escenario, las partes acordaron una salida alternativa en el marco de una suspensión de juicio a prueba. El joven deberá cumplir diversas pautas de conducta durante un año: asistir y aprobar un curso de formación en masculinidades dictado por el Ministerio de Seguridad de la provincia, y comenzar un tratamiento psicológico.
Además, se fijó una compensación económica para la víctima, destinada a cubrir su proceso terapéutico. También se dispuso la devolución de la computadora secuestrada durante la investigación.
La víctima participó de la audiencia y expresó su conformidad con los términos acordados. La medida busca establecer una respuesta judicial proporcional a los hechos, con foco en la reparación y en la prevención de nuevas conductas de violencia digital y de género.
El Gobierno de Río Negro presentó un proyecto de ley que busca cambiar el Código Procesal Penal para permitir la prisión preventiva en personas que tengan más de una causa penal en curso. Además, propone crear un registro de huellas genéticas para ayudar en la investigación de delitos.
La medida apunta a incorporar la figura de “reiterancia delictiva”, que permitiría a los fiscales pedir la detención preventiva de una persona si ya tiene otras causas penales abiertas y con cargos confirmados.
“Con estas herramientas buscamos intervenir en la continuidad de delitos y proteger a las víctimas”, explicó el gobernador Alberto Weretilneck.
El proyecto también incluye la creación de una base de datos de huellas genéticas que estará bajo control del Ministerio Público. Incluirá a todas las personas condenadas por delitos, y servirá para comparar perfiles genéticos encontrados en escenas del crimen.
La idea ya fue aplicada en Mendoza y forma parte del Registro Nacional de Datos Genéticos. En Río Negro, la iniciativa fue impulsada también por los legisladores oficialistas Facundo López y Lucas Pica.
La propuesta retoma pedidos similares de otros sectores políticos, como los bloques libertarios, el PRO y la legisladora Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro.
DOS HERRAMIENTAS CLAVE PARA CERRARLE LA PUERTA A LA IMPUNIDAD
Enviamos a la @LegislaturaRN un proyecto de ley para que, quienes cometan delito tras delito, puedan quedar detenidos preventivamente. Hablamos de la figura de reiterancia delictiva.
Una denuncia penal presentada en los últimos días involucra al concejal de Fernández Oro y asesor externo de la Municipalidad de Catriel, Christian Artero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de cargos públicos y percepción simultánea de haberes estatales. Según el escrito, Artero cumple funciones como asesor en Catriel y como tesorero en una fundación vinculada al Polo Tecnológico local, mientras mantiene su cargo de edil en Oro.
Desde Fernández Oro, el abogado y coordinador de Gabinete y Asuntos Legales del municipio, Martín Rebaliatti, cuestionó que el concejal trabaja en esa ciudad “dos medios días a la semana”, pero percibe un salario correspondiente a una jornada completa. “Mientras tanto, dedica más tiempo y energías a otro municipio, Catriel, donde además de ser funcionario, es tesorero de una fundación que trabaja para ese mismo municipio”, expresó, y puso en duda la posibilidad de cumplir con esas funciones de forma simultánea, considerando la distancia de más de 140 kilómetros entre ambas localidades.
Artero, por su parte, negó categóricamente las acusaciones. En diálogo con Diario Río Negro afirmó: “Esto es falso, yo no soy empleado de la Municipalidad de Catriel”, y atribuyó la denuncia a una maniobra política del oficialismo de Juntos Somos Río Negro, encabezado por el intendente Gustavo Amati. “Es porque soy el único concejal opositor”, aseguró.
Consultado por Viento Sur Noticias el jueves 1 de mayo, Artero indicó que no había sido notificado formalmente y criticó la difusión anticipada del caso. “Cuando las denuncias se publican antes de que las partes estén en conocimiento, se lesiona el derecho a defenderse”, expresó. Agregó que “si tengo algo para agregar lo haré y, si no, en las primeras horas hábiles de la semana espero estar notificado y con pleno conocimiento”. Este lunes 5, este medio volvió a consultarlo sobre su notificación y si deseaba realizar un descargo, sin obtener respuesta hasta el momento.
El edil también explicó que su tarea como asesor en Catriel corresponde a su actividad profesional privada, como licenciado en Planificación Pública. “No estoy cumpliendo un rol que se contraponga legalmente con mi banca”, afirmó. Añadió que también trabaja en el sector frutícola, lo cual, según sostuvo, no interfiere con sus funciones legislativas.
Respecto a su participación en la Fundación Polo Tecnológico, aclaró que se trata de un cargo honorario, sin percepción económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del estatuto de la entidad.
Desde el gobierno municipal de Catriel, la intendenta Daniela Salzotto respaldó públicamente a Artero. “Cristian es un hombre de mi entera confianza. Me acompañó como legisladora provincial y hoy es asesor del Municipio. Tiene contrato de prestación de servicios y emite factura como corresponde”, afirmó. En diálogo con este medio agregó: “Está a cargo de la Fundación. Por primera vez desde que asumimos hay tickets, hay balance correcto y funciona todo como tiene que ser”.
Salzotto calificó la denuncia como una maniobra política. Afirmó que detrás hay sectores que “operan a favor de quienes quieren aplastar a los catrielenses” y apuntó contra seudoopositores que, según dijo, “son funcionales a Juntos Somos Río Negro”. “Sé quién soy, de dónde vengo y el proyecto que represento”, concluyó.
Contenido de la denuncia
La presentación judicial sostiene que Artero incurrió en una incompatibilidad legal al percibir ingresos públicos simultáneamente como concejal de Fernández Oro y como asesor contratado por la Municipalidad de Catriel.
Artero asumió su banca en diciembre de 2023. Cobró su sueldo hasta marzo de 2024 y, desde abril hasta diciembre de ese año, lo donó al fondo fijo del Concejo Deliberante, aunque continuó administrando esos fondos. Según la denuncia, esto constituye una forma indirecta de seguir disponiendo de los recursos asignados a su salario.
En paralelo, firmó tres contratos de locación de servicios con el municipio de Catriel para brindar asesoramiento técnico, con fechas en diciembre de 2023, julio y diciembre de 2024. Los contratos, según los denunciantes, presentan elementos propios de una relación laboral encubierta: actualización de honorarios según paritarias municipales, exclusividad en la facturación y continuidad sostenida en el tiempo.
El Tribunal de Cuentas de Fernández Oro sostiene que esta superposición de cargos viola la Constitución Provincial y la Ley 3550 de Ética Pública, que prohíben la acumulación de empleos públicos, aun en distintas jurisdicciones. La normativa provincial, además, tiene aplicación supletoria en el ámbito municipal, según lo establece la Carta Orgánica de Fernández Oro.
La denuncia también cita la Ley Municipal 063/91 de Catriel, que considera empleados municipales a quienes prestan servicios bajo contrato, y les exige el cumplimiento de las normas sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.
De acuerdo con el escrito, Artero habría implementado una maniobra deliberada para ocultar la doble percepción de ingresos públicos y eludir controles administrativos y fiscales. La Justicia deberá determinar si en ese accionar se configura la comisión de delitos de acción pública como violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), malversación de caudales públicos (arts. 260 y 261), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), enriquecimiento ilícito (art. 268), falsedad ideológica (art. 293) y administración fraudulenta en perjuicio del erario público (art. 174 inciso 5°). Además, se deja abierta la posibilidad de que otros funcionarios resulten involucrados en el transcurso de la investigación.
Documentación vinculada al caso
Viento Sur Noticias accedió a documentación oficial incorporada a la denuncia, que forma parte del debate público sobre el desempeño simultáneo de Artero en dos municipios. En febrero de 2025, el concejal facturó $1.350.000 a la Municipalidad de Catriel por asesoramiento técnico y percibió $849.253 como concejal en Fernández Oro. Los datos personales fueron omitidos para preservar la privacidad del involucrado.
